Crítica:
El artículo revela la injusticia que sufren propietarios vulnerables debido a la inquiokupación y la prórroga del decreto anti-desahucio. La narrativa destaca la brecha entre la realidad de la propietaria y la de la inquiokupa.
Una inquiokupa con dos negocios deja sin casa a la propietaria, discapacitada y dependiente de Cáritas
Inquiokupa con negocios deja a propietaria sin casa
Otros artículos
Mujeres millennials prefieren mascotas a hijos
Un estudio de Total.Vet revela que el 70% de mujeres millennials sin hijos considera que sus mascotas cumplen un rol similar al de un hijo. El cuidado de mascotas resulta más sencillo y económico que criar niños. Las encuestadas organizan su vida en torno al bienestar de sus animales, celebrando cumpleaños y contratando seguros veterinarios. El gasto anual en España por mascota oscila entre 1.000 y 1.400 euros, mientras que criar un hijo hasta su emancipación puede superar los 330.000 euros. Esta tendencia muestra una redefinición de la realización personal, donde el afecto y el cuidado se extienden más allá de la familia tradicional. Más de la mitad de las encuestadas elige vivienda considerando el espacio para sus animales, y el 37% planifica viajes a destinos pet friendly. El lenguaje también ha cambiado, con un aumento en el uso del término 'tutores' en lugar de 'dueños'.
Seguir al ex en redes empeora ruptura
Un estudio publicado en Computers in Human Behavior analiza cómo seguir a un ex en redes sociales afecta la recuperación tras una ruptura. La autora, Tara C. Marshall, combinó cuatro estudios con 762 participantes. Los resultados mostraron que seguir a un ex en redes sociales prolonga el duelo, especialmente en personas con apego ansioso. La observación activa y pasiva se asoció con más malestar, peor ánimo y celos. El estudio sugiere que reducir la exposición a un ex en redes sociales ayuda en la recuperación. Se recomienda dejar de seguir, eliminar de amigos o silenciar para mejorar la higiene mental. El estudio se realizó en plataformas como Facebook, Instagram y Snapchat.
Fiscalía pide cárcel por acceso ilícito
La Fiscalía pide cuatro años de prisión para una funcionaria de la Junta de Andalucía por acceder a datos de la hija de su pareja sentimental. El padre enfrentaba dos años y dos meses de cárcel por tratar de dejar de pagar la pensión alimentaria a su hija. La funcionaria y su pareja habrían acordado acceder a la vida laboral de la menor para demostrar que percibía una renta de inserción y así solicitar la extinción de la pensión. La funcionaria, prevaliéndose de su cargo, accedió a los datos en febrero de 2021 y los divulgó a su pareja, quien luego solicitó la extinción de la pensión en diciembre de 2021. La hija se enteró y reclamó ante la Tesorería General de la Seguridad Social. La Fiscalía considera los hechos constitutivos de delito de descubrimiento y revelación de secretos. La funcionaria se enfrenta a cuatro años de prisión, multa de 5.700 euros e inhabilitación absoluta por seis años. Su pareja se enfrenta a dos años y dos meses de cárcel y multa de 5.400 euros. El caso será enjuiciado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
Estereotipos culturales en medios de comunicación
Los estereotipos están omnipresentes en la cultura popular y se repiten en series, películas, redes sociales y conversaciones cotidianas. Estos patrones influyen en cómo nos percibimos y nos relacionamos. Los personajes atractivos suelen ser exitosos, mientras que los inteligentes aparecen como torpes o invisibles. Estos modelos mentales simplifican la realidad y categorizan a las personas en categorías rígidas. Un estereotipo es una clasificación rápida e imprecisa basada en ideas preconcebidas y generalizaciones injustas. Se aplican a personas, países, profesiones o estilos de vida, y se refuerzan cuando se repiten sin cuestionarse en contenidos mediáticos. Combatir los estereotipos implica reconocer diferencias sin reducir a las personas a una etiqueta. Cuestionar afirmaciones generalistas y analizar representaciones ayuda a romper con estas ideas simplificadas. Cada individuo es más complejo que cualquier clasificación rápida.
China desmantela red de tráfico de sangre
Una red clandestina en China extrajo y vendió más de 100.000 muestras de sangre de mujeres embarazadas entre 2020 y 2024, generando ganancias superiores a 3,6 millones de euros. La red operaba principalmente en Guangzhou, Foshan y Shenzhen, utilizando métodos de transporte simples pero efectivos para enviar las muestras al extranjero, posiblemente a Hong Kong. Cada prueba genética se vendía por entre 250 y 380 euros. La política de hijo único en China y la preferencia cultural por hijos varones impulsaron esta práctica ilegal, prohibida desde los años noventa. Las autoridades chinas desmantelaron la red y se centraron en la salida de material genético fuera del país, considerándolo un riesgo para la bioseguridad nacional. La Ley de Bioseguridad de 2020 establece que los recursos genéticos humanos están bajo soberanía estatal y deben ser estrictamente controlados. El Ministerio de Seguridad del Estado advirtió sobre el riesgo de que actores extranjeros utilicen datos genéticos chinos para desarrollar armas biológicas. La demanda de estas pruebas se anunciaba en redes sociales con un lenguaje neutral, sin mencionar explícitamente el objetivo de conocer el sexo del feto.
Multa de 3.000 euros por videovigilancia
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 3.000 euros al propietario de un piso turístico por instalar cámaras de seguridad en el interior del inmueble. El propietario, identificado como A.A.A., justificó la instalación por miedo a la okupación ilegal, pero la AEPD consideró que esto vulneraba la privacidad de los inquilinos. Las cámaras estaban ubicadas en el salón-cocina y en el dormitorio principal, y grababan imágenes y vídeo que eran visionadas por una empresa de seguridad. El propietario argumentó que las cámaras tenían un cierre manual para proteger la privacidad, que se informaba de su existencia en la plataforma de reservas y mediante carteles, y que respondían a un interés legítimo de protección de la propiedad. Sin embargo, la AEPD desestimó estos argumentos al considerar que la información proporcionada a los inquilinos era insuficiente y que la presencia de cámaras violaba el principio de minimización de datos. La Agencia equiparó el alquiler vacacional a un domicilio, donde los inquilinos tienen derecho a la intimidad personal y familiar protegido por el artículo 18 de la Constitución. La multa podría haber sido mayor, pero se redujo al considerar la colaboración del propietario tras la propuesta de resolución. Finalmente, el dueño retiró las cámaras y dio de baja el contrato con la empresa de seguridad el 20 de septiembre de 2024.
Detenido padre por abandono de menor
Un ciudadano marroquí fue detenido el 19 de diciembre en el Aeropuerto de Gran Canaria por abandonar a su hijo de 10 años. El hombre y el menor habían llegado a la isla el 15 de diciembre. El padre abandonó al niño en la sede de la Cruz Roja de Telde y huyó. La Policía Nacional interceptó al sospechoso en la puerta de embarque de un vuelo con destino a Marrakech. El menor fue encontrado indocumentado y se encuentra ahora en un centro de acogida en San Bartolomé de Tirajana. El detenido fue ingresado en prisión provisional sin fianza por el delito de abandono de menores y tráfico de personas. La investigación reveló que el sospechoso y el menor fueron escoltados por un tercer hombre, un 'facilitador', cuya identidad está siendo investigada. El caso pone de relieve la vulnerabilidad de la frontera sur española y el uso de vuelos regulares para el abandono de menores. El menor se encuentra bajo la tutela de la fiscalía, que debe decidir su futuro en un sistema ya saturado. El Cuerpo Nacional de Policía ha confirmado que el sospechoso intentó regresar a Marruecos tras abandonar a su hijo.
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