Crítica:
El texto original es demasiado complaciente con la narrativa oficial del 'retorno voluntario'. Ignora la presión coercitiva sobre los inmigrantes para limpiar la imagen de la ciudad antes de la visita.
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Renfe en Japón: viaje caro, vista corta
Hay una coreografía muy depurada en los despachos del poder que consiste en viajar a mitad del mundo mientras se decide quién se lleva el premio gordo, y luego poner cara de 'yo no he visto nada'. Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, se ha plantado en Japón para asistir al foro de la IHRA, una organización que, casualmente, es el escaparate brillante de la tecnología japonesa y donde Hitachi —una de las candidatas a llevarse el contrato de 4.000 millones de euros— se siente como pez en el agua. Es como si el juez de un concurso de cocina se fuera de vacaciones a la fábrica de harina del concursante favorito justo antes de dar la puntuación y luego asegurara que solo fue a mirar el paisaje. Renfe, con una agilidad mental envidiable, dice que Heredia no vio a Hitachi. Que no hubo reuniones con fabricantes. Que el viaje fue para 'reforzar relaciones' con Japan Railway y saludar a los de EE.UU. y Australia. Un despliegue de diplomacia ferroviaria que, curiosamente, se mantuvo en un silencio sepulcral en X (antes Twitter). Nada de selfies institucionales ni hashtags de progreso, solo mensajes genéricos sobre el puente de octubre y sus 400.000 plazas de alta velocidad. Saben que el ruido molesta. Mientras la plantilla de la empresa mira el calendario con escepticismo, la licitación —puesta en marcha en marzo de 2026— juega en la liga de los números gordos: 1.362 millones para el pedido inicial y un total que roza los 4.145 millones. Siemens, que está en la otra esquina del ring, guarda un silencio incómodo. Jurídicamente, el viaje es un 'no es bonito', pero difícil de castigar. En la calle, sin embargo, sabemos que cuando alguien viaja al jardín de casa del interesado en un contrato de miles de millones, no es para estudiar el clima, sino para aceitar los engranajes.
Feijóo huye de las encerronas de RTVE
En el tablero político, hay quien juega al ajedrez y quien prefiere que no le pongan una trampa en el pasillo. El Partido Popular y Vox han decidido que pisar RTVE durante la campaña electoral del 29 de noviembre es, básicamente, como entrar en la cocina de un enemigo con los ojos vendados. La desconfianza no es un capricho; es una estrategia de supervivencia ante lo que llaman la 'sumisión' de la corporación a los deseos de Pedro Sánchez. El punto crítico es el llamado 'modelo Mañaneros'. Para Alberto Núñez Feijóo, sentarse en el plató de Jesús Cintora no es una entrevista, es una encerrona. El líder del PP ha puesto una condición que suena a manual de instrucciones para evitar el sablazo mediático: solo irá si la producción es propia de la casa y no externa. ¿La razón? Las productoras externas son el 'agujero negro' del libro de estilo, donde el rigor se va de vacaciones y el infoentretenimiento se convierte en un arma arrojadiza. Es como aceptar una invitación a cenar en casa del rival, pero solo si el cocinero es un empleado público y no un amigo íntimo del anfitrión. Mientras tanto, el sindicato Solidaridad, que lleva la bandera de Vox, no se anda con rodeos. Juan Carlos López Casas ha soltado la frase del día: 'Van a ir a matar'. Denuncian que programas como 'Malas lenguas' han tratado las declaraciones de José María Figaredo sobre las pensiones con un sesgo que ya quisiera un panfleto partidista. Bajo la presidencia de José Pablo López, la televisión pública ha pasado de ser un espejo de la sociedad a ser, según la oposición, una artillería de desinformación. Al final, la lucha no es solo por los votos, sino por quién controla el mando a distancia de la verdad oficial.
Renfe: Trenes aquí y autobuses en Australia
Hay que tener una imaginación desbordante para gestionar el transporte ferroviario de un país y decidir que la mejor forma de optimizarlo es volar miles de kilómetros para dar clases de autobuses en Australia. Marta Serrano, directiva de Renfe, aterrizó en Oceanía entre el 29 y el 31 de julio de 2026 para lucirse en el curso 'Bus Network Design and Route Planning for Australia and New Zealand'. Mientras el pasajero medio lucha contra los retrasos y los precios que suben más que la espuma, la cúpula de Renfe parece haber confundido la empresa con una agencia de viajes de lujo. Lo irónico es que Serrano, que llegó a la compañía en mayo de 2025 como directora del Área Técnica tras bailar el vals institucional con el presidente Álvaro Fernández Heredia en el Ministerio, acabó en septiembre de 2026 en una posición que huele a degradación: la gerencia de Planificación de Movilidad. Pero claro, el descenso en el organigrama no impide el ascenso en el contador de millas. El surrealismo es el nuevo estándar en la calle Alcalá. No es solo Serrano y sus talleres de microtransporte con el experto Guido Bruggeman; es un ecosistema de 'turismo corporativo'. Tenemos a Lucas Calzado, el director de RRHH, posando con gorrito en los jardines de Harvard en febrero de 2025 para un seminario de Xavier Marcet, el mismo consultor que ya se había embolsado 14.800 euros en 2020 por diseñar la universidad corporativa. Y para cerrar el círculo de la hipocresía, el propio Heredia se escapó a Japón justo cuando se licitaba un contrato de trenes de 4.000 millones de euros, coincidiendo con eventos de Hitachi. Renfe dice que no hubo reuniones, pero el silencio de Siemens es más ensordecedor que un tren de alta velocidad en un túnel. Es una gestión brillante: mientras los raíles chirrían, los jefes coleccionan sellos en el pasaporte con el dinero de todos.
El bar espía de la Audiencia cierra
Hay quien monta un negocio para ganar dinero y quien lo hace para escuchar conversaciones ajenas mientras sirve el café. José Ángel Prieto Holgado, un personaje que maneja el crudo con la soltura de quien reparte cartas en un casino, decidió que la mejor forma de vigilar al Juzgado Central de Instrucción número 4 no era con binoculares, sino con una carta de tapas. Así nació el restaurante Raíz, en el número 20 de la calle Génova, un local estratégicamente colocado bajo la Audiencia Nacional para que los jueces y fiscales fueran, básicamente, el menú del día. La ingeniería financiera detrás de este 'café con micrófonos' es para echarse a reír. Mientras el ciudadano medio sufre el sablazo de la luz, Prieto Holgado presuntamente orquestó un agujero contable de más de 300 millones de euros en el IVA de los carburantes. Para que el negocio no oliera a quemado, utilizó a Carlos Castillo Medina como escudo; un administrador con 17 antecedentes que hace que un currículum normal parezca una hoja en blanco. Entre transferencias y facturas de sociedades como Browtrader SL, se movieron 750.048 euros, una cantidad que cualquier mortal usaría para jubilarse en el Caribe, pero que aquí sirvió para pagar el alquiler de un centro de espionaje. El plan era brillante en su cinismo: ganar confianza, servir cañas y captar secretos mediante dispositivos ocultos en el mobiliario. Pero el castillo de naipes se desplomó con la operación Pamplinas Stars en noviembre de 2025. Entre el desvío de fondos a Holanda, el Reino Unido y el refugio en criptomonedas, la red de Plamanvisa SL y Atlantic Oil Star SL terminó dinamitada. El bar intentó camuflar su muerte con un cartel de «¡¡Felices vacaciones!!» en julio, pero septiembre llegó y el local se quedó mudo. Al final, el espía resultó ser el espiado y el restaurante Raíz ha echado la persiana definitivamente.
España: casi mitad del censo vive del Estado
España se encamina al 29 de noviembre con un censo de 38,73 millones de electores y una realidad que da vértigo: casi la mitad, el 46,3%, tiene el sustento atado a la ventanilla de la Administración. Hablamos de 17,9 millones de registros que viven de pensiones, nóminas públicas o subsidios. Para que nos entendamos, es como si en una mesa de diez amigos, cinco no pudieran pagar su parte de la cena si el Estado no les pasa la tarjeta. El grueso de este 'ejército' lo forman 9.537.978 pensionistas contributivos, que en septiembre de 2026 se llevaron una tajada mensual de 14.498,2 millones de euros. Con una pensión media de 1.374,6 euros, el sistema se ha vuelto el principal motor del consumo, mientras que las Clases Pasivas —ese rincón reservado para ciertos funcionarios— sumaron 740.431 pensiones y un gasto de 1.774,1 millones. Pero no todo es jubilación. El empleo público, con 3.646.900 asalariados, y el SEPE, con 1.896.142 beneficiarios del desempleo, completan el cuadro de la dependencia. A esto sumamos a los 1.647.502 adultos protegidos por el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que llega a 905.792 hogares. Lo irónico es el contraste histórico. En 2013, en plena tormenta financiera, el combo de pensionistas y empleados públicos era menor. Hoy, trece años después, ese grupo ha crecido en 2,08 millones de personas. Mientras el joven que cumple la mayoría de edad —y que forma parte de los 1,6 millones de nuevos votantes— busca un contrato que no sea un espejismo, casi la mitad del censo electoral ya tiene el 'sueldo' asegurado por el Estado. Una arquitectura electoral donde el voto, más que una opinión, parece un cheque de gratitud.
Sánchez y el 'borrador' para García Ortiz
Hay quien dice que el tiempo es oro, pero en Moncloa el tiempo es una herramienta de ingeniería política. Pedro Sánchez está jugando al Tetris con el calendario electoral y, antes de que lleguen las urnas el 29 de noviembre, quiere dejar el tablero bien colocado. El movimiento estrella: el posible indulto a Álvaro García Ortiz. Para el ciudadano de a pie, un indulto es como cuando un padre perdona que el hijo rompa el jarrón; para el Estado, es borrar con goma un fallo del Tribunal Supremo. García Ortiz, el exfiscal general, se ganó el premio a la creatividad filtrando correos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Supremo no se dejó impresionar por el espectáculo y le clavó dos años de inhabilitación y una multa. Ahora, Moncloa quiere hacerle un 'descuento' a esa pena. No buscan borrar el pecado, sino recortar la inhabilitación a menos de seis meses. ¿Por qué? Para evitar que la Inspección Fiscal lo eche definitivamente de la carrera profesional. Es como intentar que un alumno suspendido no repita curso cambiando la nota en el acta el último día de clase. Félix Bolaños ya ha confirmado en RAC 1 que el papeleo está sobre la mesa y la Fiscalía ha dado el visto bueno. Mientras tanto, Sánchez, en una entrevista con elDiario.es, se ha limitado a un "no lo descarto" repetido como un mantra, una respuesta que en lenguaje político significa "estoy a ello". Lo más irónico es que, mientras el núcleo duro del Gobierno dice que la sentencia judicial tiene más ficción que una película de Hollywood, en los pasillos de COPE se oye que el exfiscal, por querer hacer méritos, terminó metiendo al Gobierno en un jardín del que ahora intentan salir con una medida de gracia.
España sola contra el coche eléctrico
Hay quien confunde el idealismo con el suicidio industrial, y en Moncloa parecen tener el manual de instrucciones bien estudiado. Mientras el resto de Europa se da cuenta de que obligar a todo el mundo a enchufar el coche el 1 de enero de 2035 es como intentar que todo el barrio coma quinoa sin haber puesto un solo supermercado, España sigue aferrada a un calendario que ya huele a cerrado. El plan era sencillo: prohibir la venta de combustión en 2035 y borrar del mapa cualquier motor que no sea eléctrico para 2050. Un sueño precioso para los ecologistas que sostienen el Gobierno, pero una pesadilla para quien tiene que pagar la nómina en una fábrica. La realidad ha dado un golpe sobre la mesa. Francia, que hasta ayer era el compañero de baile de Pedro Sánchez, ha hecho un giro de 180 grados para salvar a Renault y Stellantis, uniéndose al bloque de Alemania, Mercedes, BMW y el Grupo VW. Básicamente, han decidido que es mejor salvar el negocio que quedar bien en una foto con Ursula von der Leyen. Sánchez, que llegó a escribir dos cartas a la presidenta de la UE insistiendo en el calendario, se ha quedado solo en la fiesta, acompañado únicamente por los Países Bajos, que en el tablero automovilístico tienen el peso de un clip. Es el colmo de la ironía: España es el segundo fabricante de coches de Europa, pero su Gobierno defiende una política que pone en jaque a marcas como Seat. Mientras China nos come la tostada con las baterías, nosotros renunciamos a nuestra única ventaja competitiva —los motores de combustión— por una cuestión de principios ideológicos. Al final, Alemania ha cedido para que Bruselas suelte la pasta y subvencione la industria, incluyendo los combustibles fósiles. En resumen, Europa ha elegido sobrevivir; España, parece, prefiere seguir leyendo el folleto del futuro mientras el presente se le escapa por el tubo de escape.
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