La noticia es un reporte de hechos bruto que ignora la contradicción logística de enviar policías a un sitio que su propio sindicato calificó de inseguro. El texto original es meramente descriptivo, omitiendo el análisis del absurdo judicial.
Hay quien confunde la gestión pública con el manejo de una mafia de barrio. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático porque no le da el saldo, en las altas esferas del PSOE parece que el presupuesto para el 'odio creativo' es ilimitado. Esta vez, la diana no fue solo la juez Beatriz Biedma, encargada de instruir el caso de David Sánchez, sino que decidieron ampliar el círculo de fuego hacia su hermana. ¿El motivo? Que alguien no estaba cómodo con que la justicia hiciera su trabajo sobre el hermano del presidente. La ingeniería del desprestigio es fascinante. Santos Cerdán, el arquitecto de este entramado, movió los hilos para que Leire Díez contactara con Luis Sáenz de Tejada, un juez condenando por maltrato que, curiosamente, encontró tiempo para abrirse un canal de YouTube y jugar a ser influencer del fango. Desde ahí, una red de colaboradores empezó a disparar correos electrónicos a juzgados y medios, como quien lanza folletos de pizzería, pero con un contenido mucho más tóxico. Acusaron a la hermana de la juez de ser «gordofóbica y homofóbica», etiquetas modernas para intentar anular a alguien cuando no tienes argumentos legales. Lo más delirante ocurre ahora. Hay dos investigaciones abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, pero el denunciado ha aplicado la técnica del 'estoy en modo avión'. Se dedica a recusar a todos los jueces y afirma que su domicilio está en Arabia Saudí, convirtiendo un proceso judicial en una comedia de enredos transcontinentales. El CGPJ ya dedujo testimonio por calumnias, confirmando que las carpetas de información falsa eran tan reales como las promesas electorales de campaña. Un despliegue de recursos públicos y tiempo para intentar hundir a una mujer por el pecado de no ser cómplice.
Imaginen que están en su descanso, tomándose un café tranquilamente, y resulta que hay alguien detrás de la planta del bar anotando cada gesto para intentar hundir su carrera. Para algunos, es una paranoia de película; para los jueces de Badajoz, fue el pan de cada día. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y mira la cuenta bancaria con pavor, en las altas esferas del poder se montó una maquinaria de acoso que haría palidecer a cualquier agencia de inteligencia de tercera categoría. La trama es tan cutre como ambiciosa. Según los documentos enviados a la Fiscalía General del Estado y otras ocho entidades, Santos Cerdán habría dado la orden de 'limpiar el camino'. Para ello, Leire Díez se convirtió en la arquitecta de un plan donde el combustible eran los rencores de condenados y narcos. ¿El objetivo? Desacreditar a quienes juzgaban al hermano del presidente, David Sánchez. No se usaron argumentos jurídicos, sino fotos de Emilio García Cancho, María Félix Tena Aragón y Domingo Bujalance Tejero tomando café. Sí, el 'crimen' era socializar en una cafetería. La ingeniería del desprestigio alcanzó niveles delirantes. Luis Sáenz de Tejada, un ex juez que parece haber confundido la judicatura con el streaming, se marcó un maratón de 28 horas en YouTube difamando a la instructora Beatriz Biedma. Todo coordinado vía WhatsApp con Leire Díez. Pasaron de intentar sabotear el juzgado a escribir en Facebook que los jueces frecuentaban 'locales de alterne', intentando que el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se tragaran el cuento. Al final, lo que tenemos es una operación sistemática para que nadie en Moncloa tenga que leer una sentencia que no le guste, usando el dinero y los contactos como si fueran fichas de casino.
Hay una elegancia casi coreográfica en la forma en que el poder se desplaza por la geografía española. El pasado 17 de septiembre de 2026, Pedro Sánchez decidió que San Juan del Puerto, un pueblo de apenas 10.000 habitantes, era el escenario ideal para un despliegue que haría palidecer a una cumbre del G7. Para llegar a La Rábida, el presidente no se conformó con un solo juguete caro; utilizó el Falcon y, posteriormente, el Super Puma, porque moverse por tierra es demasiado mundano cuando se puede saltar sobre las nubes con fondos públicos. La jornada empezó a las 11:00 horas en Palos de la Frontera, inaugurando el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve con una planta de 300 megavatios. Un proyecto sostenible, irónicamente, precedido por una huella de carbono que se puede ver desde el espacio. Pero lo verdaderamente fascinante es la 'agenda invisible'. Mientras Moncloa solo anotaba el acto de Moeve y la visita a las zonas quemadas de Niebla a las 14:50 horas, el presidente se dedicaba a jugar al turista VIP. A las 12:20 horas, San Juan del Puerto vio pasar una comitiva de diez vehículos. Diez. Para un pueblo donde aparcar un coche ya es un deporte de riesgo, ver una decena de blindados escoltando al jefe del Ejecutivo es como intentar meter un portaaviones en una piscina municipal. Después, la ruta siguió hacia Bonares, con una parada técnica a las 13:30 horas en el Ayuntamiento y un almuerzo en el bar Adelin, porque nada grita más 'cercanía con el pueblo' que comer en un bar rodeado de una muralla de seguridad impenetrable. El despliegue terminó en Niebla, donde el contraste entre las cenizas del incendio y el brillo del Super Puma cerró una jornada de marketing territorial impecable.
Hay una diferencia abismal entre jugar al Monopoly y gestionar el dinero de Badajoz. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el sueldo llegue al día 30, David Sánchez disfrutó de una suerte de 'estabilidad creativa' como alto cargo entre julio de 2017 y mayo de 2025. Ahora, Hazte Oír ha decidido que nueve años de inhabilitación por prevaricación se quedan cortos y han pedido al TSJ de Extremadura que el músico cambie el conservatorio por la celda, solicitando seis años de prisión. Pero lo más jugoso no es la cárcel, sino el bolsillo. La acusación reclama la devolución de 340.572 euros en nóminas. Para que nos entendamos: es un sablazo contable que dejaría a cualquier familia española temblando, pero que para el sistema parece haber sido un simple 'error de cálculo' administrativo. La ironía es deliciosa: el tribunal dice que el proceso fue simulado, que el currículo estaba copiado y que el puesto estaba montado a medida, pero que no hubo 'presión moral eficiente'. Es decir, que el camino estaba alfombrado de rosas, pero nadie empujó el carrito. En este reparto de cromos no está solo. El exasesor de Moncloa, Luis María Carrero —al que David llamaba 'hermanito' en una intimidad que ya quisiera cualquier banco con sus clientes— también entra en el juego con una petición de año y medio de cárcel. Y para cerrar el círculo de la generosidad pública, piden cuatro años para Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación pacense. Al final, todo se resume en una danza de correos electrónicos y urgencias inexplicadas donde el mérito era el apellido y la capacidad de influir sin dejar rastro escrito, porque, claro, los favores de alta gama no se piden por WhatsApp con un 'por favor'.
Hay una ironía exquisita, casi coreografiada, en la gestión energética de este Gobierno. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, Pedro Sánchez ha decidido jugar a ser el 'gestor de suministros' de Rabat. Los datos de Enagás no mienten, aunque a veces duelan: en pleno agosto, mientras Marruecos mantiene su presión sobre Ceuta, España le ha enviado 790 GWh/mes de gas natural a través del tubo de Tarifa. Es, básicamente, pagarle la calefacción y la luz al vecino que te está intentando echar de tu propia casa. Lo más fascinante de esta ingeniería diplomática es el triángulo amoroso energético. España se ha puesto de acuerdo con Argelia para importar más gas vía Medgaz, el gasoducto que llega a Perdigal (Almería). Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, las importaciones argelinas subieron de 9.123 GWh/mes a 9.897 GWh/mes. Un incremento de 774 GWh/mes que, en lugar de servir para evitar que la industria española sufra apagones o para estabilizar un sistema eléctrico que va más tembloroso que un flan, ha acabado directamente en el sistema eléctrico de Mohamed VI. Es un negocio redondo para Rabat: España hace el trabajo sucio de negociar con Argelia, absorbe el riesgo y luego le pasa el gas a Marruecos, que ahora depende de nosotros para el 15% o 20% de su consumo eléctrico. Mientras Ceuta carece de una infraestructura energética estable con la península, el flujo hacia el reino alauita corre como la espuma. Hemos convertido el gasoducto de Tarifa en un cordón umbilical que alimenta la actividad económica de quien nos desafía, todo mientras el recibo de la luz en España sigue disparado. Una generosidad que, vista desde la calle, parece más una capitulación que una estrategia de Estado.
En el manual de supervivencia del funcionario avanzado, hay un capítulo dorado que explica cómo gestionar una investigación judicial: tener a la pareja en el lugar donde se reparten las cartas. Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, parece haber seguido el manual al pie de la letra. Mientras Madrid intentaba descifrar si el delegado se quedó dormido en los laureles —o ignoró deliberadamente los avisos del CNI— antes de la entrada masiva de inmigrantes, la maquinaria del control familiar se puso en marcha. La pieza clave del tablero es N.G.M., la esposa de Pérez Triano. No es una empleada cualquiera; es funcionaria de Justicia en la unidad de Registro y Reparto de los juzgados de Ceuta. Para quien no domine la jerga, ese puesto es el 'mostrador' por donde pasan todas las denuncias antes de aterrizar en la mesa de un juez. Es como tener la llave de la caja fuerte y saber exactamente quién entra y quién sale. Desde 2006, cuando figuraba en una bolsa de secretarios judiciales, hasta su ingreso como funcionaria de carrera en 2018, N.G.M. ha tejido una red que incluye haber sido asesora del Grupo Político Socialista en 2007 y suplente del PSOE al Senado en 2008 y a la Asamblea en 2015. La alarma saltó en Madrid cuando sospecharon que el delegado usaba estos 'contactos de almohada' para leer el futuro de sus diligencias por prevaricación omisiva. El asunto se volvió tan turbio que la investigación tuvo que mudarse a la Audiencia Nacional para evitar que el expediente sufriera un 'accidente' en el camino. Para rematar la faena, Manos Limpias y su presidente, Miguel Bernad, denuncian que su solicitud de personación del 2 de septiembre quedó en el limbo, ignorada por el juzgado. Un olvido muy curioso que huele a ingeniería administrativa.
Hay tardes que se resumen en un bostezo y otras que cuestan una fortuna. Este jueves, el Gobierno ha logrado la proeza de tirar a la basura 800 millones de euros de fondos europeos en lo que dura una sesión de control. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: es como si, por no ponerse de acuerdo en el menú de la cena, el Ejecutivo dejara que el banco nos cancelara la hipoteca y nos quitara los ahorros de una vida. Todo por la incapacidad crónica de convalidar un real decreto ley sobre los lobbies que el ministro Óscar López intentó colar para maquillar un fracaso que arrastra desde febrero de 2025. El resultado en el Congreso fue un 1-1 que huele a derrota. Sí, salvaron los 309 millones para Ceuta con 304 votos a favor (con Vox en contra y Junts absteniéndose), pero el plato principal, el de la transparencia, acabó derribado con 179 votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN. El Gobierno ahora reza para que la Comisión Europea sea generosa y el agujero contable se quede en esos 800 millones, aunque en los pasillos económicos ya se habla de un sablazo de hasta 1.500 millones. Lo más surrealista es el baile de Sumar, que casi provoca un cisma interno porque no querían que los sindicatos contaran como grupos de interés. Al final, pasaron por el aro, aunque Aina Vidal, Enrique Santiago y Gerardo Pisarello fueron los rebeldes del grupo. Es el séptimo revolcón parlamentario del año, sumando tres fracasos en vivienda. Mientras el PSOE intenta vender el patriotismo 'de quita y pon' del PP en Ceuta, la realidad es que el Ejecutivo navega a la deriva, esperando que los Presupuestos de 2027 sirvan de detonador para convocar elecciones en febrero o marzo y dejar de acumular plomo en las alas.
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