El contenido cumple parcialmente con las expectativas del título al proporcionar detalles sobre el suceso, aunque podría profundizar más en las causas del accidente y las medidas de seguridad implementadas. La inclusión de declaraciones del alcalde y la solicitud del PP añade contexto.
En Bratislava, Eslovaquia, una mujer vietnamita de 40 años fue acusada de asesinato tras hallarse el cuerpo de su recién nacido dentro de una lavadora en su domicilio de la calle Nobelola. La madre, que ya tiene otros cuatro hijos, acudió al hospital con fuertes hemorragias tras dar a luz, y los médicos notaron que no llevaba al bebé. La policía encontró restos de sangre en el piso y el cuerpo del bebé envuelto en toallas dentro de la lavadora. La mujer fue detenida inicialmente junto con el padre, también de origen vietnamita y padre de otros cuatro hijos, pero este fue liberado tras determinarse que no conocía el nacimiento. La madre fue acusada del delito de 'asesinato de un recién nacido por parte de su madre', previsto en la legislación eslovaca con penas de entre cuatro y ocho años. La investigación liderada por la portavoz policial Katarína Bartošová y la fiscal Soňa Juríčková determinó que el bebé nació con vida, lo que podría confirmar un caso de infanticidio si se confirma en la autopsia. El abogado de la mujer, Igor Schweighofer, argumentó que su clienta sufría problemas de salud durante el parto y no recuerda bien lo ocurrido. El juez decidió dejarla en libertad bajo supervisión, con la obligación de presentarse periódicamente ante un agente de libertad condicional, entregar su pasaporte y no salir del país. La fiscalía recurrió esta decisión, y el Tribunal Regional de Bratislava deberá resolver si la acusada continúa en libertad o regresa a prisión preventiva.
La Policía Nacional detuvo el 20 de Noviembre a una mujer colombiana de 55 años en Gijón por realizar tratamientos médicos y estéticos sin titulación. La investigación comenzó en Septiembre tras denuncias de afectadas. Se incautaron 256 ampollas de medicamentos y material sanitario sin documentación. La detenida, en situación irregular en España, utilizaba su domicilio como centro sanitario sin licencia. La Policía sospecha que los medicamentos podrían haber sido importados desde Estados Unidos. La detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Guardia. La Policía Nacional advierte que los tratamientos médico-estéticos deben ser realizados por profesionales cualificados y en centros autorizados.
La Policía Nacional detuvo a siete personas (seis hombres y una mujer) por robar más de 1.100 sillas de terraza en 18 locales de Madrid y Talavera de la Reina entre agosto y septiembre. El grupo actuaba de madrugada, rompiendo cadenas que protegían las sillas apiladas y cargándolas en una furgoneta. Los afectados sufrieron un perjuicio económico superior a 60.000 euros. Las investigaciones comenzaron en agosto tras varias denuncias de propietarios de negocios de restauración. El grupo vendía las sillas robadas en España y en el extranjero, concretamente en Marruecos y Rumania. Las detenciones ocurrieron a principios de octubre tras identificar a todos los componentes del grupo. Se les imputan los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal. La madrugada del 13 de agosto robaron sillas en cinco establecimientos próximos del distrito madrileño de Latina.
El número de denuncias por violencia de género aumentó un 2,69% en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, alcanzando 51.897 denuncias. Las víctimas que denunciaron fueron 47.710, un 3,41% más que en 2024. De ellas, el 61,66% tenían nacionalidad española. Las denuncias presentadas por la propia víctima fueron el 70,81%. La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres aumentó a 19,2. Canarias (33,7), Baleares (27,6) y Comunidad Valenciana (24) superaron la media nacional. El 12% de las víctimas renunciaron a declarar. Se solicitaron 12.661 órdenes de protección, de las que se concedieron el 67,7%. Las sentencias dictadas fueron 16.206, de las cuales el 82,58% fueron condenatorias. Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron 2.037 juicios por delitos leves. Se impusieron 15.322 medidas judiciales penales de protección y 5.054 medidas cautelares civiles.
Un motín, que involucró a 74 menores extranjeros no acompañados (MENA), estalló en un centro de Valencia durante la cena, según denuncias de cuatro trabajadores en el programa 'En Boca de Todos'. El altercado se originó por quejas sobre la comida, escalando rápidamente a agresiones físicas, destrozos materiales y lesiones a varios empleados. Los trabajadores, auxiliares de contención educativa, no vigilantes de seguridad, describieron cómo la situación se descontroló cuando los menores empezaron a tirar platos de comida sin probarlos, golpear mesas y alterar el ambiente. Aproximadamente 40 de los 74 menores presentes actuaron con particular violencia. El menú de la noche incluía verduras con pollo y patatas como primer plato, y pescado con arroz tres delicias como segundo, seguido de postre, lo que los empleados consideraron equilibrado y no justificante de tal reacción. Los cuatro empleados agredidos sufrieron golpes y amenazas, y algunos requirieron asistencia médica. A raíz del incidente, se presentó una denuncia formal acompañada de partes de lesiones e imágenes de los daños. Sin embargo, los trabajadores denunciaron haber sido apartados temporalmente del centro con un expediente laboral abierto, aunque siguen cobrando, interpretando esto como una maniobra para justificar un despido procedente en lugar de uno improcedente. Este conflicto ha generado una sensación de desamparo en el personal, que lamenta la falta de gratitud y la recurrencia de problemas con un grupo de menores que busca crear tensión. El centro ha sido objeto de quejas vecinales por altercados y problemas de convivencia desde su apertura. Los empleados esperan ser reintegrados, pero temen represalias, alegando que se les culpa de una situación que no provocaron, sino que intentaron contener. La situación subraya la necesidad de soluciones que garanticen la seguridad de trabajadores y vecinos en estos centros.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratifica el despido disciplinario de una teleoperadora con más de 7 años de antigüedad. La trabajadora acumuló 1.500 llamadas fallidas en 2 meses y usó el ordenador para actividades personales. La justicia desestimó su recurso al considerar que hubo un incumplimiento grave de sus obligaciones laborales y que la empresa justificó el despido por disminución continua del rendimiento, incumplimiento de la buena fe contractual y retrasos reiterados. La sentencia destaca que la empleada no logró refutar las pruebas presentadas y que no existían indicios de tolerancia previa por parte de la empresa. El tribunal avaló el despido como procedente debido a la falta de productividad y conducta profesional inadecuada.
El abogado laboralista Juan Manuel Lorente advierte que faltar 3 días seguidos sin justificar puede considerarse baja voluntaria tácita, resultando en pérdida de indemnización y paro. La empresa puede enviar un burofax y tramitar la baja en la Seguridad Social. Lorente explica que un despido disciplinario posterior puede investigarse por el SEPE y la Inspección de Trabajo. Si se demuestra que el trabajador faltó sin justificación, deberá devolver el paro cobrado y se le cortará la prestación por desempleo. Las consecuencias incluyen posibles responsabilidades adicionales según el Estatuto de los Trabajadores. Lorente desaconseja esta estrategia por considerarla perjudicial para el trabajador. El SEPE y la Inspección de Trabajo podrían iniciar investigaciones para esclarecer los motivos del despido. La baja voluntaria tácita y el despido disciplinario son los dos escenarios posibles, ambos con graves consecuencias. El abogado enfatiza que el trabajador acabará en peor situación que al inicio.
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