Crítica:
El texto original es una nota de prensa disfrazada de noticia que omite la responsabilidad marroquí. Carece de análisis crítico sobre la utilidad real de una 'ley de emergencia' cuando el problema es geopolítico.
Von der Leyen plantea una ley de emergencia tras la crisis de Ceuta: «Europa estará ahí»
Von der Leyen: Apoyo europeo a base de discursos
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El Gobierno juega al mecenas con millones
Gobernar sin Presupuestos Generales del Estado es como llevar la tarjeta de crédito del vecino en la cartera: el límite es la imaginación y el control, inexistente. En este escenario de 'cheque en blanco', el Consejo de Ministros ha decidido que es un momento estupendo para jugar a ser el mecenas del mundo. Han soltado una primera partida de 83.778.707 euros en contribuciones voluntarias a entes como la OIT y la OMS. Resulta casi tierno el timing, considerando que Yolanda Díaz y Mónica García miran esas instituciones con el deseo con el que uno mira un escaparate de lujo. ¿Filantropía pura o estamos pagando la reserva del asiento para sus futuros cargos internacionales con el dinero de todos? Pero la generosidad no se queda en Ginebra. El Gobierno ha decidido que el agua potable es más urgente en El Salvador (4 millones), Colombia (3,1 millones para la comunidad Wayuu Las Delicias) y Yucatán (1,5 millones), mientras que en casa se crean 'comités de inversiones estratégicas' que huelen a chiringuito desde la distancia. Mientras tanto, el Ministerio de Bolaños ha priorizado el menú del día, ajustando gastos para contratar un servicio de restaurante y bar-cafetería en su sede. Prioridades. El despliegue de billetes sigue: 98 millones para helicópteros NH90, 17,2 millones en repuestos navales y 13 millones en simuladores H135. A esto sumamos 11,3 millones extra para la Agencia EFE, que ya disfruta de un presupuesto anual superior a los 60 millones, y unos 46 millones en el Ministerio del Interior para 'difundir resultados electorales'. En Ceuta, la cuenta sigue subiendo con 50 millones para autónomos y casi 400.000 euros para vallar colegios. Todo esto ocurre mientras el presupuesto oficial es, básicamente, un adorno de oficina.
Muface borra rastros tras 'gangazo' de los Gómez
Hay una magia muy particular en la administración pública: la capacidad de hacer desaparecer datos justo cuando el aire empieza a oler a chamusquina. Muface, que hasta ayer era un libro abierto, decidió que el 27 de febrero de 2025 sus inmuebles debían entrar en el programa de protección de testigos. De repente, las direcciones exactas y el estado de los alquileres se esfumaron de sus registros oficiales, justo siete días antes de que THE OBJECTIVE soltara la bomba sobre los alquileres de la familia de Begoña Gómez. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se vuelve tangible. Mientras el madrileño medio paga un riñón por un zulo, la familia Gómez disfrutaba de un ático de 115 metros en pleno centro de Madrid por 850 euros al mes. Un tercio del precio de mercado. Un regalo que haría llorar a cualquier inquilino que tenga que tirar de tarjeta cada fin de mes para llegar al día 30. Y no era un descuido; en el edificio de San Bernardo 38, la mutualidad tenía tres propiedades (bajo, primer piso y sexta planta) con capitales asegurados que sumaban más de 1,2 millones de euros. Datos que, curiosamente, estaban en el BOE en 2020 y en el expediente 88/2024, pero que ahora son un secreto de Estado. La excusa es la clásica: 'protección de datos personales'. Una genialidad jurídica que llega justo cuando se descubre que Sabiniano Gómez Serrano y Francisco Gómez mantenían el contrato desde 2015. Lo más delirante es que el 61,54% de las propiedades del Fondo Especial (136 de 221) están libres. Tienen el parque inmobiliario vacío, pero prefieren borrar el mapa antes que explicar por qué algunos privilegiados pagan una renta de risa mientras el resto del mundo lucha contra la inflación.
Sánchez y Vivas: El ping-pong de los menas
El arte de pasar la pelota ha alcanzado niveles olímpicos en los pasillos del Congreso. Pedro Sánchez, con la soltura de quien devuelve un paquete que no ha pedido, ha resumido la crisis de los menores en Ceuta en cuatro palabras: «Pregúntenselo a Vivas». Así de sencillo. Mientras unos mil niños inmigrantes no acompañados hacen de mobiliario urbano en las calles y playas de la ciudad autónoma mes y medio después del asalto masivo de finales de julio, el Presidente ha decidido que su función es la de espectador con mando a distancia. La aritmética del caos es fascinante. Tenemos a Juan Jesús Vivas en el ojo del huracán porque, según la ley de extranjería, él tiene las competencias. Pero claro, el Gobierno central intenta jugar al buen samaritano con un plan de choque y un real decreto-ley para que el reparto sea 'vinculante'. Traducción: quieren obligar a las regiones del PP a abrir la puerta, pero estas han cerrado el cerrojo con llave, probablemente por los pactos con Vox. Es como intentar organizar una cena comunitaria donde nadie quiere poner la mesa ni lavar los platos. Los datos son un laberinto. El Ministerio de Juventud e Infancia hablaba de trasladar urgentemente a 500 niñas a la Península, pero la realidad es que Sira Rego cifra en más de 700 las que siguen esperando una plaza. Mientras tanto, la solidaridad se mide en gotas: María Chivite acogió a cinco niñas en Navarra y Adrián Barbón ofrece otras cinco en Asturias. Un despliegue generoso que deja a la gran mayoría en el limbo. El Gobierno ni siquiera sabe cuántos hay exactamente; pasaron de cifrar 5.000 a admitir que podrían ser más de 10.000 inmigrantes, con 1.822 expedientes de adultos en trámite. Al final, entre el mando único de Ángel Víctor Torres y las pullas de Carlos Cuerpo a Esther Muñoz, los niños son la moneda de cambio en un partido de tenis político donde el premio es no tener la culpa.
España vende barco a quien nos asalta
Hay que tener un don especial para el surrealismo diplomático. Mientras en Ceuta todavía se sacuden el polvo del asalto masivo de abril, España se prepara para entregarle a Rabat un juguete nuevo y brillante. El Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene la particular habilidad de hacer malabares con la soberanía, ultima la entrega del Moulay Hassan. Sí, un patrullero Avante 1800 de 87 metros de eslora y 2.020 toneladas que sale orgulloso de los astilleros de Navantia en San Fernando. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo: el CNI avisó a Marruecos de las entradas masivas y Rabat decidió hacer oídos sordos; incluso la Policía Nacional señaló a sus agentes como los 'animadores' del caos en la frontera. Pero hey, los negocios son los negocios. El contrato, anunciado en enero de 2021 por María Jesús Montero, se mueve con la agilidad de un tiburón. El sablazo es de 130 millones de euros. Para que nos entendamos, es una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca una broma de mal gusto. Lo más exquisito de la ingeniería financiera es que el Banco Santander puso el combustible: un crédito de 95 millones formalizado en agosto de 2022. Básicamente, le prestamos el dinero para que nos compren el barco que luego usarán para vigilar sus aguas. El buque, botado el 27 de mayo de 2025 tras un corte de chapa el 3 de julio de 2023 y una quilla el 6 de septiembre de 2024, se entrega 'desnudo', sin armamento. Navantia deja el hueco para el cañón de 76mm y las ametralladoras, permitiendo que Rabat elija sus propios juguetes. Un millón de horas de trabajo y 250 empleos en Cádiz que, irónicamente, se pagan con la moneda de quien ignora los avisos de nuestra inteligencia.
Castillo militar: fiesta marroquí y caos fronterizo
Hay escenas que parecen sacadas de una comedia de enredos, pero que en realidad huelen a una complacencia institucional que marea. El 30 de julio, mientras en Ceuta la situación era un auténtico incendio con entradas masivas que el Gobierno de Pedro Sánchez cifró entre 72.000 y 80.000 personas, en Palma de Mallorca se respiraba un aire mucho más festivo. El Ministerio de Defensa, en un alarde de generosidad que deja perplejo a cualquiera, decidió abrir las puertas del Castillo de San Carlos para que el Consulado General de Marruecos celebrara la Fiesta del Trono del rey Mohammed VI. Es el contraste perfecto: en un extremo, militares españoles desplegados en la frontera, sintiéndose impotentes y patrullando con un fusil para cada cinco o seis efectivos —una especie de 'ahorro de material' que ya ha dejado fracturas de peroné y traumatismos en el cuerpo de seguridad—. En el otro extremo, canapés y protocolo en un recinto militar español para homenajear al monarca del país que provoca la crisis. El cónsul Zakaria Balga encabezó el evento, donde no faltaron figuras como Othman Ktiri, el dueño de OK Mobility, quien presumió de su asistencia en redes sociales mientras sus colegas de uniforme en Ceuta se preguntaban dónde estaba la orden clara del Gobierno para actuar. Ceder un castillo militar para una fiesta diplomática es, en lenguaje de calle, como prestarle el salón de tu casa al vecino que acaba de saltarte la valla y te está pisando el jardín. La deferencia institucional ha pasado de ser cortesía a convertirse en un espectáculo de hipocresía. Mientras los militares de Ceuta se movilizan este 16 de septiembre denunciando que 'no los dejan defenderse', el Castillo de San Carlos servía de escenario para que la élite empresarial y diplomática brindara por la estabilidad de un trono ajeno sobre el suelo de una fortaleza española.
Sánchez: el escudo perfecto de Marruecos
Hay que tener una cara de cemento armado para gestionar las fronteras como quien gestiona una comunidad de vecinos en conflicto. Mientras el ciudadano de a pie se pelea con la administración por un papel, en Bruselas se juega el honor de Ceuta. Este jueves, el Parlamento Europeo debate los 'ataques híbridos' y la instrumentalización de migrantes, pero el régimen alauí ya ha movido sus fichas. La Embajada de Marruecos ante la UE y la OTAN ha enviado un correo selectivo a los eurodiputados, presumiendo de su 'buena voluntad' y prometiendo readmitir a todo el mundo, desde menores no acompañados hasta nacionales de terceros países. Un gesto noble, casi caritativo, si no fuera porque el guion tiene un giro surrealista. El escudo de Rabat no es un muro de hormigón, sino el propio Pedro Sánchez. Marruecos se defiende en Bruselas usando las palabras del presidente español: 'el Gobierno ha dicho que no se puede responsabilizar a Marruecos'. Es el colmo de la ingeniería diplomática: el dueño de la casa le dice al vecino que el incendio no fue provocado, mientras el vecino usa esa frase para evitar la multa. Sánchez no solo ha ignorado los informes policiales enviados a la juez Tardón, sino que ha tratado los documentos desclasificados del CNI como si fueran folletos publicitarios sin valor probatorio. La paradoja es deliciosa y amarga. Si Rabat acepta readmitir a los invasores, ¿por qué Moncloa prefiere acusar al PP de buscar votos que ejecutar las devoluciones? Mientras el presidente disfruta de sus vacaciones, la frontera se convierte en un tablero de ajedrez donde España parece jugar con las piezas del rival. Para rematar la faena, el Gobierno ultima la entrega de un buque militar a Marruecos. No hace falta Pegasus ni espionaje sofisticado para entenderlo: cuando externalizas tu seguridad, el precio es el silencio y la sumisión.
RTVE paga caro el silencio de Intxaurrondo
En el ecosistema de la televisión pública, el silencio es el producto más caro del catálogo. Silvia Intxaurrondo ha ganado su batalla legal contra RTVE, y para celebrar la victoria, ambas partes han decidido aplicar la técnica del 'borrón y cuenta nueva' con un pacto de silencio total sobre la cuantía del cheque. Es la danza clásica del poder: primero se comete el error administrativo y luego se paga el peaje para que nadie hable del precio del ticket. Todo empezó con un juego de sillas corporativo. La Hora de La 1 dejó de ser un producto de la productora Tesseo para convertirse en producción propia de la Corporación. En ese traspaso, Intxaurrondo firmó como externa con un techo de 269.000 euros anuales, una cifra que haría palidecer a cualquier familia española que intente cerrar el mes con el carrito de la compra medio vacío. Pero el castillo de naipes se derrumbó cuando una denuncia anónima despertó a la Inspección de Trabajo. El veredicto fue seco: la forma jurídica era incorrecta. Básicamente, RTVE intentó maquillar la relación laboral y Trabajo ordenó darla de alta como persona física. El problema es que, al pasar a ser trabajadora (no fija), el sueldo de Silvia sufrió un recorte que no encajaba en sus planes. Tras un juicio que se retrasó porque la juez cayó enferma, la sentencia ha sido un jarro de agua fría para las arcas públicas: RTVE debe devolverle el salario que percibía antes del cambio. Mientras la presentadora volvía a su puesto el 10 de agosto, tras dejar el testigo a Álex Barreiro y Aida Bao el 12 de junio, José Pablo López, presidente de RTVE, se prepara para el interrogatorio de Vox en el Parlamento. Una ingeniería financiera que terminó en el juzgado y que ahora se sella con un secreto a voces pagado con dinero de todos.
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