La noticia es un ejercicio de precisión técnica, pero omite el estado real de las carencias sanitarias que los médicos denunciaban. Se centra en el proceso judicial olvidando que el síntoma (la mala sanidad) es más grave que la fiebre (la coacción).
Hay una coreografía muy ensayada en la política actual: el discurso del feminismo institucional, ese que se vende en packs de conveniencia y se luce en los congresos. Pero cuando el telón cae y llegamos al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, la puesta en escena se vuelve surrealista. Manuel Ángel Garrido, concejal del PSOE, decidió que la mejor forma de fiscalizar la gestión de Saray González no era analizando presupuestos o planes urbanísticos, sino auditando su útero y su vida sentimental. Garrido, en un despliegue de audacia que haría palidecer a cualquier inquisidor, sugirió que la maternidad de González es incompatible con el cargo público. Según su lógica, quien tiene un recién nacido tiene la cabeza 'en el niño, no en el Ayuntamiento'. Es el típico razonamiento de quien cree que ser madre es como pedir una baja indefinida de la inteligencia. Para rematar el cuadro, soltó que existe una 'erótica del poder', insinuando que ampliar la familia es un capricho vinculado a la posición política, mientras mencionaba a su pareja, Borja Pérez Sicilia, alcalde de Breña Baja. Es como si, para criticar una carretera mal asfaltada, decidieras analizar la marca de los pañales del concejal. Lo más delirante es el contraste. Mientras el PSOE predica la conciliación como si fuera el Santo Grial, Garrido invita a la concejala a dejar su puesto si quiere ser madre. Una invitación que choca con la realidad: Saray González no ha faltado a un solo pleno municipal durante su baja por maternidad. El dato es un bofetón de realidad frente a la suposición machista. Y mientras ocurría este linchamiento verbal, las risas cómplices de otras concejalas de la izquierda confirmaban que la sororidad tiene un precio: el color del carné del partido. Si eres de los nuestros, eres empoderada; si eres del PP, eres una madre que estorba.
Hay una diferencia abismal entre que te avisen de que alguien quiere saltarse la valla y que te digan que preparen los fusiles porque viene un asalto masivo. Pedro Sánchez ha jugado al juego del 'tintero', tachando párrafos enteros de una nota militar del 27 de julio como quien borra un error en la libreta de gastos para que no se note el agujero. El Gobierno desclasificó el documento, sí, pero solo la parte donde se habla de 'migración irregular', esa palabra tan cómoda que suena a trámite administrativo y no a crisis de seguridad. La realidad, la que estaba tapada con el corrector blanco, es mucho más cruda. La nota era tajante: había llamadas generalizadas para una entrada masiva en Ceuta coincidiendo con la festividad del día del Trono el 30 de julio. No era una sugerencia; era una alerta de asalto. El Ejército fue tan claro que ordenó que nadie abandonase su puesto, ni siquiera los que terminaban el servicio. Estaban en modo 'trinchera', esperando la señal. Aquí es donde la ingeniería política de Moncloa se vuelve surrealista. Mientras el Ejército ya tenía los zapatos lustrados y la guardia alta el día 27, Sánchez, junto a Fernando Grande-Marlaska y el delegado Miguel Ángel Pérez, decidieron que no hacía falta activar el Estado de emergencia. Es como si el detector de incendios gritara que la casa arde y el dueño decidiera que no es momento de llamar a los bomberos para no asustar a los vecinos. El documento llegó al CNI y se envió a Marruecos el 29 de julio, fecha en la que el Gobierno lo clasificó. Para ponerle el sello de 'secreto', primero hay que leerlo. Sabían que el asalto era probable y, aun así, prefirieron el silencio administrativo al respaldo constitucional. Una gestión de la seguridad nacional que parece más una partida de póker con cartas marcadas que un ejercicio de Estado.
En la política, como en las rebajas de enero, todo el mundo espera el momento exacto para soltar el lastre. Esta vez el lastre tiene nombre y apellidos: David Sánchez. Tras la aclaración de la Audiencia Provincial sobre su condena, el PSOE de Badajoz ha decidido hacer limpieza de armario. Ricardo Cabezas, exlíder provincial y actual diputado de la Diputación de Badajoz, ha decidido que ya es hora de colgar las botas. Junto a él, Francisco Martos, alcalde de Castuera, también ha hecho las maletas. Lo más fascinante no es la dimisión, sino la coreografía. Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE en la comunidad, ha salido al paso este jueves para decir que estas renuncias ya estaban notificadas. Según Cotrina, no hay drama porque Cabezas ya había prometido dimitir «en cuestión de horas» en cuanto llegara la aclaración de la sentencia. Una eficiencia envidiable; casi parece que tenían el botón de 'expulsar' programado con temporizador. Mientras tanto, la narrativa oficial se refugia en el mantra del derecho a la defensa. Confían en que en instancias superiores todo «quedará en nada», una frase que suena a esperanza desesperada cuando el agua ya llega al cuello. Pero el detalle que realmente pica es el silencio administrativo de la Diputación de Badajoz. La institución ha decidido no reclamar los sueldos a David Sánchez y a Luis Carrero, blindándose tras unos «informes jurídicos de la propia casa». Es la magia de la ingeniería institucional: mientras unos dimiten para salvar la imagen, otros mantienen el bolsillo lleno gracias a un papel firmado por el compañero de despacho. Así se gestiona el honor en los pasillos del poder: con una dimisión oportuna y un sueldo que nadie se atreve a pedir de vuelta.
Imaginen que trabajan en una empresa donde, si el jefe se despierta de mal humor y decide que tu informe es 'insuficiente', no te da un toque en el oído, sino que te lanza a los leones. Pues eso es el Centro Nacional de Inteligencia ahora mismo. Los más de 3.000 agentes del CNI han descubierto que firmar un documento es, básicamente, redactar su propia sentencia de despido o represalia. En el mundo del espionaje, donde el secreto es la moneda de cambio, hemos pasado a la era del 'me lo contó un colega en la máquina de café'. El ambiente es, cito textualmente, 'terrible'. Mientras Pedro Sánchez lanza dardos contra el trabajo de sus propios espías, los agentes han optado por la estrategia del silencio administrativo. ¿Para qué avisar de que Marruecos, Rusia o China están moviendo las fichas si luego la Moncloa decide que el problema es del mensajero y no del mensaje? Es como avisar de que la casa se quema y que el dueño te regañe por el tono de voz con el que diste la alarma. Lo de Ceuta ha sido el clavo final. Hubo alertas, hubo gente infiltrada en los campamentos y hubo datos claros sobre la avalancha de 80.000 inmigrantes, pero el Gobierno prefirió jugar al Monopoly con la seguridad nacional. Para colmo, desclasificaron 40 documentos a la carta, haciendo una selección quirúrgica para quedar bien, exponiendo antenas y dispositivos que costaron años montar. Es el equivalente a publicar la contraseña del Wi-Fi y la ubicación de la caja fuerte para demostrar que 'estamos siendo transparentes'. La desmoralización ha saltado la valla hasta el Cifas. Allí, el teniente general Antonio Romero Losada, protegido de Margarita Robles, gestiona el centro con el pánico calvo de quien tiene más miedo a equivocarse que ganas de avanzar. En resumen: tenemos un servicio de inteligencia que sabe todo, pero que prefiere no decir nada para que no le corten el sueldo.
Hay errores que son como olvidarse de ponerle sal a la tortilla: un descuido doméstico. Pero hay otros que, en la administración pública, parecen más bien una 'omisión creativa'. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió que, durante cinco meses, jurar fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución era un detalle opcional para ciertos beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática. Así de sencillo. Mientras el ciudadano de a pie se juega una multa si olvida un sello en un formulario, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, capitaneada entonces por Sofía Puente, redactó unos papeles donde el requisito fundamental del artículo 23 del Código Civil simplemente se había 'evaporado'. Desde octubre de 2022 hasta febrero de 2023, el proceso de nacionalización para los hijos de quienes ya habían obtenido la ciudadanía por la Ley de Nietos fue un paseo libre de promesas. Un 'pack' de nacionalidad sin letra pequeña ni compromisos institucionales. Lo curioso es que los otros dos formularios de la ley sí incluían el juramento; solo fallaba el de la tercera vía. Una selectividad administrativa fascinante. Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, firmó la instrucción que abrió la puerta al voto y al pasaporte sin pedir la jura obligatoria, un requisito que no es una sugerencia, sino la llave legal para entrar en el club de los españoles. Cuando se dieron cuenta de que el Código Civil seguía vigente y que el juramento era obligatorio, publicaron la corrección en febrero de 2023, etiquetándolo como un 'error'. En el lenguaje de la calle, esto es como si te venden un coche sin frenos y, cinco meses después, te llaman para decirte que ha sido una equivocación y que ahora sí que debes instalarlos. El resultado: cientos de personas nacionalizadas con un formulario incompleto y una administración que confunde la seguridad jurídica con un borrador de Word.
Hay una receta infalible en la gestión pública: anunciar algo con bombos y platillos, olvidarlo en un cajón durante un año y, cuando la realidad te pega un bofetón, etiquetarlo como 'extrema urgencia' para saltarse la fila de la burocracia. El Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, ha aplicado este manual al pie de la letra con la valla de Ceuta. Resulta que el Gobierno ya había prometido a finales de 2025 que los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo estarían blindados con sensores de última generación. Pero claro, entre anuncio y anuncio, el tiempo pasó y los sensores siguieron siendo los mismos trastos viejos. De repente, tras la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes, el Ejecutivo ha descubierto que proteger la frontera es, efectivamente, urgente. Para solucionar el entuerto, han recurrido al artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Es el equivalente administrativo a decir 'se me ha quemado la cena' para justificar que no se ha seguido el proceso ordinario. El resultado es un contrato de 4,6 millones de euros adjudicado a TRC INFORMATICA SL. Lo más irónico es que el pliego habla de 'acontecimientos imprevisibles', cuando el propio documento admite que el acuerdo para hacer estas obras ya estaba firmado el 30 de abril de 2025. Mientras el ciudadano medio tiene que esperar meses para una cita médica o luchar con la factura de la luz, el Gobierno ha movilizado fondos europeos para pagar un sablazo millonario en tiempo récord. Una gestión que no es más que una ingeniería financiera para tapar un agujero de negligencia previa, disfrazando la falta de ejecución de un año como una respuesta heroica ante una emergencia.
Hay una elegancia muy particular en el arte de caerse la máscara. Ismael Oliver, un abogado con 40 años de toga que presumiblemente esperaba jubilarse entre expedientes y cafés, se encontró el 18 de septiembre de 2026 en el lado equivocado de la sala, explicando al juez Santiago Pedraz por qué escribió que «hay que acabar con Alejandro Luzón». Lo llama una frase «desafortunada», con la misma naturalidad con la que uno admite que se le ha olvidado comprar la leche, cuando en realidad estamos hablando de conspirar contra la cúpula judicial. La ingeniería financiera detrás de este despliegue de 'lealtad' es fascinante. El PSOE, mediante la aprobación de Santos Cerdán, soltó 27.225 euros a una sociedad de Oliver. Traducido al lenguaje de la calle: el partido le pagaba unos 4.500 euros al mes, un sueldo que envidiaría cualquier currante, para analizar comparecencias sobre la operación Cataluña sin necesidad de contratos ni hojas de encargo. El papel solo apareció cuando llegó la hora de cobrar, porque, como bien dice el letrado, «si no, no cobro». Pero el menú se pone más oscuro. Entre mensajes con Leire Díez —la 'experta en comunicación' que parece más una especialista en limpieza de huellas digitales y gestión de sombras—, Oliver soltó que una testigo «se vende» y que «debemos saber comprar también». Es la ley del mercado aplicada a la justicia. Y para cerrar con broche de oro, el abogado se permitió un momento de sinceridad brutal hacia la Moncloa: «Dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una puta vez o les van to joder la vida». Al final, Oliver niega tener influencia en la UCO o la Fiscalía, pero sus mensajes sugieren que el secreto profesional es, a veces, el envoltorio perfecto para una gestión de cloacas.
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