Crítica:
El texto original es un despliegue de visceralidad que mezcla hechos con insultos citados para provocar. La disparidad de cifras de participación (19% vs 60%) deja claro que el dato es el primer rehén de la batalla política.
Los profesores en huelga de Madrid usan a niños como parapetos en sus protestas: "Ayuso el que no bote"
Niños de escudo en huelga docente
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Sánchez en TVE: Masaje VIP con Broncano
Hay paseos militares que no necesitan desfile, solo un plató de TVE y un presentador que confiesa, entre risas, que la neutralidad es un deporte extremo. Pedro Sánchez aterrizó en 'La Revuelta' el 22 de octubre de 2026 no para rendir cuentas, sino para hacerse un masaje de imagen pagado con el dinero de todos. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra y ve la vivienda como un sueño inalcanzable, el presidente despachó el drama inmobiliario con un optimismo macroeconómico que suena a chiste de mal gusto: dice que hay empleo y salarios dignos, ignorando que para muchos alquilar un zulo ya es un lujo.
RTVE: El cajero infinito de la SEPI
Gestionar RTVE es, básicamente, jugar al Monopoly con el dinero de los demás y esperar que nadie mire el tablero. José Pablo López, el timonel de la corporación, ha vuelto a estirar la mano hacia la SEPI para pedir una aportación extra de 90 millones de euros. De esos, ya se ha gastado 30 millones como quien saca dinero del cajero para pagar una cena que no puede costear. El objetivo es 'competir' con las privadas, que en lenguaje llano significa pagar el Mundial de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de Invierno mientras el resto de los mortales miramos la cuenta del súper con angustia. Lo fascinante no es el gasto, sino la gimnasia mental. En el Congreso, ante las preguntas de Vicente Azpitarte y Arenales Serrano, López ha practicado el arte del silencio selectivo. Resulta curioso que, mientras en 2025 presumía de que los 63 millones recibidos seguían intactos en la contabilidad, ahora necesite un nuevo rescate. Es la magia de la ingeniería financiera pública: el dinero existe y no existe según sople el viento político. Sumando los 100 millones de 2024, la cuenta ya asciende a un sablazo considerable que el ciudadano paga sin haber firmado el contrato. Pero el verdadero 'agujero contable' es la joya de la corona: un pleito del IVA que el auditor sitúa cerca de los 1.000 millones de euros. Para evitar que la cadena se hunda, el Gobierno prepara un real decreto —esta vez esquivando a Junts en la Diputación Permanente— para que la Administración pague la factura. Mientras tanto, los sindicatos UGT y el Sindicato Independiente asienten en el Comité Intercentros, esperando un nuevo contrato programa que, seguramente, servirá para justificar que el servicio público es caro, pero muy necesario para que los consejeros desfilen por el Festival de San Sebastián.
Montero: tres casas y discurso de alquiler
Hay una distancia sideral entre el discurso de salón y la escritura de propiedad. María Jesús Montero, la secretaria general del PSOE-A, nos vende en redes sociales que la vivienda debe estar «al servicio de las personas» y no del mercado, con un tono que casi huele a incienso social. Nos habla de Mari Carmen y los desahucios como quien lee un poema triste, asegurando que quien no vea el problema es porque no conoce la calle. El detalle es que la calle que conoce Montero es, probablemente, la que lleva a sus tres viviendas en Sevilla, además de un local y un garaje, todos en la misma capital. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que no le suban el alquiler, la declaración patrimonial de la senadora, registrada el 27 de julio de 2026, revela una ingeniería inmobiliaria montada entre 2004 y 2006. No es que haya comprado un piso para vivir; es que se montó un portfolio. Para lograrlo, tiró de tarjeta bancaria con dos hipotecas que sumaron un importe inicial de 328.808 euros. Una de ellas, la más ambiciosa, fue de 240.000 euros en 2006, justo cuando la burbuja inmobiliaria estaba en su punto más delirante. Hoy, el saldo pendiente de esos préstamos es de 70.928 euros (31.214 de la primera y 39.714 de la segunda). Es decir, Montero ya ha liquidado casi todo el sablazo bancario y ahora disfruta del pleno dominio del 50% de sus activos bajo régimen de gananciales. Resulta fascinante que use el mercado inmobiliario como arma arrojadiza contra Juanma Moreno y los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027, cuando su propio patrimonio es el resultado perfecto de haber sabido jugar el juego del mercado en el momento preciso. La coherencia, al parecer, no entra en el registro de la propiedad.
Nacionalidad: la memoria que cambia de bando
Hay una ironía deliciosa en el aire, de esas que huelen a archivador viejo y conveniencia política. Resulta que la Asociación Descendientes del Exilio ha decidido que su memoria tiene la elasticidad de un chicle. Hace veinte años, concretamente en agosto de 2004, le enviaron un informe al recién estrenado José Luis Rodríguez Zapatero con una petición clarísima: que no se mezclaran los churros con las croquetas. Querían que el Estado distinguiera con bisturí quién fue un exiliado político huyendo de la represión y quién fue un emigrante que simplemente buscaba una vida mejor. Para Ludovica García Arias y compañía, equiparar ambos perfiles era un insulto al sacrificio forzado. Pero el tiempo pasa y los intereses mutan. Tras la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez, que permitió que más de 370.000 nietos se colgaran el pasaporte español sin presentar ni un ticket de compra que acreditara el exilio, la asociación ha pegado un giro de 180 grados. Ahora, que el Tribunal Supremo ha decidido poner orden en el censo electoral tras un recurso de Vox, la entidad se pone el traje de víctima. Pilar Nova Melle ya no quiere bisturíes; ahora califica la exigencia de acreditar la condición de exiliado como un «ataque contra el derecho a voto». Es el clásico baile de la hipocresía institucional: ayer pedían rigor jurídico para no diluir la tragedia del exilio; hoy, cuando el Supremo aplica ese mismo rigor, culpan al PP y a Vox de jugar a la política con el censo de 2027. Resulta fascinante ver cómo una organización fundada para diferenciar el dolor forzado de la migración voluntaria ahora lucha para que cualquiera pueda entrar en el club sin presentar la invitación. Al final, parece que la memoria histórica no es un libro cerrado, sino una pizarra que se borra según sople el viento electoral.
Puente y el 'copia y pega' de nacionalidades
Hay una diferencia abismal entre huir de una dictadura con una maleta de cartón y haber tenido un tatarabuelo que se fue a América en el siglo XIX porque el maíz pagaba mejor. Pero para Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, esa distinción era un mero detalle administrativo, una especie de 'error de dedo' que requería una corrección urgente. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por un certificado de empadronamiento, Puente decidió que la Ley de Memoria Democrática era, en realidad, un cupón de nacionalidad abierta para cualquiera que pudiera rastrear un antepasado español en el árbol genealógico. La jugada fue maestra en su sencillez: el 25 de octubre de 2022 lanzó una instrucción que abría la puerta a todo el mundo. El problema es que los formularios oficiales eran demasiado estrictos y pedían pruebas de exilio. ¿La solución? El 14 de febrero de 2023, con la precisión de quien corrige una errata en un menú de restaurante, Puente cambió la redacción para que bastara con ser 'originariamente español'. Así, sin más, el concepto de 'exilio' se volvió elástico como un chicle, permitiendo que descendientes de emigrantes de hace más de un siglo se colaran en el censo. El resultado es un agujero contable de identidad: más de 2,4 millones de solicitudes y un Tribunal Supremo que ha tenido que poner el freno de mano, suspendiendo el voto de 163.020 personas para las elecciones del 29-N. Ahora, un juzgado de Madrid, bajo la mirada de la magistrada Inmaculada Lova, ha admitido a trámite una querella por prevaricación impulsada por Hazte Oír. Al final, la 'voluntad del legislador' terminó pareciendo más bien una gestión familiar, considerando que Sofía es hermana del ministro Óscar Puente. Una ingeniería jurídica fascinante donde el exilio ya no es un trauma histórico, sino un trámite de ventanilla.
Ley de Nietos: el coladero del voto
El Gobierno ha jugado al póker con el censo electoral y, como suele pasar, la mano le ha salido mal. La Ley de Memoria Democrática, que nació con la nobleza de reparar el exilio, ha acabado siendo un 'todo vale' administrativo. Gracias a la creativa ingeniería jurídica de Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica, bastaba con encontrar una partida de nacimiento de un bisabuelo que emigrara en el siglo XIX para obtener el pasaporte y el voto. Básicamente, se ha pasado de buscar víctimas del franquismo a hacer un casting masivo de genealogía donde cualquiera con un ancestro español podía colarse en la fiesta. Ahora, con las elecciones del 29-N en el horizonte, el Tribunal Supremo ha pinchado el globo y el Ejecutivo ha entrado en pánico. Han trasladado el marrón a los consulados, obligando a diplomáticos agotados y con bajas por estrés a filtrar a 163.020 personas. Es como pedirle a un cajero de supermercado que, en plena hora punta, revise si cada cliente que ha comprado pan tiene el ticket de hace diez años para saber si es 'exiliado real' o simplemente un turista con suerte. El cónsul de Rosario, Pablo Platas, ya lo admitió: nacionalizaron familias enteras, tataranietos incluidos, en expedientes que se resolvían en seis u ocho meses. Mientras tanto, la Oficina del Censo Electoral intenta depurar una lista que es un auténtico coladero. El resultado es una comedia del absurdo: miles de personas recibirán sus papeletas, pero el 4 de diciembre, durante el recuento del voto CERA, el sistema podría escupir esos votos como si fueran billetes falsos. Una gestión impecable que convierte la memoria democrática en una lotería electoral.
RTVE: El pozo sin fondo de la SEPI
Gestionar la televisión pública parece haberse convertido en un ejercicio de magia financiera donde el truco consiste en hacer desaparecer el presupuesto y hacer aparecer rescatistas. José Pablo López, el timonel de RTVE, ha vuelto a tirar de la cuerda de la SEPI para pedir una aportación extra de 90 millones de euros. De momento, ya se ha servido los primeros 30 millones, probablemente para que el Mundial de fútbol de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de Invierno no se vieran en blanco. Es el clásico 'sablazo' institucional: mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pánico antes de ir al súper, la cadena pública opera sin presupuestos actualizados desde 2023, navegando a ojo y con la tarjeta de crédito del Estado sin límite. La hipocresía es el plato fuerte. En el Congreso, ante las preguntas de Vicente Azpitarte y Arenales Serrano, López practicó el arte del silencio selectivo. Resulta curioso que, mientras el PP le recordaba los 163 millones ya inyectados entre 2024 y 2025 (incluyendo esos 100 millones del año 2024), el presidente de la Corporación prefiriera no admitir que ya estaba pidiendo más gasolina para el coche. Pero el verdadero agujero negro no son los contenidos, sino el pleito del IVA. El auditor de la casa habla de una cifra que roza los 1.000 millones de euros. Para evitar que RTVE se hunda en ese fango contable, el Gobierno prepara un real decreto para que la Administración pague la cuenta si Hacienda gana. Como el camino ordinario en las Cortes estaba bloqueado, han decidido irse por la puerta trasera de la Diputación Permanente, donde Junts no molesta y la mayoría es un camino despejado. Todo esto mientras UGT y el Sindicato Independiente asienten en el Comité Intercentros, esperando el nuevo contrato programa que redefine, convenientemente, qué significa 'coste neto' en el diccionario del gasto público.
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