Crítica:
El texto es un ejercicio de contraste brutal que deja al protagonista sin salida. Quizás peca de excesivo énfasis en los perros, pero la contradicción económica es el clavo final.
El abogado de la izquierda que ha denunciado a Ayuso por el ático vive de okupa en Madrid
El cazador de áticos vive de okupa
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Marlaska: alfombra roja a proetarras, goma a ceutíes
Hay una coreografía muy curiosa en el Puerto de Ceuta que merece un Oscar al mejor guion surrealista. El domingo 20 de septiembre de 2026, la Policía Nacional, bajo el mando del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, decidió que la mejor forma de gestionar la paz era a base de golpes y pelotas de goma. ¿El objetivo? Abrirle paso, con la delicadeza de un servicio de escolta VIP y nueve furgonetas de apoyo, a los miembros de la ONG Negu Gorriak. Sí, esos 'filantropos' proetarras que aterrizaron sobre las 20:00 horas para apoyar a los invasores. Mientras los locales, que se habían plantado allí bajo el lema «basta ya contra los radicales», recibían el tratamiento de choque, la Guardia Civil se encargaba de que los invitados de honor salieran por una puerta trasera, evitando así el contacto con la realidad. La confusión fue tal que el hambre de justicia terminó en un error de puntería: un Mercedes gris acabó siendo el blanco de los manifestantes. El detalle irónico es que el coche no llevaba a ningún radical, sino a Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!, quien ya ha pasado por comisaría a poner la denuncia correspondiente, según confirmó Mohamed Mustafa. La escena terminó como suelen terminar estas gestiones: con disparos al aire de los antidisturbios y ciudadanos gritando «¡Id al Trampolín!» a los agentes. Entre cánticos de «¿dónde están los etarras?» y el sentimiento de ser tratados como ciudadanos de segunda clase —autodenominándose «caballas» para subrayar la paradoja—, la jornada dejó claro que, para el Ministerio, hay quienes merecen el alfombrado rojo y quienes merecen la pelota de goma. Una gestión del orden público que, en lugar de apagar el fuego, ha echado gasolina al motor del resentimiento local.
Voto sagrado: la memoria selectiva de Ferraz
Hay una gimnasia mental en Ferraz que ya quisiera para sí cualquier atleta olímpico. El PSOE, que ahora se pone la medalla de defensor del sufragio universal porque el Tribunal Supremo ha frenado los efectos electorales de la Ley de Nietos, parece haber olvidado que tiene un agujero de memoria del tamaño del País Vasco. Resulta que, mientras Montse Mínguez se llena la boca diciendo que 'el voto es sagrado', el partido de Pedro Sánchez ya tuvo la oportunidad de hacer ese voto sagrado para quienes realmente lo necesitaban y decidió que no era el momento. Retrocedamos a 2021. Ciudadanos, bajo el mando de Inés Arrimadas, llevó al Congreso una propuesta de ley sobre «Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo». No pedían la luna, sino algo tan básico como que los exiliados por la amenaza de ETA pudieran recuperar su derecho a voto y su nacionalidad, sin el baile burocrático del empadronamiento. Querían que quien huyó para no acabar en una fosa pudiera votar en su municipio como si el terror nunca hubiera pasado por allí. ¿La respuesta del PSOE? Pulsar el botón del rechazo con la misma naturalidad con la que uno tacha un producto caro de la lista de la compra. No estuvieron solos en el banquete del 'no'; Podemos, ERC, PNV, Bildu y Más País se sumaron a la fiesta del desprecio. Ahora, el Supremo advierte de un «peligro serio, fundado y real» sobre la objetividad de las próximas elecciones debido a la Ley de Nietos, y el PSOE se indigna. Es la clásica maniobra de quien critica que cierren el grifo hoy, habiendo sido ellos quienes cortaron la tubería hace tres años. Defender el voto solo cuando conviene al calendario electoral no es democracia, es marketing político de saldo.
Sánchez pone el 'bozal' a la jefa CNI
En la Moncloa han descubierto que el silencio es el mejor lubricante para que los escándalos resbalen. Pedro Sánchez ha decidido que Esperanza Casteleiro, la jefa del CNI, no tiene por qué pisar la moqueta del Congreso, convirtiendo la Comisión de Secretos Oficiales en un club exclusivo al que la directora no ha sido invitada desde mayo de 2022. Mientras nosotros contamos los céntimos para que el ticket del súper no nos dé un infarto, el Gobierno juega al escondite con la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, donde 80.000 personas entraron en territorio español con un 'visto bueno' marroquí que el CNI, según Sánchez y Grande-Marlaska, no supo avisar a tiempo. La jugada es maestra: el presidente reprochó la labor de sus espías en público, dejándolos colgados de la camiseta, pero ahora frena que Casteleiro dé su versión. Margarita Robles intenta hacer de escudo, diciendo que no tiene obstáculos para comparecer, pero la realidad es que en este tablero el Rey mueve las piezas y las demás solo miran. Casteleiro, una veterana que entró en el Cesid en 1983 y ha pasado por Cuba y Portugal, ha roto una tradición sagrada. Sus predecesores, desde Jorge Dezcallar hasta Paz Esteban, pasaron por el Congreso para rendir cuentas sobre vuelos de la CIA o el caso Pegasus. La estrategia de Sánchez es el clásico 'esperar a que baje el suflé'. Es la misma técnica que aplica con la DANA de Valencia o las joyas de Zapatero: aguardar a que el ruido mediático se enfríe o que aparezca un nuevo incendio que solape el anterior. Mientras tanto, la Comisión de Secretos, donde los diputados dejan el móvil en una caja como si estuvieran entrando en un examen de selectividad, sigue esperando a una directora que prefiere la obediencia al ritmo gubernamental que la transparencia parlamentaria.
Transición Ecológica: el gran mecenas de Prisa
Hay una forma muy elegante de decir que te gusta alguien: darle casi la mitad de tu cartera sin mirar el saldo. El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, bajo el mando de Sara Aagesen, ha decidido que la mejor forma de salvar el planeta es, aparentemente, salvar las cuentas del Grupo Prisa. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el precio del aceite como quien mira una película de terror, el Ministerio ha soltado 403.371,41 euros al gigante de Gran Vía. Es el 40,93% de una partida total de 985.512 euros destinada a publicidad en radio para 2025. Un sablazo con clase. La ingeniería financiera es fascinante. De ese botín, la Cadena SER se llevó la parte del león con 258.491,43 euros, seguida por Los 40 Principales con 94.087,57 euros y la Cadena Dial con 50.792,41 euros. Incluso rescataron el entorno digital de la SER con una propina de 2.030,17 euros. Todo esto salió a la luz gracias a que THE OBJECTIVE decidió jugar al detective y tirar de la Ley de Transparencia de 2013, enviando una solicitud el 9 de agosto de 2026 que el subsecretario del Ministerio respondió el día 20, adjuntando los anexos con el IVA incluido, para que no quedara duda del gasto. Lo más delirante no es solo la concentración de fondos, sino la hiperactividad del ministerio. Con 20 campañas en radio, 26 en gráficos y 25 en digital, el Ministerio de Aagesen multiplica por diez la media de cualquier otra cartera gubernamental. Reparten el pastel así: televisión 24,22%, digital 21,31%, gráficos 18,75%, radio 18,26% y exterior 15,11%. El cine se lleva las migajas con un 1,82%. En resumen, mucha ecología en el discurso, pero una ecología muy selectiva a la hora de regar los jardines de Prisa.
CSIC: Más comités, más plantilla y más presupuesto
Montar un comité de sostenibilidad es, hoy en día, el equivalente institucional a ponerse una planta en el escritorio para sentirse ecologista. El CSIC ha decidido llevar esto al nivel industrial: cerró 2025 con 94 comités, habiendo fabricado 54 nuevos en un solo año. Ya están presentes en el 76% de sus centros. Es una maquinaria de generar actas y reuniones que, según la Memoria Anual 2025, se traduce en más de 850 actuaciones sostenibles. Muy loable, siempre que no gasten más papel en los informes que el CO2 que ahorran. Pero el dato que realmente muerde es el crecimiento de la plantilla. De 13.888 personas en 2022 pasamos a 17.471 en diciembre de 2025. Un incremento del 26% que suena a gloria en el currículum, pero que en la calle se traduce en una estructura que engorda mientras la presidenta, Eloísa del Pino, admite que tienen 'retos de gestión' y que necesitan un presupuesto 'suficiente'. Es la eterna paradoja: tenemos más gente, pero seguimos pidiendo más dinero para que la maquinaria no chirríe. En el tablero económico, el CSIC mueve cifras que marean. 6.308 proyectos vigentes con una financiación total de 1.381,6 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si el organismo tuviera una tarjeta de crédito sin límite mientras el resto de los mortales peleamos con la factura de la luz. La anualidad de 2025 fue de 269,9 millones, repartidos principalmente entre ciencias de la vida (3.756 proyectos) y materia (2.058). Madrid se lleva la tajada más gorda con 2.429 acciones, seguida de Andalucía y Cataluña. Entre patentes (145 nuevas) y regalías (3,28 millones de euros), el CSIC juega a ser empresa. Sin embargo, la realidad es que el talento se escapa. Del Pino reconoce que urge mejorar la carrera técnica y el modelo de productividad. En resumen: muchos comités, miles de publicaciones y millones en el banco, pero la gestión sigue siendo el agujero negro donde se pierde la eficiencia.
Relojes de lujo: el 'brillo' de PDVSA
Hay quien ahorra para la jubilación y hay quien, con la soltura de quien usa dinero ajeno, se compra el catálogo entero de una joyería. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, la joyería Exclusividades Vagú movía cifras que parecen sacadas de una película de James Bond, pero con guion venezolano. El 11 de enero de 2017, la firma emitió una factura por 5.083.129 euros a nombre de Uldono Ltd. No eran bisuterías de saldo; hablamos de Rolex, Patek Philippe y una pieza de Greubel Forsey que, por sí sola, costaba 701.173 euros. Un capricho que pagaría el presupuesto de educación de un pueblo entero. La ingeniería financiera es un arte. El dinero viajaba desde PDVSA, la petrolera que ha sufrido una 'desaparición de fondos' legendaria —con esquemas de fraude que el Departamento de Justicia de EE.UU. valoró en 1.200 millones de dólares en mayo de 2015—, pasando por Rantor Capital y Eaton Global Services hasta aterrizar en Uldono. Todo este despliegue terminó en una cuenta de The Mauritius Commercial Bank en Mauricio, donde Worldwide Wealth Management PCC guardaba una cartera de 9,33 millones de euros, compuesta en un 66,67% por bonos de la petrolera venezolana. El giro escabroso llega con la aparición de José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional ya le tiene en el radar por una tasación de joyas en su despacho valoradas en 1.323.915 euros. Que la misma joyería, Exclusividades Vagú, sea el hilo conductor entre el expresidente y el agujero contable de PDVSA no es una coincidencia, es una coreografía. Entre administradores franceses como Jonathann Savigny y Yann Robbiola, y transferencias a Columbus One Properties para comprar inmuebles en España, el rastro es claro: el lujo extremo siempre tiene una factura que alguien más paga.
Contratos públicos: más chiringuitos y menos control
Parece que el arte de repartir el pastel público con los dedos untados de mantequilla se ha vuelto tendencia. Según el último Informe Anual de Supervisión de Oirescon, aprobado el 29 de julio, las denuncias por prácticas corruptas en contratos públicos han pasado de ser un ruido de fondo a un concierto ensordecedor: de 32 casos en 2022 saltamos a 102 en 2025. Es un crecimiento que haría envidia a cualquier startup de Silicon Valley, pero con la diferencia de que aquí el capital es el dinero de todos. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pavor, el sistema de adjudicaciones parece haber entrado en una fase de 'creatividad' desbordante. Las denuncias totales se dispararon un 67,85% en un año, pasando de 311 en 2024 a 522 en 2025. Lo más irónico es que el 95,59% de estas alertas vienen del sector privado; es decir, los propios empresarios están gritando que el juego está trucado, mientras que el sector público, con un tímido 4,41%, prefiere hacer como que no ve nada. El menú de irregularidades es variado. Tenemos el clásico 'fraccionamiento del objeto' (dividir el contrato para saltarse el control), que subió de 39 a 88 casos en un año, y las irregularidades en la adjudicación, que pasaron de 34 a 89. Todo esto con el eco aún resonando de las mascarillas y las obras públicas. El Tribunal Supremo ya tiene en el visor a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, este último que además protagoniza una trama de hidrocarburos con un agujero contable de 182,5 millones de euros. Pero aquí llega el chiste final: mientras las denuncias se triplican, las actuaciones preventivas de las agencias antifraude han caído en picado, pasando de 196 en 2022 a solo 68 en 2025. En resumen, hay más gente gritando que hay fuego, pero el cuerpo de bomberos ha decidido reducir sus turnos en un 65%.
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