El PSOE ofreció un pacto con la Fiscalía al confidente de Bonilla a cambio de incriminarle

PSOE soborna a confidente por 200K

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  Una mesa de negociación oscura en un despacho de Serrano 32, Madrid, iluminada por una lámpara de escritorio que proyecta sombras alargadas sobre un contrato firmado a medias. Sobre la mesa: un sobre con dinero en efectivo (90.000 euros), un teléfono móvil con mensajes cifrados, y un reloj de pulsera marcando las 3:17 AM. Al fondo, una puerta entreabierta que deja ver el logo del PSOE y el reflejo de un juzgado en un cristal empañado. La atmósfera es tensa, con el humo de un cigarrillo flotando entre dos figuras: una con traje caro (abogado) y otra con ropa arrugada (confidente). En la pared, un mapa de España con alfileres rojos clavados en Madrid, Valencia y Panamá. Estilo: ‘film noir’ con toques de ‘documental de investigación’ (luces frías, colores desaturados, texturas de papel envejecido).

El PSOE, el arte de comprar silencios con dinero ajeno Mientras los españoles ajustaban el cinturón en enero de 2025, el PSOE —ese maestro del ‘yo primero’— se ponía el mono de obrero social y se sentaba a negociar con un confidente de la Guardia Civil. No para resolver un crimen, sino para comprar su silencio a cambio de incriminar a un capitán.

José Luis Caramés, el tipo que durante años le susurró a Juan Vicente Bonilla los trapicheos de José Luis Ábalos y Koldo García (ese dúo de ‘héroes de la obra pública’ que movía millones a Panamá como si fueran fichas de dominó), se encontró con una oferta irresistible: un pacto con la Fiscalía para borrar su imputación en el caso Gaslow… a cambio de echarle la culpa a Bonilla de ‘fabricar pruebas’ contra el PSOE. El problema es que Caramés, harto de que le usaran como ‘conejillo de indias’ y luego lo tiraran a la basura, descolgó el teléfono y avisó a Bonilla.

Como quien avisa al vecino de que le van a timar con un ‘seguro de hogar’ que cuesta más que el piso. La ironía es que el PSOE, que se llena la boca con discursos sobre ‘la lucha contra la corrupción’, estaba ofreciendo sobornos con dinero público (sí, el mismo que luego recortan en sanidad) para manipular una investigación.

Tres meses después de que Caramés revelara los audios de las comisiones millonarias, la Guardia Civil lo detuvo en una operación de hidrocarburos. Coincidencia? No, cálculo político. Pero el PSOE no se conformó con un confidente. Un mes después, en febrero de 2025, Leire Díez —la misma que ahora hace ‘mea culpa’ por Twitter— se reunió con Alejandro Hamlyn, el empresario de los hidrocarburos, y le propuso un trato: información sobre Bonilla y el teniente coronel Antonio Balas a cambio de… bueno, de no acabar en la cárcel.

Mientras, en otro despacho de abogados cercano al PSOE (el ‘IDBO’ de Serrano 32, donde hasta el aire huele a ‘comisión’), intentaban comprar el silencio de Carmen Pano, la empresaria que confesó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz. La oferta? 50.000 euros por callar, ampliable a 200.000… y hasta pagarle la boda de su hija.

Porque, claro, el PSOE no solo compra votos, compra impunidad. Y como si todo esto no fuera suficiente, en mayo de 2025 surgió el ‘bulo de la bomba lapa’: varios medios, con ‘El Plural’ a la cabeza, inventaron que Bonilla quería colocar una ‘bomba adhesiva’ bajo el coche de Pedro Sánchez.

Falso, por supuesto. Pero útil para desprestigiar al capitán y justificar, una vez más, la necesidad de anular el caso Koldo. Porque, seamos honestos, el PSOE no tiene miedo a la corrupción; tiene miedo a que se sepa. Todo esto ocurre mientras Santos Cerdán —el cerebro de la trama— sigue en la sombra, coordinando desde Ferraz una ‘operación limpieza’ que comenzó en mayo de 2024.

Un año de ataques a jueces, medios y guardias civiles, porque cuando el dinero habla, la ética se calla. Y Caramés, el confidente, terminó en la cárcel por negarse a mentir. Mientras, los que ofrecían el trato siguen en sus despachos, firmando cheques con dinero que no es suyo. Datos duros, porque la hipocresía necesita contexto: - 90.000 euros en efectivo entregados en la sede del PSOE (sí, como en las películas, pero con menos glamour). - 132.000 euros en criptomonedas que cobró Juan Sánchez Yepes por ‘filtrar información’ (o sea, chantaje institucionalizado). - 50.000 a 200.000 euros para que Carmen Pano no delatara a Santos Cerdán. - Tres años y medio sin que Caramés supiera que el PSOE lo estaba usando como ‘peón’ hasta que lo detuvieron. - Octubre de 2023: Bonilla pide excedencia y ficha por el Sermas de Ayuso.

Un año después, le acusan de ‘querer matar a Sánchez’… cuando en realidad solo quería seguir cobrando. La moraleja callejera: En este país, la corrupción no es un delito, es un servicio público. Y el PSOE, maestro en el arte de convertir la ley en un ‘menú a la carta’.

Mientras los ciudadanos se quejan del IVA, ellos negocian silencios con cheques sin firmar. La diferencia es que ellos no tienen que hacer cola en el banco.

Crítica:

El artículo es contundente en datos pero cojea en contexto histórico: falta explicar por qué el PSOE necesita tanto anular el caso Koldo (¿miedo a que salpique a Sánchez? ¿A Ábalos?). Además, el bulo de la ‘bomba lapa’ merecía un análisis más profundo: ¿Quién se benefició de esa desinformación? El PSOE siempre tiene un plan B… y suele incluir a medios afines.

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