Crítica:
El texto original es preciso en cifras pero demasiado tímido al conectar los puntos. Le falta valentía para llamar 'triangulación' a lo que es evidente.
Gobierno y Generalitat han dado 1,5 millones a una entidad vinculada al Sindicato de Inquilinas
El truco del millón: subvenciones a IDRA
Otros artículos
Lucha contra rentistas con piso millonario
Hay que tener una elasticidad mental admirable para llamar 'fondos buitre' a la gestión de Isabel Díaz Ayuso mientras uno mismo se sirve un refresco con dinero público. Fernando de los Santos, el portavoz del Sindicato de Inquilinas y autoproclamado mártir de la carestía habitacional, resultó ser un experto en la ingeniería de la oportunidad. En 2021, mientras el mundo intentaba sobrevivir a la pandemia, De los Santos se embolsó una subvención al alquiler de la Comunidad de Madrid por 2.725,50 euros. Lo más cómico es que su idoneidad para recibir el dinero era de 0,35 sobre 1. Básicamente, era el candidato menos apto, pero el cheque llegó igual, uniéndose a un grupo exclusivo de apenas 2.000 jóvenes menores de 35 años. El contraste es, sencillamente, obsceno. Mientras De los Santos clama que sufre el problema de la vivienda 'en sus propias carnes', su árbol genealógico es un mapa del poder madrileño. Es nieto de Aurelio Menéndez, exministro de Adolfo Suárez y cofundador de Uría Menéndez, y sobrino de la marquesa de Íbias. No hablamos de alguien que cuenta los céntimos para el autobús, sino de un apoderado de Tecnoasfalt Aglomerados con Caucho SL, una constructora familiar que hace puentes y túneles. Pero el plato fuerte está en el barrio de El Viso. Mientras el portavoz lucha contra los 'rentistas', espera heredar un piso de 155 metros cuadrados más terraza en la calle Segre, valorado en unos 1.303.000 euros. Un inmueble que, según Idealista, podría rentarse por 3.130 euros mensuales. Es decir, que el hombre que dice que la vivienda no debe ser un negocio de unos pocos, tiene el negocio familiar montado en el corazón de Chamartín. Una coherencia que solo se puede alcanzar con un doctorado en cinismo.
Contratos sociales: el arte de esconder millones
Gestionar el dinero público parece haberse convertido en un ejercicio de magia: ahora aparece, ahora no. El Tribunal de Cuentas ha soltado un informe que es, básicamente, un manual de cómo ignorar la Ley de Transparencia sin despeinarse. De 253 contratos examinados, el 41,5% —unos 105 expedientes— brillaban por su ausencia en el Portal de Transparencia. Claro, estaban en la Plataforma de Contratación, que es como decir que el dinero no ha desaparecido, sino que lo han guardado en un cajón donde solo los iniciados saben mirar. Estamos hablando de 446,1 millones de euros destinados a protección y promoción social. Para que nos entendamos, es una cifra que haría palidecer a cualquier presupuesto familiar mientras nosotros peleamos con la factura de la luz, pero aquí se gestiona con la ligereza de quien olvida las llaves en casa. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se lleva la medalla de oro en la opacidad con 66 contratos invisibles (un 44,6%), seguido por Derechos Sociales con 20 y Trabajo con 10. Lo más delirante es la 'ingeniería administrativa'. El 29,64% de los contratos no tenían memoria justificativa. Es decir, gastan millones sin explicar muy bien para qué sirven, usando párrafos genéricos que parecen redactados con una plantilla de Word de 1998. El Imserso, por su parte, se permitió 57 contratos negociados sin publicidad en Ceuta y termalismo, saltándose la documentación preparatoria. Y para rematar el cuadro, tenemos el caso de Migraciones y Tragsatec: un encargo de 4,81 millones de euros formalizado en marzo de 2022 que se publicó tres años tarde. A este ritmo, nos enteraremos de qué hicieron con el dinero cuando ya estemos jubilados o en el horno. Una gestión donde la transparencia es, sencillamente, una sugerencia opcional.
Espías por WhatsApp y mentiras de Estado
En el mundo real, si te avisan de que se inunda la cocina por WhatsApp, no esperas a que llegue un notario con un acta sellada para cerrar la llave del agua. Pues bien, en el Olimpo del poder, Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska han intentado vendernos que un aviso urgente del CNI no cuenta si no viene en un sobre lacrado con sello de cera y caligrafía gótica. La trama es tan absurda que roza el surrealismo: el Gobierno pretendía que un 'flash' —esa alerta rápida que los espías lanzan cuando el tiempo apremia— no tenía validez frente a la 'Nota Informativa'. Traduzcamos esto al lenguaje de la calle: es como si el jefe de seguridad de tu barrio te manda un mensaje diciendo 'están entrando por la ventana' y tú respondieras que no puedes actuar porque no has recibido un PDF firmado en tres ejemplares. La burocracia de 'La Casa' es paquidérmica; una nota oficial puede tardar ocho horas en llegar al escritorio, pasando por filtros de jefes que rebajan el tono para no asustar al personal. Por eso existen los canales autorizados, incluidos los WhatsApps, que el ministro del Interior conocía perfectamente pero decidió ignorar en sus declaraciones. Grande-Marlaska jugó al diccionario, asegurando que 'no había ningún informe', omitiendo convenientemente que un aviso flash es, a efectos prácticos, la misma información pero sin el envoltorio burocrático. Mientras Margarita Robles intentaba salvar los muebles el 25 de agosto de 2026, confirmando que el CNI hizo su trabajo el día 29 previo a la invasión, el presidente se deslizaba hacia las vacaciones en La Mareta. Una gestión impecable: el CNI avisa, el Interior finge demencia y el jefe se va a Lanzarote mientras la frontera de Ceuta se convertía en un coladero.
Interior y su 'lista negra' de periodistas
En el Ministerio del Interior parecen haber confundido el presupuesto público con el presupuesto de una agencia de inteligencia de serie B. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y mira la cuenta corriente con pánico, en los despachos de Fernando Grande-Marlaska se dedicaban a jugar al 'quién es quién' con los periodistas. Iustitia Europa ha lanzado un grito de auxilio al Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid para que, por favor, alguien guarde los archivos digitales antes de que el botón de 'borrar' haga su magia habitual. No es un simple Excel de contactos. Estamos hablando de un dosier titulado 'Tertulianos. Radio y Televisión', una joya de la ingeniería administrativa que clasificaba a profesionales según su ideología y su 'lealtad' al Gobierno. Básicamente, un casting ideológico pagado con nuestros impuestos. La denuncia, interpuesta el pasado día 9, busca que un análisis forense desmonte la cronología de este invento y revele quién dio la orden de fichar a la prensa. Lo más jugoso llega con la ORIS–Ministerio del Interior, una unidad de comunicación que desapareció el 1 de mayo de 2025, casi como si quisiera borrar el rastro de un crimen. Iustitia Europa ha puesto el foco en seis guardias civiles que estaban allí antes del cierre. Según Luis María Pardo, presidente de la formación, algunos de estos agentes podrían haberse rebelado ante órdenes que huelen a prácticas impropias de una democracia. Ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía, mientras el país espera saber si el Ministerio del Interior funciona como un órgano del Estado o como el club de fans más vigilante de la historia.
Marruecos pide 'hijos' pero olvida papeles
Fatima-Zahra El Mansouri ha aterrizado en el cargo de primera ministra de Marruecos con un discurso que suena a cena familiar, pero que huele a despacho de migración. Con una retórica casi maternal, ha soltado que lo prioritario es que 'vuelvan nuestros hijos a su tierra'. Muy bonito sobre el papel, pero en la calle sabemos que el amor filial tiene una letra pequeña escrita con tinta burocrática y sellos oficiales. La jugada es sencilla: Rabat quiere que los menores que siguen en la ciudad autónoma de Ceuta vuelvan a casa, preferiblemente con sus padres. El problema es que, mientras El Mansouri habla de diálogo y afectos, la realidad es un juego de pasar la pelota. España está ahí, cocinando una nueva reglamentación que el Consejo de Ministros aún no ha tenido la valentía de aprobar. Es como esperar a que el café se haga solo mientras el cliente ya tiene hambre. Aquí está la trampa del tablero: para que el retorno sea legal, Rabat tiene que hacer el trabajo sucio. Localizar a los padres, llevarlos a la frontera y contestar a los expedientes que España ya les ha enviado por correo. Es decir, el Gobierno español ya ha pasado la factura y los datos, pero Marruecos prefiere hablar de 'hijos' antes que de 'trámites administrativos'. Al final, nos venden una historia de repatriación emocional cuando lo que hay es un atasco de papeles. Mientras la diplomacia se viste de gala y usa palabras dulces, los expedientes siguen cogiendo polvo en algún cajón de Rabat. Mucho corazón en el discurso, pero muy poca mano en el teclado para cerrar los expedientes pendientes.
Menores blindados y adultos a la calle
Ángel Víctor Torres ha aterrizado en Ceuta para hacernos un favor: explicarnos que, en el complejo tablero de la crisis migratoria, los menores no son piezas de dominó que se puedan tumbar y devolver al país de origen así como así. El ministro presume de que "ni un solo" menor ha sido devuelto a Marruecos, porque, claro, hay que seguir el protocolo, que es como el manual de instrucciones de un mueble de IKEA: si te saltas un paso, todo el sistema se derrumba. Mientras tanto, el Gobierno ha enviado diez expedientes de reagrupación familiar a Rabat, moviendo los papeles con la parsimonia de quien sabe que el reloj no corre igual para todos. Para aliviar la presión en la ciudad autónoma, han aplicado la técnica del reparto de cartas: 69 menores han sido reagrupados con familias en la península y otros 144 han sido repartidos por diversas Comunidades Autónomas. Es la gestión del espacio en tiempo real. El despliegue es masivo: 20 recursos para menores y una filiación de 2.566 personas que ya tienen nombre y apellidos en el sistema. Pero ojo, que con los adultos la música cambia. Aquí no hay manuales de instrucciones delicados, sino una puerta giratoria. Desde el 10 de agosto, 8.223 personas han hecho el camino de vuelta a Marruecos por la vía del "retorno voluntario" —ese eufemismo elegante para decir que prefieren volver antes de que el expediente de devolución les pise los talones—. A esto sumamos 453 expulsiones por delitos y 3.336 triajes, donde un 30% ni siquiera pide asilo, facilitando que la maquinaria de retorno funcione sin chirridos. El objetivo final es estético: limpiar las playas para el 15 de octubre. Tras mover a 400 personas de la playa de Benítez a Loma Colmenar, el Gobierno celebra una operación "exitosa". Ahora toca el tetris inmobiliario: 63 mujeres en La Hípica, 540 al antiguo campo de fútbol de Caballería y 300 familias cerca de la Mezquita. El recurso junto a la cárcel de Fuerte Mendizábal queda como el as bajo la manga, el último refugio antes de admitir que, aunque los números bailen, todavía no saben cuánta gente hay realmente en la ciudad.
Maricarmen: de alquiler regalado a bandera política
Hay que tener una imaginación envidiable para convertir un privilegio inmobiliario en una tragedia ideológica. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada del barrio de Retiro, es una «víctima de una legislación machista y retrógrada» del franquismo. Resulta fascinante: la señora vivió siete décadas en un piso pagando una renta de 200 euros, más unos 220-250 euros de gastos. En términos de calle, Maricarmen ha disfrutado de un alquiler mensual inferior a lo que hoy cuesta una cena mediocre para dos en el centro de Madrid, gracias a las rentas antiguas reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Lo irónico es que el BOE ahora usa su desahucio como combustible emocional para aprobar decretos de vivienda, mientras olvida convenientemente que fue el propio PSOE de Felipe González quien, con el decreto Boyer de 1985 y otra norma de 1994, dinamitó esos mismos alquileres vitalicios. El Gobierno actual la pinta como víctima de la dictadura, pero la realidad es que Maricarmen fue la beneficiaria de un sistema que congeló los precios mientras el resto del mundo sufría la inflación. Mientras la Puerta del Sol se llenaba de acampadas, Moncloa lanzaba dos decretos: uno 'estratégico' para que PNV y Junts no se espanten —con protección contra desahucios hasta 2030 y prohibición de fondos buitre hasta 2028— y otro más 'revolucionario' para el Sindicato de Inquilinas que busca la renovación automática de contratos. Al final, Maricarmen es el rostro perfecto para el marketing político: una abuela vulnerable que sirve para justificar leyes nuevas, aunque haya vivido 70 años pagando una miseria que cualquier propietario actual consideraría un acto de caridad cristiana.
Comentarios