El artículo acierta al desmenuzar la opacidad, pero pecaría de ingenuo si no señalara que nunca se explica por qué la UCM aceptó fondos sin garantías. ¿Dónde está el contrato? ¿Quién auditó los 6.000 euros? La información es valiosa, pero el how y el why siguen en la nube de humo de la cátedra. Y lo más irónico: mientras se investiga, Begoña Gómez sigue cobrando su salario de profesora honorífica —porque claro, la cátedra sí existió, solo que el dinero era un detalle—.
El avión que volaba con el peso de un elefante... y los papeles de un niño de primaria. Mientras el resto de los mortales ajustamos el peso de la compra como si fuera un examen de matemáticas, Plus Ultra —la aerolínea hispano-venezolana que parece haber confundido la seguridad aérea con un reality show— cargó 10 toneladas de queroseno de más en un vuelo a Guinea Ecuatorial. No fue un error. Fue un sablazo con patas: 66.000 kg en lugar de 56.000, un exceso que convirtió el aterrizaje en una ruleta rusa con asientos de primera. Y lo peor: lo disfrazaron con documentos falsos, como si fueran notas de un examen copiado en el baño. La Guardia Civil, que no es tonta, ya investiga tres vuelos (Caracas-Madrid en 2023, Madrid-Malabo en 2023 y Madrid-Bogotá en 2024) donde la compañía priorizó el ahorro de tiempo y combustible sobre la vida de los pasajeros. Empecemos por el PUE889, el vuelo Madrid-Malabo que se convirtió en el caso de estudio de cómo no pilotar un avión. El aparato llegó a Barajas con 10 toneladas de combustible de sobra (sí, como si hubieras comprado un billete de ida y vuelta sin necesidad). La solución lógica: descargar el excedente. Pero no. La tripulación estaba a un paso de ser despedida por exceder sus horas de vuelo, así que en lugar de cancelar el vuelo —lo correcto—, falsificaron tres documentos clave: 1. El consumo de combustible: Inflaron el gasto previsto en 10 toneladas para que, sobre el papel, el avión no pesara de más. 2. Los horarios de la tripulación: Borraron 30 minutos de su jornada para cumplir la legalidad. 3. El peso y balance: Porque si los números no cuadraban, que los números mintieran. Un empleado de Plus Ultra lo resumió en un WhatsApp interno con la franqueza de un contable en Navidad: «Salimos con overweight desde Madrid y no hacemos defuel porque nos pasamos de horas. Coordinadora no quiere firmar hoja de carga, la presionan y firma porque trampean subiendo el trip 10 toneladas». Traducido al español de la calle: ’Señores, esto es un desastre, pero como el jefe manda, falsificamos y a volar’. Y volaron. A 31.000 pies, quemando combustible como si fuera dinero de Monopoly, pero aterrizando con 3.400 kg de más que el límite seguro. Airbus, el fabricante, certificó que ese modelo (un A330-200) no debe superar los 182.000 kg al tocar tierra. Ellos llegaron a 185.400 kg. ¿El resultado? Un aterrizaje que, en términos coloquiales, sonó a ’¡Dios mío, esto se va a caer!’. Pero esto no fue un one-shot. Repitieron el guión nueve meses después, en el vuelo PUE221 Madrid-Bogotá (agosto 2024). La tripulación avisó: «No podemos salir legalmente». La solución correcta: cambiar de tripulación o desembarcar pasajeros. La solución de Plus Ultra: ignorar el aviso y despegar con el visto bueno del responsable de operaciones, que parece tener más poder que un gurú de las aerolíneas low-cost. Y para rematar, el vuelo Caracas-Madrid de enero 2023, que terminó con un aterrizaje de emergencia en Tenerife porque el avión llegaba tan cargado de combustible que parecía un depósito volador. ¿El colmo? Ocultaron el overweight landing en el libro técnico del avión, el documento que debe alertar al mantenimiento de que algo salió mal. Así, el avión siguió volando sin revisiones reforzadas, como si nada. Porque en Plus Ultra, parece que la seguridad aérea es opcional, siempre que los papeles estén en regla. Y si no lo están, se inventan. Mientras, la compañía culpa al ’error humano’ del encargado de repostar en Barajas. Mentira piadosa. La Guardia Civil ya sabe que esto no fue un despiste, sino una operativa recurrente: cargar más combustible del necesario en Madrid (’tankering’, o cómo ahorrar en repostajes caros en Malabo) y luego falsificar los números para que el exceso no apareciera. Como cuando tu vecino dice que su coche consume menos gasolina porque ’olvidó apuntar los últimos 50 km’. Datos duros que duelen: - 10 toneladas de sobrepeso en el vuelo Madrid-Malabo (enero 2023). - 3.400 kg sobre el límite seguro al aterrizar en Guinea Ecuatorial. - Tres documentos falsificados por vuelo (combustible, horarios, peso). - Un WhatsApp interno admitiendo el fraude: «F-plan está falsificado». - Tres vuelos investigados, pero seguro que hay más en el cajón. El toque final: Plus Ultra no es una aerolínea cualquiera. Nació de la mano de un exministro español (José Luis Ábalos), que en 2021 la autorizó a volar a Guinea Ecuatorial —’su’ antigua colonia— justo cuando dejaba el gobierno. Coincidencia? Que se lo pregunten a los 10.000 kg de combustible sobrante. En resumen: una aerolínea que juega a ser Indiana Jones con la seguridad aérea, un avión que aterriza como si fuera un landing page mal optimizado y documentos que mienten más que un político en campaña. Mientras los pasajeros abrochan el cinturón rezando, los de Plus Ultra abrochan el cinturón... de la creatividad contable. ¿El próximo vuelo? Quizá con 20 toneladas de más. Por si acaso.
España: el país donde los inmigrantes de 54 años ya son más que los de 25. Mientras el gobierno repite como un mantra que la inmigración es la panacea del envejecimiento demográfico, los datos de Funcas —ese think tank que parece escrito con tinta de tinta china y números rojos— desvelan una verdad incómoda: el efecto 'rejuvenecedor' de los extranjeros se está desvaneciendo como un chicle en el asfalto. Y no es solo que cada vez lleguen más abuelos con maleta (el 22% de los nacidos fuera ya supera los 54 años, doble que en 2006), sino que los que se quedan son los de más edad. Los jóvenes, esos que antes llegaban como olas, ahora se van como la espuma: solo el 46% de los de 20 a 54 años se queda, mientras que los mayores de 55 tienen una tasa de retención del 110% —sí, más del 100%, porque además envejecen aquí, como un vino mal guardado en el trastero de la Seguridad Social. 615.000 personas mayores de 55 años han llegado desde 2021. Eso es más que la población de Málaga, pero sin el dinamismo de sus bares ni el bullicio de sus playas. Héctor Cebolla y María Miyar, los autores del informe, lo dejan claro: la inmigración no es la solución mágica que vendían los discursos políticos. Es un parche, y no muy bien cosido. Mientras en Alemania o Suecia el 60% de los inmigrantes se queda, en España solo lo hace el 35% —menos que en Chipre, donde hasta los gatos tienen más arraigo—. Y cuando se quedan, muchos ya vienen con la mochila llena de años: la edad media de los ecuatorianos ha pasado de 35 a 43 años en una década, y la de los marroquíes, de 30 a 36. ¿Reagrupación familiar? Sí, pero con edades de jubilación adjuntas. El problema no es solo que lleguen menos jóvenes, sino que los que llegan ya no son tan jóvenes. Los flujos de África y Latinoamérica —antes el motor de la renovación— ahora traen perfiles más maduros, y la inmigración intraeuropea (Rumanía, UE-15) es directamente un all you can eat de mayores. España se ha convertido en el destino de los inmigrantes que ya no tienen edad para emigrar a otros países, pero sí para cobrar pensiones aquí. Y mientras, el Estado del bienestar mira al horizonte con cara de ¿y ahora quién paga las residencias? María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, lo resume con una crudeza que debería ser titular: «La inmigración tiene un efecto rejuvenecedor, pero es temporal». Como ese café que te despierta a las 3 de la mañana y a las 5 ya estás más cansado que un pulpo en un garaje. Los que llegaron entre 2000 y 2008 —los que sí eran jóvenes— ahora envejecen a la par que los españoles. Y los nuevos flujos no compensan. Mientras tanto, los servicios públicos —sanidad, pensiones— se preparan para una bomba de relojería: el 80% de los que llegarán a edad de jubilarse en las próximas décadas serán extracomunitarios. ¿Solución? Miyar apuesta por atraer perfiles cualificados y, sobre todo, dejar de vender humo: «Es difícil pensar que [la inmigración] sea una solución sostenible». Datos duros que pican como ajo en herida: - En 2006, los mayores de 54 años entre los extranjeros eran el 10%. En 2025, el 22%. - Entre 2021 y 2025, los inmigrantes de 55+ crecieron un 42%, frente al 25% de los de 20-54 años. - La tasa de retención de mayores de 55 años es del 110% (se quedan y envejecen), mientras la de 20-54 es del 46% (la mitad se va). - España tiene una de las tasas de maternidad más tardías de Europa (tercer puesto en la UE), y los extranjeros, al llegar, adoptan esos mismos hábitos reproductivos —o sea, pocos hijos y a los 40 años. Moraleja callejera: España no está rejuveneciendo, está posponiendo el problema. Como cuando pagas la factura de la luz con tarjeta y el banco te da un plazo: al final, el agujero sigue ahí, pero más grande y con intereses. La inmigración no es la varita mágica, sino un parche con fecha de caducidad. Y mientras los políticos siguen vendiendo el cuento del 'país de acogida', los números cantan otra canción: la demografía no se soluciona con discursos, sino con políticas que funcionen para todos. O sea, que alguien avise a los de Moncloa antes de que lleguen los abuelos extranjeros a cobrar sus pensiones... y descubran que el sistema ya está más roto que un jarrón de Sèvres. PD: Si esto sigue así, en 2040 los mayores de 54 años en España serán mayoría... y la mitad llevarán pañuelo en la cabeza o banderín de Ecuador. Bienvenidos al futuro: España, país de jubilados con DNI extranjero.
El chófer que se esfumó (y el PSOE no lo busca) Mientras Pedro Sánchez firmaba discursos contra la corrupción en el Congreso, su antiguo chófer, Cristian Corvillo, se desvanecía como un fantasma en la trama Koldo. No está imputado, nadie le ha citado a declarar, y sin embargo, la UCO lo tiene señalado como nexo corruptor en un rosario de negocios turbios: desde mascarillas pandémicas hasta chalés de medio millón para ministros. ¿El detalle más irónico? Que el mismo Sánchez lo usó como chofer en su campaña para ganar las primarias del PSOE en 2017, cuando aún no olía a podrido. El negocio de las mascarillas (y los 100.000 euros perdidos) En marzo de 2020, cuando España se ahogaba en la primera ola, Corvillo —administrador de Egisse, una sociedad que desapareció en 2022— envió a Víctor de Aldama (el comisionista estrella de la trama) los certificados de mascarillas a las 18:02 horas. Cincuenta y seis minutos después, Aldama los reenviaba a Koldo García, asesor de José Luis Ábalos. La UCO no tiene dudas: era su hombre. Y no solo eso. Un documento de Aldama anotaba 100.000 euros con el nombre de Cristian (sin apellidos), como si fuera un trofeo de caza. Pero el chófer, en lugar de cobrar, se hizo invisible. El chalé de Ábalos (y el dinero que nunca llegó) La UCO reconstruyó cómo Corvillo fue el intermediario oficial para comprar un lujoso inmueble en La Alcaidesa (Cádiz), valorado en más de 500.000 euros, supuestamente como soborno para Ábalos. El plan era que lo pagara un tal Henrique, un venezolano de paja, pero al final Aldama lo tiró a la basura y le encargó el trabajo a Corvillo. ¿El resultado? Un contrato de arras firmado por el exchofer, pero sin rastro del dinero. Como en un juego del calamar financiero, donde algunos jugadores desaparecen antes de que suene la música. Los 3,3 millones y la empresa fantasma Pero esto no era un negocio de mascarillas, sino un imperio. Corvillo Energy —otra de sus empresas— facturó 175.450 euros a Salamanca Fuel Center, una de las siete sociedades que defraudaron 231 millones a Hacienda. Y lo más gracioso: la UCO encontró que su empresa compró participaciones de MTM 180 Capital, de Aldama, por 3,3 millones de euros. ¿Para qué? Para suscribir contratos de gestión. Traducción callejera: para lavar dinero con facturas falsas. El hermano, los hoteles y el aval de 40 años Mientras Cristian se esfumaba, su hermano Rubén —socio en Drive Business— ayudaba a Aldama a pagar el aval de dos hoteles en San Roque (Cádiz) por 40 años. Como si fueran dos pisos en un chalet adosado, pero en versión negocio sucio. Y todo esto, mientras el PSOE hablaba de transparencia. ¿Por qué no le imputan? La UCO está perpleja. Corvillo fue candidato socialista en 2015 (hasta que lo apartaron), chofer de Sánchez en 2017, y ahora, el hombre de confianza de Aldama en la trama Koldo. Pero como no hay pruebas directas (solo correos, facturas y testigos), se le deja en stand by. Como ese vecino que siempre huele a quemado, pero al que nadie denuncia. El epílogo más cruel Mientras los españoles hacíamos cola para comprar mascarillas en 2020, Corvillo las gestionaba desde la comodidad de su despacho. Y mientras los políticos del PSOE clamaban contra la corrupción, él se convertía en el hombre invisible de la trama. La moraleja: en este país, algunos se hacen ricos con el dinero público, otros desaparecen sin dejar rastro, y el resto… seguimos pagando el sablazo. Datos duros integrados (sin que parezca un informe de Hacienda): - 100.000€ anotados con su nombre en un documento de Aldama. - 500.000€ el chalé de La Alcaidesa para Ábalos. - 3,3 millones en participaciones de MTM 180 Capital. - 231 millones el fraude fiscal vinculado a Salamanca Fuel Center. - 40 años de aval para hoteles en San Roque. - 18:02 horas del 18 de marzo de 2020: el correo que lo delató. - 2,1 millones transferidos por Espaeventos (empresa vinculada a Villafuel).
El lujo de la discreción tiene su precio (y sus escoltas). Mientras el resto de los mortales discutimos si el pan sube o baja en la compra semanal, Begoña Gómez —la mujer del presidente— se ha convertido en la única española con derecho a un dispositivo de seguridad digno de la época dorada de ETA. Nueve escoltas más, un vehículo de avanzada (el S1, para los amigos), y un VIP móvil que parece sacado de una película de espías. Todo esto, por un altercado en un restaurante de Las Rozas donde lo más grave que ocurrió fue que Vito Quiles le preguntó por sus negocios y ella respondió con un empujón. El coste del privilegio: 9 agentes adicionales, turnos triplicados y un despliegue que hace palidecer a cualquier alcalde de pueblo. Pero hay más. Porque mientras Interior se desvive por blindar a Gómez —con un gasto que ni el Rey se permite—, cuatro agentes (tres policías y un oficial) han sido purgados como si fueran basura de oficina. Tres de ellos estaban en el lugar del incidente, donde cumplieron órdenes directas: mantenerse en el coche para no molestar a la señora. El cuarto, ni siquiera estaba allí, pero igual le ha caído el castigo. ¿El motivo? Fuentes internas hablan de presiones del entorno. Traducido: si no te gusta que te pregunten por tus asesores públicos, castiga a quien te escolta. La hipocresía tiene nombre y apellidos: Begoña Gómez. El escenario del delito: el restaurante Es Panis, en Las Rozas, un día en el que hasta el aire olía a tensión política por el caso Koldo. Gómez llegó con su séquito —Lourdes Solís Toledo (militante del PSOE) y Blanca de Juan de Castro (coordinadora de su cátedra en la Complutense)— y, como toda estrella, exigió discreción. Los coches oficiales aparcaron lejos, los escoltas se escondieron en el vehículo, y solo quedó un pobre policía vigilando la puerta. El plan era perfecto, hasta que llegó Vito Quiles. El periodista, con la elegancia de quien paga su propio café, le preguntó por sus negocios y el uso de asesores públicos para temas privados. La respuesta fue un empujón y una denuncia por acoso. Ahora, mientras Gómez disfruta de su cápsula de seguridad de lujo, los agentes que siguieron sus órdenes son los chivos expiatorios. El detalle más irónico: el Ministerio del Interior justifica este despliegue militar con el argumento de que el incidente fue grave. Pero ¿grave como para merecer escoltas de ETA? Quizá. O quizá solo se trata de evitar que vuelva a pasar lo de siempre: que alguien le pregunte por sus contratos opacos y ella se ponga como un pollo sin cabeza. Mientras, en la calle, los ciudadanos seguimos pagando impuestos para que una señora con derecho a privacidad tenga más seguridad que el Banco de España. Lo peor: ni Moncloa ni Interior han abierto la boca. María Marcos, directora del Departamento de Seguridad de Presidencia, se ha hecho la sueca. Como si esto no fuera más que un chisme de pasillo y no un despropósito con nombre y apellidos. Porque al final, la pregunta que nadie se atreve a hacer es: ¿Cuánto cuesta al ciudadano de a pie este capricho de seguridad? La respuesta, como siempre, está en la factura de la luz. Dato para no perderse: mientras Gómez se pasea con su escolta de élite, Víctor de Aldama sigue en la cárcel por el caso Koldo. Coincidencia? Ni en sueños.
El PSOE convierte la sanidad en un spot electoral: cuando el ‘te llamo por tu cita’ es un ‘vota PSOE’ disfrazado de urgencia médica. Mientras en los hospitales andaluces las listas de espera se alargan como la cola del pan en agosto —más de dos millones de pacientes en limbo, según el propio audio del PSOE—, el partido de María Jesús Montero ha decidido que la mejor forma de ‘informar’ a los ciudadanos es suplantando al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por teléfono. Sí, como lo oyes: un fake call de 40 segundos donde una voz con acento andaluz y tono de funcionaria solícita te suelta a bocajarro que el PP está ‘privatizando’ la sanidad, justo cuando estás esperando una cita que lleva meses en el aire. El colmo del marketing político: hacer que la gente crea que es una llamada oficial para luego soltarle un ‘vota PSOE’ en plan hostia, esto es una emergencia. El guión es tan cutre como efectivo: «Buenas, le llamo por su próxima cita médica…» (aquí el paciente, que lleva tres meses sin ver a un traumatólogo, se relaja como si le hubieran dado el alta). «…para informarle de que el PP está privatizando la sanidad». Y luego, como un script de teleserie barata, la voz añade: «Solo tú puedes arreglarlo. Vota sanidad pública, vota PSOE». El twist final: el anuncio se identifica como propaganda electoral solo cuando ya has colgado, como cuando el spoiler de la película te lo dicen después de los créditos. Ingeniería psicológica de manual: jugar con el miedo (las listas de espera) y la esperanza (la sanidad pública) para que el votante caiga en la trampa sin darse cuenta. La confusión ha sido tal que muchos mayores, esos que aún confían en que el Estado no les va a timar por teléfono, han creído que era una cita real. Imagina el drama: un paciente con dolor de muelas escucha esto y piensa «¡Por fin me atienden!», solo para descubrir que era un telemarketing electoral disfrazado de SAS. El PP, que no pierde ni una, ha salido como un torero a la plaza: «¿En serio suplantáis a las telefonistas de la sanidad para pedir votos?», ha espetado Elías Bendodo, vicesecretario popular, mientras Montero —que en otra vida fue ministra de Sanidad— mira para otro lado como si esto fuera un error de guion y no una estrategia premeditada. Pero lo más gracioso (o trágico, según se mire) es el desfase económico. Mientras el PSOE gasta quién sabe cuánto en esta campaña de fake calls —porque esto no es gratis, hay que pagar operadoras, grabaciones, números de teléfono—, en los hospitales andaluces recortan en material básico. Dos millones de andaluces en lista de espera (sí, los mismos que menciona el audio) y, sin embargo, el PSOE prefiere invertir en engañar por teléfono antes que en solucionar el problema. Prioridades, María Jesús. Eso sí, hay que reconocerles una cosa: son más listos que el hambre. Si el objetivo era generar ruido y polarizar el debate antes de las autonómicas, misión cumplida. Ahora solo queda esperar a que algún paciente mayor, desorientado, vaya a votar creyendo que el PSOE le va a dar cita el domingo. Sanidad pública, sí; pero no a este precio: el de la dignidad y el sentido común.
El arte de negar con estilo (y con hotel de por medio) Mientras los españoles ajustaban el cinturón en plena crisis de precios, María Jesús Montero —exvicepresidenta, exministra de Hacienda y futura candidata a presidir Andalucía— se tomaba unas vacaciones de pareja en Cabo de Gata con Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI que ella misma cesó en 2019 y que ahora pudre en la cárcel de los amigos de los amigos. El detalle: lo hicieron dos años después de su despido, en agosto de 2021, cuando la ministra juraba en el Congreso que ni un hola le había cruzado al señor. Pero claro, ¿quién va a creer a un testigo anónimo que vio a la pareja paseando de la mano por la playa como si fueran turistas de paquete todo incluido, mientras ella firmaba cheques públicos con la otra? La lista de la compra de la corrupción Porque esto no es un reality show barato: hablamos de 132 millones de euros en contratos amañados —sí, con m— donde Fernández, Leire Díez (la fontanera del PSOE) y Antxon Alonso —el trío de las mordidas que se autodenominaban Hirurok (o sea, los tres juntos en euskera, porque hasta el nombre suena a whisky de contrabando)— negociaban comisiones ilegales usando sus contactos VIP en Hacienda y Transición Ecológica. Montero, que en 2019 colocó a Fernández en la SEPI como su mano derecha, ahora juega a la damisela ofendida: «No tengo ni idea de qué hacía ese señor». Pero el problema no es que mintiera (eso es pan de cada día en política), sino que lo hizo con un testigo que la vio abrazada a él en un hotel de lujo, mientras él ya estaba en el punto de mira por el caso Aznalcóllar y ella seguía firmando presupuestos con su firma de garabato ministerial. El hotel de los secretos (y de las facturas públicas) El Hotel Las Salinas, en Cabo de Gata, parece sacado de una novela de espías de pacotilla: playa, sol, y dos políticos viviendo su verano del amor mientras España se ahogaba en subidas de impuestos. El testigo —un ciudadano anónimo con más paciencia que un santo— denunció los hechos a la Guardia Civil, pero como no había delito explícito (solo hipocresía con sol y playa), archivaron. Eso sí, la UCO sigue rastreando el rastro de las influencias: porque si algo une a este trío es su habilidad para convertir contratos públicos en efectivo privado. Fernández, por ejemplo, pasó de ser interventor general de Andalucía a asesor de Servinabar (empresa de Alonso, investigado en la trama Koldo), como si el currículum de un corrupto fuera un LinkedIn de lujo. La moraleja del banquete (o cómo gastar dinero ajeno) Lo gracioso —o trágico, según se mire— es que mientras Montero se presentaba como candidata a la virtud andaluza, Fernández ya estaba en el banquillo por tráfico de influencias y ella seguía negando cualquier contacto, como si su agenda fuera más secreta que los papeles de Bárcenas. Pero aquí está el detalle que lo arruina todo: el testigo no solo vio a la pareja en la playa, sino que adjuntó facturas y fotos a su denuncia. Como ese vecino que te pilla tirando los cubos de basura en el balcón: «Señora, que esto es público y lo sabe todo el mundo». El colmo del cinismo: negar lo negable La SEPI, por cierto, es esa caja negra donde el Estado guarda sus joyas industriales (y sus agujeros contables). Fernández la dirigió con mano ligera hasta que lo cesaron por el caso Aznalcóllar, donde se investigó malversación en una mina. Pero como los políticos tienen memoria de pez, Montero lo rescató como asesor en Servinabar, empresa que ahora también huele a trama sucia. Y todo esto mientras la UCO sigue desenterrando contratos fantasma por valor de 132 millones, como si fueran sobres con billetes escondidos bajo el sofá del poder. El final de la historia (o el principio del escándalo) La Guardia Civil archivó la denuncia por falta de delito, pero la trama Sepi sigue viva, como ese vino mal bebido que te deja mal sabor de boca. Porque al final, lo que más duele no es que Montero mintiera (eso es folclore político), sino que lo hiciera con la cara más seria del mundo, mientras su pareja de vacaciones ya estaba en la lista de buscados por corrupción. Como ese amigo que te dice «no he tocado tu dinero» mientras tiene las manos en el bolsillo de tu cartera. La diferencia es que aquí el bolsillo es de todos.
El lujo tiene dueño (y no son ellos). Mientras en Pamplona los vecinos se quejan de que el alquiler se les come el sueldo, el Gobierno de Navarra ha decidido que seis menores extranjeros no acompañados (MENA) vivan como reyes en un chalet de Valle de Egüés, esa zona donde hasta los perros tienen más estatus que algunos mortales. Piscina privada, jardín vallado, Netflix, consolas y un móvil por cabeza —sí, aunque no sean mayores de edad—: el informe de inspección suena a catálogo de Airbnb VIP, no a centro de acogida. 93.000 euros al año por plaza, o lo que es lo mismo: el presupuesto anual de un departamento de bomberos pequeño para que tres chicos y tres chicas de 16-17 años no se aburran. 558.000 euros anuales en total. ¿Para qué? Para que no huyan del huerto ecológico que, según el informe, es clave para evitar 'situaciones de tensión'. La paradoja navarra brilla con luz propia: mientras el Gobierno de María Chivite (sí, la misma que promete equidad) destina fortunas a estos resorts para MENAs, en la misma comunidad autónoma hay listas de espera de años para plazas en guarderías públicas. ¿Dónde está el agravio comparativo? En que una familia navarra media se parte el alma para pagar un piso de 600 euros (si hay suerte), mientras el Estado regala lujos a menores que, por cierto, no pidieron venir. El chalet de Gorraiz no es una excepción: es el hermano gemelo de otro inmueble de lujo en Pamplona, donde una quincena de MENAs disfrutan de exclusividad mientras los jóvenes locales se ahogan en pisos turísticos. Pero hay más: el informe detalla que los menores hacen tareas domésticas (¿trabajo infantil disfrazado de 'responsabilidad'?), participan en reuniones semanales (democracia en miniatura) y hasta tienen un teléfono extra para llamar a sus países (nostalgia con WiFi). ¿Alguien se acuerda de que en 2023 Navarra gastó 12 millones en acogida de MENAs? Dinero que, según los cálculos, podría haber construido 200 viviendas sociales para familias en riesgo de exclusión. Pero no, mejor piscina. Porque, al fin y al cabo, un MENA con tablet es un MENA contento, y un MENA contento es un MENA que no protesta. Lo más irónico es que ni siquiera hay quejas vecinales. ¿Será porque el jardín vallado y la piscina ahogan el ruido de las protestas? Mientras, en las periferias de Pamplona, los niños de familias navarras comparten habitación y sueñan con un parque público decente. El sistema de acogida de Navarra no está roto: está podrido de privilegios selectivos. Y lo peor es que, mientras tanto, los mismos que defienden estos gastos con argumentos humanitarios no regalan ni un libro de texto a un niño del barrio. ¿Humanidad con condiciones o simple hipocresía con piscina adjunta?
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