Crítica:
El título refleja perfectamente el contenido de la noticia, mostrando la chapuza en la fachada y la posterior disputa legal. La información es detallada y sustanciosa, con cifras y fechas concretas que respaldan la historia.
El título refleja perfectamente el contenido de la noticia, mostrando la chapuza en la fachada y la posterior disputa legal. La información es detallada y sustanciosa, con cifras y fechas concretas que respaldan la historia.
Una madre ha presentado una queja por mala praxis contra el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) por un informe de septiembre de 2025 que restringe sus visitas a sus hijos de 9 y 12 años. El informe concluye que los niños muestran 'conductas disfuncionales fruto de la instrumentalización materna' y recomienda restringir aún más las visitas. La madre señala graves irregularidades en la elaboración del informe, que ignora otro informe de julio de 2025 sobre la prueba preconstituida realizada a los menores en junio. Los niños habían denunciado maltrato por parte del padre y expresaron su deseo de convivir con la madre. El informe del Imelga se basa en entrevistas a progenitores y niños, pero omite la prueba preconstituida y contiene contradicciones. La madre solicita la nulidad del informe y protocolos de calidad para informes periciales. La Consellería de Presidencia defiende el trabajo del Imelga. El caso documenta el uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP), teoría pseudocientífica rechazada por organizaciones psicológicas y psiquiátricas internacionales y prohibida en España desde 2021. El informe omite hechos graves como una sentencia firme contra el padre por agresión al abuelo materno y dos investigaciones por maltrato a los hijos. Otros informes, como uno del Servizo Galego de Saúde (Sergas), constatan el mal estado físico y psicológico de los niños. La Ley Orgánica de Protección a la Infancia prevé que se escuche a niños en procesos judiciales, pero solo a partir de los 12 años, aunque se plantea ampliar este derecho.
En Villaseco del Pan, Zamora, un vídeo de 1973 protagonizado por Francisco Pino Rodríguez muestra la dura vida rural y predice el éxodo. Rodríguez afirma que la única solución es 'marcharse uno del pueblo'. La situación descrita incluye 2 hectáreas de tierra para cultivar cebada, trigo y algarrobas. Una mujer del pueblo describe la vida como 'mal, mal' debido a la tierra 'poca y mala'. El documental de TVE 'Los Ríos' recoge estos testimonios, mostrando la pobreza estructural y la falta de perspectivas en el medio rural. La crudeza de la vida en el campo y la certeza de que el futuro estaba en la ciudad son temas centrales. El vídeo ha resurgido en redes sociales como símbolo del éxodo rural que afecta a cientos de localidades españolas.
Una ciudadana española comparó la atención al cliente en Corea del Sur con la de España. En Corea del Sur, la eficiencia y la reputación del servicio son primordiales. Trámites cotidianos como la atención al usuario están marcados por esta eficiencia. La española destacó que en Corea del Sur se atiende al cliente en un plazo de 2 horas, mientras que en España el tiempo de espera es mayor. También viajó a Marruecos y encontró similitudes con España en cuanto a la atención al cliente. La noticia fue publicada el 25/10/2025 y actualizada a las 11:53h. La comparativa se centra en cómo diferentes culturas abordan el servicio al cliente, destacando la eficiencia en países asiáticos.
Una agente de Policía Municipal de Madrid de 64 años fue atropellada por un vehículo de limpieza del Ayuntamiento de Madrid en el túnel de Santa María de la Cabeza el viernes 24 de octubre de 2025. La agente sufrió heridas en un pie y fue trasladada a un centro médico por el Samur. Posteriormente, se confirmó que tenía fractura en la clavícula y un dedo del pie roto tras quedar debajo del camión barredora. El incidente ocurrió durante labores de limpieza que provocaron retenciones de tráfico. Los agentes solicitaron posponer la tarea hasta que la circulación fuera más fluida, pero el conductor del vehículo de limpieza dio marcha atrás sin percatarse de la agente, que estaba volviendo al coche patrulla.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en Los Barrios (Cádiz) que vendía inmuebles suplantando la identidad de los propietarios. Entre los 11 detenidos se encuentra un funcionario de la Agencia Tributaria que facilitaba datos personales. La investigación comenzó en febrero de 2024 cuando un vecino de Albacete denunció haber pagado 400.000 euros por una parcela en Marbella que resultó ser una estafa. Los estafadores ofrecían propiedades a precios inferiores al mercado y utilizaban documentación falsa para suplantar a los propietarios. Se realizaron registros en Marbella, Jimena de la Frontera y Toledo, donde se incautaron 130.000 euros en efectivo y documentación. La organización estaba jerarquizada y se detectaron dos casos de estafa, uno en Marbella y otro en Benahavís (Málaga), donde suplantaron al CEO de una compañía aérea. Los detenidos están acusados de falsedad documental, estafa, pertenencia a organización criminal, cohecho y revelación de secretos.
El 13 de septiembre, una explosión en un edificio de Vallecas debido a una acumulación de gas en el bajo causó dos muertos y una decena de heridos. Nueve familias (25 vecinos) resultaron afectadas. Los vecinos, que incluían mecánicos, ascensoristas, conserjes y jubiladas, ahora enfrentan la indigencia. La explosión destruyó varios pisos y dejó a los residentes sin hogar. La mayoría tenía seguro de hogar, pero quienes no lo tenían enfrentan una situación más dramática. El Ayuntamiento inicialmente les proporcionó hotel, pero el problema surgió después. Los servicios sociales no han podido ofrecer soluciones adecuadas. La concejal Ana Lima del PSOE propuso ayudas excepcionales, pero el PP votó en contra. Los vecinos siguen pagando impuestos, incluido el de basuras. La reconstrucción está prevista para el primer trimestre del año. La zona de Vallecas es una de las más empobrecidas de España, con alto riesgo de exclusión social. Un informe de CC OO indica que 131.000 madrileños pasaron a la pobreza entre 2022-2024. Nuria Castillo, una de las afectadas, paga 400 euros de hipoteca al día y ahora duerme en un colchón en la calle. Jonatan Sanz, otro afectado, critica la falta de sensibilidad de los servicios sociales. El concejal Ángel Niño afirma que se ha ofrecido asesoramiento a los afectados.
Una empleada del hogar de 67 años pierde su pensión de jubilación tras descubrirse que su último contrato fue simulado con su empleadora jubilada de 86 años. La empleadora es sancionada con 7.501 euros. La trabajadora, Manuela, había sido contratada con una jornada completa y un salario de 1.050 euros mensuales. La Inspección de Trabajo detectó que no existían movimientos bancarios que acreditaran el pago del salario. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirmó la sanción y la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. La sentencia establece que la relación laboral fue simulada para que Manuela completara los dos años de cotización que le faltaban para acceder a la jubilación. La empleadora, Mariana, de 86 años, alegó que la relación laboral era auténtica, pero el tribunal no le dio la razón. La Sala recordó que Mariana nunca había tenido empleada del hogar antes ni después de Manuela y que no había necesidad real de asistencia doméstica.
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