Crítica:
El texto original es un panfleto de indignación que confunde la crónica con el ataque personal. Carece de equilibrio, aunque acierta al señalar la peligrosa zona gris entre el entretenimiento y la propaganda institucional.
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Pasaporte español: el nuevo seguro médico VIP
La nacionalidad española, ese tesoro que algunos custodian como el Santo Grial, se ha convertido en el Consulado de México en una especie de tarjeta de fidelidad para privilegiados. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar el DNI, en Ciudad de México se ha montado un 'VIP Pass' donde el pasaporte europeo no es un acto de reparación histórica, sino un ticket gratuito para el quirófano. Resulta fascinante: llegan correos electrónicos pidiendo adelantar expedientes porque alguien necesita una operación urgente. Básicamente, usan la sanidad pública española como un seguro médico premium, pagado con el sudor del contribuyente que ya ve las listas de espera más largas que una cola de descuentos en Black Friday. Pero el 'negocio' no termina en la salud. Para muchos, el pasaporte es simplemente el sésamo abrir para saltarse la cola de visados hacia Estados Unidos. Y claro, en este banquete no faltan los invitados de honor. Según un testimonio interno, la cúpula diplomática ha usado la ley de nietos como moneda de cambio para hacerse amigos de la élite azteca, especialmente de políticos afines al partido Morena, empresarios y artistas. Estos expedientes 'especiales' volaban por encima de los funcionarios, esquivando cualquier control real sobre si sus antepasados fueron exiliados del franquismo o si simplemente tienen un apellido que suena a Castilla. Para rematar la faena, el Gobierno juega al escondite con los números. Mientras el Ejecutivo le dice al Tribunal Supremo que hay 163.000 nacionalizados en el mundo, el trabajador consular suelta la bomba: la cifra es muy superior. Solo en México se estiman unos 60.000, sin contar que consulados como el de Argentina trabajaban 12 horas diarias a ritmo de fábrica textil. Todo esto bajo la bendición de la directriz de Sofía Puente, convirtiendo la ciudadanía en un coladero administrativo donde la ética se ha ido de vacaciones.
RTVE: El cajero infinito de la SEPI
Gestionar RTVE es, básicamente, jugar al Monopoly con el dinero de los demás y esperar que nadie mire el tablero. José Pablo López, el timonel de la corporación, ha vuelto a estirar la mano hacia la SEPI para pedir una aportación extra de 90 millones de euros. De esos, ya se ha gastado 30 millones como quien saca dinero del cajero para pagar una cena que no puede costear. El objetivo es 'competir' con las privadas, que en lenguaje llano significa pagar el Mundial de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de Invierno mientras el resto de los mortales miramos la cuenta del súper con angustia. Lo fascinante no es el gasto, sino la gimnasia mental. En el Congreso, ante las preguntas de Vicente Azpitarte y Arenales Serrano, López ha practicado el arte del silencio selectivo. Resulta curioso que, mientras en 2025 presumía de que los 63 millones recibidos seguían intactos en la contabilidad, ahora necesite un nuevo rescate. Es la magia de la ingeniería financiera pública: el dinero existe y no existe según sople el viento político. Sumando los 100 millones de 2024, la cuenta ya asciende a un sablazo considerable que el ciudadano paga sin haber firmado el contrato. Pero el verdadero 'agujero contable' es la joya de la corona: un pleito del IVA que el auditor sitúa cerca de los 1.000 millones de euros. Para evitar que la cadena se hunda, el Gobierno prepara un real decreto —esta vez esquivando a Junts en la Diputación Permanente— para que la Administración pague la factura. Mientras tanto, los sindicatos UGT y el Sindicato Independiente asienten en el Comité Intercentros, esperando un nuevo contrato programa que, seguramente, servirá para justificar que el servicio público es caro, pero muy necesario para que los consejeros desfilen por el Festival de San Sebastián.
Niños de escudo en huelga docente
Hay una forma muy elegante de pedir mejoras salariales y luego hay la 'vía pedagógica' de usar a niños de primaria como escudos humanos. Así se vivió este jueves frente a la Asamblea de Madrid, donde el calendario escolar fue sustituido por un despliegue de pancartas y saltos coordinados. La escena era surrealista: menores de infantil, que deberían estar aprendiendo a sumar, fueron colocados en primera línea, cara a cara con el cordón policial, coreando un 'Ayuso el que no bote' que suena más a patio de recreo que a reivindicación laboral. La huelga indefinida, que arrancó el 14 de este mes bajo el ala de CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y el Sindicato de Estudiantes, ha pasado de los libros a la calle con una agresividad que asusta. Mientras los niños saltaban, a pocos metros el Sindicato de Estudiantes recordaba que para ellos la policía son 'putos nazis' al servicio de una 'puta nazi' como Isabel Díaz Ayuso. Es el contraste perfecto: la inocencia de un niño sentándose en el asfalto porque le dicen que 'viene Zarzalejo' (la consejera de Educación) y, al lado, radicales fantaseando con 'prender fuego' a la sede de Sol o celebrando que la policía tuviera que cargar para sacar a la presidenta del edificio. Para cerrar el círculo de la hipocresía, Mar Espinar del PSOE apareció para el 'selfie' reglamentario antes de huir, justo el día en que sale a la luz que vive en un piso público de la Universidad Rey Juan Carlos sin cumplir los requisitos. Un lujo inmobiliario que no se puede pagar con el 19% de participación que dice la Comunidad, aunque los sindicatos, en su optimismo habitual, insistan en que el 60% de los docentes se ha unido al paro. Al final, los únicos que han aprendido una lección hoy son los niños: que en política, el profesorado a veces enseña que el parapeto más efectivo es el más pequeño.
Montero: tres casas y discurso de alquiler
Hay una distancia sideral entre el discurso de salón y la escritura de propiedad. María Jesús Montero, la secretaria general del PSOE-A, nos vende en redes sociales que la vivienda debe estar «al servicio de las personas» y no del mercado, con un tono que casi huele a incienso social. Nos habla de Mari Carmen y los desahucios como quien lee un poema triste, asegurando que quien no vea el problema es porque no conoce la calle. El detalle es que la calle que conoce Montero es, probablemente, la que lleva a sus tres viviendas en Sevilla, además de un local y un garaje, todos en la misma capital. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que no le suban el alquiler, la declaración patrimonial de la senadora, registrada el 27 de julio de 2026, revela una ingeniería inmobiliaria montada entre 2004 y 2006. No es que haya comprado un piso para vivir; es que se montó un portfolio. Para lograrlo, tiró de tarjeta bancaria con dos hipotecas que sumaron un importe inicial de 328.808 euros. Una de ellas, la más ambiciosa, fue de 240.000 euros en 2006, justo cuando la burbuja inmobiliaria estaba en su punto más delirante. Hoy, el saldo pendiente de esos préstamos es de 70.928 euros (31.214 de la primera y 39.714 de la segunda). Es decir, Montero ya ha liquidado casi todo el sablazo bancario y ahora disfruta del pleno dominio del 50% de sus activos bajo régimen de gananciales. Resulta fascinante que use el mercado inmobiliario como arma arrojadiza contra Juanma Moreno y los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027, cuando su propio patrimonio es el resultado perfecto de haber sabido jugar el juego del mercado en el momento preciso. La coherencia, al parecer, no entra en el registro de la propiedad.
Nacionalidad: la memoria que cambia de bando
Hay una ironía deliciosa en el aire, de esas que huelen a archivador viejo y conveniencia política. Resulta que la Asociación Descendientes del Exilio ha decidido que su memoria tiene la elasticidad de un chicle. Hace veinte años, concretamente en agosto de 2004, le enviaron un informe al recién estrenado José Luis Rodríguez Zapatero con una petición clarísima: que no se mezclaran los churros con las croquetas. Querían que el Estado distinguiera con bisturí quién fue un exiliado político huyendo de la represión y quién fue un emigrante que simplemente buscaba una vida mejor. Para Ludovica García Arias y compañía, equiparar ambos perfiles era un insulto al sacrificio forzado. Pero el tiempo pasa y los intereses mutan. Tras la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez, que permitió que más de 370.000 nietos se colgaran el pasaporte español sin presentar ni un ticket de compra que acreditara el exilio, la asociación ha pegado un giro de 180 grados. Ahora, que el Tribunal Supremo ha decidido poner orden en el censo electoral tras un recurso de Vox, la entidad se pone el traje de víctima. Pilar Nova Melle ya no quiere bisturíes; ahora califica la exigencia de acreditar la condición de exiliado como un «ataque contra el derecho a voto». Es el clásico baile de la hipocresía institucional: ayer pedían rigor jurídico para no diluir la tragedia del exilio; hoy, cuando el Supremo aplica ese mismo rigor, culpan al PP y a Vox de jugar a la política con el censo de 2027. Resulta fascinante ver cómo una organización fundada para diferenciar el dolor forzado de la migración voluntaria ahora lucha para que cualquiera pueda entrar en el club sin presentar la invitación. Al final, parece que la memoria histórica no es un libro cerrado, sino una pizarra que se borra según sople el viento electoral.
Puente y el 'copia y pega' de nacionalidades
Hay una diferencia abismal entre huir de una dictadura con una maleta de cartón y haber tenido un tatarabuelo que se fue a América en el siglo XIX porque el maíz pagaba mejor. Pero para Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, esa distinción era un mero detalle administrativo, una especie de 'error de dedo' que requería una corrección urgente. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por un certificado de empadronamiento, Puente decidió que la Ley de Memoria Democrática era, en realidad, un cupón de nacionalidad abierta para cualquiera que pudiera rastrear un antepasado español en el árbol genealógico. La jugada fue maestra en su sencillez: el 25 de octubre de 2022 lanzó una instrucción que abría la puerta a todo el mundo. El problema es que los formularios oficiales eran demasiado estrictos y pedían pruebas de exilio. ¿La solución? El 14 de febrero de 2023, con la precisión de quien corrige una errata en un menú de restaurante, Puente cambió la redacción para que bastara con ser 'originariamente español'. Así, sin más, el concepto de 'exilio' se volvió elástico como un chicle, permitiendo que descendientes de emigrantes de hace más de un siglo se colaran en el censo. El resultado es un agujero contable de identidad: más de 2,4 millones de solicitudes y un Tribunal Supremo que ha tenido que poner el freno de mano, suspendiendo el voto de 163.020 personas para las elecciones del 29-N. Ahora, un juzgado de Madrid, bajo la mirada de la magistrada Inmaculada Lova, ha admitido a trámite una querella por prevaricación impulsada por Hazte Oír. Al final, la 'voluntad del legislador' terminó pareciendo más bien una gestión familiar, considerando que Sofía es hermana del ministro Óscar Puente. Una ingeniería jurídica fascinante donde el exilio ya no es un trauma histórico, sino un trámite de ventanilla.
Ley de Nietos: el coladero del voto
El Gobierno ha jugado al póker con el censo electoral y, como suele pasar, la mano le ha salido mal. La Ley de Memoria Democrática, que nació con la nobleza de reparar el exilio, ha acabado siendo un 'todo vale' administrativo. Gracias a la creativa ingeniería jurídica de Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica, bastaba con encontrar una partida de nacimiento de un bisabuelo que emigrara en el siglo XIX para obtener el pasaporte y el voto. Básicamente, se ha pasado de buscar víctimas del franquismo a hacer un casting masivo de genealogía donde cualquiera con un ancestro español podía colarse en la fiesta. Ahora, con las elecciones del 29-N en el horizonte, el Tribunal Supremo ha pinchado el globo y el Ejecutivo ha entrado en pánico. Han trasladado el marrón a los consulados, obligando a diplomáticos agotados y con bajas por estrés a filtrar a 163.020 personas. Es como pedirle a un cajero de supermercado que, en plena hora punta, revise si cada cliente que ha comprado pan tiene el ticket de hace diez años para saber si es 'exiliado real' o simplemente un turista con suerte. El cónsul de Rosario, Pablo Platas, ya lo admitió: nacionalizaron familias enteras, tataranietos incluidos, en expedientes que se resolvían en seis u ocho meses. Mientras tanto, la Oficina del Censo Electoral intenta depurar una lista que es un auténtico coladero. El resultado es una comedia del absurdo: miles de personas recibirán sus papeletas, pero el 4 de diciembre, durante el recuento del voto CERA, el sistema podría escupir esos votos como si fueran billetes falsos. Una gestión impecable que convierte la memoria democrática en una lotería electoral.
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