Crítica:
El título refleja fielmente la historia de devastación y pobreza tras la explosión. El artículo muestra la crudeza de la situación con testimonios directos y datos estadísticos que refuerzan el impacto de la tragedia en Vallecas.
El título refleja fielmente la historia de devastación y pobreza tras la explosión. El artículo muestra la crudeza de la situación con testimonios directos y datos estadísticos que refuerzan el impacto de la tragedia en Vallecas.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en Los Barrios (Cádiz) que vendía inmuebles suplantando la identidad de los propietarios. Entre los 11 detenidos se encuentra un funcionario de la Agencia Tributaria que facilitaba datos personales. La investigación comenzó en febrero de 2024 cuando un vecino de Albacete denunció haber pagado 400.000 euros por una parcela en Marbella que resultó ser una estafa. Los estafadores ofrecían propiedades a precios inferiores al mercado y utilizaban documentación falsa para suplantar a los propietarios. Se realizaron registros en Marbella, Jimena de la Frontera y Toledo, donde se incautaron 130.000 euros en efectivo y documentación. La organización estaba jerarquizada y se detectaron dos casos de estafa, uno en Marbella y otro en Benahavís (Málaga), donde suplantaron al CEO de una compañía aérea. Los detenidos están acusados de falsedad documental, estafa, pertenencia a organización criminal, cohecho y revelación de secretos.
Una empleada del hogar de 67 años pierde su pensión de jubilación tras descubrirse que su último contrato fue simulado con su empleadora jubilada de 86 años. La empleadora es sancionada con 7.501 euros. La trabajadora, Manuela, había sido contratada con una jornada completa y un salario de 1.050 euros mensuales. La Inspección de Trabajo detectó que no existían movimientos bancarios que acreditaran el pago del salario. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirmó la sanción y la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. La sentencia establece que la relación laboral fue simulada para que Manuela completara los dos años de cotización que le faltaban para acceder a la jubilación. La empleadora, Mariana, de 86 años, alegó que la relación laboral era auténtica, pero el tribunal no le dio la razón. La Sala recordó que Mariana nunca había tenido empleada del hogar antes ni después de Manuela y que no había necesidad real de asistencia doméstica.
Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben renovar su licencia de conducción acreditando aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante un examen en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado. El certificado debe estar incorporado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). La vigencia del certificado es de máximo 6 meses. La renovación depende del tipo de servicio y edad: servicio particular (A y B) entre 60 y 80 años se renueva cada 5 años, y mayores de 80 años anualmente; servicio público (C) mayores de 60 años anualmente. El costo del trámite en Bogotá para 2025 es de $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta. El CRC verifica condiciones físicas, mentales y sensoriales compatibles con la conducción segura según la Resolución 217 de 2014. Si el resultado no es apto, no se permite renovar hasta cumplir las condiciones indicadas por el profesional.
El ayuntamiento de Terrassa ha prohibido la adopción de gatos entre el 1 de octubre y el 10 de noviembre para evitar su uso en rituales esotéricos y sacrificios. Las protectoras de animales ven con buenos ojos esta medida preventiva. Grupos satánicos en España celebran Halloween derramando sangre de gatos negros o blancos. Las protectoras de animales recomiendan posponer adopciones hasta después del 3 de noviembre debido al aumento de casos de maltrato animal en fechas cercanas al 31 de octubre. La superstición medieval relaciona gatos negros con brujería y mala suerte. Protectoras en Zaragoza como ZARPA, Cuatro gatos y tú y GATOLANDIA trabajan para proteger a estos animales.
Ángel Gaitán, un mecánico de 38 años, ha recurrido una multa por exceso de velocidad de 50 euros por circular a 119 km/h en un tramo limitado a 100 km/h. La DGT solo proporcionó una fotografía y una ampliación de la misma, en lugar de dos imágenes diferentes como establece la normativa. Gaitán subraya que la validez de una multa por radar fotográfico depende de la existencia de dos capturas distintas para confirmar la infracción. Además, denuncia que los radares deben pasar por un control periódico y estar correctamente calibrados para asegurar la precisión de las mediciones. El mecánico hace un llamamiento a los conductores para que revisen sus multas y exijan que la administración cumpla con sus propias reglas. La denuncia de Gaitán ha generado un debate sobre la importancia de conocer la normativa vigente para defenderse ante posibles irregularidades en multas que pueden alcanzar cifras desorbitadas, como la multa de 95.000 euros por exceso de velocidad. La DGT debe garantizar que los cinemómetros funcionen correctamente y que las sanciones sean precisas.
Dos hombres de 34 y 45 años resultaron heridos muy graves en accidentes separados con patinetes en Arroyomolinos y Fuenlabrada. El primer accidente ocurrió el jueves a las 23:30 en la calle Algeciras de Arroyomolinos, mientras que el segundo sucedió el viernes a las 7:00 en la calle Sauce de Fuenlabrada. Ambos fueron trasladados al Hospital 12 de Octubre de Madrid. El Ayuntamiento de Arroyomolinos está llevando a cabo un programa formativo para promover el uso responsable de patinetes eléctricos debido al aumento de accidentes en los últimos años. El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid informó sobre los incidentes.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara nulo el despido disciplinario de un peón que sufrió un infarto el 23 de marzo de 2022. La empresa deberá readmitir al trabajador, pagar salarios de tramitación y una indemnización de 15.000 euros por daños morales. El trabajador comenzó su relación laboral en agosto de 2021 con un salario de 1.730,53 euros brutos mensuales. El infarto requirió su ingreso en la UCI de Manresa y la empresa comunicó el despido disciplinario el 25 de marzo de 2022 con efectos del día anterior. El tribunal consideró que el despido vulneró derechos fundamentales por discriminación ligada a una discapacidad asimilada a una enfermedad de larga duración. La sentencia no era firme y cabía recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La decisión se basó en la inmediatez del cese tras el infarto y la baja de larga duración desde el inicio.
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