Crítica:
El titular suena más a un rumor que a un hecho; falta explicar si la pediatra tuvo motivos justificados o si simplemente jugó con la agenda. El artículo no profundiza en la política de citas del Sescam, quedando una laguna de contexto.
El Sescam aparta a la pediatra de las citas fantasma de Sonseca (Toledo)
Citas fantasma, el golpe de la pediatra
Otros artículos
Padres en entrevistas: ¿¡Qué clase de empleo?
Cuando el primer empleo se vuelve la gran prueba de madurez, la encuesta de 1.001 jóvenes de la Generación Z en EE. UU. revela un espectáculo digno de un reality: el 20 % de ellos trae a la familia a la sala de entrevistas. 44 % confían en sus padres para pulir el currículum, mientras que otro 20 % permite que el padre o la madre llame al reclutador antes de que el joven diga una palabra. ¿Miedo a la incompetencia? 55 % se sentiría avergonzado si su papá marcara a su jefe sin avisar, pero 56 % de los jóvenes ya han sido invitados a su oficina como si fueran invitados de honor. Los datos se filtran como si fueran precios en la caja de supermercado: 28 % reciben ayuda con negociaciones salariales, 18 % reciben consejo y 10 % ven a su padre o madre cerrar el trato en persona. El 32 % de los encuestados sitúa a los padres como la principal brújula profesional, otro 32 % al jefe y el 34 % cree que ambas voces pesan igual. El 67 % de los jóvenes recibe consejos regulares, y el 20 % ha visto a su progenitor participar directamente en la entrevista, con 15 % en carne y hueso y 5 % en videollamada. La encuesta se sienta en la mesa del bar, con la ironía de que mientras la juventud busca independencia, la tabla de la familia parece estar pegada a su CV. Este fenómeno puede interpretarse como una mano amiga que sujeta el volante, o como un ancla que impide que el coche de la autonomía avance. Al final, la pregunta no es si los padres deberían estar allí, sino si la generación que crece con la ayuda de sus padres en la búsqueda de empleo está aprendiendo a conducir solo o simplemente a sentarse en el asiento del copiloto. En cualquier caso, la cifra de 20 % no es un dato aislado; es la señal de que la generación Z está cambiando el juego, y el juego, a su vez, está cambiando a los padres.
Mascotas en el punto de mira
Imagina que tu mascota favorita, ese gato que te hace reír con sus travesuras, de repente se convierte en un delincuente por comer un pájaro. Eso es lo que puede pasar con la nueva norma del Gobierno sobre mascotas, que busca reducir el número de mascotas exóticas en los hogares españoles. El límite de peso de 5 kilos para mamíferos es solo uno de los criterios 'arbitrarios' que han generado polémica. ¿Por qué cinco kilos y no seis, diez o quince? La respuesta es simple: porque así lo ha decidido el Gobierno, sin explicación alguna. Esto significa que los mastines de 40 kilos están permitidos, pero otros animales similares no. La Asociación Fauna lo ve como un ejemplo de falta de coherencia y arbitrariedad en la norma. Otro requisito prohíbe las mascotas que se alimentan de vertebrados vivos, lo que afecta directamente a reptiles como serpientes o peces depredadores. Sin embargo, los gatos domésticos pueden seguir cazando y matando pájaros o roedores sin problema legal. La norma también excluye especies con 'características morfológicas que puedan suponer un riesgo grave' para las personas, pero no explica qué significa eso exactamente. La Ley de Bienestar Animal permite tener un toro de lidia registrado como mascota, siempre y cuando pierda su condición de animal de producción. La Asociación Fauna denuncia que los criterios del Anexo I del borrador revelan una asimetría que tiene nombre constitucional: arbitrariedad. El resultado es un sistema con criterios abiertos, excepciones constantes y diferencias de trato difíciles de justificar. La inseguridad jurídica es total, tanto para los propietarios como para los animales. En resumen, la nueva norma del Gobierno sobre mascotas es un ejemplo de cómo se puede crear un sistema injusto y arbitrario, que beneficia a algunos y perjudica a otros, sin explicación ni justificación alguna.
Citas a precio de oro
La regularización de inmigrantes en Andalucía se ha convertido en un negocio lucrativo para algunos, con precios de citas que alcanzan los 600 euros. El sistema de cita previa, que debería ser gratuito, se ha visto saturado por la demanda, lo que ha permitido a intermediarios aprovecharse de la situación. La práctica ilícita de la reventa de citas se ha detectado en varias provincias, incluyendo Huelva y Cádiz, donde la presión sobre el sistema ha sido particularmente intensa. La apertura de la fase presencial ha trasladado parte de la gestión a oficinas públicas como la de Correos, lo que ha multiplicado los puntos de acceso, pero también la demanda. Según fuentes policiales y del entorno administrativo, el modus operandi de los intermediarios consiste en utilizar programas automatizados para reservar múltiples citas de forma simultánea, sortear las limitaciones técnicas del sistema y concentrar un volumen elevado de turnos en manos de un mismo operador. Luego, las citas se ofrecen a terceros a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o en establecimientos físicos, con precios que varían en función de la demanda y del tipo de trámite. La insuficiencia de recursos por parte de la Policía Nacional en el ámbito de Extranjería también ha contribuido a la saturación del sistema, lo que ha generado retrasos en la tramitación de los expedientes. La situación es similar en otras provincias, con diferencias en los precios pero con un mismo patrón: dificultad para acceder a citas y aparición de intermediarios. La pregunta es, ¿cómo se puede justificar que un trámite que es gratuito se convierta en un negocio lucrativo para algunos, mientras que los inmigrantes se ven obligados a pagar cantidades desorbitadas para acceder a un servicio que debería ser suyo por derecho? La respuesta es simple: la falta de control y la ineficiencia del sistema han permitido que esto suceda. Es hora de que las autoridades tomen medidas para evitar que se siga explotando a los inmigrantes y para garantizar que el sistema de regularización sea justo y transparente para todos.
Rompiendo barreras
En un mundo donde las 'bromas' pueden ser armas silenciosas, el Bachillerato 33 de la Universidad de Colima decidió tomar cartas en el asunto. El pasado 12 de marzo de 2026, en el corazón de la Facultad de Derecho, se llevó a cabo una charla que hizo reflexionar a los estudiantes sobre la importancia del respeto y la empatía en la convivencia escolar. La plática, que se desarrolló en un ambiente de atención y participación, buscaba hacer entender a los jóvenes que algunas conductas, aunque parezcan inofensivas, pueden dejar marcas profundas en la autoestima de sus compañeros. Con ejemplos cotidianos y un lenguaje accesible, los expositores promovieron la reflexión sobre las acciones diarias y cómo estas pueden influir en la creación de un entorno seguro y respetuoso para todos. En una era donde la violencia y el acoso pueden acechar en cada esquina, esta iniciativa del Bachillerato 33 es un paso adelante hacia la construcción de una comunidad escolar más consciente y solidaria. La pregunta es, ¿será suficiente para cambiar la dinámica de la violencia en las aulas? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que el camino hacia la empatía y el respeto comienza con charlas como estas, que desafían a los estudiantes a mirar más allá de sus propias experiencias y a considerar el impacto de sus acciones en los demás. Con una inversión de tiempo y esfuerzo, el retorno puede ser un entorno escolar más inclusivo y respetuoso, donde cada estudiante se sienta valorado y protegido. La charla sobre prevención de la violencia en el Bachillerato 33 es un recordatorio poderoso de que, en la educación, no solo se trata de transmitir conocimientos, sino también de formar personas capaces de construir un mundo mejor.
Discapacidad sin ayuda
La ayuda por discapacidad en España es un tema que ha estado en el punto de mira durante años, y la situación no ha cambiado desde 2006. El límite salarial para acceder a esta ayuda es de 8.000 euros netos anuales, lo que significa que cualquier persona con discapacidad que gane más de eso se queda sin la ayuda de 1.200 euros anuales. Esto es especialmente problemático en una época en la que la inflación y el salario mínimo están subiendo, y la mayoría de las personas tienen un sueldo superior a 8.000 euros anuales. Las asociaciones de personas con discapacidad están en pie de guerra por esta situación, y han denunciado que el Gobierno no ha hecho nada para actualizar el límite salarial. La última subida se produjo en 2006, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces, el límite ha quedado congelado, lo que ha llevado a que muchas personas con discapacidad se queden sin la ayuda que necesitan. El Defensor del Pueblo ha dictaminado que el límite de 8.000 euros está desactualizado y ha recomendado que se actualice, pero la Administración ha rechazado esta recomendación. La situación es especialmente grave para las personas con discapacidad que tienen un trabajo parcial o que viven con sus padres, ya que no pueden acceder a la ayuda que necesitan. Es como si el Gobierno hubiera olvidado que la discapacidad no es solo un problema médico, sino también un problema económico. La ayuda por discapacidad es una deducción fiscal que se aplica por cada ascendiente, descendiente o cónyuge con certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Esto significa que las personas con discapacidad que tienen un sueldo superior a 8.000 euros anuales no pueden acceder a esta ayuda, lo que les deja sin la capacidad de desgravar en su declaración. La inflación y el salario mínimo han subido significativamente desde 2006, lo que ha llevado a que muchas personas con discapacidad se queden sin la ayuda que necesitan. Es hora de que el Gobierno actualice el límite salarial y permita que las personas con discapacidad accedan a la ayuda que necesitan. La ayuda por discapacidad no es un regalo, es un derecho. Y es hora de que el Gobierno lo reconozca. Las cifras son claras: 3,4 millones de personas en España tienen una discapacidad, lo que representa alrededor del 7% de la población. Y cada año, unas 35.000 personas se quedan al margen de la ayuda por superar el límite salarial. Es hora de que el Gobierno actúe y actualice el límite salarial para que las personas con discapacidad puedan acceder a la ayuda que necesitan.
Zapatero, el chivo de la represión
El video de Andrés Villavicencio, ese chico de 28 años con la frente de un tazón de sopa de verduras, se volvió una bomba de 4X4 en la contracara de la política venezolana. En la noche del 28 de julio de 2024, mientras el mundo veía a Nicolás Maduro con 195 votos y a Edmundo González con 1 046, Villavicencio le hacía la lectura de actas en Punto Fijo y gritaba como si fuera un árbitro de fútbol que había descubierto un gol de oro. El régimen, con la misma precisión de un reloj suizo de bolsillo, estacionó un 4X4 frente a su casa y le anuló el pasaporte sin avisarlo, como si el gobierno fuera la cabaña de la abuela y su credencial la carta de invitación a la fiesta. La persecución se volvió un desfile de terror: un contacto le dijo que la detención era inminente y que lo llevarían al Helicoide, ese enorme complejo que pasó de ser un centro comercial a prisión. Villavicencio, con la cabeza llena de ideas sobre libertad, huyó a la frontera colombiana, cruzó las montañas como un corredor de ultramaratón y, desde Medellín, alcanzó Madrid. Allí se convirtió en un exiliado activo, defendiendo la causa con la misma pasión con la que un chef cocina una paella: sin reservas. El proceso de cambio comenzó el 3 de enero, cuando Estados Unidos detuvo a Maduro; Villavicencio, con “mucha ilusión y responsabilidad”, espera que la visita de María Corina Machado el 18 de abril “desborde la Puerta del Sol”, demostrando que la diáspora está lista para regresar. Mientras él habla de la hipocresía de Zapatero, quien según él es el principal lobista del chavismo en Europa, menciona que Zapatero supo hacer “una cosa que le hizo mucho daño” a los venezolanos y a los españoles. El exiliado señala que el 1 000 presos políticos son la cifra de la noche, de los cuales solo 500 fueron liberados, y que la amnistía es un juego de grilletes electrónicos. También critica a Delcy Rodríguez, a quien compara con una hija de Chávez, y a Pedro Sánchez, que, según Villavicencio, necesita la izquierda para mantenerse. La crónica termina con la promesa de que la concentración del sábado desbordará la Puerta del Sol, un mensaje de que la diáspora está lista para volver a su patria. En la crónica se mezclan cifras, fechas, nombres y metáforas cotidianas: 195, 1 046, 3 de enero, 18 de abril, 1 000 presos, 4X4, Helicoide, Punto Fijo, Madrid, Medellín, Zapatero, María Corina Machado, Delcy Rodríguez, Pedro Sánchez, Bildu, Podemos, Izquierda Unida, Marco Rubio, Donald Trump, y la sensación de que el exiliado está en la misma liga que los exiliados de la Guerra de los Cánticos.
Moncloa silencia a testigos
Imagina un tribunal donde las paredes susurran que el Gobierno controla el aire que respira la justicia. Así es el caso de Koldo García Izaguirre y el exministro José Luis Ábalos, sus abogados Leticia de la Hoz y Marino Turiel, y el juez Andrés Martínez Arrieta. Cuando la defensa de Koldo se topó con las voces de Javier Herrero, director general de Carreteras, y Francisco Pardo Piqueras, jefe de la Policía Nacional, la respuesta fue la misma que un cajero que recorta la última fracción: se retiraron. La razón no es la falta de datos, sino la acusación de que estos testigos están bajo la sombra de Moncloa. En la sala, el juez avisa a la abogada de que sus preguntas son juicios de valor, no hechos concretos, y la defensa responde que la estrategia es evitar que la verdad salga de la mochila del Ejecutivo. El 25.000 euros de un contrato de billetes de avión pagado por Koldo a un empresario de Azvi y el supuesto “8 millones” de obra pública que otro testigo asegura que el ministro de Transportes ordenó, son cifras que suenan a salsa de salsa: están en la lista de la compra de un político que quiere llenar su cuaderno de notas sin que la auditoría sepa. El caso de Mascarillas, que en la corte se siente como una película de telenovela, ha visto a Victor Francos, exjefe de gabinete de Illa, y a Manuel Contreras, constructor de Azvi, retirarse cuando la defensa intentó hacer que sus testimonios se entrelazaran con la trama de los contratos públicos. Todo esto mientras el juez Martínez Arrieta, con la paciencia de un barista en hora pico, corta las preguntas y recuerda a la abogada que el caso es sobre mascarillas, no sobre obra pública. La defensa, con la elegancia de un político que sabe que la palabra “control” es más poderosa que un testimonio, decide que la mejor forma de proteger a sus clientes es silenciar a los que pueden hablar. La crónica muestra cómo la política se convierte en un juego de sombras donde los testigos son fichas que pueden caer en manos de Moncloa, y la justicia, al final, parece más un espejo que refleja a quien la controla.
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