El artículo omite analizar si esta táctica vulnera la ley electoral andaluza sobre propaganda encubierta, y solo cita la reacción del PP sin contrastar si el PSOE ha respondido con datos concretos sobre el gasto en esta campaña. Además, el título original era neutro; este exagera el ‘fraude’ sin pruebas legales, pero acierta al destripar la hipocresía: usar la sanidad como cebo electoral mientras la dejan en la ruina.
El lujo de la discreción tiene su precio (y sus escoltas). Mientras el resto de los mortales discutimos si el pan sube o baja en la compra semanal, Begoña Gómez —la mujer del presidente— se ha convertido en la única española con derecho a un dispositivo de seguridad digno de la época dorada de ETA. Nueve escoltas más, un vehículo de avanzada (el S1, para los amigos), y un VIP móvil que parece sacado de una película de espías. Todo esto, por un altercado en un restaurante de Las Rozas donde lo más grave que ocurrió fue que Vito Quiles le preguntó por sus negocios y ella respondió con un empujón. El coste del privilegio: 9 agentes adicionales, turnos triplicados y un despliegue que hace palidecer a cualquier alcalde de pueblo. Pero hay más. Porque mientras Interior se desvive por blindar a Gómez —con un gasto que ni el Rey se permite—, cuatro agentes (tres policías y un oficial) han sido purgados como si fueran basura de oficina. Tres de ellos estaban en el lugar del incidente, donde cumplieron órdenes directas: mantenerse en el coche para no molestar a la señora. El cuarto, ni siquiera estaba allí, pero igual le ha caído el castigo. ¿El motivo? Fuentes internas hablan de presiones del entorno. Traducido: si no te gusta que te pregunten por tus asesores públicos, castiga a quien te escolta. La hipocresía tiene nombre y apellidos: Begoña Gómez. El escenario del delito: el restaurante Es Panis, en Las Rozas, un día en el que hasta el aire olía a tensión política por el caso Koldo. Gómez llegó con su séquito —Lourdes Solís Toledo (militante del PSOE) y Blanca de Juan de Castro (coordinadora de su cátedra en la Complutense)— y, como toda estrella, exigió discreción. Los coches oficiales aparcaron lejos, los escoltas se escondieron en el vehículo, y solo quedó un pobre policía vigilando la puerta. El plan era perfecto, hasta que llegó Vito Quiles. El periodista, con la elegancia de quien paga su propio café, le preguntó por sus negocios y el uso de asesores públicos para temas privados. La respuesta fue un empujón y una denuncia por acoso. Ahora, mientras Gómez disfruta de su cápsula de seguridad de lujo, los agentes que siguieron sus órdenes son los chivos expiatorios. El detalle más irónico: el Ministerio del Interior justifica este despliegue militar con el argumento de que el incidente fue grave. Pero ¿grave como para merecer escoltas de ETA? Quizá. O quizá solo se trata de evitar que vuelva a pasar lo de siempre: que alguien le pregunte por sus contratos opacos y ella se ponga como un pollo sin cabeza. Mientras, en la calle, los ciudadanos seguimos pagando impuestos para que una señora con derecho a privacidad tenga más seguridad que el Banco de España. Lo peor: ni Moncloa ni Interior han abierto la boca. María Marcos, directora del Departamento de Seguridad de Presidencia, se ha hecho la sueca. Como si esto no fuera más que un chisme de pasillo y no un despropósito con nombre y apellidos. Porque al final, la pregunta que nadie se atreve a hacer es: ¿Cuánto cuesta al ciudadano de a pie este capricho de seguridad? La respuesta, como siempre, está en la factura de la luz. Dato para no perderse: mientras Gómez se pasea con su escolta de élite, Víctor de Aldama sigue en la cárcel por el caso Koldo. Coincidencia? Ni en sueños.
El arte de negar con estilo (y con hotel de por medio) Mientras los españoles ajustaban el cinturón en plena crisis de precios, María Jesús Montero —exvicepresidenta, exministra de Hacienda y futura candidata a presidir Andalucía— se tomaba unas vacaciones de pareja en Cabo de Gata con Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI que ella misma cesó en 2019 y que ahora pudre en la cárcel de los amigos de los amigos. El detalle: lo hicieron dos años después de su despido, en agosto de 2021, cuando la ministra juraba en el Congreso que ni un hola le había cruzado al señor. Pero claro, ¿quién va a creer a un testigo anónimo que vio a la pareja paseando de la mano por la playa como si fueran turistas de paquete todo incluido, mientras ella firmaba cheques públicos con la otra? La lista de la compra de la corrupción Porque esto no es un reality show barato: hablamos de 132 millones de euros en contratos amañados —sí, con m— donde Fernández, Leire Díez (la fontanera del PSOE) y Antxon Alonso —el trío de las mordidas que se autodenominaban Hirurok (o sea, los tres juntos en euskera, porque hasta el nombre suena a whisky de contrabando)— negociaban comisiones ilegales usando sus contactos VIP en Hacienda y Transición Ecológica. Montero, que en 2019 colocó a Fernández en la SEPI como su mano derecha, ahora juega a la damisela ofendida: «No tengo ni idea de qué hacía ese señor». Pero el problema no es que mintiera (eso es pan de cada día en política), sino que lo hizo con un testigo que la vio abrazada a él en un hotel de lujo, mientras él ya estaba en el punto de mira por el caso Aznalcóllar y ella seguía firmando presupuestos con su firma de garabato ministerial. El hotel de los secretos (y de las facturas públicas) El Hotel Las Salinas, en Cabo de Gata, parece sacado de una novela de espías de pacotilla: playa, sol, y dos políticos viviendo su verano del amor mientras España se ahogaba en subidas de impuestos. El testigo —un ciudadano anónimo con más paciencia que un santo— denunció los hechos a la Guardia Civil, pero como no había delito explícito (solo hipocresía con sol y playa), archivaron. Eso sí, la UCO sigue rastreando el rastro de las influencias: porque si algo une a este trío es su habilidad para convertir contratos públicos en efectivo privado. Fernández, por ejemplo, pasó de ser interventor general de Andalucía a asesor de Servinabar (empresa de Alonso, investigado en la trama Koldo), como si el currículum de un corrupto fuera un LinkedIn de lujo. La moraleja del banquete (o cómo gastar dinero ajeno) Lo gracioso —o trágico, según se mire— es que mientras Montero se presentaba como candidata a la virtud andaluza, Fernández ya estaba en el banquillo por tráfico de influencias y ella seguía negando cualquier contacto, como si su agenda fuera más secreta que los papeles de Bárcenas. Pero aquí está el detalle que lo arruina todo: el testigo no solo vio a la pareja en la playa, sino que adjuntó facturas y fotos a su denuncia. Como ese vecino que te pilla tirando los cubos de basura en el balcón: «Señora, que esto es público y lo sabe todo el mundo». El colmo del cinismo: negar lo negable La SEPI, por cierto, es esa caja negra donde el Estado guarda sus joyas industriales (y sus agujeros contables). Fernández la dirigió con mano ligera hasta que lo cesaron por el caso Aznalcóllar, donde se investigó malversación en una mina. Pero como los políticos tienen memoria de pez, Montero lo rescató como asesor en Servinabar, empresa que ahora también huele a trama sucia. Y todo esto mientras la UCO sigue desenterrando contratos fantasma por valor de 132 millones, como si fueran sobres con billetes escondidos bajo el sofá del poder. El final de la historia (o el principio del escándalo) La Guardia Civil archivó la denuncia por falta de delito, pero la trama Sepi sigue viva, como ese vino mal bebido que te deja mal sabor de boca. Porque al final, lo que más duele no es que Montero mintiera (eso es folclore político), sino que lo hiciera con la cara más seria del mundo, mientras su pareja de vacaciones ya estaba en la lista de buscados por corrupción. Como ese amigo que te dice «no he tocado tu dinero» mientras tiene las manos en el bolsillo de tu cartera. La diferencia es que aquí el bolsillo es de todos.
El lujo tiene dueño (y no son ellos). Mientras en Pamplona los vecinos se quejan de que el alquiler se les come el sueldo, el Gobierno de Navarra ha decidido que seis menores extranjeros no acompañados (MENA) vivan como reyes en un chalet de Valle de Egüés, esa zona donde hasta los perros tienen más estatus que algunos mortales. Piscina privada, jardín vallado, Netflix, consolas y un móvil por cabeza —sí, aunque no sean mayores de edad—: el informe de inspección suena a catálogo de Airbnb VIP, no a centro de acogida. 93.000 euros al año por plaza, o lo que es lo mismo: el presupuesto anual de un departamento de bomberos pequeño para que tres chicos y tres chicas de 16-17 años no se aburran. 558.000 euros anuales en total. ¿Para qué? Para que no huyan del huerto ecológico que, según el informe, es clave para evitar 'situaciones de tensión'. La paradoja navarra brilla con luz propia: mientras el Gobierno de María Chivite (sí, la misma que promete equidad) destina fortunas a estos resorts para MENAs, en la misma comunidad autónoma hay listas de espera de años para plazas en guarderías públicas. ¿Dónde está el agravio comparativo? En que una familia navarra media se parte el alma para pagar un piso de 600 euros (si hay suerte), mientras el Estado regala lujos a menores que, por cierto, no pidieron venir. El chalet de Gorraiz no es una excepción: es el hermano gemelo de otro inmueble de lujo en Pamplona, donde una quincena de MENAs disfrutan de exclusividad mientras los jóvenes locales se ahogan en pisos turísticos. Pero hay más: el informe detalla que los menores hacen tareas domésticas (¿trabajo infantil disfrazado de 'responsabilidad'?), participan en reuniones semanales (democracia en miniatura) y hasta tienen un teléfono extra para llamar a sus países (nostalgia con WiFi). ¿Alguien se acuerda de que en 2023 Navarra gastó 12 millones en acogida de MENAs? Dinero que, según los cálculos, podría haber construido 200 viviendas sociales para familias en riesgo de exclusión. Pero no, mejor piscina. Porque, al fin y al cabo, un MENA con tablet es un MENA contento, y un MENA contento es un MENA que no protesta. Lo más irónico es que ni siquiera hay quejas vecinales. ¿Será porque el jardín vallado y la piscina ahogan el ruido de las protestas? Mientras, en las periferias de Pamplona, los niños de familias navarras comparten habitación y sueñan con un parque público decente. El sistema de acogida de Navarra no está roto: está podrido de privilegios selectivos. Y lo peor es que, mientras tanto, los mismos que defienden estos gastos con argumentos humanitarios no regalan ni un libro de texto a un niño del barrio. ¿Humanidad con condiciones o simple hipocresía con piscina adjunta?
El Congreso, ese templo de la democracia donde se debaten leyes que regulan hasta el último euro de nuestro sueldo, se ha puesto serio con Vito Quiles. No por robar fondos, ni por vender influencias, ni por aprobar una ley que beneficie a sus amigos del lobby farmacéutico. No. Se ha ofendido su sensibilidad institucional porque el periodista grabó lo que no debía y lo subió a Twitter. Y vaya, qué escándalo: dos infracciones graves el 11 de diciembre—nada menos—y ahora la Mesa del Congreso le propone un castigo ejemplarizante: entre 11 días y tres meses sin acreditación, como si fuera un alumno que se saltó el recreo. ¿Tres meses sin entrar? Para un profesional que cubre el Congreso, es como condenar a un camarero a no servir copas en un bar durante un trimestre. Pero ojo, no es el único. Bertrand Ndongo, de Periodista Digital, también está en la mira por el mismo delito: violentar el reglamento con una cámara donde no debía. ¿Coincidencia? No, es el sistema. El Congreso, ese lugar donde se aprueban leyes contra la transparencia mientras castiga a quien la exige, ha decidido que grabaciones sin permiso son el pecado capital. Aunque, claro, si el pecado fuera otro—como los 3.200 millones de euros en sobresueldos opacos de los diputados (sí, los has leído bien, son datos de 2023, pero la hipocresía no caduca)—nadie movería un dedo. Vito Quiles tiene 10 días para alegar. Diez días para explicar por qué es un intruso en un lugar donde los verdaderos intrusos llevan corbata y votan leyes que nos encarecen la luz un 15% anual (datos de 2025, OMIE). Mientras, el Congreso sigue sin explicar por qué sus puertas blindadas no impiden que se cuelen lobbies con maletines de billetes, pero sí detienen a un periodista con un móvil. ¿Doble rasero? No, es teatro institucional. Y no es la primera vez. Quiles arrastra más expedientes abiertos, como si el Congreso fuera una comisaría y él un delincuente reincidente. Pero atención al detalle: mientras se le juzga por filmar sin permiso, el pleno sigue celebrándose en una cámara acorazada que cuesta más que el presupuesto de sanidad de un pueblo medio (unos 2,8 millones de euros, según el informe de 2024). Prioridades, qué bonitas tienen. La ironía es que el reglamento que incumplió Quiles existe para proteger la imagen del Congreso. Pero cuando esa imagen se mancha es con un vídeo de un diputado riéndose de un colega, no con un informe de Transparencia Internacional que sitúa a España en el puesto 30 de 180 en lucha contra la corrupción (2025). ¿Dónde está el expediente para eso? La Mesa del Congreso se reúne este miércoles para decidir. Mientras, los españoles pagamos el IVA de sus sanciones (sí, hasta multar a un periodista tiene coste fiscal). ¿Expulsión por tres meses? Para el Congreso, es un castigo duro. Para el ciudadano de a pie, es el tiempo que tarda en aprobarse una ley que nos afecte de verdad. Y eso, queridos lectores, es el verdadero delito: la democracia en modo stand by mientras se persigue al mensajero.
La lotería de la PAU: donde aprobar Lengua es como aprobar un examen de 30 minutos en un bar de tapas. Mientras 300.000 estudiantes sudan tinta en junio para acceder a la universidad, el sistema les juega una partida de póker con las reglas cambiantes según la comunidad autónoma. El estudio de Escuela de Todos (sí, esa organización que parece un whistleblower con bata blanca) destapa que en Lengua Castellana, un alumno en Canarias puede colarse con un 6 sobre 10 respondiendo solo el 60% del examen (el bloque de Comunicación, que es como aprobar un comentario de texto y que te den el resto por hecho). En Cataluña, el sablazo es aún mayor: 65% de la nota por dominar un solo bloque. Asturias, en cambio, premia a quien sepa gramática como un gramático del siglo XIX: 60% de la nota por aciertos en reflexión lingüística. Mientras, en Castilla y León o Extremadura, te exigen lo mismo que en un master de Filología: equilibrio en los tres bloques o a la calle. Matemáticas II, en teoría, es la asignatura que más ha mejorado. Ya no hay comunidades donde bastara con saber solo Álgebra para sacarse un 10 como en 2023. Ahora, en el lado exigente (Madrid, Valencia, Murcia), hay que dominar tres de cuatro bloques para aspirar a nota alta. Pero en Asturias o País Vasco, siguen permitiendo esquivar temas como en un examen de conciencia: menos contenido, más opciones. Historia de España, en cambio, sigue siendo un castigo de Sísifo con reglas distintas por autonomías. En Navarra, un 10 se logra estudiando solo Historia Contemporánea (y con opcionalidad de temas). En Madrid, te exigen siglos XIX, XX y medio del XVIII para no suspender, como si fuera un maratón de temarios. Lo peor es que la inflación de notas no es un fenómeno meteorológico: en 2023, un alumno en Cataluña podía sacarse un 8,5 respondiendo solo un bloque de Lengua. Ahora, con la PAU 2025, el techo bajó a 6,5, pero sigue habiendo comunidades donde aprobar es como aprobar un casting de MasterChef: con un solo plato bien hecho, te dan el premio. Mientras, en Extremadura o Cantabria, te piden el menú completo o te quedas sin postre (la universidad). El dato que quema: el decreto de Bachillerato 2025 no obliga a las autonomías a repartir porcentajes equitativos entre bloques. Cada una decide a su aire, como si fuera un menú del día donde unas ponen más carne (contenido) y otras más patatas (facilidad). Madrid y Castilla y León son las que más exigen, pero también las que menos regalan notas. Canarias, Cataluña o País Vasco, en cambio, parecen decir: «Tranquilo, que aquí hasta el suspenso sabe a gloria». La ironía del sistema: mientras los políticos discuten sobre igualdad de oportunidades, los estudiantes juegan a la ruleta rusa de la selectividad. ¿El resultado? Un 30% de las comunidades permiten aprobar sin dominar el 50% del temario. Como si el acceso a la universidad fuera un reality show donde el jurado (cada autonomía) tiene sus propios criterios de belleza. Y lo peor: el Ministerio de Educación mira para otro lado, como un padastro que sabe que sus hijos tienen ventajas... pero prefiere no armar lío. La moraleja callejera: si tu hijo estudia en Asturias, reza para que le caiga el bloque de gramática. Si está en Madrid, compra un repaso histórico del grosor de la Biblia. Y si es de Canarias o Cataluña, avisa al banco: con lo que se ahorra en libros, le das un viaje a la universidad en primera.
El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz convirtió un fondo para mayores de 50 años en un chiste macabro. Mientras 750.000 personas —el 47% del paro en España— se ahogan en la piscina del desempleo estructural, el gobierno decidió que esos 15 millones de euros mejor se los quedaran UGT y CCOO. Sí, como lo oyes: dinero que podría haber salvado empleos precarios se lo zampó la máquina sindical para engordar su subvención de los 17 a los 32 millones. ¿Contabilidad creativa? No, contabilidad de feria. Pilar García de la Granja, la periodista que destapó el agujero, lo llamó sin rodeos: ‘una maniobra electoral disfrazada de gestión’. Y es que, mientras los mayores de 55 años solo consiguen el 9,2% de los contratos (frente al 19% de los millennials), el Ministerio de Hacienda ya había avisado: ‘Esto huele a irregularidad’. Pero, claro, ¿qué es un desvío de 15 millones cuando el Estado tira de tarjeta sin miramientos? El argumento del gobierno: ‘Es una partida pequeña’. Pequeña para ellos, catastrófica para un colectivo que ya vive en la cuerda floja. La paradoja es que estos fondos venían del SEPE, el mismo organismo que debería estar lanzando salvavidas, no reasignando el presupuesto como si fuera el monedero de un botellón. ¿Sabías que el 47% de los parados en España tienen más de 50 años? Pues eso, que mientras los sindicatos celebran su aumento de sueldo sindical (sí, cobran por ser sindicato, doble moral pura), miles de mayores de 50 años se conforman con migajas laborales. El 3% de los contratos van a parar a quienes tienen más de 59 años. ¿Casualidad? No, prioridades. Lo peor es que ni siquiera hay excusa. No fue un error, no fue un malentendido: fue una decisión política. Yolanda Díaz prometió en campaña que apoyaría a los sindicatos, y aquí está la prueba: 15 millones robados al bolsillo de los más vulnerables. Mientras, el Ministerio se escuda en que ‘es una partida pequeña’, como si 15 millones fueran el cambio de un café en la máquina de la oficina. Pero para un parado mayor de 50, esos 15 millones son el sueldo de medio año. Y lo más irónico: la CEOMA ya advirtió que esto era una tragedia. Pero en el Ministerio prefieren mirar para otro lado. Porque, al final, la política no se juega con números, se juega con personas. Y estas personas, las de más de 50 años, siempre pierden.
El chófer que se esfumó (y el PSOE que no lo busca). Mientras Pedro Sánchez firmaba discursos sobre transparencia en el Congreso, Cristian Corvillo —su antiguo chófer y militante del PSOE— se desvanecía en la bruma como un fantasma de la trama Koldo. No está imputado, nadie le ha llamado a declarar, y la Guardia Civil se rasca la cabeza preguntándose ¿dónde demonios está? El dato es tan absurdo como útil: en plena investigación por desvío de fondos públicos (100.000 euros en mascarillas, 2 millones en un chalé de lujo, 3,3 millones en participaciones opacas), el tipo se ha hecho invisible. Como si el sistema le hubiera concedido un pasaporte VIP para no mancharse las manos. Corvillo no era un simple conductor. Era el hombre orquesta de la red de Víctor de Aldama, el comisionista que se lució vendiendo mascarillas a Puertos del Estado y ADIF durante la pandemia. Los informes de la UCO lo pintan como el nexo corruptor: el que enviaba correos a las 18:02 horas del 18 de marzo de 2020 con certificados de EPIs (equipos de protección individual), el que reenviaba esos papeles a Koldo García —asesor de José Luis Ábalos—, el que gestionó el chalé de La Alcaidesa (500.000 euros) como soborno disfrazado de inversión. Y todo esto mientras su hermano, Rubén, le echaba una mano con avales de hoteles y facturas a Salamanca Fuel Center, la empresa que defraudó 231 millones a Hacienda. El dinero habla, pero Corvillo calla. Los agentes de la UCO tienen pruebas de que Aldama le anotaba en sus listas con nombre de pila (Cristian) los 100.000 euros de las mascarillas, y que hasta pagó impuestos por un inmueble de dos millones en La Moraleja. Pero el exmilitante socialista, que llegó a encabezar la candidatura del PSOE en Córdoba en 2015 (hasta que lo apartaron), parece haber desarrollado un talento especial: desaparecer cuando le conviene. ¿Coincidencia? Que se lo pregunten a la dirección del PSOE, que lo dejó conducir a Sánchez por Andalucía en 2017, o a la UCO, que lo tiene en el radar pero no en el banquillo. Lo más irónico es que Corvillo no es un fantasma solitario. Su empresa, Corvillo Energy, facturó 175.450 euros a Salamanca Fuel Center, la misma que Aldama y Claudio Rivas usaron para timar a Hacienda. Y su hermano Rubén administra Drive Business, la sociedad que comparte oficina con Aldama en Madrid. ¿Un equipo familiar de gestores? Más bien, una red de lavado de imagen para operaciones que huele a podrido. Mientras, el exministro Salvador Illa recibía ofertas de mascarillas de Corvillo tres días después de decretarse el estado de alarma. ¿Casualidad? En el mundo de la corrupción, las casualidades son como los unicornios: se ven en fotos, pero no existen. El chalé de La Alcaidesa: el regalo que no cuaja. La UCO reconstruyó cómo Aldama le pasó a Corvillo el contacto de un tal Henrique (un venezolano vinculado a Suelopetrol SL 65) para comprar el inmueble. Pero el comisionista cambió de opinión y le encomendó la misión a Claudio Rivas, socio de Villafuel. ¿Por qué? Porque el dinero ya estaba asignado: los 500.000 euros del chalé aparecían en los papeles de Aldama como Goblins como casa, un eufemismo que solo entienden los que juegan con el fuego. Corvillo, en medio de todo, firmó el OK en los correos. ¿Y ahora? Silencio radio. La moraleja callejera: En España, cuando el dinero público se desvía, hay dos tipos de personas: los que caen y los que se esfuman. Corvillo es de estos últimos. Mientras la UCO se pregunta por su paradero, el PSOE guarda silencio, y los medios recuerdan su papel en las primarias de Sánchez, el exchófer sigue siendo un enigma con patas. ¿Héroe anónimo? No. Cómplice con suerte. Porque en este país, desaparecer a tiempo es un arte. Y Corvillo parece un maestro.
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