Crítica:
La noticia es un ejercicio de precisión legal, pero el Gobierno se escapa por la tangente del 'error administrativo'. Falta saber cuántas personas exactamente fueron nacionalizadas sin el juramento antes de la corrección.
El Gobierno estuvo 5 meses nacionalizando ‘nietos del exilio’ sin exigir «fidelidad al Rey y obediencia a l...
Pasaporte sin jura: el 'error' del Gobierno
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Valla de Ceuta: urgencia a precio europeo
Hay una receta infalible en la gestión pública: anunciar algo con bombos y platillos, olvidarlo en un cajón durante un año y, cuando la realidad te pega un bofetón, etiquetarlo como 'extrema urgencia' para saltarse la fila de la burocracia. El Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, ha aplicado este manual al pie de la letra con la valla de Ceuta. Resulta que el Gobierno ya había prometido a finales de 2025 que los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo estarían blindados con sensores de última generación. Pero claro, entre anuncio y anuncio, el tiempo pasó y los sensores siguieron siendo los mismos trastos viejos. De repente, tras la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes, el Ejecutivo ha descubierto que proteger la frontera es, efectivamente, urgente. Para solucionar el entuerto, han recurrido al artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Es el equivalente administrativo a decir 'se me ha quemado la cena' para justificar que no se ha seguido el proceso ordinario. El resultado es un contrato de 4,6 millones de euros adjudicado a TRC INFORMATICA SL. Lo más irónico es que el pliego habla de 'acontecimientos imprevisibles', cuando el propio documento admite que el acuerdo para hacer estas obras ya estaba firmado el 30 de abril de 2025. Mientras el ciudadano medio tiene que esperar meses para una cita médica o luchar con la factura de la luz, el Gobierno ha movilizado fondos europeos para pagar un sablazo millonario en tiempo récord. Una gestión que no es más que una ingeniería financiera para tapar un agujero de negligencia previa, disfrazando la falta de ejecución de un año como una respuesta heroica ante una emergencia.
Sueldos del PSOE para 'acabar' con jueces
Hay una elegancia muy particular en el arte de caerse la máscara. Ismael Oliver, un abogado con 40 años de toga que presumiblemente esperaba jubilarse entre expedientes y cafés, se encontró el 18 de septiembre de 2026 en el lado equivocado de la sala, explicando al juez Santiago Pedraz por qué escribió que «hay que acabar con Alejandro Luzón». Lo llama una frase «desafortunada», con la misma naturalidad con la que uno admite que se le ha olvidado comprar la leche, cuando en realidad estamos hablando de conspirar contra la cúpula judicial. La ingeniería financiera detrás de este despliegue de 'lealtad' es fascinante. El PSOE, mediante la aprobación de Santos Cerdán, soltó 27.225 euros a una sociedad de Oliver. Traducido al lenguaje de la calle: el partido le pagaba unos 4.500 euros al mes, un sueldo que envidiaría cualquier currante, para analizar comparecencias sobre la operación Cataluña sin necesidad de contratos ni hojas de encargo. El papel solo apareció cuando llegó la hora de cobrar, porque, como bien dice el letrado, «si no, no cobro». Pero el menú se pone más oscuro. Entre mensajes con Leire Díez —la 'experta en comunicación' que parece más una especialista en limpieza de huellas digitales y gestión de sombras—, Oliver soltó que una testigo «se vende» y que «debemos saber comprar también». Es la ley del mercado aplicada a la justicia. Y para cerrar con broche de oro, el abogado se permitió un momento de sinceridad brutal hacia la Moncloa: «Dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una puta vez o les van to joder la vida». Al final, Oliver niega tener influencia en la UCO o la Fiscalía, pero sus mensajes sugieren que el secreto profesional es, a veces, el envoltorio perfecto para una gestión de cloacas.
Cloacas del PSOE: fango contra la familia Biedma
Hay quien confunde la gestión pública con el manejo de una mafia de barrio. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático porque no le da el saldo, en las altas esferas del PSOE parece que el presupuesto para el 'odio creativo' es ilimitado. Esta vez, la diana no fue solo la juez Beatriz Biedma, encargada de instruir el caso de David Sánchez, sino que decidieron ampliar el círculo de fuego hacia su hermana. ¿El motivo? Que alguien no estaba cómodo con que la justicia hiciera su trabajo sobre el hermano del presidente. La ingeniería del desprestigio es fascinante. Santos Cerdán, el arquitecto de este entramado, movió los hilos para que Leire Díez contactara con Luis Sáenz de Tejada, un juez condenando por maltrato que, curiosamente, encontró tiempo para abrirse un canal de YouTube y jugar a ser influencer del fango. Desde ahí, una red de colaboradores empezó a disparar correos electrónicos a juzgados y medios, como quien lanza folletos de pizzería, pero con un contenido mucho más tóxico. Acusaron a la hermana de la juez de ser «gordofóbica y homofóbica», etiquetas modernas para intentar anular a alguien cuando no tienes argumentos legales. Lo más delirante ocurre ahora. Hay dos investigaciones abiertas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, pero el denunciado ha aplicado la técnica del 'estoy en modo avión'. Se dedica a recusar a todos los jueces y afirma que su domicilio está en Arabia Saudí, convirtiendo un proceso judicial en una comedia de enredos transcontinentales. El CGPJ ya dedujo testimonio por calumnias, confirmando que las carpetas de información falsa eran tan reales como las promesas electorales de campaña. Un despliegue de recursos públicos y tiempo para intentar hundir a una mujer por el pecado de no ser cómplice.
Cafés vigilados y narcos: el 'kit' antisentencias
Imaginen que están en su descanso, tomándose un café tranquilamente, y resulta que hay alguien detrás de la planta del bar anotando cada gesto para intentar hundir su carrera. Para algunos, es una paranoia de película; para los jueces de Badajoz, fue el pan de cada día. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y mira la cuenta bancaria con pavor, en las altas esferas del poder se montó una maquinaria de acoso que haría palidecer a cualquier agencia de inteligencia de tercera categoría. La trama es tan cutre como ambiciosa. Según los documentos enviados a la Fiscalía General del Estado y otras ocho entidades, Santos Cerdán habría dado la orden de 'limpiar el camino'. Para ello, Leire Díez se convirtió en la arquitecta de un plan donde el combustible eran los rencores de condenados y narcos. ¿El objetivo? Desacreditar a quienes juzgaban al hermano del presidente, David Sánchez. No se usaron argumentos jurídicos, sino fotos de Emilio García Cancho, María Félix Tena Aragón y Domingo Bujalance Tejero tomando café. Sí, el 'crimen' era socializar en una cafetería. La ingeniería del desprestigio alcanzó niveles delirantes. Luis Sáenz de Tejada, un ex juez que parece haber confundido la judicatura con el streaming, se marcó un maratón de 28 horas en YouTube difamando a la instructora Beatriz Biedma. Todo coordinado vía WhatsApp con Leire Díez. Pasaron de intentar sabotear el juzgado a escribir en Facebook que los jueces frecuentaban 'locales de alterne', intentando que el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se tragaran el cuento. Al final, lo que tenemos es una operación sistemática para que nadie en Moncloa tenga que leer una sentencia que no le guste, usando el dinero y los contactos como si fueran fichas de casino.
Balas al aire y caos en Ceuta
La gestión de fronteras en Ceuta ha vuelto a convertir el sentido común en un artículo de lujo. Imaginen la escena: las 6:30 de la mañana, una hora en la que cualquier ciudadano decente está peleándose con la cafetera, y la Policía Nacional ya está jugando al Tetris humano con más de un centenar de agentes. El objetivo era trasladar a los residentes de los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez hacia el campamento del Gobierno en el muelle de Poniente. Pero claro, coordinar una masa humana que no quiere seguir el guion es como intentar organizar una cola en un concierto gratis: el caos es la única certeza. La tensión escaló hasta que las Unidades de Intervención Policial (UIP) decidieron que los gritos no bastaban y recurrieron a los disparos al aire con balas de fogueo. Un ruido ensordecedor para frenar avalanchas que hacían que el operativo pareciera más una batalla campal que un traslado administrativo. Todo este despliegue, que sumó más de 240 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil —incluyendo el lujo de drones vigilando desde el cielo—, ocurrió en un contexto de surrealismo jurídico. El miércoles, la Audiencia Nacional había paralizado el centro por petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que advertía que poner un campamento junto a infraestructuras críticas era como dejar la llave de casa puesta en la cerradura. Sin embargo, el jueves la misma Audiencia reculó, dándole luz verde al proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez y obligando a los agentes a ejecutar un plan que ya había sido tachado de peligroso por sus propios compañeros.
Sánchez en Huelva: diez coches y dos aviones
Hay una elegancia casi coreográfica en la forma en que el poder se desplaza por la geografía española. El pasado 17 de septiembre de 2026, Pedro Sánchez decidió que San Juan del Puerto, un pueblo de apenas 10.000 habitantes, era el escenario ideal para un despliegue que haría palidecer a una cumbre del G7. Para llegar a La Rábida, el presidente no se conformó con un solo juguete caro; utilizó el Falcon y, posteriormente, el Super Puma, porque moverse por tierra es demasiado mundano cuando se puede saltar sobre las nubes con fondos públicos. La jornada empezó a las 11:00 horas en Palos de la Frontera, inaugurando el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve con una planta de 300 megavatios. Un proyecto sostenible, irónicamente, precedido por una huella de carbono que se puede ver desde el espacio. Pero lo verdaderamente fascinante es la 'agenda invisible'. Mientras Moncloa solo anotaba el acto de Moeve y la visita a las zonas quemadas de Niebla a las 14:50 horas, el presidente se dedicaba a jugar al turista VIP. A las 12:20 horas, San Juan del Puerto vio pasar una comitiva de diez vehículos. Diez. Para un pueblo donde aparcar un coche ya es un deporte de riesgo, ver una decena de blindados escoltando al jefe del Ejecutivo es como intentar meter un portaaviones en una piscina municipal. Después, la ruta siguió hacia Bonares, con una parada técnica a las 13:30 horas en el Ayuntamiento y un almuerzo en el bar Adelin, porque nada grita más 'cercanía con el pueblo' que comer en un bar rodeado de una muralla de seguridad impenetrable. El despliegue terminó en Niebla, donde el contraste entre las cenizas del incendio y el brillo del Super Puma cerró una jornada de marketing territorial impecable.
Sablazo en Badajoz: piden cárcel y nóminas
Hay una diferencia abismal entre jugar al Monopoly y gestionar el dinero de Badajoz. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el sueldo llegue al día 30, David Sánchez disfrutó de una suerte de 'estabilidad creativa' como alto cargo entre julio de 2017 y mayo de 2025. Ahora, Hazte Oír ha decidido que nueve años de inhabilitación por prevaricación se quedan cortos y han pedido al TSJ de Extremadura que el músico cambie el conservatorio por la celda, solicitando seis años de prisión. Pero lo más jugoso no es la cárcel, sino el bolsillo. La acusación reclama la devolución de 340.572 euros en nóminas. Para que nos entendamos: es un sablazo contable que dejaría a cualquier familia española temblando, pero que para el sistema parece haber sido un simple 'error de cálculo' administrativo. La ironía es deliciosa: el tribunal dice que el proceso fue simulado, que el currículo estaba copiado y que el puesto estaba montado a medida, pero que no hubo 'presión moral eficiente'. Es decir, que el camino estaba alfombrado de rosas, pero nadie empujó el carrito. En este reparto de cromos no está solo. El exasesor de Moncloa, Luis María Carrero —al que David llamaba 'hermanito' en una intimidad que ya quisiera cualquier banco con sus clientes— también entra en el juego con una petición de año y medio de cárcel. Y para cerrar el círculo de la generosidad pública, piden cuatro años para Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación pacense. Al final, todo se resume en una danza de correos electrónicos y urgencias inexplicadas donde el mérito era el apellido y la capacidad de influir sin dejar rastro escrito, porque, claro, los favores de alta gama no se piden por WhatsApp con un 'por favor'.
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