Crítica:
El texto es un ejercicio de rastreo contable impecable, aunque peca de omitir si estas subvenciones son competitivas o asignaciones directas. La narrativa es efectiva al conectar la trayectoria personal de Colau con el flujo del dinero.
El Sindicato de Inquilinas de Sol forma parte de una red que ha recibido 3,7 millones de las administraciones socialistas
Anticapitalismo a precio de oro público
Otros artículos
Sánchez esquiva a los Reyes por Marruecos
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'estoy contigo' mientras se busca la salida de emergencia más cercana. Pedro Sánchez ha dominado esta disciplina a la perfección. El próximo 13 y 14 de octubre, los Reyes visitarán Ceuta y Melilla, pero el presidente ha decidido que su presencia sería un 'exceso de equipaje' peligroso. La razón es tan simple como un tique de parking: no quiere molestar a Mohamed VI. Básicamente, prefiere que el Rey ponga la cara mientras él evita que el Rey de Marruecos le mande un mensaje incómodo al WhatsApp oficial. Es una estrategia de supervivencia que ya conocemos. Desde aquel episodio en Paiporta en noviembre de 2024, donde los Reyes se quedaron a recibir el chaparrón de indignación popular mientras Sánchez desaparecía en su coche oficial como quien huye de una cena familiar incómoda, el presidente ha evitado compartir el mismo código postal con Felipe VI. Incluso en la final del Mundial intentó hacer el truco de magia de la agenda apretada, inventándose un viaje a Argelia para no coincidir con el monarca y Donald Trump, aunque al final acabó subiéndose al carro cuando vio que el postureo era obligatorio. Mientras Felipe VI se pone serio y define la intrusión masiva del 30 de julio en Ceuta como 'inaceptable' durante una cena con Emmanuel Macron, Sánchez opta por la condescendencia. Es curioso que el 31 de agosto, en la SER, el presidente intentara hacerle un 'sablazo' reputacional al Rey recriminándole que en sus 12 años de reinado (que Sánchez, con una aritmética creativa, llamó 20) no hubiera visitado las ciudades autónomas. Al final, el Gobierno enviará probablemente a Ángel Víctor Torres, el hombre del mando único, para que gestione la crisis mientras el jefe del Gobierno se queda en casa, asegurándose de que el tablero geopolítico no se le mueva mientras él sigue jugando a la silla musical con la Monarquía.
España, el 'rebelde' solitario contra Bruselas
Bruselas ha decidido que la solución a la inmigración irregular es, básicamente, pasarle el problema al vecino. Este jueves, 26 de los 27 estados miembros de la Unión Europea han dado luz verde a la creación de centros de retorno en terceros países. Un festín de consenso europeo donde España ha decidido jugar al rebelde, siendo el único voto en contra. La jugada es sencilla: negociar con países 'seguros' para exportar allí a quienes no tengan el derecho de asilo reconocido. Es como si en una comunidad de vecinos decidieran tirar los trastos viejos al portal del edificio de al lado para que el pasillo quede limpio. Mientras Italia y Alemania ya están con la calculadora en la mano y en fases avanzadas de negociación, Madrid prefiere aferrarse a los CETI, aunque el viento sople en contra. Lo irónico es que el Consejo de la UE no se ha limitado a abrir centros; ha diseñado un catálogo de castigos para quien no coopere con la salida. Hablamos de recortes en prestaciones, denegación de incentivos para el retorno voluntario y hasta sanciones penales. Un sablazo administrativo para asegurar que nadie se quede cómodamente instalado. Todo esto llega después de que en enero se endurecieran los requisitos de asilo y se cocinara esa lista de 'países seguros', donde Marruecos figura con sello de calidad en Derechos Humanos, facilitando que sus nacionales vean su solicitud de asilo rechazada más rápido que un pedido de Amazon. Para cerrar el círculo, los que representen un riesgo de seguridad se enfrentan a detenciones de más de 24 meses o prohibiciones de entrada indefinidas. En resumen: Europa ha decidido cerrar la persiana y España es la única que sigue intentando mantener la puerta entornada, aunque el resto del barrio ya haya echado el cerrojo.
Ceuta llamó y Moncloa puso el avión
Hay una diferencia abismal entre el 'estamos trabajando en ello' de un despacho climatizado y el pánico de quien ve que el horizonte se llena de botas ajenas. Juan Jesús Vivas ha aterrizado en la Audiencia Nacional este miércoles para contarle a la jueza María Tardón cómo es, exactamente, sentirse invisible para el Estado. El presidente de Ceuta no ha ido con poesías, sino con un registro de llamadas que parece el historial de alguien intentando cancelar una suscripción telefónica imposible: diez llamadas a La Moncloa y solo tres respuestas. Un ratio de eficacia que, en cualquier negocio de barrio, supondría el cierre inmediato por mal servicio al cliente. Mientras en Madrid se gestionaban agendas, en Ceuta se lanzaban mensajes «a la desesperada». El jefe de gabinete de Vivas empezó llamando al director de gabinete de Pedro Sánchez, y al ver que el silencio era la respuesta estándar, empezaron a disparar a ciegas hacia cuatro ministerios: Defensa, Interior, Política Territorial y Juventud e Infancia. Fue el juego del 'quien coja el teléfono', una lotería desesperada donde el premio era que alguien, en algún despacho, dejara de mirar el reloj para escuchar la urgencia de una ciudad fronteriza. La respuesta final de Moncloa fue una joya de la burocracia: que el 'cauce correcto' era el delegado del Gobierno, un funcionario que ya ha dimitido el pasado lunes. La trama se vuelve deliciosa cuando aparece Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete de la Delegación, quien el 29 de julio —un día antes del asalto del 30 de julio— tuvo una charla de once minutos con el CNI vía WhatsApp. Mientras Vivas llamaba al vacío, el CNI ya estaba avisando por la aplicación de mensajería más común del mundo. La jueza Tardón ahora busca el hilo que une esa omisión con la agresión territorial, mientras el Gobierno español parece haber confundido la gestión de una crisis nacional con el modo avión de un smartphone.
Tabacalera: menos casas y más despachos
En el tablero del urbanismo madrileño, donde el cemento y la ideología chocan más que dos trenes en hora punta, el Ministerio de Cultura ha decidido jugar su carta. Ernest Urtasun, con la pluma del presupuesto en la mano, ha concedido al Sindicato de Inquilinos de Madrid dos locales de 800 metros cuadrados en el emblemático edificio de Tabacalera. Sí, esos mismos metros que ahora se rehabilitan con el dinero de todos mientras el ciudadano medio lucha contra un alquiler que parece una hipoteca disfrazada. La jugada es maestra en su ironía: el Gobierno entrega espacio físico a quienes protestan por la falta de techo, pero lo hace en un edificio que se está transformando en un 'centro de producción y residencias artísticas'. El coste de redactar el proyecto no es moco de pavo: 682.500 euros procedentes de fondos europeos. Es decir, que mientras tú intentas que la factura de la luz no te deje en la calle, el Estado invierte casi setecientos mil euros solo en los planos para que el edificio sea 'seguro'. En el otro lado del ring, José Luis Martínez-Almeida y su portavoz, Inma Sanz, se llevan el desplante en bandeja. El Ayuntamiento pedía viviendas asequibles o equipamientos, pero el Ejecutivo socialista ha decidido que el 'trabajo conjunto' con el sindicato y el colectivo Remontada Tabacalera era la prioridad. Según Sanz, las conversaciones con el Gobierno no es que estén congeladas, es que simplemente no existen. Es el clásico silencio administrativo elevado a arte político. Al final, el edificio de Tabacalera pasa de ser una promesa de vivienda a un despacho rehabilitado para el activismo, todo bajo el paraguas de la cultura y la generosidad presupuestaria.
Sanidad impone el aborto en Primaria
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido jugar al ajedrez con las piezas de Atención Primaria, pero se ha olvidado de avisar a los jugadores. El anuncio es sencillo en el papel: trasladar el aborto farmacológico a los centros de salud, modificando el real decreto de autorización y la ficha técnica de la mifepristona para que el fármaco salga del hospital. Suena a progreso, pero para los médicos de familia es como si te avisaran de que tienes un nuevo hijo adoptivo mientras estás intentando apagar un incendio en el salón. Lorenzo Armenteros, de la SEMG, no ha tenido pelos en la lengua: la noticia ha caído como un jarro de agua fría. Se habla de 'ir de la mano' de los profesionales, pero el anuncio ha sido un monólogo ministerial. Es la eterna canción del sector: se diseñan políticas en despachos con aire acondicionado mientras en la calle los centros de salud funcionan con el combustible del agotamiento. Pedir que absorban una nueva prestación en un sistema que ya sufre una infrafinanciación crónica es como intentar meter un colchónviscoelástico en un maletero lleno de piedras. La SEMG admite que la medida es equitativa y segura —en otros países el 50% de los abortos son farmacológicos fuera del hospital—, pero la realidad es que no hay ecógrafos de calidad en todos los centros ni tiempo para consultas diferenciadas. No se puede gestionar una interrupción del embarazo entre una receta de hipertensión y una gripe. Sin una dotación económica adicional y una gestión real de la objeción de conciencia, el plan de Sanidad corre el riesgo de ser otra promesa brillante que termina estrellándose contra la falta de personal y la burocracia de una cartera de servicios que ya no aguanta más peso.
Botellas a precio de oro: el caos llega
La ecología es preciosa hasta que te toca limpiar la acera. España se lanza al vacío el próximo 22 de noviembre, obligada por el Real Decreto 1055/2022, porque nuestra capacidad de reciclar botellas de plástico se quedó clavada en un 41,3 % en 2023, muy lejos del 70 % que nos exigían. Básicamente, como no sabemos separar el plástico, ahora nos toca jugar al juego del depósito: pagar un extra que luego recuperamos, como quien hace un ahorro forzoso en una hucha que no es suya. Portugal ya ha probado el experimento desde el 10 de abril de 2026 con su sistema 'Volta'. En cinco meses han recogido 305 millones de envases, una cifra que suena a éxito en un PowerPoint ministerial, pero que en la calle es otra historia. Carlos Moedas, el alcalde de Lisboa, ya ha pedido cancelar el programa de inmediato. ¿El motivo? El Bairro Alto, el Cais do Sodré y el Chiado parecen campos de batalla. Hay gente rebuscando en los cubos para rescatar esos diez céntimos, dejando el resto de la basura esparcida por la acera. Es la paradoja perfecta: queremos salvar el planeta, pero convertimos el centro de la ciudad en un vertedero. No es un drama local. En Budapest los contenedores se rompen a ritmo de diez al mes, y en Dublín la 'rebusca' costó medio millón de euros en 2025 solo entre personal y cerraduras para los cubos. Una inversión absurda para combatir una relocalización de la pobreza hacia los barrios ricos. Mientras tanto, en España ya tenemos el ejército listo: solo en Barcelona operan 3.200 chatarreros. El escenario está montado para que el depósito sea un sablazo indirecto a los ayuntamientos y un dolor de cabeza para los hosteleros, que ya están pidiendo quedar fuera del juego para no gestionar el caos en sus locales.
Votar en Argentina es más fácil que en Madrid
Hay una matemática muy curiosa ocurriendo en el Atlántico. Resulta que, según la Oficina del Censo Electoral, es más fácil engordar el padrón de votantes en Argentina que en la propia capital de España. En junio, mientras Madrid sumaba 2.860 personas —un crecimiento modesto, casi como quien añade un par de artículos a la lista de la compra—, Argentina se pegaba un atracón de 4.975 nuevos electores. Es la magia de la Ley de Memoria Democrática, o la 'Ley de Nietos' para los que no usamos lenguaje de despacho, que ha convertido la nacionalidad en un trámite de ventanilla rápida. El consulado de Rosario es la joya de la corona: engorda el censo en más de 1.000 españoles al mes, un salto ridículo comparado con los 314 que aportaba en 2022. En total, ya hay 600.684 solicitudes aprobadas, con 370.000 ya inscritos en el CERA. El Gobierno juega al bingo con las cifras: Elma Saiz habló de 2,5 millones de interesados, mientras Ángel Víctor Torres bajó la apuesta a 2,4 millones. Una diferencia de 100.000 personas que, en cualquier otro contexto, sería un agujero contable digno de auditoría. Lo verdaderamente fascinante es la 'presunción' de exilio. Gracias a una instrucción de Sofía Puente, bastaba con demostrar que el antepasado salió de España entre 1936 y 1955 para ser considerado exiliado, aunque hubiera emigrado 54 años antes de la Guerra Civil. Básicamente, se ha aplicado un 'pase VIP' sin pedir papeles. Ahora el Tribunal Supremo y la Junta Electoral intentan poner orden al caos, sospechando que muchos nuevos votantes eligen su municipio de inscripción al azar, como quien elige un número de lotería, para alterar la balanza electoral sin haber pisado el pueblo en tres generaciones.
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