Crítica:
La noticia es un despliegue de negligencia institucional disfrazada de 'gestión'. El contraste entre las alertas del CNI y la inacción ministerial es el verdadero escándalo que el texto original apenas roza.
Vivas intentó «contactar al menos 10 veces» con Sánchez antes de la entrada masiva en Ceuta
Vivas a Sánchez: ¡Diez llamadas y ni un hola!
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Militares en Ceuta: sin fusiles y mal pagados
En Ceuta, la seguridad nacional se ha convertido en un deporte de riesgo donde el premio es una fractura de peroné o una dislocación de rodilla. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez juega al equilibrista político, los militares de la ciudad autónoma se encuentran en una situación surrealista: enfrentan cócteles molotov, emboscadas y trampas en los acantilados armados, básicamente, con una porra y un bote de spray pimienta. Es como enviar a alguien a apagar un incendio forestal con un vaso de agua y pedirle que, además, mantenga la sonrisa profesional. Harto de este 'estilo de gestión', la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), liderada por Marco Antonio Gómez, ha decidido saltarse la escala burocrática y pedir audiencia directa al Rey Felipe VI. No es un capricho; es un grito de auxilio. Los efectivos, que encadenan jornadas de hasta 16 horas extra, se sienten abandonados en una misión donde el riesgo es extremo pero el reconocimiento es invisible. Para colmo, el Ministerio de Defensa ha aplicado una 'ingeniería financiera' digna de broma: impagos en módulos y dietas con diferencias de hasta 400 euros entre compañeros que hacen el mismo trabajo. Según Gómez, son los mismos errores de gestión que se vieron en la DANA, donde un año después todavía hay gente esperando sus incentivos. La hipocresía alcanza su pico cuando el Ejecutivo sugiere quitar los nombres de los uniformes para evitar amenazas, en lugar de dotar a la tropa del fusil reglamentario que sí llevan en la Península. Con un sueldo base de 1.326 euros —que hoy en día no alcanza ni para cubrir el alquiler y la cesta de la compra sin sudar sangre—, los militares exigen ser reconocidos como agentes de la autoridad y profesión de riesgo. El 16 de septiembre, 1.500 personas gritaron 'basta ya' en Ceuta, pero el silencio del Gobierno es tan ensordecedor que solo queda esperar que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas quiera escuchar la verdad sin el filtro del despacho ministerial.
Nacionalidad 'colada' en la Ley de Educación
En el Congreso de los Diputados han descubierto un nuevo superpoder: la capacidad de meter un elefante en una nevera. O, traducido al lenguaje humano, colar la nacionalidad española en una Ley de Educación. El PSOE y Sumar han decidido que la mejor forma de esquivar al Tribunal Supremo es jugar al 'Tetris' legislativo, insertando la enmienda 63 en un texto que debería hablar de libros y aulas, pero que ahora pretende rescatar la instrucción de Sofía Puente. Es como si intentaras arreglar una gotera en el baño instalando un aire acondicionado en el salón; no tiene sentido, pero el resultado es el mismo. Los letrados de la Cámara, que son los que suelen leer la letra pequeña mientras los políticos miran el calendario electoral, han sido claros: esto es inconstitucional. No hay conexión material. Pero claro, para la mayoría de la Mesa de la Comisión de Educación, los informes técnicos son como las instrucciones de montaje de un mueble de IKEA: algo que se ignora convenientemente para terminar antes. El objetivo es elevar a rango de ley que cualquier español que saliera del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 sea presumido exiliado, sin importar si huyó por ideales políticos o simplemente porque el negocio de las naranjas no iba bien. Mientras el Partido Popular intentó poner el freno de mano suspendiendo la primera reunión hasta tener el informe, el miércoles se decidió seguir adelante con la jugada. Ahora, hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad por casarse antes de 1978 o bisnietos con ganas de pasaporte europeo esperan que este 'truco de magia' parlamentario sobreviva al escrutinio legal. La cita es el 14 de octubre, día en que la Mesa votará si la educación consiste ahora en aprender a saltarse las reglas del juego.
Ceuta: Supercomputadores mientras la ciudad colapsa
Hay que tener una capacidad de malabarismo admirable para lanzar un centro de supercomputación mientras la ciudad parece un tablero de juego saturado. Procesa, la empresa pública ceutí, ha decidido que el momento ideal para licitar el 'Ceuta iHub' era justo después de que unas 80.000 personas intentaran saltar la frontera los pasados 30 y 31 de julio. El plan es ambicioso: 2,9 millones de euros en fondos europeos Feder para montar clústeres de servidores, almacenamiento de alta velocidad y GPUs que harían temblar a cualquier gamer profesional. Todo para que las pymes optimicen sus procesos y la administración gestione el tráfico con algoritmos, mientras en la calle la gestión del tráfico es, básicamente, sobrevivir al caos. El contraste es casi poético, si no fuera trágico. Mientras el Pliego de Prescripciones Técnicas, lanzado el 1 de septiembre, habla de 'procesamiento masivo de datos', los servicios sociales de la ciudad procesan una realidad mucho más cruda: centros de acogida de menores que triplican su capacidad y una red sanitaria que opera en modo supervivencia. Es como comprarse el último iPhone Pro Max con el plan de datos más caro mientras tienes el frigorífico vacío y el alquiler vencido. La excusa es la burocracia blindada. Según la normativa del Programa Feder 2021-2027, ese dinero es para 'transición digital' y no puede usarse para comprar mantas, medicinas o reforzar la seguridad. Así que, por ley, Ceuta debe priorizar la inteligencia artificial sobre la inteligencia básica de supervivencia. Al final, tendremos un supercomputador capaz de analizar el urbanismo de una ciudad donde la prioridad actual no es el diseño de las calles, sino que no colapsen los servicios básicos. Una joya tecnológica en medio de un incendio.
Armas a Venezuela: El sablazo de los millones
Hay quien dice que la política es el arte de lo posible; en este caso, era el arte de cobrar la comisión sin que te pillen con el recibo en la mano. El 'Pollo' Carvajal, ese exjefe de inteligencia que conoce los secretos del chavismo mejor que su propia familia, ha soltado una bomba desde la prisión de Estremera. En una carta manuscrita, confirma que vender armas a Venezuela era como ir al mercado: el comprador y el vendedor siempre se llevan una 'propina'. La historia empezó en 2004 con José Bono y Hugo Chávez. El plan original era un despliegue de 1.700 millones de euros: 12 aviones y ocho barcos. Pero Washington, que no quiere que cualquiera juegue con su software, puso el freno de mano y obligó a quitar los aviones y tunear los buques. El precio bajó a 1.207 millones de euros, o eso decía el papel oficial. Sin embargo, la fiscal Luisa Ortega Díaz reveló que Caracas soltó en realidad 1.249 millones. ¿Dónde están esos 42 millones de euros de diferencia? Pues ahí, en el agujero contable de Rebazve Holding, una firma que servía de lavadora para repartir el botín en cuentas suizas. La Audiencia Nacional, en un giro digno de guion surrealista, archivó el caso el 12 de enero de 2021. El argumento fue una joya de la gimnasia mental: como el dinero no salió del Tesoro español, no pasaba nada, aunque admitieran que hubo 42 millones en mordidas ilegales. Mientras Javier Salas y Antonio Rodríguez-Andín se repartían 12 millones, el resto se esfumó en el limbo de las offshore. Carvajal, que ahora juega sus cartas con el Departamento de Justicia de EE. UU., admite que no quiso cantar todo por miedo a los 'secretos de Estado', pero dejó claro que en este negocio, el patriotismo tiene un precio fijo y se paga en Suiza.
Lucha contra rentistas desde su piso millonario
Hay que tener una capacidad de gimnasia mental digna de un circo para liderar una acampada contra los rentistas mientras se tiene el billete de lotería más gordo del Registro de la Propiedad guardado en el cajón. Fernando de los Santos, el portavoz del Sindicato de Inquilinas y profesor de Filosofía del Derecho en la UAM, se vende como alguien que sufre la precariedad 'en sus propias carnes'. Pero resulta que esas carnes descansan sobre la tranquilidad de un piso de 155 metros cuadrados, más terraza y trastero, en la calle Segre, en El Viso. Para los que no conocen el código postal, El Viso no es donde uno busca un alquiler compartido; es donde el dinero no hace ruido porque ya lo tiene todo. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que no le suban la renta, De los Santos es heredero de una joya valorada en 1.303.000 euros, un activo que desde septiembre de 2021 ha escalado desde los 900.000 euros sin despeinarse. Un inmueble libre de hipotecas que, según Idealista, podría rentar unos 3.130 euros al mes. Básicamente, el adalid de los sin techo tiene una red de seguridad que es, en realidad, un colchón de oro. El árbol genealógico es un despliegue de poder: nieto de Aurelio Menéndez, cofactor de Uría Menéndez y primer marqués de Ibias. No solo es el linaje, es la praxis. El portavoz aparece como apoderado de Tecnoasfalt Aglomerados con Caucho S.L. desde enero de 2010, una constructora de puentes y túneles que, curiosamente, tiene su domicilio social en el mismo piso lujoso de su madre, Begoña Menéndez. El círculo se cierra con Asesoramiento y Consulting de Obras S.L. Es la paradoja perfecta: luchar contra el sistema inmobiliario mientras se es el heredero legítimo de la ingeniería financiera y el ladrillo de alta gama.
Sánchez guarda el petróleo y tú pagas
Hay una danza muy curiosa en el tablero energético. Mientras el ciudadano medio mira el surtidor de gasolina como quien mira una película de terror, el Gobierno de España juega al escondite con el petróleo. Resulta que en marzo, junto a la Agencia Internacional de la Energía (AIE), nos comprometimos a soltar 400 millones de barriles para que los precios dejaran de asfixiarnos. Pero aquí viene el truco: España prometió 11,5 millones de barriles (unos 12,3 días de consumo), y se ha quedado a medio gas. El Consejo de Ministros firmó el 17 de marzo de 2026 y el BOE lo selló el 20, pero solo soltaron la primera fase de cuatro días. Los otros 8,3 días restantes están cogiendo polvo en el almacén porque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha dado el 'ok'. Desde Washington, Chris Wright, el secretario de Energía de EE. UU., no ha tenido mucha delicadeza. Mientras Trump presume de liberar 172 millones de barriles y Japón cumple la palabra, Wright ha lanzado un dardo directo: hay países europeos que solo han liberado una fracción de lo prometido. Básicamente, nos están diciendo que somos el alumno que no ha hecho los deberes. Mientras tanto, el diésel se resiste a bajar de los 1,93 euros el litro y el Ejecutivo intenta poner un parche con rebajas fiscales el pasado martes, una maniobra que parece querer tapar el sol con un dedo. El empresariado catalán, con un informe entre manos, ha destapado la hipocresía: tenemos el 67,5% de la contribución inmovilizada. Hablamos de unos 1.380 millones de litros físicos que representan hasta 1.100 millones de euros en capital congelado. Lo más cínico es que mantener ese petróleo guardado cuesta entre 79 y 215 millones de euros anuales, un gasto que, como ocurre con cualquier factura mal gestionada, acaba pagándolo el conductor en cada repostaje. Italia, en cambio, fue al grano y ejecutó todo el 26 de marzo. En España, preferimos la burocracia al ahorro del bolsillo.
EFE: Bonus secretos y deuda millonaria
Hay una magia muy particular en la gestión pública: la capacidad de convertir el agujero contable en una fiesta privada. En la Agencia EFE, el truco consiste en que, mientras la empresa arrastra una deuda que ya roza los 20 millones de euros en 2025, sus jefes han encontrado la forma de premiarse el esfuerzo. El botín: casi 689.000 euros repartidos en bonus por 'consecución de objetivos'. Lo curioso es que esos objetivos son tan secretos que parecen fórmulas de la CIA; nadie sabe cuáles son, pero los 55 directivos beneficiarios los han cumplido con una precisión quirúrgica. Cuando el Consejo de Transparencia pidió abrir la lista de nombres, Miguel Ángel Oliver, presidente ejecutivo, decidió que la privacidad es sagrada. Básicamente, nos dicen que no pueden revelar quién se llevó el premio porque los datos están protegidos, pero que estarán encantados de esperar a que un juez les dé un sopapo legal para soltar la sopa. Es la técnica del 'no te lo digo yo, que me obligue el juez'. El contraste es, sencillamente, obsceno. Mientras un trabajador raso de la agencia sobrevive con unos 27.000 euros anuales —lo que hoy en día es jugar al Tetris con el alquiler y la cesta de la compra—, el propio Oliver se embolsó en 2025 un total de 191.044,74 euros. De esa cifra, 53.025,66 euros fueron DPPO, esos dividendos que caen del cielo cuando la gestión es 'exitosa', aunque la sede de Sevilla esté abandonada hace tres años y se gasten 4.000 euros al mes en un alquiler externo. Javier Lizón, del Sindicato Independiente, lo ha resumido con una lucidez aplastante: el objetivo real es que cuanto menos tengan los currantes, más se llenen los bolsillos arriba. Una ingeniería financiera donde el éxito se mide por la capacidad de ignorar la transparencia.
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