La noticia expone una negligencia coordinada, pero brilla por su ausencia el comentario sobre por qué el delegado del Gobierno ignoró las alertas previas. Es un relato de hechos que deja la responsabilidad en el aire para no molestar a Rabat.
Hay quien dice que el amor al arte es noble, pero cuando el arte viene en forma de joyas saudíes y contratos ferroviarios, la cosa huele a naftalina y despacho cerrado. Resulta que la Fiscalía Anticorrupción tiene a una testigo que no se anda con rodeos y que ha metido en el mismo saco a José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono y José Luis Ábalos. Según el relato, no eran simples diplomáticos, sino auténticos 'lobbies políticos' que movieron los hilos de un negocio en Arabia Saudí que supera los diez mil millones de dólares. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, aquí hablamos de cifras que marean y de un AVE a La Meca que, al parecer, dejó un rastro de brillantes como comisión en especie. La jugada es maestra: Zapatero insiste en que doce de las piezas más caras fueron un regalo del rey Abdalá bin Abdulaziz en 2007. Una fecha muy conveniente, porque en el mundo de la ley, el tiempo lo borra todo y la prescripción es el mejor amigo del político. Sin embargo, la testigo suelta la bomba: las joyas llegaron en 2019, ya con Pedro Sánchez Pérez-Castejón en Moncloa, como pago por contratos de obra entre 2011 y 2017 y un mantenimiento desde 2018. Pasar de 2007 a 2019 no es un error de calendario, es la diferencia entre un 'detalle cortesía' y un agujero legal del tamaño de una estación de tren. Pero la película no acaba en el desierto. El guion ahora se traslada a la República Dominicana, concretamente a Punta Cana, donde finales de 2024 y principios de 2025 se habrían gestado nuevas reuniones para adjudicar obras ferroviarias. El mismo grupo, los mismos apellidos y la misma ingeniería financiera. Un sistema que, según la fuente, compensa a funcionarios y políticos como quien reparte propinas en un casino, todo bajo el paraguas de un grupo de poder estructurado.
Hay una coreografía política que ya es un clásico: defender el sistema público con el corazón en la mano mientras se guarda el colchón privado bajo la cama. Pedro Sánchez ha decidido izar la bandera de las pensiones públicas, vendiéndonos una solvencia que parece sacada de un cuento de hadas, pero cuando revisamos los libros de cuentas, la realidad es otra. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la pensión no se evapore con la inflación, el presidente del Gobierno lidera el ranking de la previsión privada con 105.378,10 euros en su plan personal. Es el típico caso de 'confía en el sistema, pero por si acaso, llénate los bolsillos'. La cadena de mando sigue la misma lógica. Margarita Robles no se queda atrás con 99.816 euros y Félix Bolaños asegura su futuro con 84.406,64 euros. Es una ingeniería financiera envidiable: predicar la fe en lo público mientras se contrata el seguro privado. Óscar Puente (42.479,40 €) e Isabel Rodríguez (10.790 €) también juegan en esa liga. Incluso quienes ya han hecho las maletas del gabinete, como Carmen Calvo (99.816 €), Miquel Iceta (65.858 €) o Meritxell Batet (54.772 €), mantienen sus ahorros lejos del riesgo estatal. El despliegue de hipocresía alcanza niveles industriales cuando vemos que los diputados socialistas suman casi dos millones de euros en planes privados. Desde Patxi López con sus 45.943,28 euros hasta la diputada Teresa Llorens, que ha superado al jefe con 123.383,62 euros. Sumemos a esto que Sánchez, Bolaños y Puente también viven del alquiler, demostrando que la 'bandera de la vivienda' se bajó rápido cuando el patrimonio inmobiliario empezó a molestar. Al final, la moraleja es clara: el sistema público es sagrado, siempre y cuando tengas un plan B privado que te permita dormir tranquilo.
Hay una ironía deliciosa en que la institución encargada de vigilar que el Estado no abuse del ciudadano sea la misma que ha decidido que comer fuera es un derecho fundamental y carísimo. Mientras el ciudadano medio hace malabares con el presupuesto para que el aceite no se convierta en un activo de lujo, el Defensor del Pueblo, bajo el mando de Ángel Gabilondo, ha decidido que el hambre es el peor enemigo de la burocracia. En los últimos dos años, el organismo ha soltado casi medio millón de euros en vales restaurante. No es una cifra redonda para dejar pasar: 477.696 euros exactamente. Para que nos entendamos, es como si el Defensor hubiera decidido que la dieta de sus empleados es más prioritaria que la austeridad. El salto es obsceno: pasamos de unos 185.000 euros en 2024 a un contrato con Edenred España que, sumando prórrogas, dispara el gasto un 30%. Lo más jugoso es el perfil del beneficiario. No hablamos de becarios que sobreviven a base de café y esperanza, sino de una plantilla con salarios que oscilan entre los 27.600 y los 110.400 euros anuales. Sí, alguien que cobra más de cien mil euros al año recibe vales para que el menú del día no le duela en la cartera. Pero la maquinaria no se detiene. El 23 de octubre ya han lanzado la nueva licitación. El presupuesto base es de 240.984 euros, aunque el valor estimado escala hasta los 527.990 euros si deciden prolongar el banquete hasta 2028. Ahora quieren tarjetas prepago, físicas o virtuales, con recargas mensuales y un servicio de atención al cliente impecable. Porque claro, perder la tarjeta del menú es una tragedia nacional que requiere una reposición en diez días. Todo esto mientras el ciudadano espera que el Defensor defienda sus derechos, aunque sea entre plato y plato.
Hay quien dice que el dinero no da la felicidad, pero en Moncloa parece que sirve para comprar el silencio y financiar el partido. Francisco Martín, el exdelegado del Gobierno en Madrid, resultó ser mucho más que un funcionario con mala cara para pelearse con Ayuso; fue el 'fontanerillo' de lujo de Félix Bolaños. Entre 2021 y 2023, mientras el ciudadano medio contaba los céntimos para que el carrito del súper no pareciera un atraco, Martín montaba una oficina de recaudación clandestina en el corazón del Estado. La mecánica era de una sencillez casi artesanal: sobres con metálico que volaban desde los despachos ministeriales hasta las arcas de Ferraz. Un 'impuesto revolucionario' que algunos mandos pagaban sin pestañear y otros, como la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, cuestionaban al ver que le volaban 1.000 euros mensuales de su nómina. La escena es digna de una comedia: Pardo de Vera confrontando a un Martín tímido y superado que, ante la pregunta de si tenía algo que decir, se limitó a un 'no' lapidario. En este ecosistema de ingeniería financiera, José Luis Ábalos —hoy en prisión— destacaba por su modernidad, siendo de los pocos que prefería la transferencia bancaria al sobre marrón. Incluso hubo triangulaciones dignas de un casino: Koldo García pagando los 1.000 euros mensuales de Ricardo Mar. Al final, la lealtad en política dura lo que tarda en cambiar la lista electoral. Martín, el hombre que no abría la boca en las reuniones de los jueves y que gestionó la financiación de las primarias de Sánchez en 2017, ha acabado en la calle por no entrar en las listas. Mientras tanto, Antonio Hernando sigue blindado gracias a los 'padrinos' José Blanco y Zapatero. Así funcionan las cosas: unos recogen los sobres y otros, con los contactos adecuados, recogen los cargos.
Hay una danza macabra en nuestras calles que el Gobierno prefiere mirar a través de un filtro de Instagram. Mientras el ciudadano de a pie cuenta los céntimos para que la cesta de la compra no parezca un atraco a mano armada, en ciudades como La Coruña, Bilbao o Barcelona el orden público se ha vuelto un concepto opcional. Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional y portavoz de JUNTOSPOLGC, lo ha soltado sin anestesia en esRadio: la policía tiene el manual de instrucciones y las ganas, pero desde Moncloa parece que han perdido la llave del despacho. En Bilbao, la cuenta ya va por 16 proetarras detenidos, mientras que en Barcelona el panorama es una radiografía del fracaso integrador: 76 menores detenidos, algunos de apenas 11, 12 o 13 años, mayoritariamente de origen marroquí y magrebíes. De ellos, 6 ya tienen el sello de la Fiscalía para internamiento. Es la generación del 'directo' en TikTok, donde robar y saquear no es un delito, sino un contenido viral coordinado por WhatsApp y Telegram, mientras el Gobierno juega al escondite con la realidad. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando el Ejecutivo señala a la extrema derecha como el culpable. Si el radar del Gobierno era tan preciso, ¿por qué el despliegue de la delegada en Cataluña fue tan insuficiente que la jefa de los Mossos terminó sintiéndose rodeada y superada? Ni siquiera sacaron la manguera de agua, el clásico 'baño refrescante' que en otros países pone fin a la fiesta. Perdiguero es claro: la Policía Nacional es referente internacional en orden público, pero trabajar con las manos atadas es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Con objetivos marcados para el día 31 y el caos instalado, la pregunta es sencilla: ¿están esperando a que el incendio llegue a su puerta para recordar que tienen extintores?
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no se quede en números rojos antes del día quince, en el Palacio de la Moncloa parecen haber confundido la diplomacia con un ejercicio de generosidad extrema. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido jugar al silencio mientras Marruecos, con la soltura de quien reparte el pastel en una fiesta donde España ni siquiera ha sido invitada, regala el subsuelo próximo a Canarias a quien mejor puje. No hablamos de cuatro piedras y un banco de arena; hablamos de una ingeniería financiera que deja en ridículo cualquier préstamo hipotecario. Ramón Cuerda Riva lo ha dejado claro: Rabat está aplicando la ley del 'el que primero llega, se lo lleva'. Han montado un escudo de multinacionales para que España no pueda decir ni 'mu'. Por un lado, NewMed Energy de Israel pone el sello de Tel Aviv; por otro, la italiana ENI y QatarEnergy blindan el negocio con el músculo del Golfo y la UE. Para rematar la jugada, las británicas Chariot y Europa Oil & Gas entran al trapo, aprovechando que el Reino Unido ya no tiene que dar explicaciones a Bruselas. El sablazo es monumental. Estamos hablando de reservas de gas valoradas en más de 40.000 millones de euros y el tesoro del Monte Tropic, una montaña submarina con telurio y cobalto que haría palidecer a cualquier fondo de inversión, con un valor estimado que supera los 90.000 millones de euros. Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores se llena la boca hablando de 'comisiones mixtas' y diálogos técnicos, Marruecos firma contratos vinculantes. Básicamente, España lleva los folletos informativos a la reunión mientras Rabat ya ha firmado las escrituras de la propiedad. Nos están dejando una hipoteca geopolítica que hará que cualquier futuro gobierno se tope con un muro de abogados internacionales y reclamaciones millonarias.
Hay una coreografía política que merece un Oscar al mejor guion de ficción. El 3 de octubre de 2022, Félix Bolaños se puso la bandera de España y la de la UE al hombro para anunciar la eliminación del voto rogado. Nos vendieron que acabar con esa 'gincana' burocrática para los 2 millones de españoles en el exterior era un acto de justicia poética. 'España es hoy un poco mejor que ayer', decía el ministro, con un tono que casi rozaba lo místico. José Manuel Albares se sumó al coro en redes sociales, celebrando que ahora votar sería tan fácil como pedir una pizza a domicilio. Pero el calendario es un animal traicionero. Apenas unos días después, el 25 de octubre de 2022, Sofía Puente —hermana del ministro Óscar Puente— decidió que la 'Ley de Nietos' era demasiado rígida y decidió 'retorcerla' mediante una instrucción administrativa. El objetivo: abrir el grifo de la nacionalidad española a Qualifier que no cumplían los requisitos estrictos. El resultado es un agujero legal que ya ha dejado a Sofía Puente imputada por presunto prevaricación administrativa. La ironía es deliciosa y amarga a la vez. Mientras el Gobierno se llenaba la boca hablando de derechos para los españoles del exterior, en paralelo se cocinaba una nacionalización exprés para 163.000 extranjeros. Y aquí viene el sablazo a la realidad: de 31.390 expedientes revisados, solo 91 personas pudieron acreditar el exilio de sus ascendientes. Estamos hablando de que ni el 1% cumple el espíritu de la ley. Ahora, Bolares y Albares juegan al gato y al ratón con el Tribunal Supremo, negándose a entregar los datos y arriesgándose a una multa de 1.000 euros que, para sus presupuestos, es como perder una moneda en el sofá.
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