La noticia es un ejercicio de demolición reputacional impecable, aunque se apoya excesivamente en testimonios anónimos de 'etapa estudiantil' para juzgar su capacidad académica. El contraste entre el patrimonio heredado y la subvención pública es el verdadero clavo en el ataúd.
Hay una danza muy curiosa en el tablero energético. Mientras el ciudadano medio mira el surtidor de gasolina como quien mira una película de terror, el Gobierno de España juega al escondite con el petróleo. Resulta que en marzo, junto a la Agencia Internacional de la Energía (AIE), nos comprometimos a soltar 400 millones de barriles para que los precios dejaran de asfixiarnos. Pero aquí viene el truco: España prometió 11,5 millones de barriles (unos 12,3 días de consumo), y se ha quedado a medio gas. El Consejo de Ministros firmó el 17 de marzo de 2026 y el BOE lo selló el 20, pero solo soltaron la primera fase de cuatro días. Los otros 8,3 días restantes están cogiendo polvo en el almacén porque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha dado el 'ok'. Desde Washington, Chris Wright, el secretario de Energía de EE. UU., no ha tenido mucha delicadeza. Mientras Trump presume de liberar 172 millones de barriles y Japón cumple la palabra, Wright ha lanzado un dardo directo: hay países europeos que solo han liberado una fracción de lo prometido. Básicamente, nos están diciendo que somos el alumno que no ha hecho los deberes. Mientras tanto, el diésel se resiste a bajar de los 1,93 euros el litro y el Ejecutivo intenta poner un parche con rebajas fiscales el pasado martes, una maniobra que parece querer tapar el sol con un dedo. El empresariado catalán, con un informe entre manos, ha destapado la hipocresía: tenemos el 67,5% de la contribución inmovilizada. Hablamos de unos 1.380 millones de litros físicos que representan hasta 1.100 millones de euros en capital congelado. Lo más cínico es que mantener ese petróleo guardado cuesta entre 79 y 215 millones de euros anuales, un gasto que, como ocurre con cualquier factura mal gestionada, acaba pagándolo el conductor en cada repostaje. Italia, en cambio, fue al grano y ejecutó todo el 26 de marzo. En España, preferimos la burocracia al ahorro del bolsillo.
Hay una magia muy particular en la gestión pública: la capacidad de convertir el agujero contable en una fiesta privada. En la Agencia EFE, el truco consiste en que, mientras la empresa arrastra una deuda que ya roza los 20 millones de euros en 2025, sus jefes han encontrado la forma de premiarse el esfuerzo. El botín: casi 689.000 euros repartidos en bonus por 'consecución de objetivos'. Lo curioso es que esos objetivos son tan secretos que parecen fórmulas de la CIA; nadie sabe cuáles son, pero los 55 directivos beneficiarios los han cumplido con una precisión quirúrgica. Cuando el Consejo de Transparencia pidió abrir la lista de nombres, Miguel Ángel Oliver, presidente ejecutivo, decidió que la privacidad es sagrada. Básicamente, nos dicen que no pueden revelar quién se llevó el premio porque los datos están protegidos, pero que estarán encantados de esperar a que un juez les dé un sopapo legal para soltar la sopa. Es la técnica del 'no te lo digo yo, que me obligue el juez'. El contraste es, sencillamente, obsceno. Mientras un trabajador raso de la agencia sobrevive con unos 27.000 euros anuales —lo que hoy en día es jugar al Tetris con el alquiler y la cesta de la compra—, el propio Oliver se embolsó en 2025 un total de 191.044,74 euros. De esa cifra, 53.025,66 euros fueron DPPO, esos dividendos que caen del cielo cuando la gestión es 'exitosa', aunque la sede de Sevilla esté abandonada hace tres años y se gasten 4.000 euros al mes en un alquiler externo. Javier Lizón, del Sindicato Independiente, lo ha resumido con una lucidez aplastante: el objetivo real es que cuanto menos tengan los currantes, más se llenen los bolsillos arriba. Una ingeniería financiera donde el éxito se mide por la capacidad de ignorar la transparencia.
Gestionar el dinero público parece haberse convertido en un ejercicio de magia: ahora aparece, ahora no. El Tribunal de Cuentas ha soltado un informe que es, básicamente, un manual de cómo ignorar la Ley de Transparencia sin despeinarse. De 253 contratos examinados, el 41,5% —unos 105 expedientes— brillaban por su ausencia en el Portal de Transparencia. Claro, estaban en la Plataforma de Contratación, que es como decir que el dinero no ha desaparecido, sino que lo han guardado en un cajón donde solo los iniciados saben mirar. Estamos hablando de 446,1 millones de euros destinados a protección y promoción social. Para que nos entendamos, es una cifra que haría palidecer a cualquier presupuesto familiar mientras nosotros peleamos con la factura de la luz, pero aquí se gestiona con la ligereza de quien olvida las llaves en casa. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se lleva la medalla de oro en la opacidad con 66 contratos invisibles (un 44,6%), seguido por Derechos Sociales con 20 y Trabajo con 10. Lo más delirante es la 'ingeniería administrativa'. El 29,64% de los contratos no tenían memoria justificativa. Es decir, gastan millones sin explicar muy bien para qué sirven, usando párrafos genéricos que parecen redactados con una plantilla de Word de 1998. El Imserso, por su parte, se permitió 57 contratos negociados sin publicidad en Ceuta y termalismo, saltándose la documentación preparatoria. Y para rematar el cuadro, tenemos el caso de Migraciones y Tragsatec: un encargo de 4,81 millones de euros formalizado en marzo de 2022 que se publicó tres años tarde. A este ritmo, nos enteraremos de qué hicieron con el dinero cuando ya estemos jubilados o en el horno. Una gestión donde la transparencia es, sencillamente, una sugerencia opcional.
Hay una magia contable en Barcelona que envidiaría cualquier ilusionista de Las Vegas. Resulta que el Sindicato de Inquilinas, esa entidad que grita fuerte en las plazas, solo ha recibido una modesta ayuda de 5.210 euros en 2024. Un detalle, casi una propina. Pero aquí viene el truco: justo en la oficina de al lado, compartiendo ADN, fundadores y hasta el mismo aire, está IDRA (antes HIDRA), un centro de investigación que parece tener el número de WhatsApp directo de la ventanilla de subvenciones. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación para que la lista de la compra no parezca una factura de lujo, IDRA ha absorbido la suma de 1.507.108,4 euros entre 2022 y 2026. El desglose es una oda a la generosidad institucional: 1.327.078,92 euros provenientes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, más un 'picoteo' de 174.029,48 euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y otros 6.000 euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La ingeniería es brillante. Por un lado, tenemos la lucha callejera y, por otro, la 'investigación urbana'. Nombres como Jaime Palomera y Carme Arcarazo bailan entre ambas estructuras con una agilidad envidiable, permitiendo que el dinero público fluya hacia la entidad que no tiene que dar tantas explicaciones sobre sus protestas. Es el clásico caso de 'estamos luchando contra el sistema', mientras el sistema te deposita un millón y medio en la cuenta corriente. Al final, la justicia social tiene un coste, y en este caso, el erario público ha decidido financiar el 'estudio' de la lucha con un cheque que haría temblar a cualquier inquilino real.
En el mundo real, si te avisan de que se inunda la cocina por WhatsApp, no esperas a que llegue un notario con un acta sellada para cerrar la llave del agua. Pues bien, en el Olimpo del poder, Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska han intentado vendernos que un aviso urgente del CNI no cuenta si no viene en un sobre lacrado con sello de cera y caligrafía gótica. La trama es tan absurda que roza el surrealismo: el Gobierno pretendía que un 'flash' —esa alerta rápida que los espías lanzan cuando el tiempo apremia— no tenía validez frente a la 'Nota Informativa'. Traduzcamos esto al lenguaje de la calle: es como si el jefe de seguridad de tu barrio te manda un mensaje diciendo 'están entrando por la ventana' y tú respondieras que no puedes actuar porque no has recibido un PDF firmado en tres ejemplares. La burocracia de 'La Casa' es paquidérmica; una nota oficial puede tardar ocho horas en llegar al escritorio, pasando por filtros de jefes que rebajan el tono para no asustar al personal. Por eso existen los canales autorizados, incluidos los WhatsApps, que el ministro del Interior conocía perfectamente pero decidió ignorar en sus declaraciones. Grande-Marlaska jugó al diccionario, asegurando que 'no había ningún informe', omitiendo convenientemente que un aviso flash es, a efectos prácticos, la misma información pero sin el envoltorio burocrático. Mientras Margarita Robles intentaba salvar los muebles el 25 de agosto de 2026, confirmando que el CNI hizo su trabajo el día 29 previo a la invasión, el presidente se deslizaba hacia las vacaciones en La Mareta. Una gestión impecable: el CNI avisa, el Interior finge demencia y el jefe se va a Lanzarote mientras la frontera de Ceuta se convertía en un coladero.
En el Ministerio del Interior parecen haber confundido el presupuesto público con el presupuesto de una agencia de inteligencia de serie B. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y mira la cuenta corriente con pánico, en los despachos de Fernando Grande-Marlaska se dedicaban a jugar al 'quién es quién' con los periodistas. Iustitia Europa ha lanzado un grito de auxilio al Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid para que, por favor, alguien guarde los archivos digitales antes de que el botón de 'borrar' haga su magia habitual. No es un simple Excel de contactos. Estamos hablando de un dosier titulado 'Tertulianos. Radio y Televisión', una joya de la ingeniería administrativa que clasificaba a profesionales según su ideología y su 'lealtad' al Gobierno. Básicamente, un casting ideológico pagado con nuestros impuestos. La denuncia, interpuesta el pasado día 9, busca que un análisis forense desmonte la cronología de este invento y revele quién dio la orden de fichar a la prensa. Lo más jugoso llega con la ORIS–Ministerio del Interior, una unidad de comunicación que desapareció el 1 de mayo de 2025, casi como si quisiera borrar el rastro de un crimen. Iustitia Europa ha puesto el foco en seis guardias civiles que estaban allí antes del cierre. Según Luis María Pardo, presidente de la formación, algunos de estos agentes podrían haberse rebelado ante órdenes que huelen a prácticas impropias de una democracia. Ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía, mientras el país espera saber si el Ministerio del Interior funciona como un órgano del Estado o como el club de fans más vigilante de la historia.
Fatima-Zahra El Mansouri ha aterrizado en el cargo de primera ministra de Marruecos con un discurso que suena a cena familiar, pero que huele a despacho de migración. Con una retórica casi maternal, ha soltado que lo prioritario es que 'vuelvan nuestros hijos a su tierra'. Muy bonito sobre el papel, pero en la calle sabemos que el amor filial tiene una letra pequeña escrita con tinta burocrática y sellos oficiales. La jugada es sencilla: Rabat quiere que los menores que siguen en la ciudad autónoma de Ceuta vuelvan a casa, preferiblemente con sus padres. El problema es que, mientras El Mansouri habla de diálogo y afectos, la realidad es un juego de pasar la pelota. España está ahí, cocinando una nueva reglamentación que el Consejo de Ministros aún no ha tenido la valentía de aprobar. Es como esperar a que el café se haga solo mientras el cliente ya tiene hambre. Aquí está la trampa del tablero: para que el retorno sea legal, Rabat tiene que hacer el trabajo sucio. Localizar a los padres, llevarlos a la frontera y contestar a los expedientes que España ya les ha enviado por correo. Es decir, el Gobierno español ya ha pasado la factura y los datos, pero Marruecos prefiere hablar de 'hijos' antes que de 'trámites administrativos'. Al final, nos venden una historia de repatriación emocional cuando lo que hay es un atasco de papeles. Mientras la diplomacia se viste de gala y usa palabras dulces, los expedientes siguen cogiendo polvo en algún cajón de Rabat. Mucho corazón en el discurso, pero muy poca mano en el teclado para cerrar los expedientes pendientes.
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