Crítica:
El texto original es una joya de la exposición, aunque peca de ser demasiado amable con la 'provisionalidad' del acuerdo. No cuestiona lo suficiente por qué el Ejecutivo europeo puede ignorar al TJUE durante un año sin consecuencias reales.
El acuerdo UE-Marruecos lleva un año aplicado provisionalmente por el temor de Bruselas a llevarlo al Parlamento
Bruselas esquiva la ley con tomates marroquíes
Otros artículos
Nucleares: el plan para no cerrar
Hay quien dice que el calendario de cierre de las nucleares en España es sagrado, pero en el Foro Nuclear ya están midiendo el viento. Marta Ugalde, presidenta de la entidad, ha soltado el anzuelo en un curso con la Asociación de la Prensa de Madrid: quieren 'sosegadamente' repensar el cierre de aquí a 2030. Traducción para mortales: están esperando a ver quién gana las elecciones para intentar que el reloj se detenga o, al menos, que camine más despacio. El argumento es el de siempre, envuelto en papel de regalo tecnológico. Hablan de 'neutralidad tecnológica' e 'inversiones continuas' para renovar equipos. Básicamente, piden que el Estado no les cierre la persiana mientras ellos siguen invirtiendo en el negocio. Para justificarlo, miran hacia Estados Unidos, donde la central North Anna —la gemela de nuestras Ascó y Almaraz— presume de licencias de hasta 80 años. Es como decir que, porque el vecino tiene un coche clásico que aún arranca, nosotros deberíamos mantener el nuestro en el garaje aunque el motor tosa. Sobre Almaraz, la jugada es más cínica. Una orden ministerial ya ha alargado su vida útil tres años, alegando que reduce el consumo de gas en un 7 %. Un porcentaje que suena a gloria en los despachos, pero que en la calle es el típico 'ajuste de cuentas' para no quedar expuestos a los mercados internacionales. Ugalde jura que esto no cambia la política energética del PNIEC, pero luego admite que ven una 'oportunidad' para modificar el calendario. Es la clásica maniobra de quien dice que no quiere cambiar de planes mientras ya tiene el mapa nuevo desplegado sobre la mesa y el teléfono listo para llamar a los partidos políticos.
Millones para ratas y basureras inteligentes
Bruselas ha decidido abrir el grifo y soltar 74,3 millones de euros para 27 proyectos medioambientales en España. Suena a gloria, pero cuando desglosas la factura, la realidad tiene un tinte surrealista. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma su sueldo, la Unión Europea ha decidido que la prioridad absoluta es el desmán ibérico. Sí, la famosa 'rata trompetera' se lleva 13,2 millones de euros para no desaparecer, una cifra que haría palidecer a cualquier pyme local en plena crisis. El reparto sigue una lógica casi poética. La alondra ricotí se lleva 10,8 millones y el tritón del Montseny —del que quedan menos de 3.500 ejemplares en Cataluña— absorbe 6,5 millones. Mientras tanto, en Canarias y Baleares, se gastarán 4,9 millones en una guerra contra serpientes invasoras, como si estuviéramos en una película de serie B. Pero no todo es fauna exótica. Hay un toque de ciencia ficción en Cáceres, donde 2,7 millones de euros servirán para que 982 contenedores tengan inteligencia artificial. Básicamente, el cubo de la basura ahora será más listo que el gestor que aprobó la partida. En Murcia, se lanzan 2,2 millones para limpiar aguas residuales en la cuenca del Segura, intentando que el agua no sea un recuerdo lejano, y en Sevilla, 4,5 millones convertirán las podas de los olivares en gas, evitando que el campo parezca una barbacoa gigante. Para rematar el cuadro, en Cataluña intentarán que 378 inmuebles en Olot y Sant Joan de les Abadesses vuelvan al alquiler asequible asesorando a 640 propietarios. Todo esto es parte de un pastel europeo de 579 millones de euros, donde Bruselas pone 390 millones y el resto lo ponen los locales. Un despliegue de generosidad que nos recuerda que, en Europa, salvar a una rata es, a veces, más rentable que salvar el bolsillo del vecino.
Menores bajo la lluvia: el 'papelito' manda
Hay una coreografía muy depurada en la gestión de la miseria: primero se desalojan los asentamientos con la eficiencia de quien limpia un trastero y luego se deja que los protagonistas duerman bajo la lluvia. El domingo, la Policía Nacional decidió que era el momento de 'limpiar' Los Rosales, el Poblado de Regulares y las naves del Tarajal. El resultado fue un operativo que sacó a 500 personas de la calle, de las cuales casi la mitad eran niños. Unos 200 menores fueron retirados del Tarajal, pero el destino final no fue una cama, sino el Paseo de Colón. Imaginen la escena: más de 50 chavales pasando la noche frente a la Jefatura Superior de Policía, como quien espera la apertura de una tienda en rebajas, pero con carteles que rezan «Soy menor» y el frío calando los huesos. A las 10:00 del lunes, los agentes empezaron a dejarlos entrar en grupos de diez, como si estuvieran gestionando la cola de un banco, para filiarlos antes de mandarlos a alguno de los once centros de acogida de la ciudad. Lo absurdo es que, mientras el delegado del Gobierno, David De la Encina, presume de cifras, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, soltó la bomba: esos niños podrían haber dormido en un centro porque había sitio. O sea, que la burocracia del 'papelito' pesó más que el sentido común y la lluvia. Mientras tanto, el ping-pong político entre Vivas y Fernando Grande-Marlaska sigue su curso. Marlaska dice que Ceuta no hace los deberes; Vivas responde que el Gobierno central es el que no sabe negociar con Marruecos, lanzando un dato que dinamita cualquier narrativa de eficiencia: solo 160 expedientes de repatriación iniciados de un universo de entre 3.500 y 4.000 menores. En resumen, los niños son el balón en un partido donde los jugadores se pelean por quién tiene la culpa mientras los menores esperan en la acera.
Nacionalidad express: cónsules al banquillo por fotocopias
Parece que en algunos consulados españoles el rigor administrativo ha pasado a ser una sugerencia opcional, algo parecido a cuando ignoramos los términos y condiciones de una app. Manos Limpias, con Miguel Bernad Remón al mando, ha lanzado una piedra el pasado 14 de octubre que ha aterrizado directamente en la Fiscalía Anticorrupción. El motivo: nueve responsables consulares en Cuba, Argentina, México y Venezuela que, presuntamente, han gestionado la 'Ley de Nietos' con la ligereza de quien firma un ticket de parking. La denuncia apunta a que en La Habana, Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Caracas se han aceptado fotocopias como si fueran el Santo Grial, saltándose verificaciones básicas. Es la burocracia en modo 'fast track': nacionalidades concedidas sin mirar si el árbol genealógico era real o un invento de última hora. En el centro del tablero aparece Sofía Puente Santiago, hermana del ministro Óscar Puente, quien el 25 de octubre de 2022 firmó la instrucción que flexibilizó la presunción de exilio entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Para Manos Limpias, esto es como intentar ampliar la capacidad de un vaso echándole agua con un embudo: una instrucción administrativa no puede inflar los derechos de una ley. El ruido llega justo cuando el Tribunal Supremo pone la lupa sobre los efectos electorales de estas nacionalizaciones, que afectan a unos 163.000 españoles residentes en el extranjero. Con las generales del 29 de noviembre en el horizonte, el censo electoral se ha convertido en el campo de batalla. Mientras el Defensor del Pueblo pelea en el Tribunal Constitucional, la Fiscalía deberá decidir si los artículos 390, 391 y 404 del Código Penal tienen que aplicarse a quienes confundieron la diplomacia con una agencia de viajes express hacia la ciudadanía española.
Suministros en Chafarinas: el 'reparto' que pone nerviosos a Rabat
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'bonito perro' mientras buscas la correa. En el Estrecho, el juego es más rudo. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite en el súper, el buque 'Mar Caribe' juega al repartidor de Amazon, pero con combustible y agua potable para los puestos militares en Alhucemas y las Islas Chafarinas. Un despliegue logístico que, para Rabat, no es más que un recordatorio molesto de que España sigue plantando la bandera en zonas que Marruecos desea como quien desea el último trozo de tarta en una cena familiar. El 'Mar Caribe' no es un crucero de lujo; es un bicho de 1.860 toneladas, 57 metros de eslora y 11,8 metros de manga que sale de Cádiz para que los soldados no pasen sed ni se queden sin gasoil. Desde enero de 2010, este barco ha sido el pulmón de las posiciones en el norte de África y las islas Alborán, haciendo el trabajo sucio tras la retirada de dos buques especializados. Es una rutina militar, sí, pero en el tablero geopolítico nada es rutina. El timing es la clave del sarcasmo. El movimiento coincide con las visitas del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla, un paseo institucional que en Rabat se lee como un desafío. Lo curioso es el silencio actual de Marruecos. No es el mismo ruido que hubo en 2007, cuando la visita del rey Juan Carlos terminó con la retirada del embajador marroquí de Madrid. Ahora callan, pero observan cada nudo marinero y cada litro de combustible que desembarca el 'Mar Caribe'. Saben que, en este tablero, el suministro es la mejor forma de decir: 'Aquí seguimos y no nos movemos'.
Ceuta: el mando a distancia de la invasión
Mover a un grupo de personas es complejo; coordinar el desplazamiento de entre 75.000 y 85.000 individuos es, sencillamente, una operación logística que haría palidecer a cualquier multinacional de transportes. No ocurre por arte de magia ni por un impulso colectivo espontáneo. Alguien pagó el autobús, alguien coordinó el reloj y alguien, muy probablemente, miraba el mapa desde un despacho climatizado. La juez Tardón lo sabe y ha decidido dejar de mirar la superficie para empezar a hurgar en la maquinaria. El camino es claro: seguir el rastro del dinero y los datos. No se puede montar un despliegue de tal magnitud sin una ingeniería financiera que deje huella. Por eso, la magistrada ha puesto en el punto de mira los 'sistemas hawala' —esas transferencias informales que son el agujero negro de la banca tradicional— y ha pedido a la UDEF y a la UCO que rastreen los movimientos económicos que financiaron la movilización de los días 30 y 31 de julio de 2026. Es como intentar encontrar quién pagó la cuenta de una cena masiva donde nadie quiere admitir que estuvo presente. Pero hay más. La juez no solo busca billetes, busca ojos en el cielo. Ha reclamado al CEO de la tecnológica HI IBERIA los registros de la herramienta SEDA. Quiere saber quién pidió imágenes satelitales de la zona de El Tarajal y la frontera con Castillejos entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026. Básicamente, quiere saber quién estaba haciendo 'zoom' sobre la frontera mientras se cocinaba el asalto. Para rematar el cuadro, el Director del CETI de Ceuta deberá soltar todas las comunicaciones emitidas y recibidas. En resumen: la justicia busca el mando a distancia de una invasión que, según los números, fue más un despliegue coordinado que un accidente migratorio.
Casa 47: El portal público juega sucio
Resulta fascinante observar cómo el Estado, en su infinita capacidad de predicar una cosa y ejecutar la contraria, lanza Casa 47 para 'salvar' el mercado de la vivienda y termina, posiblemente, tropezando con su propia alfombra. Facua ha decidido que ya es hora de pasar la lupa por el portal público, después de haberle dado un buen lavado de orejas a los pesos pesados del sector: Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Habitaclia, Ya Encontré y Milanuncios. La jugada es sencilla: Facua analizó 102 anuncios en ciudades donde el alquiler es, básicamente, un deporte de riesgo financiero. El resultado es para echarse a llorar. En Barcelona, solo 4 de 30 anuncios cumplen la ley. En Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Santiago de Compostela y Barakaldo, el cumplimiento es un concepto abstracto; todos fallaban. Estamos hablando del artículo 20 del Real Decreto-ley 29/2026, que pide transparencia, índices de referencia y que se diga si el casero es un 'gran tenedor' o simplemente alguien con suerte. Pero lo mejor es el giro de guion. Casa 47, el portal del Gobierno, parece que también ha olvidado poner la calificación energética o avisar que el piso está en una 'zona tensionada'. En Cataluña, el Observatorio del Alquiler ha detectado 93 inmuebles; 84 de ellos están en zonas tensionadas, pero la información es más esquiva que un político en campaña. Desde Vic (con rentas de 439 a 800 euros) hasta Vidreres (donde llegan a los 1.012 euros), el portal público parece jugar al mismo juego de sombras que los privados. Al final, parece que para el Gobierno, la transparencia es como el azúcar en una dieta estricta: saben que es necesaria, pero prefieren evitarla para no engordar la crítica.
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