Crítica:
La noticia es un despliegue de datos técnicos que oculta el escándalo bajo una montaña de porcentajes. El texto original es demasiado amable con las 'incidencias técnicas' que justifican la opacidad.
El 41% de los contratos sociales del Gobierno no se somete al control de Transparencia
Contratos sociales: el arte de esconder millones
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EFE: Bonus secretos y deuda millonaria
Hay una magia muy particular en la gestión pública: la capacidad de convertir el agujero contable en una fiesta privada. En la Agencia EFE, el truco consiste en que, mientras la empresa arrastra una deuda que ya roza los 20 millones de euros en 2025, sus jefes han encontrado la forma de premiarse el esfuerzo. El botín: casi 689.000 euros repartidos en bonus por 'consecución de objetivos'. Lo curioso es que esos objetivos son tan secretos que parecen fórmulas de la CIA; nadie sabe cuáles son, pero los 55 directivos beneficiarios los han cumplido con una precisión quirúrgica. Cuando el Consejo de Transparencia pidió abrir la lista de nombres, Miguel Ángel Oliver, presidente ejecutivo, decidió que la privacidad es sagrada. Básicamente, nos dicen que no pueden revelar quién se llevó el premio porque los datos están protegidos, pero que estarán encantados de esperar a que un juez les dé un sopapo legal para soltar la sopa. Es la técnica del 'no te lo digo yo, que me obligue el juez'. El contraste es, sencillamente, obsceno. Mientras un trabajador raso de la agencia sobrevive con unos 27.000 euros anuales —lo que hoy en día es jugar al Tetris con el alquiler y la cesta de la compra—, el propio Oliver se embolsó en 2025 un total de 191.044,74 euros. De esa cifra, 53.025,66 euros fueron DPPO, esos dividendos que caen del cielo cuando la gestión es 'exitosa', aunque la sede de Sevilla esté abandonada hace tres años y se gasten 4.000 euros al mes en un alquiler externo. Javier Lizón, del Sindicato Independiente, lo ha resumido con una lucidez aplastante: el objetivo real es que cuanto menos tengan los currantes, más se llenen los bolsillos arriba. Una ingeniería financiera donde el éxito se mide por la capacidad de ignorar la transparencia.
Lucha contra rentistas con piso millonario
Hay que tener una elasticidad mental admirable para llamar 'fondos buitre' a la gestión de Isabel Díaz Ayuso mientras uno mismo se sirve un refresco con dinero público. Fernando de los Santos, el portavoz del Sindicato de Inquilinas y autoproclamado mártir de la carestía habitacional, resultó ser un experto en la ingeniería de la oportunidad. En 2021, mientras el mundo intentaba sobrevivir a la pandemia, De los Santos se embolsó una subvención al alquiler de la Comunidad de Madrid por 2.725,50 euros. Lo más cómico es que su idoneidad para recibir el dinero era de 0,35 sobre 1. Básicamente, era el candidato menos apto, pero el cheque llegó igual, uniéndose a un grupo exclusivo de apenas 2.000 jóvenes menores de 35 años. El contraste es, sencillamente, obsceno. Mientras De los Santos clama que sufre el problema de la vivienda 'en sus propias carnes', su árbol genealógico es un mapa del poder madrileño. Es nieto de Aurelio Menéndez, exministro de Adolfo Suárez y cofundador de Uría Menéndez, y sobrino de la marquesa de Íbias. No hablamos de alguien que cuenta los céntimos para el autobús, sino de un apoderado de Tecnoasfalt Aglomerados con Caucho SL, una constructora familiar que hace puentes y túneles. Pero el plato fuerte está en el barrio de El Viso. Mientras el portavoz lucha contra los 'rentistas', espera heredar un piso de 155 metros cuadrados más terraza en la calle Segre, valorado en unos 1.303.000 euros. Un inmueble que, según Idealista, podría rentarse por 3.130 euros mensuales. Es decir, que el hombre que dice que la vivienda no debe ser un negocio de unos pocos, tiene el negocio familiar montado en el corazón de Chamartín. Una coherencia que solo se puede alcanzar con un doctorado en cinismo.
El truco del millón: subvenciones a IDRA
Hay una magia contable en Barcelona que envidiaría cualquier ilusionista de Las Vegas. Resulta que el Sindicato de Inquilinas, esa entidad que grita fuerte en las plazas, solo ha recibido una modesta ayuda de 5.210 euros en 2024. Un detalle, casi una propina. Pero aquí viene el truco: justo en la oficina de al lado, compartiendo ADN, fundadores y hasta el mismo aire, está IDRA (antes HIDRA), un centro de investigación que parece tener el número de WhatsApp directo de la ventanilla de subvenciones. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación para que la lista de la compra no parezca una factura de lujo, IDRA ha absorbido la suma de 1.507.108,4 euros entre 2022 y 2026. El desglose es una oda a la generosidad institucional: 1.327.078,92 euros provenientes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, más un 'picoteo' de 174.029,48 euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y otros 6.000 euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La ingeniería es brillante. Por un lado, tenemos la lucha callejera y, por otro, la 'investigación urbana'. Nombres como Jaime Palomera y Carme Arcarazo bailan entre ambas estructuras con una agilidad envidiable, permitiendo que el dinero público fluya hacia la entidad que no tiene que dar tantas explicaciones sobre sus protestas. Es el clásico caso de 'estamos luchando contra el sistema', mientras el sistema te deposita un millón y medio en la cuenta corriente. Al final, la justicia social tiene un coste, y en este caso, el erario público ha decidido financiar el 'estudio' de la lucha con un cheque que haría temblar a cualquier inquilino real.
Espías por WhatsApp y mentiras de Estado
En el mundo real, si te avisan de que se inunda la cocina por WhatsApp, no esperas a que llegue un notario con un acta sellada para cerrar la llave del agua. Pues bien, en el Olimpo del poder, Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska han intentado vendernos que un aviso urgente del CNI no cuenta si no viene en un sobre lacrado con sello de cera y caligrafía gótica. La trama es tan absurda que roza el surrealismo: el Gobierno pretendía que un 'flash' —esa alerta rápida que los espías lanzan cuando el tiempo apremia— no tenía validez frente a la 'Nota Informativa'. Traduzcamos esto al lenguaje de la calle: es como si el jefe de seguridad de tu barrio te manda un mensaje diciendo 'están entrando por la ventana' y tú respondieras que no puedes actuar porque no has recibido un PDF firmado en tres ejemplares. La burocracia de 'La Casa' es paquidérmica; una nota oficial puede tardar ocho horas en llegar al escritorio, pasando por filtros de jefes que rebajan el tono para no asustar al personal. Por eso existen los canales autorizados, incluidos los WhatsApps, que el ministro del Interior conocía perfectamente pero decidió ignorar en sus declaraciones. Grande-Marlaska jugó al diccionario, asegurando que 'no había ningún informe', omitiendo convenientemente que un aviso flash es, a efectos prácticos, la misma información pero sin el envoltorio burocrático. Mientras Margarita Robles intentaba salvar los muebles el 25 de agosto de 2026, confirmando que el CNI hizo su trabajo el día 29 previo a la invasión, el presidente se deslizaba hacia las vacaciones en La Mareta. Una gestión impecable: el CNI avisa, el Interior finge demencia y el jefe se va a Lanzarote mientras la frontera de Ceuta se convertía en un coladero.
Interior y su 'lista negra' de periodistas
En el Ministerio del Interior parecen haber confundido el presupuesto público con el presupuesto de una agencia de inteligencia de serie B. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y mira la cuenta corriente con pánico, en los despachos de Fernando Grande-Marlaska se dedicaban a jugar al 'quién es quién' con los periodistas. Iustitia Europa ha lanzado un grito de auxilio al Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid para que, por favor, alguien guarde los archivos digitales antes de que el botón de 'borrar' haga su magia habitual. No es un simple Excel de contactos. Estamos hablando de un dosier titulado 'Tertulianos. Radio y Televisión', una joya de la ingeniería administrativa que clasificaba a profesionales según su ideología y su 'lealtad' al Gobierno. Básicamente, un casting ideológico pagado con nuestros impuestos. La denuncia, interpuesta el pasado día 9, busca que un análisis forense desmonte la cronología de este invento y revele quién dio la orden de fichar a la prensa. Lo más jugoso llega con la ORIS–Ministerio del Interior, una unidad de comunicación que desapareció el 1 de mayo de 2025, casi como si quisiera borrar el rastro de un crimen. Iustitia Europa ha puesto el foco en seis guardias civiles que estaban allí antes del cierre. Según Luis María Pardo, presidente de la formación, algunos de estos agentes podrían haberse rebelado ante órdenes que huelen a prácticas impropias de una democracia. Ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía, mientras el país espera saber si el Ministerio del Interior funciona como un órgano del Estado o como el club de fans más vigilante de la historia.
Marruecos pide 'hijos' pero olvida papeles
Fatima-Zahra El Mansouri ha aterrizado en el cargo de primera ministra de Marruecos con un discurso que suena a cena familiar, pero que huele a despacho de migración. Con una retórica casi maternal, ha soltado que lo prioritario es que 'vuelvan nuestros hijos a su tierra'. Muy bonito sobre el papel, pero en la calle sabemos que el amor filial tiene una letra pequeña escrita con tinta burocrática y sellos oficiales. La jugada es sencilla: Rabat quiere que los menores que siguen en la ciudad autónoma de Ceuta vuelvan a casa, preferiblemente con sus padres. El problema es que, mientras El Mansouri habla de diálogo y afectos, la realidad es un juego de pasar la pelota. España está ahí, cocinando una nueva reglamentación que el Consejo de Ministros aún no ha tenido la valentía de aprobar. Es como esperar a que el café se haga solo mientras el cliente ya tiene hambre. Aquí está la trampa del tablero: para que el retorno sea legal, Rabat tiene que hacer el trabajo sucio. Localizar a los padres, llevarlos a la frontera y contestar a los expedientes que España ya les ha enviado por correo. Es decir, el Gobierno español ya ha pasado la factura y los datos, pero Marruecos prefiere hablar de 'hijos' antes que de 'trámites administrativos'. Al final, nos venden una historia de repatriación emocional cuando lo que hay es un atasco de papeles. Mientras la diplomacia se viste de gala y usa palabras dulces, los expedientes siguen cogiendo polvo en algún cajón de Rabat. Mucho corazón en el discurso, pero muy poca mano en el teclado para cerrar los expedientes pendientes.
Menores blindados y adultos a la calle
Ángel Víctor Torres ha aterrizado en Ceuta para hacernos un favor: explicarnos que, en el complejo tablero de la crisis migratoria, los menores no son piezas de dominó que se puedan tumbar y devolver al país de origen así como así. El ministro presume de que "ni un solo" menor ha sido devuelto a Marruecos, porque, claro, hay que seguir el protocolo, que es como el manual de instrucciones de un mueble de IKEA: si te saltas un paso, todo el sistema se derrumba. Mientras tanto, el Gobierno ha enviado diez expedientes de reagrupación familiar a Rabat, moviendo los papeles con la parsimonia de quien sabe que el reloj no corre igual para todos. Para aliviar la presión en la ciudad autónoma, han aplicado la técnica del reparto de cartas: 69 menores han sido reagrupados con familias en la península y otros 144 han sido repartidos por diversas Comunidades Autónomas. Es la gestión del espacio en tiempo real. El despliegue es masivo: 20 recursos para menores y una filiación de 2.566 personas que ya tienen nombre y apellidos en el sistema. Pero ojo, que con los adultos la música cambia. Aquí no hay manuales de instrucciones delicados, sino una puerta giratoria. Desde el 10 de agosto, 8.223 personas han hecho el camino de vuelta a Marruecos por la vía del "retorno voluntario" —ese eufemismo elegante para decir que prefieren volver antes de que el expediente de devolución les pise los talones—. A esto sumamos 453 expulsiones por delitos y 3.336 triajes, donde un 30% ni siquiera pide asilo, facilitando que la maquinaria de retorno funcione sin chirridos. El objetivo final es estético: limpiar las playas para el 15 de octubre. Tras mover a 400 personas de la playa de Benítez a Loma Colmenar, el Gobierno celebra una operación "exitosa". Ahora toca el tetris inmobiliario: 63 mujeres en La Hípica, 540 al antiguo campo de fútbol de Caballería y 300 familias cerca de la Mezquita. El recurso junto a la cárcel de Fuerte Mendizábal queda como el as bajo la manga, el último refugio antes de admitir que, aunque los números bailen, todavía no saben cuánta gente hay realmente en la ciudad.
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