Crítica:
El texto original es un despliegue de datos correctos pero con un sesgo evidente de OKDIARIO. Le falta profundizar en si la subvención cumplió los hitos técnicos o si fue un simple cheque en blanco ideológico.
El Gobierno dio 174.029 € a una entidad vinculada al Sindicato de Inquilinas para «fortalecer el sistema na...
Ciencia 'callejera': 174.000€ al Sindicato Inquilinas
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Marlaska dice 'cero' y el Estrecho desmiente
El negocio del asilo en Ceuta ha pasado de ser una crisis humanitaria a convertirse en un catálogo de servicios premium para mafias con mucha imaginación. Mientras el Gobierno se llena la boca hablando de muros y controles, la realidad es que el Estrecho se ha vuelto un taxi marítimo clandestino. La Guardia Civil intercepta hasta cuatro neumáticas diarias, y no se quedan ahí: hay quien intenta hacer el trayecto en kayak, como si se tratara de una excursión de fin de semana y no de una apuesta desesperada por la supervivencia. El precio del billete es un sablazo en toda regla: entre 3.000 y 4.000 euros. Para alguien que espera un asilo que no llega, es el precio de una libertad hipotética. Lo más cínico es el nuevo 'modelo de gestión' de las mafias: ahora los propios inmigrantes pilotan las barcas. Así, el jefe de la red se queda en tierra cobrando la comisión y el riesgo lo asume quien no sabe distinguir el norte del sur en medio del mar. Desde agosto, la Benemérita ha frenado más de medio centenar de embarcaciones, incluyendo una el jueves pasado con 16 marroquíes que habían comprado su propia barca para evitar el patrón. Algunos llevaban pulseras verdes, el sello de calidad de los centros gubernamentales, demostrando que el Estado los aloja para que luego las mafias les cobren el 'alquiler' en parkings de hoteles. Mientras tanto, en Luxemburgo, Fernando Grande-Marlaska vendía a sus colegas europeos la fantasía del 'impacto cero', asegurando que nadie ha saltado al espacio Schengen. Una declaración que suena a chiste de mal gusto cuando fuentes policiales y Frontex admiten que al menos medio millar de personas ya han logrado aterrizar en la Península hasta finales de agosto. Entre la narrativa oficial y el agua del Estrecho hay un abismo que no llena ni mil neumáticas.
Portugal: Alquileres libres y desahucios exprés
Portugal ha decidido que la mejor forma de arreglar un incendio es echándole gasolina al colchón. El Gobierno, liderado por el Partido Social Demócrata (PSD), ha lanzado una reforma del Nuevo Régimen del Arrendamiento Urbano (NRAU) que es, básicamente, un manual de instrucciones para que el propietario recupere sus llaves antes de que el inquilino termine de hacer la maleta. La jugada es maestra: ahora bastarán dos meses de impagos para iniciar el desahucio, recortando el margen de maniobra que daban los tres meses anteriores. Es como si en el supermercado te echaran de la tienda por no pagar el café el martes y el miércoles. Pero eso no es todo. Han decidido dinamitar el límite del 2% al incremento de la renta en los nuevos contratos. Adiós a las reglas del juego; hola al libre mercado en estado puro, donde el precio lo pone quien tiene la escritura y el inquilino pone la cara. Para rematar el combo, los caseros podrán pedir hasta tres mensualidades por adelantado, frente a las dos actuales. Un sablazo inicial que deja la cuenta corriente tiritando antes siquiera de entrar a vivir. Todo esto mientras el precio mediano de los alquileres subió un 10,2% interanual en el segundo trimestre, alcanzando los 10,17 euros por metro cuadrado. El acuerdo llegó 'in extremis' con Chega, que ha jugado a hacer de abogado del diablo pidiendo proteger a los mayores con contratos previos a 1990 y evitando desahucios por 'incapacidad real'. El PSD, para que no parezca una 'política salvaje', promete reforzar el fondo de emergencia. Una palmada en la espalda mientras te quitan la silla. El proyecto avanzó con el apoyo de CDS-PP e Iniciativa Liberal, mientras la izquierda (PS, Livre, PCP, PAN, JPP y BE) miraba el espectáculo con horror desde la bancada.
Fiscalía juega al escondite con Pedraz
En el mundo de la alta burocracia, existe una magia muy particular llamada 'no conservamos documentación'. Es el equivalente institucional a decir que el perro se comió los deberes, pero con el sello de la Fiscalía General del Estado. El juez Santiago Pedraz pidió papeles sobre el plan para hundir a la jueza Beatriz Biedma —aquella que tuvo la osadía de investigar a David Sánchez, el hermano del presidente— y la respuesta del 8 de septiembre fue un vacío absoluto. Ni un correo, ni una nota, ni un suspiro. Un silencio sepulcral que parecía cerrar el caso. Pero entonces aparece José Luis Alonso Tejuca, el fiscal jefe de Badajoz, y rompe el hechizo. El señor Tejuca no juega a las adivinanzas; él tiene el historial de llamadas y los recibos. El 10 de septiembre, el fiscal dejó claro que hubo un baile de papeles muy concreto: tres documentos que viajaron de Badajoz a Madrid. De hecho, fue tan preciso que puso fecha y hora: el 20 de junio a las 15:02 envió el paquete y a las 18:00 la Secretaría Técnica confirmó que lo tenía en el horno. ¿Dónde quedó ese rastro? Aquí entra en juego Diego Villafañe, entonces responsable de la Secretaría Técnica, quien parece haber descubierto la utilidad del 'borrado automático' desde el 14 de diciembre de 2024. Es una jugada maestra: si el mensaje desaparece del emisor y del receptor, el problema deja de existir. Una ingeniería financiera de la información digna de un espía, pero aplicada a una denuncia del 6 de junio de 2025 que implicaba a Leire Díez y al exjuez Luis José Sáenz de Tejada. Mientras el ciudadano medio guarda hasta el ticket del parking por si hay una inspección, en las cloacas del poder los documentos tienen la vida útil de un helado al sol.
Marlaska y el truco del 17 %
Hay una habilidad casi mística en el arte de hacer desaparecer elefantes usando una calculadora. Fernando Grande-Marlaska ha aterrizado en Luxemburgo el 1 de octubre de 2026 con un manual de prestidigitación estadística bajo el brazo. Mientras Ceuta sigue digiriendo la entrada de 80.000 inmigrantes marroquíes el pasado 30 de julio —un volumen de gente que haría colapsar cualquier centro comercial en rebajas—, el ministro ha preferido jugar al juego de los porcentajes pequeños para que el problema parezca un error de redondeo. Con una tranquilidad envidiable, Marlaska alardeó de que las rutas atlánticas y del Mediterráneo occidental solo suponen el 17 % de las llegadas a la UE, y que Ceuta es apenas un 0,7 %. Es la técnica del 'sablazo invisible': si divides la tragedia en trozos muy pequeños, parece que no duele. El problema es que los números no saben de diplomacia. Frontex indica que entre enero y agosto entraron 100.929 irregulares en Europa, de los cuales 20.161 llegaron a España. Si a esa cifra le sumamos los 80.000 del 30 de julio, el 17 % del ministro se convierte en un chiste de mal gusto y su 'eficacia' en un agujero contable de seguridad. Lo más surrealista es que, tras ser reprobado por el Congreso y recibido con pitadas monumentales en su cuarta visita a Ceuta, el ministro ha ido a pedir 'solidaridad operativa, financiera y política' a sus socios europeos. Básicamente, ha ido a pedir que le ayuden a limpiar el salón después de haber asegurado que no había entrado nadie por la puerta. Mientras la Comisión Europea propone endurecer el asilo y reforzar la vigilancia, España prefiere el maquillaje estadístico para evitar admitir que el control fronterizo tiene más grietas que una carretera secundaria.
Sánchez esquiva a los Reyes por Marruecos
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'estoy contigo' mientras se busca la salida de emergencia más cercana. Pedro Sánchez ha dominado esta disciplina a la perfección. El próximo 13 y 14 de octubre, los Reyes visitarán Ceuta y Melilla, pero el presidente ha decidido que su presencia sería un 'exceso de equipaje' peligroso. La razón es tan simple como un tique de parking: no quiere molestar a Mohamed VI. Básicamente, prefiere que el Rey ponga la cara mientras él evita que el Rey de Marruecos le mande un mensaje incómodo al WhatsApp oficial. Es una estrategia de supervivencia que ya conocemos. Desde aquel episodio en Paiporta en noviembre de 2024, donde los Reyes se quedaron a recibir el chaparrón de indignación popular mientras Sánchez desaparecía en su coche oficial como quien huye de una cena familiar incómoda, el presidente ha evitado compartir el mismo código postal con Felipe VI. Incluso en la final del Mundial intentó hacer el truco de magia de la agenda apretada, inventándose un viaje a Argelia para no coincidir con el monarca y Donald Trump, aunque al final acabó subiéndose al carro cuando vio que el postureo era obligatorio. Mientras Felipe VI se pone serio y define la intrusión masiva del 30 de julio en Ceuta como 'inaceptable' durante una cena con Emmanuel Macron, Sánchez opta por la condescendencia. Es curioso que el 31 de agosto, en la SER, el presidente intentara hacerle un 'sablazo' reputacional al Rey recriminándole que en sus 12 años de reinado (que Sánchez, con una aritmética creativa, llamó 20) no hubiera visitado las ciudades autónomas. Al final, el Gobierno enviará probablemente a Ángel Víctor Torres, el hombre del mando único, para que gestione la crisis mientras el jefe del Gobierno se queda en casa, asegurándose de que el tablero geopolítico no se le mueva mientras él sigue jugando a la silla musical con la Monarquía.
España, el 'rebelde' solitario contra Bruselas
Bruselas ha decidido que la solución a la inmigración irregular es, básicamente, pasarle el problema al vecino. Este jueves, 26 de los 27 estados miembros de la Unión Europea han dado luz verde a la creación de centros de retorno en terceros países. Un festín de consenso europeo donde España ha decidido jugar al rebelde, siendo el único voto en contra. La jugada es sencilla: negociar con países 'seguros' para exportar allí a quienes no tengan el derecho de asilo reconocido. Es como si en una comunidad de vecinos decidieran tirar los trastos viejos al portal del edificio de al lado para que el pasillo quede limpio. Mientras Italia y Alemania ya están con la calculadora en la mano y en fases avanzadas de negociación, Madrid prefiere aferrarse a los CETI, aunque el viento sople en contra. Lo irónico es que el Consejo de la UE no se ha limitado a abrir centros; ha diseñado un catálogo de castigos para quien no coopere con la salida. Hablamos de recortes en prestaciones, denegación de incentivos para el retorno voluntario y hasta sanciones penales. Un sablazo administrativo para asegurar que nadie se quede cómodamente instalado. Todo esto llega después de que en enero se endurecieran los requisitos de asilo y se cocinara esa lista de 'países seguros', donde Marruecos figura con sello de calidad en Derechos Humanos, facilitando que sus nacionales vean su solicitud de asilo rechazada más rápido que un pedido de Amazon. Para cerrar el círculo, los que representen un riesgo de seguridad se enfrentan a detenciones de más de 24 meses o prohibiciones de entrada indefinidas. En resumen: Europa ha decidido cerrar la persiana y España es la única que sigue intentando mantener la puerta entornada, aunque el resto del barrio ya haya echado el cerrojo.
Anticapitalismo a precio de oro público
Hay una ironía deliciosa en el aire: resulta que luchar contra el sistema es un negocio redondo si el sistema es quien paga la nómina. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el alquiler no se coma el sueldo, existe un ecosistema de activismo 'anticapitalista' que se mueve con la soltura de un fondo de inversión, regado con 3,7 millones de euros de fondos públicos. Es la magia de la ingeniería financiera social. El Gobierno de Sánchez, a través de AECID y el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares, soltó 670.547 euros en noviembre de 2023 para un proyecto con un nombre que parece generado por un algoritmo de palabras modernas: 'transición ecosocial justa, intercultural y ecofeminista'. Un título tan etéreo que casi puedes oler el incienso, pero con un cheque muy concreto que llega a Entrepueblos y al Observatori DESC. Pero el verdadero festín ocurre en Cataluña. La Generalitat de Salvador Illa, el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona han sido los grandes mecenas. Solo la ACCD puso 699.849 euros (2022-2024) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) se llevó casi un millón más, repartido en tres programas hasta 2024. Si sumamos los 1,1 millones del Ayuntamiento de Barcelona desde 2019 y los 95.000 euros de la Diputación para 2025-2026, la cuenta es astronómica. Lo más fascinante es la 'cantera'. El Observatori DESC no es solo una ONG; es la academia donde Ada Colau, Gerardo Pisarello y Vanesa Valiño aprendieron el arte de pasar de la calle al despacho. Ahora, Colau vuelve a la carga diciendo que no llega a fin de mes, mientras su red de influencia sigue engrasada con millones. El Sindicato de Inquilinas de Madrid dice que no recibe subvenciones, pero compartir manuales, cuadros y estrategias con quienes sí las cobran es como decir que no tienes hambre mientras te comes el postre de otro.
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