El texto original es un panfleto de indignación que confunde 'derecho a la información' con 'instrucción para el fraude'. Carece de matices legales, aunque acierta al exponer el contraste obsceno entre las cifras de subvención y la utilidad real del servicio.
Hay que reconocerle al Gobierno de Pedro Sánchez un talento casi místico para el marketing: venderte una gota de agua como si fuera el océano. La última joya de la corona es 'Casa 47', una plataforma web que, según la ministra Isabel Rodríguez, va a 'cambiar las reglas del juego'. Claro, el juego consiste en pelearse por 800 viviendas iniciales —una cifra que hace que la lista de la compra parezca un inventario industrial— con la promesa de sumar otras 1.500 más adelante. Mientras el ciudadano medio intenta que el alquiler no se coma su sueldo entero, el Ejecutivo saca pecho por una herramienta que hasta sus propios aliados de Sumar, con Ione Belarra a la cabeza, tildan de 'tomadura de pelo'. Pero lo verdaderamente fascinante no es la web, sino la maquinaria que la sostiene. Para gestionar este catálogo digital, se ha montado una estructura de 166 empleados que cuesta a los españoles un sablazo de 7,75 millones de euros en salarios brutos para 2025. Es una ingeniería financiera envidiable: gastar millones en nóminas para ofrecer un puñado de casas. En la cúspide de esta pirámide de eficiencia, la presidenta de Casa 47 se asegura un sueldo bruto de 126.265,58 euros anuales. Bajando un escalón, los siete directivos se reparten 92.220,10 euros brutos, los directores técnicos rozan los 80.420,76 euros y los jefes técnicos se quedan en una modesta media de 62.999,43 euros. En total, la fiesta salarial asciende a 7,87 millones de euros, sin contar que la Seguridad Social añade otro pico a la cuenta. Al final, la única regla del juego que ha cambiado es quién paga la fiesta: nosotros ponemos el dinero y ellos ponen la página web.
Hay quien confunde el presupuesto de un Estado con el saldo de una tarjeta prepago y el BOE con una varita mágica. Irene Montero, ya en modo campaña para las generales, ha aterrizado en la Cadena Ser con un plan económico que hace que la lista de la compra parezca un ejercicio de austeridad extrema. La propuesta es sencilla, casi poética: trabajar menos y cobrar mucho más. Concretamente, quiere que nos plantemos en las 30 horas semanales y un salario mínimo de 1.800 euros. Traduzcamos esto al idioma de la calle para que no nos vendan humo: estamos hablando de recortar la jornada laboral un 25% y, simultáneamente, meterle un sablazo del 47,4% al SMI actual (que ronda los 1.221 euros). Es una jugada maestra de ingeniería financiera, siempre y cuando ignores que el Banco de España ya nos advirtió que una subida del 22,3% en 2019 se llevó por delante entre 90.000 y 180.000 empleos. Hacerlo ahora, y trabajando menos horas, sería como intentar que el coche corra más quitándole gasolina y poniendo el freno de mano. Pero la magia no termina ahí. Montero quiere 'bajar el precio de la vivienda por ley'. Según la eurodiputada, entre 2020 y 2022 ya lo hicieron y funcionó. Claro, se olvida convenientemente de que los precios bajaron porque el turismo murió durante la pandemia y los pisos turísticos volvieron al mercado por pura desesperación, no por el decreto antidesahucios. Pretender que el mercado inmobiliario se doble ante un decreto es como intentar bajar la fiebre de un paciente prohibiéndole que tenga calor. Muy noble en el papel, pero en la realidad, el resultado suele ser que el dueño del piso retira la vivienda y el inquilino se queda con la ilusión y el BOE bajo el brazo.
Pedro Sánchez ha decidido combatir el incendio forestal de la vivienda con un vaso de agua tibia. El plan, bautizado irónicamente como el 'idealista público', consiste básicamente en montar una página web y ofrecer unas 800 viviendas. Para quien intente alquilar un zulo en Madrid o Barcelona, esa cifra es el equivalente a intentar pagar la hipoteca con monedas de un céntimo encontradas en el sofá: insignificante. Mientras el presidente sostiene que el mercado es un animal salvaje incapaz de autorregularse, sus propias políticas parecen haberle echado gasolina al fuego. Los números no mienten, aunque el Gobierno intente maquillarlos con propaganda. Desde el año 2001, cuando el déficit habitacional era de 176.000 viviendas, hemos escalado hasta un agujero de 800.000 inmuebles. Hacer las cuentas es sencillo: el plan de Sánchez cubre el 0,1% de la necesidad real. Es como anunciar que vas a solucionar el hambre en el mundo repartiendo ocho galletas en una plaza pública. El descalabro es estructural. Mientras el ritmo de construcción se ha quedado dormido en unas 100.000 viviendas anuales, la creación de nuevos hogares —impulsada en gran medida por la política migratoria— vuela por encima de las 250.000 unidades al año. Desde 2021, se han formado más de un millón de nuevos hogares que no tienen dónde aterrizar. El resultado es una tormenta perfecta: menos oferta, más demanda y un Ejecutivo que cree que una URL y unas cuantas llaves perdidas pueden frenar un colapso inmobiliario que ya tiene el agua al cuello.
Hay comidas que dejan un sabor amargo, pero la del 9 de marzo de 2021 entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos huele a rancio. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el presupuesto del súper no se le dispare, en los despachos del poder se gestionaban rescates con la ligereza de quien pide una ración de bravas. El menú del día: 53 millones de euros destinados a Plus Ultra, una aerolínea que, según las palabras literales de Ábalos, era 'una mierda'. La jugada es de una sencillez pasmosa. Zapatero, el eterno mentor, habría movido los hilos para que la SEPI soltara la pasta, llevándose un 1% de comisión por el camino. Un 'sablazazo' elegante que el Juzgado de Instrucción Central Número 4 de la Audiencia Nacional ya tiene en el radar. Lo fascinante es la coreografía: María Jesús Montero sale a vender el rescate como algo 'estratégico' para el turismo, mientras que, en la intimidad de una mesa, el Presidente le soltaba a su Ministro de Transportes que el marrón de justificar semejante despropósito era, ahora sí, 'su problema'. Ábalos, que se enteró del rescate en el Consejo de Ministros como quien se entera de que ha llovido, se encuentra ahora en el limbo de la lealtad. La tensión entre Zapatero y Ábalos por el control de la agenda con Venezuela convirtió este rescate en una cuestión de jerarquías. Al final, la ingeniería financiera fue tan rudimentaria como efectiva: una orden directa, un amigo beneficiado (Julio Martínez Sola) y un ministro dejado en el banquillo para que cargara con los platos sucios. Así se cocina la alta política: el jefe ordena, el mentor cobra y el subordinado paga los platos rotos.
Bienvenidos al deporte nacional: el 'tuitazo' como estrategia de Estado. Esta vez, el ring es el asfalto del Madring y los púgiles son José Luis Martínez-Almeida y Óscar Puente. El ministro, en un arranque de sinceridad digital el pasado domingo, calificó el Gran Premio de España en Madrid como un 'auténtico truño', comparándolo con un 'Mónaco 2 pero más rápido' y describiendo la carrera como un 'trenecito de coches'. Básicamente, Puente sugirió que el circuito tiene la misma emoción que hacer cola en el banco un lunes por la mañana. Almeida, que no deja pasar ni una mosca, respondió este lunes en el Club Siglo XXI con una elegancia que corta el aire. Para el alcalde, Puente 'sabe más de F1 que de trenes', un dardo que apunta directo a la gestión de los Cercanías. Mientras el ministro se preocupa por los adelantamientos en pista, los madrileños siguen esperando que su tren llegue en tiempo y hora, un lujo que hoy parece más difícil de conseguir que un parking gratis en el centro. La cosa se puso fea cuando Almeida sacó la artillería pesada: el accidente de Adamuz de enero con 46 muertos. El alcalde transformó la crítica deportiva en un reproche ético, sugiriendo que el Gobierno prefiere 'moverse en el lodo' de X que dar respuestas a las familias. Puente, lejos de recogerse, volvió a ironizar este lunes sobre las posibles reformas del circuito para facilitar adelantamientos, preguntando por qué tocarlo si 'los fachas' ya lo consideran el mejor del mundo. Al final, tenemos a un ministro que actúa como 'opinador' profesional y a un alcalde que ve conspiraciones electorales en cada tuit. Una pelea de egos donde el único que sale perdiendo es el ciudadano, que sigue atrapado en el verdadero 'trenecito' de la burocracia y los retrasos ferroviarios.
En el tablero del poder, hay quien juega al póker con el dinero público y espera que el Estado le pague la cuenta. El magistrado José María Macías ha soltado una ponencia que es como un jarro de agua fría para los optimistas del procés: el Tribunal Constitucional avala que el Supremo no les aplique la amnistía. ¿El motivo? El 'beneficio personal patrimonial'. Traducido al idioma de la calle: los líderes separatistas usaron la tarjeta del contribuyente para financiar el referéndum del 1 de octubre, evitando que el sablazo saliera de sus propios bolsillos. Es la diferencia entre pagar la cena con tu sueldo o usar la tarjeta de la empresa y decir que es un 'gasto operativo'. Jordi Turull, que lleva una inhabilitación de 12 años pesándole en la mochila, intentó vender que la interpretación del Supremo era un capricho. Alegó que no hubo enriquecimiento ni se afectó a la UE, invocando artículos de la Constitución como si fueran amuletos contra la mala suerte. Pero Macías no ha comprado la historia. Para el ponente, ahorrar dinero propio usando fondos ajenos es, en esencia, llenarse el bolsillo por omisión. La cita está marcada para el 22 de este mes, aunque el guion ya parece escrito. Mientras Macías defiende que no hay vulneración de derechos fundamentales, el ala izquierdista del TC, que tiene la mayoría aritmética, probablemente mande la ponencia a la trituradora. Cándido Conde-Pumpido ya ha insinuado que el resultado final, previsto para el 5 de octubre, será un pase libre para los condenados. Al final, la justicia parece funcionar como una suscripción premium: depende de quién tenga la mayoría en el Pleno para decidir si el 'ahorro' de fondos públicos es un delito o un simple descuido administrativo.
Hay una diferencia abismal entre decir que tienes la casa limpia y que, al abrir el armario, se caigan tres kilos de ropa sucia encima del invitado. Eso es exactamente lo que ha hecho la Oficina del Censo Electoral (OCE) con el informe CEG-02 remitido el 10 de julio a la Junta Electoral Central (JEC). Nos vendieron una 'trazabilidad completa', un término técnico que suena a reloj suizo, pero que en la práctica ha resultado ser un colador. Mientras el ciudadano medio tiene que justificar hasta el último céntimo en la declaración de la renta, la OCE decidió que detallar la provincia española de inscripción era un lujo prescindible. Un detalle menor, dirán algunos, si no fuera porque la provincia es la que decide quién se lleva el escaño y quién se queda mirando. El juego de trileros alcanzó su cenit al omitir la tabla acumulada entre el 1 de diciembre de 2022 y el 1 de junio de 2026, fragmentando los datos como quien intenta esconder una deuda grande en varios plazos pequeños para que no salte la alarma. Y para rematar el maquillaje, movieron el cronómetro: el informe dice empezar el 21/10/2022, pero los datos arrancan el 1 de diciembre, ignorando convenientemente el cierre de noviembre. Lo más delirante es la 'comprobación visual'. Básicamente, alguien mira un papel, dice 'vale' y lo anota, sin dejar rastro de quién es ese 'alguien' ni qué criterio usa. Una gestión tan opaca que el Tribunal Supremo ha tenido que intervenir con urgencia, obligando a separar los exiliados reales de los beneficiarios de la interpretación expansiva de la Instrucción de Sofía Puente del 25 de octubre de 2022. José Manuel Albares, el ministro, prefirió hacer un apagón informativo en sus resúmenes de prensa, pero el Supremo no acepta el modo avión: quiere datos, criterios homogéneos y que se deje de cuentos chinos con el CERA.
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