Crítica:
El texto original es un ejercicio de equilibrio precario que lanza la acusación pero se apresura a decir que no hay pruebas de fraude electoral. Demasiada cautela jurídica para una noticia que huele a nepotismo y oportunismo político.
El texto original es un ejercicio de equilibrio precario que lanza la acusación pero se apresura a decir que no hay pruebas de fraude electoral. Demasiada cautela jurídica para una noticia que huele a nepotismo y oportunismo político.
En Bruselas han descubierto que la mejor forma de gestionar un problema es hacer como que no existe, o mejor aún, aplicarlo 'provisionalmente' mientras el Parlamento Europeo duerme la siesta. Ursula von der Leyen y su equipo han montado un tinglado comercial con la dinastía alauí que es una auténtica obra de ingeniería financiera y diplomática, diseñada para esquivar una sentencia del TJUE del 4 de octubre de 2024. El tribunal luxemburgués fue claro: nada de aranceles cero ni etiquetas marroquíes para productos del Sáhara Occidental sin preguntar al pueblo saharaui. Pero claro, en la política de alto nivel, las sentencias judiciales son como las sugerencias en una caja de quejas: se leen, pero no siempre se hacen caso. Para evitar que Rabat abra las válvulas de la presión migratoria —un chantaje que ya vimos en Ceuta—, la Comisión Europea se ha inventado un 'apaño' en octubre de 2025. En lugar de respetar la ley, han decidido jugar al juego de las palabras. Ahora, los tomates no vienen del Sáhara, sino de 'Dakhla Oued Ed-Dahab' o 'El Aaiún-Sakia El Hamra'. Es como si para evitar una multa de tráfico, cambiaras el nombre de tu coche por 'carruaje vintage'; el coche sigue siendo el mismo, pero el papel dice otra cosa. Mientras tanto, el agricultor español de tomate está pagando el pato. Sus ventas al continente han caído un 37% en una década y su producción un 20%. Mientras nosotros contamos los céntimos, Bruselas envía fondos para regadíos y energía al desierto, intentando colar que el consentimiento saharaui es 'implícito' porque hay dinero de por medio. Un razonamiento que en la calle llamaríamos 'comprar el silencio'. El acuerdo sigue en el limbo porque von der Leyen sabe que llevarlo al Parlamento es jugar a la ruleta rusa: una moción del PP ya casi tumba el etiquetado el pasado 26 de noviembre, fallando por un solo voto debido al veto socialista. Así que, mientras tanto, el acuerdo sigue funcionando en la sombra, como ese contrato de alquiler que nadie firma pero que todos pagan.
Hay una coreografía muy depurada en la gestión de la miseria: primero se desalojan los asentamientos con la eficiencia de quien limpia un trastero y luego se deja que los protagonistas duerman bajo la lluvia. El domingo, la Policía Nacional decidió que era el momento de 'limpiar' Los Rosales, el Poblado de Regulares y las naves del Tarajal. El resultado fue un operativo que sacó a 500 personas de la calle, de las cuales casi la mitad eran niños. Unos 200 menores fueron retirados del Tarajal, pero el destino final no fue una cama, sino el Paseo de Colón. Imaginen la escena: más de 50 chavales pasando la noche frente a la Jefatura Superior de Policía, como quien espera la apertura de una tienda en rebajas, pero con carteles que rezan «Soy menor» y el frío calando los huesos. A las 10:00 del lunes, los agentes empezaron a dejarlos entrar en grupos de diez, como si estuvieran gestionando la cola de un banco, para filiarlos antes de mandarlos a alguno de los once centros de acogida de la ciudad. Lo absurdo es que, mientras el delegado del Gobierno, David De la Encina, presume de cifras, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, soltó la bomba: esos niños podrían haber dormido en un centro porque había sitio. O sea, que la burocracia del 'papelito' pesó más que el sentido común y la lluvia. Mientras tanto, el ping-pong político entre Vivas y Fernando Grande-Marlaska sigue su curso. Marlaska dice que Ceuta no hace los deberes; Vivas responde que el Gobierno central es el que no sabe negociar con Marruecos, lanzando un dato que dinamita cualquier narrativa de eficiencia: solo 160 expedientes de repatriación iniciados de un universo de entre 3.500 y 4.000 menores. En resumen, los niños son el balón en un partido donde los jugadores se pelean por quién tiene la culpa mientras los menores esperan en la acera.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'bonito perro' mientras buscas la correa. En el Estrecho, el juego es más rudo. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite en el súper, el buque 'Mar Caribe' juega al repartidor de Amazon, pero con combustible y agua potable para los puestos militares en Alhucemas y las Islas Chafarinas. Un despliegue logístico que, para Rabat, no es más que un recordatorio molesto de que España sigue plantando la bandera en zonas que Marruecos desea como quien desea el último trozo de tarta en una cena familiar. El 'Mar Caribe' no es un crucero de lujo; es un bicho de 1.860 toneladas, 57 metros de eslora y 11,8 metros de manga que sale de Cádiz para que los soldados no pasen sed ni se queden sin gasoil. Desde enero de 2010, este barco ha sido el pulmón de las posiciones en el norte de África y las islas Alborán, haciendo el trabajo sucio tras la retirada de dos buques especializados. Es una rutina militar, sí, pero en el tablero geopolítico nada es rutina. El timing es la clave del sarcasmo. El movimiento coincide con las visitas del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla, un paseo institucional que en Rabat se lee como un desafío. Lo curioso es el silencio actual de Marruecos. No es el mismo ruido que hubo en 2007, cuando la visita del rey Juan Carlos terminó con la retirada del embajador marroquí de Madrid. Ahora callan, pero observan cada nudo marinero y cada litro de combustible que desembarca el 'Mar Caribe'. Saben que, en este tablero, el suministro es la mejor forma de decir: 'Aquí seguimos y no nos movemos'.
Mover a un grupo de personas es complejo; coordinar el desplazamiento de entre 75.000 y 85.000 individuos es, sencillamente, una operación logística que haría palidecer a cualquier multinacional de transportes. No ocurre por arte de magia ni por un impulso colectivo espontáneo. Alguien pagó el autobús, alguien coordinó el reloj y alguien, muy probablemente, miraba el mapa desde un despacho climatizado. La juez Tardón lo sabe y ha decidido dejar de mirar la superficie para empezar a hurgar en la maquinaria. El camino es claro: seguir el rastro del dinero y los datos. No se puede montar un despliegue de tal magnitud sin una ingeniería financiera que deje huella. Por eso, la magistrada ha puesto en el punto de mira los 'sistemas hawala' —esas transferencias informales que son el agujero negro de la banca tradicional— y ha pedido a la UDEF y a la UCO que rastreen los movimientos económicos que financiaron la movilización de los días 30 y 31 de julio de 2026. Es como intentar encontrar quién pagó la cuenta de una cena masiva donde nadie quiere admitir que estuvo presente. Pero hay más. La juez no solo busca billetes, busca ojos en el cielo. Ha reclamado al CEO de la tecnológica HI IBERIA los registros de la herramienta SEDA. Quiere saber quién pidió imágenes satelitales de la zona de El Tarajal y la frontera con Castillejos entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026. Básicamente, quiere saber quién estaba haciendo 'zoom' sobre la frontera mientras se cocinaba el asalto. Para rematar el cuadro, el Director del CETI de Ceuta deberá soltar todas las comunicaciones emitidas y recibidas. En resumen: la justicia busca el mando a distancia de una invasión que, según los números, fue más un despliegue coordinado que un accidente migratorio.
Resulta fascinante observar cómo el Estado, en su infinita capacidad de predicar una cosa y ejecutar la contraria, lanza Casa 47 para 'salvar' el mercado de la vivienda y termina, posiblemente, tropezando con su propia alfombra. Facua ha decidido que ya es hora de pasar la lupa por el portal público, después de haberle dado un buen lavado de orejas a los pesos pesados del sector: Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Habitaclia, Ya Encontré y Milanuncios. La jugada es sencilla: Facua analizó 102 anuncios en ciudades donde el alquiler es, básicamente, un deporte de riesgo financiero. El resultado es para echarse a llorar. En Barcelona, solo 4 de 30 anuncios cumplen la ley. En Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Santiago de Compostela y Barakaldo, el cumplimiento es un concepto abstracto; todos fallaban. Estamos hablando del artículo 20 del Real Decreto-ley 29/2026, que pide transparencia, índices de referencia y que se diga si el casero es un 'gran tenedor' o simplemente alguien con suerte. Pero lo mejor es el giro de guion. Casa 47, el portal del Gobierno, parece que también ha olvidado poner la calificación energética o avisar que el piso está en una 'zona tensionada'. En Cataluña, el Observatorio del Alquiler ha detectado 93 inmuebles; 84 de ellos están en zonas tensionadas, pero la información es más esquiva que un político en campaña. Desde Vic (con rentas de 439 a 800 euros) hasta Vidreres (donde llegan a los 1.012 euros), el portal público parece jugar al mismo juego de sombras que los privados. Al final, parece que para el Gobierno, la transparencia es como el azúcar en una dieta estricta: saben que es necesaria, pero prefieren evitarla para no engordar la crítica.
El Senado siempre ha sido el patito feo de la política española, esa cámara que sirve más para que los senadores echen la siesta que para legislar. Pero cuidado, que el patito tiene colmillos. El 27 de octubre de 2017, el Senado fue el muro de contención que frenó el delirio secesionista con 214 votos a favor del artículo 155, mientras 47 decían que no y uno se quedaba mirando. En aquel entonces, el PSOE jugaba en el equipo de la Constitución, salvo por las excepciones de José Montilla y Francesc Antich, que ya olían el viento del cambio. Ahora, la película ha cambiado y el guion es puro surrealismo. El PSOE ha cruzado el Rubicón y se ha mudado al barrio de la insurgencia para mantener a Sánchez en La Moncloa. La jugada maestra es el acuerdo en 46 provincias con la extrema izquierda para formar el 'Frente Amplio'. Básicamente, es como intentar que el lobo cuide a las ovejas para evitar que el pastor use el bastón. Si logran darle la vuelta al reparto en plazas como Valencia, Castellón, Badajoz, Cádiz o Zaragoza, podrían blindar el Senado contra cualquier intento de aplicar el 155 en un futuro 'procés'. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la caja del súper, en el tablero político se reparten los 208 senadores electos del 29 de noviembre y los 58 designados por las autonomías. El PP llega con una ventaja cómoda de 120 frente a los 72 del PSOE, pero la ingeniería electoral del Frente Amplio busca dinamitar esa mayoría. Si Junts y ERC deciden que 'lo volverán a hacer', el Senado podría pasar de ser el freno de mano a ser la alfombra roja, dependiendo de si los parlamentos autonómicos de mayo de 2027 mantienen los 16 escaños actuales de la derecha o si el tablero se vuelve a barajar.
El presidente Pedro Sánchez ha pasado de evitar los canapés del Palacio Real el año pasado —para no dar explicaciones sobre esa caja B que el juez Ismael Moreno sigue diseccionando en la Audiencia Nacional— a jugar a ser el optimista del grupo. Este 12 de octubre, el jefe del Ejecutivo se paseó entre periodistas vendiendo una remontada milagrosa, asegurando que va primero en unas encuestas que, curiosamente, solo existen en su imaginario o en el Excel de su despacho, ya que las privadas siguen poniendo a Alberto Núñez Feijóo en el trono. Es el clásico truco del capitán que sonríe mientras el barco hace agua: si dices que vas ganando, quizá el electorado se lo crea. Pero bajando al barro, la realidad es que el PSOE está operando con la ansiedad de quien ve que la tarjeta de crédito está al límite. Han disparado la bengala de las pensiones demasiado pronto, un movimiento desesperado que Feijóo neutralizó en un abrir y cerrar de ojos con un 'no se tocan'. Mientras tanto, el partido se desangra en hipocresías: desde la dimisión de su portavoz por tener una pareja que es, básicamente, el 'buitre inmobiliario' que ellos mismos critican en los mítines, hasta el recuerdo de las joyas de Zapatero o los pisos de Ábalos. La situación es tan delicada que los cargos del Gobierno se están dando codazos por un hueco en las listas al Congreso y al Senado, tratándolas como botes salvavidas en mitad del Atlántico. A esto sumémosle el 'regalito' de Ceuta, con buques marroquíes entrando en aguas españolas sin que el Ejecutivo soltara prenda en dos meses y medio. Como bien dice Iván Redondo, el exestratega que ahora analiza el desastre desde la barrera, Sánchez está a 'diez escaños y un penalti'. Mucho 'Yes we can' en los carteles, pero en la calle el barniz se está pelando.
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