El texto es un festín de contradicciones judiciales que deja al lector con la sensación de que la ley es un menú a la carta. Sobra el misterio sobre los destinatarios finales y falta una explicación clara de cómo el sobreseimiento no es un insulto a la inteligencia.
Hay quien dice que la política es el arte de lo posible; en este caso, era el arte de cobrar la comisión sin que te pillen con el recibo en la mano. El 'Pollo' Carvajal, ese exjefe de inteligencia que conoce los secretos del chavismo mejor que su propia familia, ha soltado una bomba desde la prisión de Estremera. En una carta manuscrita, confirma que vender armas a Venezuela era como ir al mercado: el comprador y el vendedor siempre se llevan una 'propina'. La historia empezó en 2004 con José Bono y Hugo Chávez. El plan original era un despliegue de 1.700 millones de euros: 12 aviones y ocho barcos. Pero Washington, que no quiere que cualquiera juegue con su software, puso el freno de mano y obligó a quitar los aviones y tunear los buques. El precio bajó a 1.207 millones de euros, o eso decía el papel oficial. Sin embargo, la fiscal Luisa Ortega Díaz reveló que Caracas soltó en realidad 1.249 millones. ¿Dónde están esos 42 millones de euros de diferencia? Pues ahí, en el agujero contable de Rebazve Holding, una firma que servía de lavadora para repartir el botín en cuentas suizas. La Audiencia Nacional, en un giro digno de guion surrealista, archivó el caso el 12 de enero de 2021. El argumento fue una joya de la gimnasia mental: como el dinero no salió del Tesoro español, no pasaba nada, aunque admitieran que hubo 42 millones en mordidas ilegales. Mientras Javier Salas y Antonio Rodríguez-Andín se repartían 12 millones, el resto se esfumó en el limbo de las offshore. Carvajal, que ahora juega sus cartas con el Departamento de Justicia de EE. UU., admite que no quiso cantar todo por miedo a los 'secretos de Estado', pero dejó claro que en este negocio, el patriotismo tiene un precio fijo y se paga en Suiza.
Hay que tener una capacidad de gimnasia mental digna de un circo para liderar una acampada contra los rentistas mientras se tiene el billete de lotería más gordo del Registro de la Propiedad guardado en el cajón. Fernando de los Santos, el portavoz del Sindicato de Inquilinas y profesor de Filosofía del Derecho en la UAM, se vende como alguien que sufre la precariedad 'en sus propias carnes'. Pero resulta que esas carnes descansan sobre la tranquilidad de un piso de 155 metros cuadrados, más terraza y trastero, en la calle Segre, en El Viso. Para los que no conocen el código postal, El Viso no es donde uno busca un alquiler compartido; es donde el dinero no hace ruido porque ya lo tiene todo. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que no le suban la renta, De los Santos es heredero de una joya valorada en 1.303.000 euros, un activo que desde septiembre de 2021 ha escalado desde los 900.000 euros sin despeinarse. Un inmueble libre de hipotecas que, según Idealista, podría rentar unos 3.130 euros al mes. Básicamente, el adalid de los sin techo tiene una red de seguridad que es, en realidad, un colchón de oro. El árbol genealógico es un despliegue de poder: nieto de Aurelio Menéndez, cofactor de Uría Menéndez y primer marqués de Ibias. No solo es el linaje, es la praxis. El portavoz aparece como apoderado de Tecnoasfalt Aglomerados con Caucho S.L. desde enero de 2010, una constructora de puentes y túneles que, curiosamente, tiene su domicilio social en el mismo piso lujoso de su madre, Begoña Menéndez. El círculo se cierra con Asesoramiento y Consulting de Obras S.L. Es la paradoja perfecta: luchar contra el sistema inmobiliario mientras se es el heredero legítimo de la ingeniería financiera y el ladrillo de alta gama.
Hay una danza muy curiosa en el tablero energético. Mientras el ciudadano medio mira el surtidor de gasolina como quien mira una película de terror, el Gobierno de España juega al escondite con el petróleo. Resulta que en marzo, junto a la Agencia Internacional de la Energía (AIE), nos comprometimos a soltar 400 millones de barriles para que los precios dejaran de asfixiarnos. Pero aquí viene el truco: España prometió 11,5 millones de barriles (unos 12,3 días de consumo), y se ha quedado a medio gas. El Consejo de Ministros firmó el 17 de marzo de 2026 y el BOE lo selló el 20, pero solo soltaron la primera fase de cuatro días. Los otros 8,3 días restantes están cogiendo polvo en el almacén porque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha dado el 'ok'. Desde Washington, Chris Wright, el secretario de Energía de EE. UU., no ha tenido mucha delicadeza. Mientras Trump presume de liberar 172 millones de barriles y Japón cumple la palabra, Wright ha lanzado un dardo directo: hay países europeos que solo han liberado una fracción de lo prometido. Básicamente, nos están diciendo que somos el alumno que no ha hecho los deberes. Mientras tanto, el diésel se resiste a bajar de los 1,93 euros el litro y el Ejecutivo intenta poner un parche con rebajas fiscales el pasado martes, una maniobra que parece querer tapar el sol con un dedo. El empresariado catalán, con un informe entre manos, ha destapado la hipocresía: tenemos el 67,5% de la contribución inmovilizada. Hablamos de unos 1.380 millones de litros físicos que representan hasta 1.100 millones de euros en capital congelado. Lo más cínico es que mantener ese petróleo guardado cuesta entre 79 y 215 millones de euros anuales, un gasto que, como ocurre con cualquier factura mal gestionada, acaba pagándolo el conductor en cada repostaje. Italia, en cambio, fue al grano y ejecutó todo el 26 de marzo. En España, preferimos la burocracia al ahorro del bolsillo.
Hay una magia muy particular en la gestión pública: la capacidad de convertir el agujero contable en una fiesta privada. En la Agencia EFE, el truco consiste en que, mientras la empresa arrastra una deuda que ya roza los 20 millones de euros en 2025, sus jefes han encontrado la forma de premiarse el esfuerzo. El botín: casi 689.000 euros repartidos en bonus por 'consecución de objetivos'. Lo curioso es que esos objetivos son tan secretos que parecen fórmulas de la CIA; nadie sabe cuáles son, pero los 55 directivos beneficiarios los han cumplido con una precisión quirúrgica. Cuando el Consejo de Transparencia pidió abrir la lista de nombres, Miguel Ángel Oliver, presidente ejecutivo, decidió que la privacidad es sagrada. Básicamente, nos dicen que no pueden revelar quién se llevó el premio porque los datos están protegidos, pero que estarán encantados de esperar a que un juez les dé un sopapo legal para soltar la sopa. Es la técnica del 'no te lo digo yo, que me obligue el juez'. El contraste es, sencillamente, obsceno. Mientras un trabajador raso de la agencia sobrevive con unos 27.000 euros anuales —lo que hoy en día es jugar al Tetris con el alquiler y la cesta de la compra—, el propio Oliver se embolsó en 2025 un total de 191.044,74 euros. De esa cifra, 53.025,66 euros fueron DPPO, esos dividendos que caen del cielo cuando la gestión es 'exitosa', aunque la sede de Sevilla esté abandonada hace tres años y se gasten 4.000 euros al mes en un alquiler externo. Javier Lizón, del Sindicato Independiente, lo ha resumido con una lucidez aplastante: el objetivo real es que cuanto menos tengan los currantes, más se llenen los bolsillos arriba. Una ingeniería financiera donde el éxito se mide por la capacidad de ignorar la transparencia.
Hay que tener una elasticidad mental admirable para llamar 'fondos buitre' a la gestión de Isabel Díaz Ayuso mientras uno mismo se sirve un refresco con dinero público. Fernando de los Santos, el portavoz del Sindicato de Inquilinas y autoproclamado mártir de la carestía habitacional, resultó ser un experto en la ingeniería de la oportunidad. En 2021, mientras el mundo intentaba sobrevivir a la pandemia, De los Santos se embolsó una subvención al alquiler de la Comunidad de Madrid por 2.725,50 euros. Lo más cómico es que su idoneidad para recibir el dinero era de 0,35 sobre 1. Básicamente, era el candidato menos apto, pero el cheque llegó igual, uniéndose a un grupo exclusivo de apenas 2.000 jóvenes menores de 35 años. El contraste es, sencillamente, obsceno. Mientras De los Santos clama que sufre el problema de la vivienda 'en sus propias carnes', su árbol genealógico es un mapa del poder madrileño. Es nieto de Aurelio Menéndez, exministro de Adolfo Suárez y cofundador de Uría Menéndez, y sobrino de la marquesa de Íbias. No hablamos de alguien que cuenta los céntimos para el autobús, sino de un apoderado de Tecnoasfalt Aglomerados con Caucho SL, una constructora familiar que hace puentes y túneles. Pero el plato fuerte está en el barrio de El Viso. Mientras el portavoz lucha contra los 'rentistas', espera heredar un piso de 155 metros cuadrados más terraza en la calle Segre, valorado en unos 1.303.000 euros. Un inmueble que, según Idealista, podría rentarse por 3.130 euros mensuales. Es decir, que el hombre que dice que la vivienda no debe ser un negocio de unos pocos, tiene el negocio familiar montado en el corazón de Chamartín. Una coherencia que solo se puede alcanzar con un doctorado en cinismo.
Gestionar el dinero público parece haberse convertido en un ejercicio de magia: ahora aparece, ahora no. El Tribunal de Cuentas ha soltado un informe que es, básicamente, un manual de cómo ignorar la Ley de Transparencia sin despeinarse. De 253 contratos examinados, el 41,5% —unos 105 expedientes— brillaban por su ausencia en el Portal de Transparencia. Claro, estaban en la Plataforma de Contratación, que es como decir que el dinero no ha desaparecido, sino que lo han guardado en un cajón donde solo los iniciados saben mirar. Estamos hablando de 446,1 millones de euros destinados a protección y promoción social. Para que nos entendamos, es una cifra que haría palidecer a cualquier presupuesto familiar mientras nosotros peleamos con la factura de la luz, pero aquí se gestiona con la ligereza de quien olvida las llaves en casa. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se lleva la medalla de oro en la opacidad con 66 contratos invisibles (un 44,6%), seguido por Derechos Sociales con 20 y Trabajo con 10. Lo más delirante es la 'ingeniería administrativa'. El 29,64% de los contratos no tenían memoria justificativa. Es decir, gastan millones sin explicar muy bien para qué sirven, usando párrafos genéricos que parecen redactados con una plantilla de Word de 1998. El Imserso, por su parte, se permitió 57 contratos negociados sin publicidad en Ceuta y termalismo, saltándose la documentación preparatoria. Y para rematar el cuadro, tenemos el caso de Migraciones y Tragsatec: un encargo de 4,81 millones de euros formalizado en marzo de 2022 que se publicó tres años tarde. A este ritmo, nos enteraremos de qué hicieron con el dinero cuando ya estemos jubilados o en el horno. Una gestión donde la transparencia es, sencillamente, una sugerencia opcional.
Hay una magia contable en Barcelona que envidiaría cualquier ilusionista de Las Vegas. Resulta que el Sindicato de Inquilinas, esa entidad que grita fuerte en las plazas, solo ha recibido una modesta ayuda de 5.210 euros en 2024. Un detalle, casi una propina. Pero aquí viene el truco: justo en la oficina de al lado, compartiendo ADN, fundadores y hasta el mismo aire, está IDRA (antes HIDRA), un centro de investigación que parece tener el número de WhatsApp directo de la ventanilla de subvenciones. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación para que la lista de la compra no parezca una factura de lujo, IDRA ha absorbido la suma de 1.507.108,4 euros entre 2022 y 2026. El desglose es una oda a la generosidad institucional: 1.327.078,92 euros provenientes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, más un 'picoteo' de 174.029,48 euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y otros 6.000 euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La ingeniería es brillante. Por un lado, tenemos la lucha callejera y, por otro, la 'investigación urbana'. Nombres como Jaime Palomera y Carme Arcarazo bailan entre ambas estructuras con una agilidad envidiable, permitiendo que el dinero público fluya hacia la entidad que no tiene que dar tantas explicaciones sobre sus protestas. Es el clásico caso de 'estamos luchando contra el sistema', mientras el sistema te deposita un millón y medio en la cuenta corriente. Al final, la justicia social tiene un coste, y en este caso, el erario público ha decidido financiar el 'estudio' de la lucha con un cheque que haría temblar a cualquier inquilino real.
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