Crítica:
La noticia es un recorte de contrastes políticos, pero omite cualquier declaración del PSOE sobre por qué específicamente se opusieron a Ceuta. Es un relato de hechos visuales que deja el vacío argumental a propósito.
El PSOE votó en contra de colocar la bandera de Ceuta y a favor de la de Palestina en el Ayuntamiento de Santiago
Banderas en Santiago: VIPs y relegados
Otros artículos
Maletas vacías y joyas reales: el 'estilo' Zapatero
Hay quien viaja para descubrir el mundo y quien, como Julio Martínez, alias 'Julito', viaja para hacer un vaciado de maletas express. El guion es digno de una película de serie B: entre diez y quince vuelos relámpago a Venezuela, siempre con el mismo kit de Samsonite negro. El patrón es tan absurdo que asusta: salía con las maletas a reventar y volvía vacío, sin siquiera tiempo de cambiarse la corbata o dormir una siesta en Caracas. Menos de 24 horas por viaje. Un servicio de mensajería humana que, según la Fiscalía Anticorrupción, no transportaba recuerdos, sino fajos de billetes que luego aterrizaban en cuentas extranjeras. Para el ciudadano medio, ahorrar 10.000 euros requiere una disciplina monacal; para Julito, esa cifra era el contenido de un sobre con anotaciones en chino. En diciembre de 2025, la Policía Nacional convirtió su casa en Madrid en un juego de 'busca el tesoro' financiero. Hallaron 286.070 euros escondidos en lugares donde uno normalmente guarda el detergente o el equipo de golf: 50.000 euros en un radiador (para mantener el dinero calentito, supongo), 74.900 euros en el baño y hasta 5.270 euros en un neceser. Una ingeniería financiera de nivel 'colchón'. Lo más jugoso es el timing. Mientras Plus Ultra absorbía 53 millones de euros en ayudas públicas a través del FASEE y la SEPI entre marzo y agosto de 2021, los vuelos de Julito se intensificaban en 2022. ¿La magia para saltarse el modelo S-1 de Hacienda? Un presunto 'pase VIP' facilitado por el comisario Jesús María Gómez Martín, jefe de Barajas. Y mientras tanto, José Luis Rodríguez Zapatero intenta explicar que sus joyas de 1,3 millones de euros fueron un detalle afectuoso del rey Abdalá de Arabia Saudí. Todo muy natural, como quien recibe un paquete de galletas, mientras sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, esperan su turno para explicar el papel de What the Fav SL en este puzzle de blanqueo.
Banderas en Santiago: VIPs y relegados
Hay una aritmética del cariño muy curiosa en el Pazo de Raxoi. En el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, el espacio en la fachada no se mide en metros cuadrados, sino en ideología. Mientras que la bandera de Palestina disfruta de un palco VIP en el centro del edificio desde hace más de un año, la de Ceuta ha tenido que conformarse con el rincón más oscuro de la fachada, como quien esconde una bolsa de basura el día que no pasa el camión. La historia es un manual de instrucciones sobre la hipocresía institucional. Primero, un edil del PP intentó colgar la bandera ceutí durante una concentración en la plaza del Obradoiro contra la invasión marroquí, pero la alcaldesa nacionalista, Goretti Sanmartín, le aplicó un 'borrado rápido': la bandera duró exactamente treinta minutos. Media hora de visibilidad. Menos de lo que tarda uno en hacer la cola del súper un sábado por la mañana. Para evitar el desplante, el PP llevó la propuesta al Pleno. Los once diputados populares lograron que se aprobara, pero el PSOE y el BNG votaron en contra. Sí, han votado en contra de reconocer a Ceuta mientras mantienen el apoyo ferviente a Palestina bajo el pretexto de una 'comisión para visibilizar la situación terrible' del pueblo palestino. Es una gestión del espacio público muy creativa: para unos, un acuerdo del pleno y el centro de la escena; para otros, una votación obligada y el exilio a una esquina. Al final, el Pazo de Raxoi no es un consistorio, es un tablero de ajedrez donde el PSOE decide qué tragedias merecen el centro del escenario y cuáles pueden ir relegadas al margen, como una nota al pie de página que nadie quiere leer.
Ley de nietos: 600.000 nuevos españoles
España ha abierto el grifo de la ciudadanía y la marea es imparable. Mientras el ciudadano medio lucha contra la burocracia para renovar un carné de conducir sin que le pidan el árbol genealógico completo, la 'ley de nietos' —oficialmente la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática— está funcionando como una autopista sin peajes. Hasta el 31 de agosto, el Gobierno ya ha dado el visto bueno a 600.684 solicitudes. Sí, seiscientos mil aprobados. Para que nos entendamos: es como si hubieran llenado el Santiago Bernabéu siete veces y media con nuevos compatriotas que, hasta ayer, solo tenían el pasaporte español en los recuerdos de un abuelo. La maquinaria no descansa. De esos aprobados, 369.017 ya están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), lo que significa que el tablero electoral se está moviendo mientras nosotros seguimos discutiendo por el precio del aceite. Pero el dato que realmente marea es la cola de espera: 1.317.108 solicitudes presenciales en consulados. Más de un millón de personas haciendo cola para entrar en el club. Desde el Ejecutivo, con una tranquilidad envidiable, aseguran que todo está bajo control y que la red consular se ha reforzado para que el sistema no colapse. Y sobre el ruido que hace Vox alertando sobre posibles trampas, la respuesta es un bostezo institucional: no hay fraudes. La Sección de Investigación de Fraude Documental no ha encontrado ni un solo papel mal puesto. Básicamente, nos dicen que el proceso es tan limpio que el único riesgo es que el Registro Civil se quede sin tinta. Una gestión impecable, dicen, mientras el CERA se infla como un globo en plena temporada de viento.
Sueldo sin trabajar: el premio a Ceuta
En el tablero del Gobierno de Pedro Sánchez, el concepto de 'mérito' parece haberse trasladado a una dimensión paralela donde la audacia para pedir favores es la competencia principal. El último movimiento es una joya del surrealismo administrativo: David de la Encina aterriza como delegado del Gobierno en Ceuta. No es un nombramiento cualquiera; es el rescate de un cuadro histórico que sabe navegar las aguas turbias del PSOE andaluz con la soltura de un delfín. Para quienes no recuerden el 'estilo' de De la Encina, retrocedamos a octubre de 2014. Mientras el ciudadano medio se rompe la espalda para que no le descuenten un euro en la nómina, el entonces coordinador de Diseño y Estrategias en Andalucía Emprende le lanzó un correo a Vanessa Bernad, la gerente de la entidad, con una propuesta tan descarada que roza el arte. El plan era sencillo: quería cobrar sus 47.933,56 euros anuales —un sueldo público que para muchos es el sueño de una vida— pero sin la molesta obligación de pisar la oficina. ¿El motivo? Que liderar la campaña para la alcaldía de El Puerto de Santa María requería 'presencia permanente en la calle', y claro, no podía permitirse el lujo de renunciar a su cheque mensual mientras hacía política. Lo más tierno es que no actuaba solo. Tenía el visto bueno de sus padrinos, Manuel Jiménez Barrios e Irene García, quienes debían hacer la vista gorda mientras sus compañeros de trabajo absorbían sus tareas. Cuando el escándalo estalló en 2019 y la corporación municipal pidió su dimisión, De la Encina aplicó la técnica del 'estaba ingenuo'. No era un defraudador, decía, sino alguien que simplemente no esperaba que alguien rebuscara en su correo. Ahora, tras salir por la puerta de atrás en 2023, Moncloa lo premia enviándolo a Ceuta, sustituyendo a Miguel Ángel Pérez Triano, quien se fue acorralado por el caos de la frontera y el ruido judicial de la Audiencia Nacional. El mensaje es claro: si sabes pedir el sueldo sin trabajar, siempre habrá un despacho con vistas al mar esperándote.
Sol: El juego del despiste institucional
La Puerta del Sol ha vuelto a convertirse en el tablero de un juego de sillas musicales donde nadie quiere sentarse, pero todos quieren mandar. El Sindicato de Inquilinos plantó su bandera el 26 de septiembre para exigir el 'decreto Maricarmen', y desde entonces, el centro de Madrid parece una partida de ping-pong institucional. Manos Limpias, que no deja pasar ni una mosca, ha decidido que el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, ha estado demasiado tiempo mirando las nubes y ha presentado este lunes una denuncia por prevaricación administrativa por omisión. Para Miguel Bernad, secretario general del sindicato, la cosa es sencilla: hay una acampada 'lisa y literalmente ilegal' frente a la sede de la Comunidad de Madrid y el delegado ha decidido aplicar la técnica del avestruz. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la lista de la compra, aquí se pelea por el artículo 404 del Código Penal, alegando que no actuar es, en realidad, una decisión consciente de dejar que el caos reine en el turismo y el comercio. Lo más jugoso es el espectáculo de hipocresía administrativa. El Ayuntamiento, que normalmente se lleva bien con el Gobierno, ha soltado un zarpazo acusando a la Delegación de 'dejación de funciones', recordándoles con ironía que en el 15M de 2011 no fueron tan tímidos con los desalojos. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha saltado a la yugular del Ministerio del Interior y de Pedro Sánchez, acusándolos de 'lavarse las manos' y querer pasarle el muerto a la Policía Municipal. Al final, entre el decreto, las denuncias y los reproches, la acampada sigue ahí, como un recordatorio de que en política, cuando todos son responsables, nadie lo es.
Voto de nietos: el censo es buffet
Imaginen que alguien decide mudarse a su barrio, pero no porque le guste la zona o tenga familia allí, sino porque simplemente 'le apetece' figurar en su padrón para votar. Sin papeles, sin arraigo y sin que nadie le pida una explicación coherente. Pues bien, eso es básicamente lo que está pasando con la ley de nietos, donde el censo electoral parece haberse convertido en un buffet libre de municipios a elegir. El pasado 25 de septiembre, la Oficina del Censo Electoral (OCE) lanzó una instrucción para las Oficinas Consulares que, sobre el papel, debía poner orden. Sin embargo, cuatro miembros de la Junta Electoral Central (JEC) —Carlos Vidal Prado, Fernando Marín Castán, Javier Tajadura Tejada y Vicente Magro Servet— han soltado un voto particular que es, en lenguaje llano, un grito de auxilio. Denuncian un 'desconcierto' absoluto: hay alcaldes que se despiertan un día y descubren que su pueblo ha crecido más que una startup de Silicon Valley, con ciudadanos inscritos que jamás han pisado la zona y que, en algunos casos, pertenecen a municipios que ni siquiera existían cuando sus antepasados fueron exiliados. La ingeniería es sencilla: el interesado elige dónde quiere votar y el consulado se limita a comprobar que el nombre esté bien escrito, como quien revisa que el ticket del súper no tenga manchas. No hay control, no hay justificación, solo burocracia formal. El dato que dinamita la credibilidad del proceso es Madrid: más de una cuarta parte de los nuevos electores del CERA en cuatro años han decidido que su 'mayor arraigo' está en la capital. Es decir, que Madrid es la nueva meca electoral para quienes no tienen un vínculo real con el territorio. Los cuatro magistrados exigen revisar lo hecho para que la limpieza del sistema no sea un cuento chino, mientras la OCE sigue entregando respuestas insuficientes desde julio.
Hacienda blinda la cartera de Zapatero
En este país, la transparencia es como el wifi en el metro: se anuncia, pero nunca llega cuando más lo necesitas. El Ministerio de Hacienda, bajo el mando de Arcadi España, ha decidido jugar al escondite con el Senado. El PP, liderado por Alicia García, pidió echar un ojo a la declaración del Impuesto de Patrimonio y las sociedades de José Luis Rodríguez Zapatero desde 2011 hasta 2025. Básicamente, querían saber si la cuenta corriente del expresidente ha crecido más que la inflación de la cesta de la compra, pero Hacienda ha respondido con un 'no' rotundo y un dossier de cinco páginas que es una obra maestra de la gimnasia mental. El argumento es el clásico: 'datos confidenciales'. Muy curioso, porque la Ley General Tributaria de 2003 dice que el secreto fiscal se puede saltar para colaborar con comisiones parlamentarias si el sujeto fue cargo público. Zapatero fue presidente, así que el primer check está puesto. Pero Hacienda dice que no hay relación con el cargo. Una lógica brillante, especialmente cuando el propio Zapatero justificó que las joyas de su despacho eran regalos de Arabia Saudí en 2007. O sea, que el oro sí es cosa del cargo, pero los impuestos son un asunto privado. Es como decir que el coche oficial es para trabajar, pero la gasolina la pagas tú. Para rematar la faena, el Departamento también ha cerrado el grifo sobre Tubos Reunidos. El PP quería saber por qué hay un retraso en la devolución de 10 millones de euros de un préstamo rescatado en 2021 por la SEPI. Diez millones. Para que nos entendamos: es dinero que podría haber pagado miles de facturas de la luz de familias reales, pero Hacienda dice que pedir el expediente no es 'jurídicamente procedente'. En resumen, el muro de Hacienda es más alto que las aspiraciones de transparencia de la cloaca del PSOE.
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