Crítica:
La noticia es un catálogo de ineficiencias administrativas. El contraste entre la 'paz' que describe el Delegado y las agresiones a la UPR el 12 de octubre es un agujero narrativo del tamaño de la Puerta del Sol.
Los okupas de Sol convierten la fuente de Carlos III en una piscina particular con colchonetas hinchables
Sol: de plaza histórica a parque acuático
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El abuelo de Sánchez: piso del INV
La historia es un círculo vicioso, o quizás un juego de espejos donde la memoria tiene un borrador muy selectivo. Resulta que Mateo Pérez-Castejón Díaz, el abuelo materno de Pedro Sánchez, no solo tuvo una trayectoria militar digna de un guion de suspense —pasando de ser un 'desertor' del Ejército republicano en Teruel a lucir la Medalla de la Campaña y dos Cruces Rojas del Mérito Militar como legionario de la XV Bandera del bando nacional—, sino que terminó sus días disfrutando de los beneficios del sistema que hoy su nieto intenta desmantelar con leyes de memoria. Según el certificado de defunción, Mateo exhaló su último suspiro el 7 de noviembre de 1973 en la Ciudad Sanitaria Francisco Franco. Pero el detalle jugoso no es dónde murió, sino dónde dormía. Su último domicilio estaba en la calle Arroyo Fontarrón, en Moratalaz, un bloque de viviendas protegidas levantado en 1970 por el Instituto Nacional de la Vivienda (INV). Para los que no recuerden, el INV era la joya de la corona del régimen franquista para el control social y la vivienda obrera. Básicamente, mientras el relato oficial del PSOE nos vende una lucha épica contra la dictadura, el abuelo del jefe del Gobierno vivía en un piso que era, literalmente, un regalo arquitectónico del régimen, diseñado por Enrique García-Ormaechea y marcado con el yugo y las flechas de Falange. La trama se vuelve aún más surrealista con el bisabuelo, Juan Bautista Pérez-Castejón, un Guardia Civil que, tras matar a un compañero al salir del retrete y saltarse una condena de más de 14 años, decidió que cambiar el apellido era la mejor estrategia de marketing para despistar a la policía. Una ingeniería familiar que duró décadas hasta que, en 2001, la familia decidió que ya era seguro recuperar el 'Castejón'. Irónico que el actual presidente mencione la procedencia murciana de su abuelo en sus mítines, pero guarde el currículum legionario y el piso del INV en el cajón de los secretos.
El 'drama' de la vivienda según Caballero
Hay que tener una flexibilidad moral envidiable para liderar la narrativa del 'drama habitacional' mientras se coleccionan llaves como quien junta cromos del Mundial. José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, se ha convertido en el ejemplo vivo de la 'solidaridad inmobiliaria': advierte a los jóvenes que no pueden emanciparse mientras él se asegura un flujo mensual de 3.755,89 euros solo por alquilar sus propiedades. Es el clásico caso de quien predica el ayuno mientras se cena langosta en el reservado. Su portfolio es una joya de la diversificación. Cinco viviendas, un inmueble misterioso en Madrid y una parcela, todos al 100 %. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta corriente para pagar el alquiler, Caballero ha ingresado 45.070 euros por arrendamientos en 2025. Si sumamos sus sueldos de la Junta (87.556 euros) y las Cortes regionales (18.757 euros), más unos intereses bancarios de 1.773,10 euros, el hombre cierra el año con un ingreso total de 153.156 euros. Traducido al lenguaje de la calle: el vicepresidente se mete en el bolsillo más de 12.700 euros al mes, una cifra que hace que cualquier hipoteca parezca un juego de niños. Lo más fascinante es el 'timing' ético. En 2015, mientras hablaba del sufrimiento de quienes perdían sus casas, Caballero aprovechaba para comprar un inmueble de 103 metros en Madrid. Un movimiento maestro de inversión. Según datos de Idealista, su imperio de ladrillo en Madrid, Toledo y Ciudad Real ronda los 1,66 millones de euros. El señor, que en 2011 llamaba al impuesto sobre el patrimonio el tributo de 'los más ricos', ahora paga 1.092,78 euros por dicho concepto. Parece que, con el tiempo, el vicepresidente ha terminado por encajar perfectamente en la definición que él mismo dio de la riqueza.
Pueblos fantasma con votos muy reales
Imagínate vivir en un pueblo donde hay más gente decidiendo el futuro del municipio desde un sofá en Buenos Aires o Miami que vecinos reales que saludan al panadero cada mañana. No es una distopía, es la realidad de 161 municipios españoles que han pasado de ser 'España vaciada' a ser 'España telecomandada'. La Ley de Memoria Democrática, esa joya de la Moncloa conocida como la 'Ley de Nietos', ha inflado el censo exterior hasta niveles surrealistas. En Ventrosa (La Rioja), la cosa es casi cómica: el 86,8% de los votantes están fuera, con 296 electores en el extranjero frente a unos humildes 45 que pisan el pueblo. Es como si en una comunidad de vecinos de diez personas, decidieran el color de la fachada otros ochenta que nunca han pagado una cuota de mantenimiento. El mapa del 'sablazo' electoral es claro. Salamanca lidera el ranking con 28 municipios afectados, seguida de La Rioja (20), Ourense (17), Soria (15), Burgos (11) y Ávila (10). En Valdeprado (Soria), el desequilibrio es sangrante: ocho habitantes reales frente a 38 electores en el exterior. Mientras el vecino de turno lucha contra el cierre del consultorio, el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) se convierte en el verdadero dueño del tablero. Vox, que ha montado una web para rastrear este 'pucherazo' demográfico, ha logrado que el Tribunal Supremo meta el freno de mano. De los 600.684 nacionalizados, miles quedan fuera de las elecciones del 29 de noviembre si no acreditan el exilio. La pelea es pura aritmética política: en Salamanca al PSOE le faltaron 1.495 votos en 2023 para sumar un escaño, pero la Ley de Nietos ha inyectado 4.910 nuevos electores exteriores. Un colchón más que generoso para quien sabe sumar y restar en el censo.
Pasaporte, carnet del PSOE y a votar
Hay una danza de favores en el despacho de los abogados que ya huele a naftalina y a conveniencia política. El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), ese lobby argentino que se mueve con la agilidad de un tiburón en aguas cetáceas, ha fichado a Eduardo Ranz para pelear ante el Tribunal Supremo. El objetivo es sencillo: que los 'nietos del exilio' puedan votar en las generales del 29-N, saltándose la cautelar que les pide demostrar que sus abuelos huyeron por razones políticas entre el 18 de julio de 1936 y el 28 de diciembre de 1978. No es un trámite cualquiera; es intentar abrir la persiana del censo electoral justo a tiempo para las urnas. La elección de Ranz no es casual. Estamos hablando de un hombre que no solo escribió 'No Matarás', sino que tiene el currículum blindado en Memoria Histórica: fue asesor de Dolores Delgado y presume de más de 500 procesos contra la simbología franquista. Es el cirujano perfecto para esta operación. Pero lo verdaderamente cómico, lo que te hace soltar una carcajada mientras pagas la hipoteca, es el caso de Juan Manuel de Hoz. El portavoz de CeDEU hizo un 'combo' de eficiencia administrativa digno de un récord: consiguió la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática y, casi sin dejar que la tinta del BOE se secara el 20 de octubre de 2022, se afilió al PSOE el 1 de diciembre de ese mismo año. Es una coreografía perfecta. Primero te dan el pasaporte gracias a una ley aprobada por el Gobierno en 2022, y luego te pones la camiseta del partido que la redactó. Mientras el ciudadano medio espera meses por una cita en el consulado, aquí la nacionalidad y la militancia parecen venir en el mismo pack de bienvenida. El altruismo que pregona CeDEU suena, en este contexto, a música de ascensor: agradable, pero diseñada para que no notes que no te mueves de sitio.
Puerta del Sol: de plaza a piscina
Madrid tiene una nueva atracción turística: el 'Aqua-Sol'. Mientras el ciudadano medio pelea con el precio del alquiler y el recibo de la luz, un grupo de acampados ha decidido que la fuente de la Puerta del Sol es, básicamente, su club de playa privado. Sillas, colchonetas y un despliegue de relax absoluto en plena vía pública, aprovechando que octubre ha decidido jugar a ser agosto. Llevan casi un mes instalados, convirtiendo el corazón de la capital en un campamento donde la Delegación del Gobierno parece haber perdido el mando a distancia de la autoridad. Desde la sede de la Comunidad de Madrid, que curiosamente está ahí mismo, miran el espectáculo con una mezcla de horror y oportunidad política. Isabel Díaz Ayuso no ha perdido el tiempo y ha soltado el látigo en el pleno de la Asamblea este jueves, comparando la escena con las playas de Ceuta y asegurando que la izquierda está «reventando» Madrid. Para la presidenta, esto no es una protesta por la vivienda, sino un secuestro de las calles orquestado por quienes temen perder las elecciones. Una narrativa potente, aunque el agua de la fuente siga salpicando los zapatos de los transeúntes. Mientras tanto, el Ayuntamiento juega al juego de las palmaditas en la espalda. Engracia Hidalgo, delegada de Hacienda, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida se han reunido con los comerciantes de la zona, que ven cómo sus ventas se hunden mientras la seguridad y el acceso al Metro se vuelven una carrera de obstáculos. El Consistorio promete estudiar medidas para «compensar de alguna manera» el agujero en las cuentas de los negocios locales. Es la clásica receta administrativa: mucho apoyo moral y reuniones de agenda, pero la piscina municipal de Sol sigue abierta al público, sin socorrista y con una carga política que no se limpia con cloro.
Alemania: ¿Vacaciones largas o turnos suicidas?
Mientras el resto del mundo sueña con la semana de cuatro días para irse a leer un libro o rescatar un gato, en Alemania el canciller Friedrich Merz ha decidido que la verdadera libertad es trabajar como si fueras un bombero en pleno incendio, pero en una oficina. El 13 de octubre, Merz le soltó a la patronal BDA una idea que suena a utopía para el jefe y a pesadilla para el lumbago: pasar de un límite diario a uno semanal. Básicamente, propone comprimir la jornada en turnos de 12 horas para liberar días enteros. El 'estuche de muestras' de Merz es una fábrica de sustitutos del plástico en la Lusacia. Allí, en lugar de los tres turnos clásicos de 8 horas, se pegan dos palizas de 12. Merz dice que es 'conciliación', como si llegar a casa después de 12 horas de curro te dejara con energía para jugar al Lego con los niños y no solo para mirar el techo en estado catatónico. La ingeniería financiera del tiempo es sencilla: el techo europeo es de 48 horas semanales. Si trabajas 3 días de 12 horas, sumas 36 y te sobran 4 días. Suena bien hasta que lees a la Fundación Hans Böckler, que advierte que pasar las 12 horas en el puesto duplica el riesgo de accidentes. Es el clásico 'sablazo' a la salud a cambio de un fin de semana largo. Mientras tanto, el tablero político es un caos: Bärbel Bas dimitió el 12 de octubre y Alexander Schweitzer llega al mando en medio de este incendio. Sindicatos como el DGB, con Yasmin Fahimi a la cabeza, ya huelen que esto es el camino rápido para legalizar la precariedad de los repartidores de paquetes. En España, seguimos en el limbo: mientras unos funcionarios ya disfrutan de las 35 horas desde abril de 2026, el sector privado sigue anclado en 1983, esperando que el Plan España 2050 nos salve la vida dentro de tres décadas.
Enchufes de lujo: paga multa por 'no trabajar'
Hay una forma de hacer negocios que es sencillamente envidiable: cobrar un sueldo público sin el incómodo hábito de levantarse temprano ni el estrés de entregar un informe. Jésica Rodríguez, la excompañera sentimental del exministro José Luis Ábalos, ha perfeccionado el arte del 'salario fantasma' en Ineco y Tragsatec. Pero el cuento de hadas del nepotismo ha chocado con la realidad de la Audiencia Nacional. El pasado 14 de octubre, la defensa de Rodríguez decidió depositar 4.000 euros en el juzgado. No es un acto de generosidad espontánea, sino una maniobra de ingeniería jurídica basada en el artículo 21.5 del Código Penal. Traducido al cristiano: intentar comprar una atenuante para que el juez sea más amable cuando llegue la hora de las cuentas. Mientras el ciudadano medio suda tinta para cuadrar el presupuesto mensual, aquí se juega con la responsabilidad civil como quien deja una señal en un parking. La imputación, confirmada hace cinco días por la Sala de lo Penal, es clara: cobrar sin trabajar. Rodríguez misma admitió ante el Tribunal Supremo que su currículum era, básicamente, su vínculo personal con Ábalos. Para rematar la jugada, el guion incluía instrucciones precisas de Koldo García, el asesor estrella, para mentir sobre sus funciones en ADIF y decir que trabajaba para 'Joseba', el hermano de Koldo. Todo un ecosistema de favores donde el mérito era el último invitado de la fiesta. Ahora, el magistrado Ismael Moreno tiene sobre la mesa este depósito, que intenta borrar el rastro de un privilegio que costó dinero público y cero horas de oficina.
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