El texto original es un despliegue de datos registrales sólido, aunque el enfoque es puramente punitivo. Le falta profundizar en si la retención de la VPO es legal tras los plazos de tanteo, aunque la hipocresía moral está servida en bandeja.
Gestionar la seguridad en Ceuta se ha convertido en un ejercicio de optimismo surrealista. Mientras el ciudadano de a pie lucha por cerrar el balance mensual sin entrar en números rojos, el Ministerio del Interior parece jugar al escondite con 15.000 ilegales que han convertido la ciudad en su patio de recreo. La cifra es lapidaria: el 90% de los citados para el triaje —ese trámite básico de huellas y fotos para poder devolverlos a Marruecos— simplemente pasan de la policía. De cada 100 citas, solo diez se presentan. Es como si el Gobierno hubiera enviado invitaciones a una fiesta a la que nadie quiere ir, pero donde todos quieren quedarse a vivir gratis. Lo más delirante no es la ausencia, sino la consigna. Los agentes denuncian que desde arriba les piden 'suavidad'. Básicamente, que inviten a los invasores a acompañarlos y que, si deciden hacer un sprint en dirección contraria, no se use la fuerza. Un 'cachondeo' administrativo que deja a la Policía Nacional en una posición ridícula mientras el SUP advierte que quitar efectivos para mandarlos a la Península es como intentar apagar un incendio quitando mangueras. El balance oficial intenta maquillar el desastre: 13.101 retornos desde el 10 de agosto, 5.400 triajes de adultos y 310 de menores. Pero la realidad de la calle es otra. Los asentamientos del Trampolín y El Tarajal han desaparecido, sí, pero los invasores no se han evaporado; ahora juegan al juego de las sillas en montes y 'pisos patera'. Mientras Juan Jesús Vivas amenaza con ir al Supremo porque el Gobierno ha dejado en el cajón el decreto para agilizar devoluciones, las mujeres de Ceuta viajan a Madrid para gritar que han perdido la libertad. Al final, parece que la prioridad no es solucionar la crisis, sino dejar una 'herencia envenenada' para el siguiente turno.
Parece que en el Ministerio de Justicia han confundido el exilio político con un crucero de placer por el Caribe. La historia es tan surrealista que roza la comedia: para regalar la nacionalidad española bajo la Ley de Nietos, bastaba con presentar un ticket de barco. Sí, un listado de pasajeros de los años 50 con destino a Venezuela servía como 'prueba' de que el abuelo huía de la represión. Una gestión tan relajada que haría palidecer a cualquier portero de discoteca un sábado noche. Sofía Puente, entonces directora general de Fe Pública y Seguridad Jurídica, diseñó una instrucción tan permisiva que convirtió el exilio en un trámite de ventanilla. El resultado es un agujero administrativo del tamaño del Atlántico. De 31.390 expedientes revisados, solo 91 personas han acreditado el exilio de verdad. Noventa y uno. El resto es ruido, nostalgia o simple ingeniería burocrática. En el consulado de Buenos Aires, tras revisar 10.500 papeles, la conclusión es lapidaria: no hay pruebas de exilio, solo gente que se fue de España. Ahora el Tribunal Supremo ha despertado del letargo y ha soltado el sablazo: el derecho al voto para el 29-N queda suspendido para quienes no demuestren que su ancestro fue realmente un perseguido y no alguien que simplemente buscaba mejores horizontes. Félix Bolaños y José Manuel Albares tienen ahora cinco días para entregar la lista de los 'impostores' o se enfrentarán a multas y responsabilidades penales. Mientras tanto, 600.000 personas ya tienen el pasaporte en el bolsillo gracias a una interpretación tan libre que permitió nacionalizar incluso a bisnietos de emigrantes del siglo XIX, mucho antes de que existiera el conflicto que justifica la ley. Un despliegue de generosidad con el patrimonio nacional que deja a cualquiera boquiabierto.
Hay una gimnasia mental admirable en la Moncloa. Por un lado, el discurso oficial nos vende que la especulación es el monstruo que habita en los áticos y que los 'fondos buitre' son los villanos de esta película. Por otro, el presidente Pedro Sánchez lleva practicando el deporte del arrendamiento con una puntualidad suiza desde que pisó el Congreso en septiembre de 2009. Mientras el país se pelea por un zulo en la capital, el líder socialista ha visto cómo su cuenta corriente se engrosaba en unos 240.000 euros gracias a sus inmuebles. No hablamos de una fortuna obscena, pero sí de un goteo constante y cómodo. Dos viviendas y dos plazas de garaje —algunas al 100% desde 1992 y otras al 50% desde 2008— que han funcionado como una hucha automática. Sus declaraciones de bienes son un poema a la estabilidad: rentas anuales que oscilan entre los 12.000 y los 15.000 euros. En 2013 declaraba 14.011,20 euros; en 2016, ya como secretario general, eran 13.711,20 euros. Para cuando llegó a la Moncloa, la cifra seguía ahí, rondando los 13.871,11 euros, y bajando ligeramente hasta los 12.845 euros en 2023. La ironía alcanza niveles estratosféricos cuando recordamos que Sánchez usó la crisis habitacional para adelantar las elecciones al 29 de noviembre. Es el clásico caso de 'haz lo que yo digo, pero no mires mi declaración de la renta'. El contraste es tan fuerte que casi se puede oír el crujido de la hipocresía: demonizar la explotación de viviendas mientras se cobra el alquiler puntualmente cada mes. Al final, resulta que el 'problema de arriba' también tiene una llave en el bolsillo del presidente.
Barcelona volvió a jugar al juego de las llamas este sábado 24 de octubre de 2026, transformando la plaza de Cataluña en un escenario de guerra urbana que haría palidecer a cualquier coreógrafo del caos. Mientras el ciudadano medio intenta que la cuenta del súper no parezca una hipoteca, un grupo de encapuchados decidió que la mejor forma de expresar su malestar era montar barricadas con motos y papeleras en el cruce de la calle Vergara. El resultado: un espectáculo de fuegos artificiales no solicitados, escaparates hechos añicos y una tienda de informática que sufrió una 'auditoría exprés' mediante el saqueo. Los Mossos d'Esquadra, haciendo malabares para despejar la zona, tuvieron que rescatar a clientes y empleados que se habían encerrado en las tiendas como quien se esconde de un acreedor. Todo esto bajo el paraguas de los 'Instituts Indignats', una copia barata del movimiento francés Lycéés Indignés, que demuestra que la rebeldía ahora se importa con catálogo. Mientras tanto, la acampada por la vivienda resistía en el círculo central, mirando de reojo cómo el mobiliario urbano se convertía en leña. Como es costumbre en este teatro, llegaron los aplausos políticos. Salvador Illa lanzó una condena 'rotunda' vía X, asegurando que quien rompe paga, aunque el recibo suele llegar siempre al contribuyente. Desde Vox, el guion fue el de siempre: culpar a Pedro Sánchez de importar el caos francés e italiano, vendiendo el eslogan 'O VOX o caos' como si fuera la única vacuna disponible. Alberto Núñez Feijóo, desde Vigo, añadió su pincelada sobre la convivencia y las urnas, preguntándose si queremos los disturbios de Francia mientras en París 70.000 agentes intentaban que la ciudad no desapareciera bajo los adoquines. En fin, una tarde normal en la capital catalana: fuego, política y el eterno retorno del vandalismo con nombre de derecho.
Hay quien lleva la contabilidad en una app de última generación y hay quien, en el corazón del PSOE, prefiere el romanticismo del sobre y el Excel clandestino. La Fiscalía Anticorrupción ha puesto la lupa sobre una tabla de movimientos de caja que parece más la lista de la compra de un magnate que la gestión de un partido moderno. Hablamos de dinero en efectivo, sacado directamente de las cuentas del BBVA, que fluía hacia la Secretaría de Organización de Ferraz entre 2017 y 2025 con una soltura envidiable. El ritmo era frenético: los primeros años superaban los 100.000 euros anuales. Hubo un pequeño bajón durante la pandemia —quizás por el miedo a tocar billetes con virus— pero en 2023 el grifo se abrió con ganas, superando los 200.000 euros. El Tribunal de Cuentas les pidió que dejaran de jugar al Monopoly con dinero real para tener un control financiero serio, pero en Ferraz decidieron que las advertencias eran sugerencias opcionales. En este baile de sobres, nombres como José Luis Ábalos y Santos Cerdán aparecen como los gestores de turno, mientras que Koldo García recibía sus 'regalitos' en metálico. Incluso Pedro Sánchez no descarta haber participado en este reparto de caramelos para la Comisión Ejecutiva Federal. Mientras la UCO de la Guardia Civil desentraña el caos de unas hojas de gasto que las secretarias rellenaban y nadie revisaba, el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional prepara el terreno. La imputación por financiación irregular parece inevitable, aunque el calendario judicial juegue a hacerle el juego al partido para no dinamitar las elecciones del 29 de noviembre. Mientras tanto, el juez Santiago Pedraz sigue rastreando la 'cloaca' de Cerdán para perseguir jueces, demostrando que, en Ferraz, el efectivo no solo servía para pagar, sino para silenciar.
Hay medallas que brillan tanto que terminan cegando el sentido común. En el mundo de la Policía Nacional, ciertas chapañas en la solapa no son solo para presumir en las cenas familiares; son, básicamente, un bono mensual que infla el sueldo entre un 10% y un 20%. Un complemento por 'riesgo extraordinario' que, en algunos casos, parece haber sido el riesgo de no jubilarse con la cartera llena. La Justicia ha decidido hacer limpieza de armario y ha retirado las condecoraciones a siete ex altos mandos. El resultado es un agujero contable que los implicados han tenido que parchear devolviendo 28.346 euros al erario público. Para que nos entendamos: es como si te dieran un premio por ser el empleado del mes durante años y, de repente, el jefe se da cuenta de que el premio era un error y te pide que devuelvas los bonos del súper. En 2020, tres medallas anuladas obligaron a reintegrar 18.090 euros. En 2021, otras cuatro supusieron un sablazo de 10.256 euros. Lo más curioso es el contraste. Mientras en la Policía Nacional se juega al 'da y toma' con los tribunales, la Guardia Civil presume de un historial impoluto: cero reintegros por cruces de Oro o distintivos rojos. Parece que allí el valor excepcional y el riesgo inminente se gestionan sin necesidad de devoluciones fiscales. Por si fuera poco, el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha aplicado la técnica del 'no sé dónde está el papel'. Al pedir el historial de estas medallas, han respondido que buscar los datos sería una tarea 'ad hoc' que ocuparía al personal 'de manera indefinida'. Una excusa tan creativa que casi merece su propia medalla. Todo esto ocurre mientras ya se habían anulado otras ocho condecoraciones por una 'desviación de poder', confirmando que regalar plata a quien se jubila en la Junta de Gobierno se ha convertido en el protocolo de despedida estándar.
Prometer un organismo contra el blanqueo de capitales es muy fácil; lo difícil es que exista en el mundo real. El Gobierno de Pedro Sánchez lleva tres meses jugando al escondite con el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Lo anunciaron en julio con bombos y platillos, pero a día de hoy, el organismo es un fantasma administrativo, una cáscara vacía que solo existe en los PowerPoint del Ministerio de Economía. Mientras el ciudadano medio espera que le bajen la factura de la luz o que el médico de cabecera no sea un mito urbano, el Ejecutivo se ha quedado 'en tramitación'. La cronología es para echarse a reír. Carlos Cuerpo puso el proyecto en audiencia pública y el plazo para quejarse terminó el 27 de julio. Desde entonces, el silencio es sepulcral. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa admite que la orden ministerial sigue en el limbo, aunque ya tengan los informes preceptivos. Es la clásica maniobra de 'estamos en ello', similar a cuando el fontanero te dice que llega en diez minutos y aparece tres días después. Lo más jugoso es el contexto. Esta urgencia repentina por limpiar el dinero sucio nació justo cuando José Luis Rodríguez Zapatero entró en el radar judicial por el caso Plus Ultra. Claro, el Gobierno jura que no hay relación, que es solo por la 'digitalización de la economía'. Muy conveniente. Cuando alguien pidió detalles sobre presupuestos o sueldos, el Ejecutivo aplicó el artículo 18.1.a) de la Ley de Transparencia: 'No te lo cuento porque no existe'. Una genialidad lógica. El Consejo debería reunir al Banco de España, la CNMV, la Policía y la Guardia Civil, pero por ahora, la única reunión que han tenido es la de redactar la excusa para no haberlo creado.
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