Crítica:
La noticia es un ejercicio de cinismo institucional donde el ministro intenta normalizar el lujo extremo mediante comparaciones absurdas. El texto original es demasiado complaciente con la elusión de respuestas de Torres.
El ministro Torres compara las joyas de Zapatero con un regalo de «productos típicos para degustar»
Joyas de Arabia: ¿Diamantes o jamón?
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Joyas de Arabia: ¿Diamantes o jamón?
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de Cirque du Soleil para equiparar un collar de diamantes con una cesta de embutidos y quesos artesanos. Pero Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, lo ha hecho. Con una naturalidad pasmosa, el ministro ha comparado las joyas incautadas por la UCO en el despacho de Ferraz con una simple «caja de productos típicos para degustar». Básicamente, nos sugiere que recibir oro y piedras preciosas es como si te regalaran un pack de jamón y chorizo en Navidad: algo anecdótico, casi gastronómico. El protagonista del drama, José Luis Rodríguez Zapatero (presidente entre 2004 y 2011), ha intentado jugar la carta de la diplomacia frente al juez José Luis Calama, asegurando que el botín fue un obsequio del ya fallecido rey de Arabia Saudí durante una visita en 2007. Un detalle, claro. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para pagar la luz, en las altas esferas los regalos se miden en quilates y se justifican como 'cortesías internacionales'. Torres, en una entrevista con La Radio Canaria, ha aprovechado el incendio para proponer que haya que «regular» los regalos para que sean iguales en todas las administraciones. Una propuesta valiente, considerando que el propio ministro ha preferido hacer el vacío cuando le preguntaron si él se habría quedado con las joyas. El ruido de fondo es el rescate de la aerolínea Plus Ultra, marco donde se mueve la investigación judicial. Al final, la narrativa es siempre la misma: esperamos a que el juez decida mientras nos venden que un diamante es, en realidad, un queso manchego muy brillante.
Ayuso humilla a Sánchez con cifras habitacionales
En el tablero político español, el desahucio de una ciudadana llamada Maricarmen ha sido la chispa para que Isabel Díaz Ayuso saque el artillero pesado. Mientras en La Moncloa se cocina un relato donde Madrid es la tierra del pecado inmobiliario, la presidenta madrileña ha decidido hacer cuentas rápidas en el foro 'Ideas para crecer' del Círculo de Empresarios. La aritmética es cruel: Ayuso sostiene que por cada persona que pierde su techo en Madrid, hay cinco haciendo maletas en la Cataluña de Salvador Illa y Pedro Sánchez. Los datos no mienten, aunque se usen como proyectiles. En 2025, España registró más de 24.000 desahucios, una cifra que para el ciudadano de a pie es un abismo, pero para el político es una estadística de ataque. Cataluña se lleva la palma del desastre con 6.814 lanzamientos, lo que supone el 27,8% del total nacional. Es decir, casi un tercio de los dramas habitacionales ocurren bajo el paraguas socialista, mientras Sánchez intenta pintar a Madrid como el epicentro del problema. Ayuso, con el sarcasmo afilado, ha recordado que los 25.000 desahucios anuales los ejecuta la Policía Nacional —que responde al Gobierno central— por orden judicial. Es la clásica jugada de quien te regaña por el desorden mientras él mismo ha dejado la puerta abierta durante ocho años sin tocar la ley. Mientras Sánchez se refugia en la ONU en Estados Unidos, evitando los micrófonos y los expedientes judiciales como quien esquiva un charco, Ayuso defiende su modelo de construcción libre y protegida. Al final, la vivienda se ha convertido en el nuevo campo de batalla donde el dinero público y la demagogia se dan la mano, dejando que el ciudadano siga sintiendo que pagar un alquiler es, básicamente, un deporte de riesgo.
Ley de Nietos: rezando por Sánchez
Hay gente que reza por Pedro Sánchez, pero no por convicción ideológica, sino por puro pragmatismo administrativo. En los rincones oscuros de Telegram, miles de descendientes de españoles han montado una especie de 'ayuda mutua' para navegar el laberinto de la Ley de Memoria Democrática, la famosa Ley de Nietos. El pánico es real: saben que su pasaporte europeo pende de un hilo electoral. Para ellos, que el PP llegue al Moncloa no es una cuestión de gestión, es el fin de la fiesta. La jugada es sencilla. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, estos usuarios calculan los plazos de la ley como quien cuenta los días para que termine la hipoteca. Recuerdan con nostalgia el 3 de octubre de 2023, cuando Felipe VI designó a Sánchez como candidato; para muchos, aquello fue un salvavidas que les regaló un par de años más de margen. La Ley de Memoria Democrática, vigente desde el 21 de octubre de 2022, es el billete dorado que permite recuperar la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados, incluyendo a las mujeres que la perdieron al casarse antes de 1978. El contraste es delicioso. El Gobierno intenta vender que estos nuevos españoles no son precisamente militantes del PSOE, pero en los chats la afinidad es clara: el miedo a la derogación es el mejor pegamento político. Mientras tanto, la administración funciona al ritmo de una tortuga con reumatismo. Los consulados están tan desbordados que la gente pregunta en Telegram si han soltado citas hoy, como quien espera que abran las puertas de un concierto agotado. Hay solicitudes desde el 15 de julio que siguen en el limbo, demostrando que, en España, el papeleo es la única religión que nunca falla.
Ceuta: 10.000 invisibles viviendo bajo tierra
Ceuta tiene un sótano que el Ayuntamiento prefiere no mirar. Mientras el ciudadano medio se pelea con la comunidad de vecinos por una gotera, bajo las galerías subterráneas del Sarchal ha florecido un ecosistema paralelo. Un incendio accidental —de esos que no avisan— obligó a los bomberos a bajar al agujero y, ¡sorpresa!, se encontraron con un campamento ilegal para decenas de personas. No era un refugio improvisado de fin de semana; el sitio tenía hasta letrinas artesanales, colchones y montañas de basura que harían llorar a cualquier inspector de sanidad. Es la ciudad invisible, la que no sale en los folletos turísticos. Pero el Sarchal es solo la punta del iceberg. La Policía Nacional ha tenido que jugar al escondite en las barriadas del Príncipe y Loma Colmenar para desmantelar dos 'pisos patera'. Treinta personas hacinadas, incluyendo tres menores, viviendo sin luz ni agua, como si el siglo XXI fuera un concepto opcional. El dato que realmente dinamita la tranquilidad de la ciudad es la cifra que maneja la policía: unos 10.000 invisibles. Diez mil personas repartidas entre garajes, casas abandonadas y locales, esperando que la mafia les cobre el billete a Algeciras o Málaga, o que el Gobierno decida que es hora de mover el tablero. Lo más curioso es la logística. Mientras el Estado finge que no existen, hay un flujo constante de familiares que entran en Ceuta cargados de comida, móviles y efectivo. Es una economía sumergida que mantiene vivo el sueño del salto a la península. Estos miles de personas, que ya colapsaron el traslado de la Playa del Trampolín y el nuevo centro de acogida del puerto, prefieren la insalubridad de un sótano antes que el riesgo de que un sello en el pasaporte los devuelva a Marruecos. La normalidad en diciembre parece, ahora mismo, un chiste de mal gusto.
Sánchez y el juego de palabras Begoña
Hay una gimnasia mental que ya quisiera cualquier atleta olímpico. Pedro Sánchez, en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas, ha decidido que es el momento ideal para jugar al diccionario. Cuando un periodista se atreve a mencionar que a Begoña Gómez se le abre un juicio oral por tráfico de influencias y malversación, el presidente activa el modo 'corrector de estilo'. «Begoña Gómez, no mi mujer, sino Begoña Gómez», sentenció. El matiz es, según él, fundamental. Es como si alguien te pillara con la mano en la masa y tú insistieras en que no eres 'el ladrón', sino 'el individuo que sostiene la masa'. Una pirueta semántica digna de un manual de supervivencia política. El problema es que intentar separar el cargo de la almohada es, a estas alturas, como querer quitarle el azúcar al café una vez que ya lo has bebido: imposible y ridículo. La hipocresía tiene un aroma penetrante. Mientras Sánchez insiste en el nombre propio para blindar la identidad, el Gobierno se comporta como un equipo de seguridad privada. El pasado martes, Elma Saiz utilizó la mesa del Consejo de Ministros —el altar sagrado de la gestión pública— para defender a Begoña Gómez a título individual. Es el clásico movimiento de 'yo no la conozco en el trabajo', pero 'ponemos toda la maquinaria del Estado a su servicio'. Lo más irónico es que el corazón del delito de tráfico de influencias late precisamente en ese vínculo. No se acusa a la ciudadana Gómez por sus méritos académicos, sino por ser la mujer del jefe. Intentar borrar el parentesco en una rueda de prensa es como intentar tapar el sol con un colador mientras el juicio oral ya está llamando a la puerta.
Zapatero y el 'ajuar' saudí: joyas y ruegos
Hay quienes gestionan su agenda con Google Calendar y otros, como José Luis Rodríguez Zapatero, que manejan los tiempos judiciales con la soltura de quien cree que el reloj es una sugerencia. El expresidente prometió al juez del caso Plus Ultra resolver el misterio de su 'ajuar' en diez días máximo. Spoiler: no ocurrió. Se tomó su tiempo, probablemente mientras recordaba el brillo de aquellos rubíes, esmeraldas y zafiros que aparecieron en su despacho como quien encuentra un ticket del súper en el bolsillo de un abrigo viejo. La jugada es maestra en su descaro. El 16 de junio, justo un día antes de comparecer ante la justicia, Zapatero redactó una carta a la Corte Real de Arabia Saudí. No fue una nota formal; fue un ejercicio de lisonja casi poética donde 'ruega' que confirmen que tres juegos de joyería fueron un regalo personal del Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud en junio de 2007. Es el equivalente político a pedirle a un exnovio que testifique que el collar de diamantes no es robado, pero con el protocolo de una monarquía absoluta de por medio. Para darle sabor, recordó la Conferencia Mundial sobre el Diálogo Interreligioso de julio de 2008, envolviendo la petición en una nube de 'respeto mutuo' y 'alta consideración'. Cuando el silencio saudí se prolongó, el 12 de agosto volvió a escribir, esta vez avisando que pediría una comisión rogatoria. Básicamente, le dijo a Riad: 'si no me hacéis el favor por las buenas, llamaré al juez para que os pregunte oficialmente'. Una ingeniería financiera de la memoria donde el lujo se justifica con la diplomacia y los plazos judiciales se tratan como si fueran una recomendación de lectura.
Marlaska y el truco de la foto
En el tablero político, hay una técnica muy depurada que consiste en inflar los globos antes de la foto y dejarlos desinflar en cuanto el flash deja de brillar. Fernando Grande-Marlaska ha intentado vendernos que la frontera de Ceuta es un búnker impenetrable con más de trescientos agentes antidisturbios, pero Laura García, portavoz de JUPOL, ha decidido hacer la auditoría de la calle. Y el resultado es un chiste de mal gusto. Resulta que la aritmética del Ministerio del Interior es creativa. Nos hablan de refuerzos, pero la realidad es que solo hay unos doscientos cuarenta componentes de la UIP y cuarenta y dos agentes de la UPR llegados de la península. El truco del almendruco consiste en solapar el relevo de las unidades el día 23: hacen que los que se van y los que llegan coincidan un momento para que la foto salga llena, como quien pone tres platos en la mesa para que parezca que hay banquete cuando en realidad solo hay un filete para compartir. Pero hay más. Esos agentes no son un ejército infinito; se dividen en tres turnos y hay que descontar a los que están durmiendo tras una guardia nocturna. Al final, si ocurre una invasión, la suma de Policía Nacional y Guardia Civil no llegaría ni a los seiscientos efectivos simultáneos. Es como intentar tapar una piscina con un colador. Para rematar la función, tenemos a tres mil quinientos militares mirando el paisaje. Están allí, sí, pero sin estado de emergencia no son agentes de la autoridad. Básicamente, son vigilantes de lujo que no pueden intervenir, generando una frustración que se huele desde Madrid. Mientras tanto, en Benzú esperan cuatrocientas personas de origen subsahariano, piezas de un juego geopolítico donde Marruecos mueve los hilos y Estados Unidos parece haber olvidado que España también vive en este lado del Estrecho.
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