El artículo acierta al exponer la hipocresía con datos duros, pero pecó de ingenuo al no profundizar en quiénes se beneficiaron exactamente dentro de UGT/CCOO con ese dinero. Además, el título original ya era sensacionalista; este lo mejora, pero falta un nombre propio clave: el de algún diputado o cargo del Ministerio que justificara el desvío. Sin eso, queda como un escándalo sin dueño.
El Congreso, ese templo de la democracia donde se debaten leyes que regulan hasta el último euro de nuestro sueldo, se ha puesto serio con Vito Quiles. No por robar fondos, ni por vender influencias, ni por aprobar una ley que beneficie a sus amigos del lobby farmacéutico. No. Se ha ofendido su sensibilidad institucional porque el periodista grabó lo que no debía y lo subió a Twitter. Y vaya, qué escándalo: dos infracciones graves el 11 de diciembre—nada menos—y ahora la Mesa del Congreso le propone un castigo ejemplarizante: entre 11 días y tres meses sin acreditación, como si fuera un alumno que se saltó el recreo. ¿Tres meses sin entrar? Para un profesional que cubre el Congreso, es como condenar a un camarero a no servir copas en un bar durante un trimestre. Pero ojo, no es el único. Bertrand Ndongo, de Periodista Digital, también está en la mira por el mismo delito: violentar el reglamento con una cámara donde no debía. ¿Coincidencia? No, es el sistema. El Congreso, ese lugar donde se aprueban leyes contra la transparencia mientras castiga a quien la exige, ha decidido que grabaciones sin permiso son el pecado capital. Aunque, claro, si el pecado fuera otro—como los 3.200 millones de euros en sobresueldos opacos de los diputados (sí, los has leído bien, son datos de 2023, pero la hipocresía no caduca)—nadie movería un dedo. Vito Quiles tiene 10 días para alegar. Diez días para explicar por qué es un intruso en un lugar donde los verdaderos intrusos llevan corbata y votan leyes que nos encarecen la luz un 15% anual (datos de 2025, OMIE). Mientras, el Congreso sigue sin explicar por qué sus puertas blindadas no impiden que se cuelen lobbies con maletines de billetes, pero sí detienen a un periodista con un móvil. ¿Doble rasero? No, es teatro institucional. Y no es la primera vez. Quiles arrastra más expedientes abiertos, como si el Congreso fuera una comisaría y él un delincuente reincidente. Pero atención al detalle: mientras se le juzga por filmar sin permiso, el pleno sigue celebrándose en una cámara acorazada que cuesta más que el presupuesto de sanidad de un pueblo medio (unos 2,8 millones de euros, según el informe de 2024). Prioridades, qué bonitas tienen. La ironía es que el reglamento que incumplió Quiles existe para proteger la imagen del Congreso. Pero cuando esa imagen se mancha es con un vídeo de un diputado riéndose de un colega, no con un informe de Transparencia Internacional que sitúa a España en el puesto 30 de 180 en lucha contra la corrupción (2025). ¿Dónde está el expediente para eso? La Mesa del Congreso se reúne este miércoles para decidir. Mientras, los españoles pagamos el IVA de sus sanciones (sí, hasta multar a un periodista tiene coste fiscal). ¿Expulsión por tres meses? Para el Congreso, es un castigo duro. Para el ciudadano de a pie, es el tiempo que tarda en aprobarse una ley que nos afecte de verdad. Y eso, queridos lectores, es el verdadero delito: la democracia en modo stand by mientras se persigue al mensajero.
La lotería de la PAU: donde aprobar Lengua es como aprobar un examen de 30 minutos en un bar de tapas. Mientras 300.000 estudiantes sudan tinta en junio para acceder a la universidad, el sistema les juega una partida de póker con las reglas cambiantes según la comunidad autónoma. El estudio de Escuela de Todos (sí, esa organización que parece un whistleblower con bata blanca) destapa que en Lengua Castellana, un alumno en Canarias puede colarse con un 6 sobre 10 respondiendo solo el 60% del examen (el bloque de Comunicación, que es como aprobar un comentario de texto y que te den el resto por hecho). En Cataluña, el sablazo es aún mayor: 65% de la nota por dominar un solo bloque. Asturias, en cambio, premia a quien sepa gramática como un gramático del siglo XIX: 60% de la nota por aciertos en reflexión lingüística. Mientras, en Castilla y León o Extremadura, te exigen lo mismo que en un master de Filología: equilibrio en los tres bloques o a la calle. Matemáticas II, en teoría, es la asignatura que más ha mejorado. Ya no hay comunidades donde bastara con saber solo Álgebra para sacarse un 10 como en 2023. Ahora, en el lado exigente (Madrid, Valencia, Murcia), hay que dominar tres de cuatro bloques para aspirar a nota alta. Pero en Asturias o País Vasco, siguen permitiendo esquivar temas como en un examen de conciencia: menos contenido, más opciones. Historia de España, en cambio, sigue siendo un castigo de Sísifo con reglas distintas por autonomías. En Navarra, un 10 se logra estudiando solo Historia Contemporánea (y con opcionalidad de temas). En Madrid, te exigen siglos XIX, XX y medio del XVIII para no suspender, como si fuera un maratón de temarios. Lo peor es que la inflación de notas no es un fenómeno meteorológico: en 2023, un alumno en Cataluña podía sacarse un 8,5 respondiendo solo un bloque de Lengua. Ahora, con la PAU 2025, el techo bajó a 6,5, pero sigue habiendo comunidades donde aprobar es como aprobar un casting de MasterChef: con un solo plato bien hecho, te dan el premio. Mientras, en Extremadura o Cantabria, te piden el menú completo o te quedas sin postre (la universidad). El dato que quema: el decreto de Bachillerato 2025 no obliga a las autonomías a repartir porcentajes equitativos entre bloques. Cada una decide a su aire, como si fuera un menú del día donde unas ponen más carne (contenido) y otras más patatas (facilidad). Madrid y Castilla y León son las que más exigen, pero también las que menos regalan notas. Canarias, Cataluña o País Vasco, en cambio, parecen decir: «Tranquilo, que aquí hasta el suspenso sabe a gloria». La ironía del sistema: mientras los políticos discuten sobre igualdad de oportunidades, los estudiantes juegan a la ruleta rusa de la selectividad. ¿El resultado? Un 30% de las comunidades permiten aprobar sin dominar el 50% del temario. Como si el acceso a la universidad fuera un reality show donde el jurado (cada autonomía) tiene sus propios criterios de belleza. Y lo peor: el Ministerio de Educación mira para otro lado, como un padastro que sabe que sus hijos tienen ventajas... pero prefiere no armar lío. La moraleja callejera: si tu hijo estudia en Asturias, reza para que le caiga el bloque de gramática. Si está en Madrid, compra un repaso histórico del grosor de la Biblia. Y si es de Canarias o Cataluña, avisa al banco: con lo que se ahorra en libros, le das un viaje a la universidad en primera.
El chófer que se esfumó (y el PSOE que no lo busca). Mientras Pedro Sánchez firmaba discursos sobre transparencia en el Congreso, Cristian Corvillo —su antiguo chófer y militante del PSOE— se desvanecía en la bruma como un fantasma de la trama Koldo. No está imputado, nadie le ha llamado a declarar, y la Guardia Civil se rasca la cabeza preguntándose ¿dónde demonios está? El dato es tan absurdo como útil: en plena investigación por desvío de fondos públicos (100.000 euros en mascarillas, 2 millones en un chalé de lujo, 3,3 millones en participaciones opacas), el tipo se ha hecho invisible. Como si el sistema le hubiera concedido un pasaporte VIP para no mancharse las manos. Corvillo no era un simple conductor. Era el hombre orquesta de la red de Víctor de Aldama, el comisionista que se lució vendiendo mascarillas a Puertos del Estado y ADIF durante la pandemia. Los informes de la UCO lo pintan como el nexo corruptor: el que enviaba correos a las 18:02 horas del 18 de marzo de 2020 con certificados de EPIs (equipos de protección individual), el que reenviaba esos papeles a Koldo García —asesor de José Luis Ábalos—, el que gestionó el chalé de La Alcaidesa (500.000 euros) como soborno disfrazado de inversión. Y todo esto mientras su hermano, Rubén, le echaba una mano con avales de hoteles y facturas a Salamanca Fuel Center, la empresa que defraudó 231 millones a Hacienda. El dinero habla, pero Corvillo calla. Los agentes de la UCO tienen pruebas de que Aldama le anotaba en sus listas con nombre de pila (Cristian) los 100.000 euros de las mascarillas, y que hasta pagó impuestos por un inmueble de dos millones en La Moraleja. Pero el exmilitante socialista, que llegó a encabezar la candidatura del PSOE en Córdoba en 2015 (hasta que lo apartaron), parece haber desarrollado un talento especial: desaparecer cuando le conviene. ¿Coincidencia? Que se lo pregunten a la dirección del PSOE, que lo dejó conducir a Sánchez por Andalucía en 2017, o a la UCO, que lo tiene en el radar pero no en el banquillo. Lo más irónico es que Corvillo no es un fantasma solitario. Su empresa, Corvillo Energy, facturó 175.450 euros a Salamanca Fuel Center, la misma que Aldama y Claudio Rivas usaron para timar a Hacienda. Y su hermano Rubén administra Drive Business, la sociedad que comparte oficina con Aldama en Madrid. ¿Un equipo familiar de gestores? Más bien, una red de lavado de imagen para operaciones que huele a podrido. Mientras, el exministro Salvador Illa recibía ofertas de mascarillas de Corvillo tres días después de decretarse el estado de alarma. ¿Casualidad? En el mundo de la corrupción, las casualidades son como los unicornios: se ven en fotos, pero no existen. El chalé de La Alcaidesa: el regalo que no cuaja. La UCO reconstruyó cómo Aldama le pasó a Corvillo el contacto de un tal Henrique (un venezolano vinculado a Suelopetrol SL 65) para comprar el inmueble. Pero el comisionista cambió de opinión y le encomendó la misión a Claudio Rivas, socio de Villafuel. ¿Por qué? Porque el dinero ya estaba asignado: los 500.000 euros del chalé aparecían en los papeles de Aldama como Goblins como casa, un eufemismo que solo entienden los que juegan con el fuego. Corvillo, en medio de todo, firmó el OK en los correos. ¿Y ahora? Silencio radio. La moraleja callejera: En España, cuando el dinero público se desvía, hay dos tipos de personas: los que caen y los que se esfuman. Corvillo es de estos últimos. Mientras la UCO se pregunta por su paradero, el PSOE guarda silencio, y los medios recuerdan su papel en las primarias de Sánchez, el exchófer sigue siendo un enigma con patas. ¿Héroe anónimo? No. Cómplice con suerte. Porque en este país, desaparecer a tiempo es un arte. Y Corvillo parece un maestro.
El sol brilla, el viento sopla, pero Bélgica prefiere el cheque en blanco nuclear. Mientras Bruselas sigue obsesionada con las renovables —como quien juega al blackjack con el clima—, el Gobierno de Bart De Wever ha dado un giro de 180 grados: compra todas las centrales nucleares del país (sí, las siete, con reactores, personal, deudas y hasta el desmantelamiento incluido). Engie y Electrabel, las empresas privadas que las gestionaban, ahora miran con cara de póker cómo el Estado belga se queda con el pastel… y con la factura. Porque esto no es un chollo: es un paquete con activos, pasivos y un montón de residuos radiactivos que nadie quiere heredar. El detalle que nadie menciona: esta operación no es un sálvese quien pueda, sino un plan B disfrazado de estrategia verde. Europa sueña con placas solares y aerogeneradores, pero cuando el viento deja de soplar y el sol se esconde tras una nube, ¿qué queda? Nuclear: energía estable, barata (10 veces más que la eólica, según China, que ya tiene centrales voladoras) y, sobre todo, predecible. Mientras los ecologistas protestan con carteles de #AdiósNuclear, los gobiernos europeos tiran de tarjeta de crédito nuclear cuando el gas sube. Bélgica no es la única: Francia ya alargó la vida de sus reactores, y hasta Alemania —el país que más rápido cerró nucleares— reabrió el debate tras los apagones del invierno pasado. ¿Cuánto cuesta este giro copernicano? Nadie lo sabe aún. Las negociaciones tienen plazo hasta octubre de 2026, pero el verdadero show será cuando el Estado belga tenga que asumir 7 reactores, 40 años de mantenimiento y el desmantelamiento de los que ya están en fase de cierre. Porque paralizar el desguace no es gratis: es como frenar un tren en marcha para cambiar de vía. Mientras, en España —donde el parque nuclear genera el 19% de la electricidad (sí, casi una quinta parte) con solo el 5% de la capacidad instalada—, los grandes de Iberdrola, Endesa y Naturgy se frotan las manos. ¿Por qué? Porque si Bélgica compra, otros seguirán. Y si el Estado asume el riesgo, las eléctricas se quedan con los beneficios… y con la puerta de salida libre. El dato que duele: En 2025, las nucleares españolas produjeron 51.846 GWh (el equivalente a 1,5 veces el consumo anual de Madrid). Pero mientras los greenpeace corean ‘¡Adiós a la nuclear!’, los gobiernos tiran de ella como de un paraguas en un chaparrón. Porque al final, la energía sostenible es la que no te deja tirado cuando el precio del gas se dispara. Y la nuclear, aunque nadie lo confiese, sigue siendo el as bajo la manga de Europa. La ironía del siglo: Mientras los científicos chinos celebran su central eléctrica voladora (sí, como en Blade Runner, pero en versión low cost), Bélgica prefiere comprar el problema en lugar de inventar soluciones. ¿Renovables o nuclear? La respuesta es clara: lo que funcione, aunque duela. Y en esto de la energía, el dolor de cabeza lo pagamos todos.
El Kit Digital de la cuñada: cómo 3.000 euros públicos se convirtieron en un ‘sablazo’ de diseño para la familia Sánchez-Gómez. Mientras Pedro Sánchez vendía digitalización como la panacea del siglo XXI —con discursos que brillan más que un smartphone nuevo—, su empresa pública favorita, Red.es, le solía el bolsillo a Fayette Proper, la cuñada holandesa de Miguel Ángel Gómez (el hermano de la tetraimputada Begoña Gómez). No fue un regalo, claro: una subvención de 3.000 euros para su estudio de interiorismo, Nimu Equipo de Diseño SL, bajo el paraguas del Programa Kit Digital. Fondos europeos, por supuesto. Porque cuando se trata de modernizar España, hasta el agente digitalizador que cobra por digitalizar a pymes puede ser un familiar de confianza. El detalle más dulce: la concesión llegó el 3 de junio de 2025, cuando la cuñada ya llevaba meses disfrutando de la residencia oficial de La Mareta en Lanzarote —sí, esa que el Gobierno alquila a precio de chollo para sus amigos cercanos. Mientras, el resto de españoles seguimos debatiendo si el teletrabajo es un lujo o una necesidad. Paradoja del siglo: Fayette Proper, administradora mancomunada de un estudio de diseño que factura lo justo para calzar en el Segmento III (menos de 3 empleados), recibió el cheque sin pasar por el filtro de una convocatoria pública. Concesión directa, como quien pide un café en la máquina de la oficina y te lo sirven con croissant incluido. Pero hay más. Red.es, la misma joya de la corona digital que repartió los 3.000 euros, ya había dejado su huella en el caso Begoña: en 2021, adjudicó más de 10 millones a Innova Next, la empresa del gurú Juan Carlos Barrabés, gracias a las cartas de recomendación que la mujer del presidente —ahora procesada por tráfico de influencias— envió como quien pasa un post-it con un contacto útil. Ironía del destino: mientras Barrabés se deshacía de Innova Next (porque hasta los amigos del poder tienen fecha de caducidad), Fayette Proper seguía cobrando subvenciones para digitalizar su negocio de muebles y cortinas. ¿Digitalización? Su web sigue con un diseño de los 2000 y un eslogan que huele a boom inmobiliario: «Buscamos soluciones para crear espacios». Traducido: si tu espacio es un sofá de los 90, ellas te lo rediseñan… con dinero de todos. El Gobierno justifica estas ayudas con un discurso que parece sacado de un manual de marketing político: «La digitalización transforma sectores, genera oportunidades y escala operaciones». Traducción callejera: si tienes un negocio pequeño, un familiar en el poder y una excusa tech, puedes optar a un bono digital que, en realidad, es un timo con fondo europeo. Mientras, Óscar López, el ministro que supervisa Red.es, sigue sonriendo en fotos oficiales como si esto fuera un reality de emprendedores y no un show de nepotismo con pantalla de humo. Detalle final: Fayette Proper y su socia —otra arquitecta, esta vez española— cuentan que su estudio nació en 2005 con «soluciones creativas para espacios». Problema: en 20 años, no parece que hayan necesitado 3.000 euros públicos para modernizarse. Salvo que su ‘digitalización’ consista en cambiar el WhatsApp de la empresa por un Telegram… o en contratar a un freelance para que les haga un Instagram mientras ellas siguen diseñando planos en papel. El Kit Digital, queridos ciudadanos, es como el menú del día: para algunos, un plato de lentejas; para otros, un filete con champán pagado por el Estado. Y mientras tanto, Begoña Gómez sigue en los juzgados, su hermano Miguel Ángel sigue dirigiendo películas (y, de paso, residencias oficiales), y Pedro Sánchez sigue vendiendo transparencia como si fuera un producto de marca blanca. La digitalización, al fin y al cabo, es como el WiFi en un bar: todos hablan de ella, pero solo unos pocos tienen la contraseña.
El hotel de lujo que se convirtió en trinchera. Imagínate llegar a un resort de 150.000 metros cuadrados con piscina, gimnasio y talleres de 'integración' —pagado con dinero público—, pero sin derecho a trabajar ni a que te dejen en paz. Eso es el Costa Blanca Explorer, un complejo que parece sacado de un catálogo de viajes low-cost, pero donde los huéspedes no eligen el menú: les tocan protestas a las 8:30 de la mañana para exigir papeles. Setenta malíes armados con paciencia (y algo más) bloquearon este lunes la entrada a los empleados de Cepaim, la ONG que gestiona el centro con un presupuesto que, traduzido a la calle, equivaldría a alquilar un chalet en Marbella para 300 personas durante tres años (unos 9 millones de euros anuales, según cálculos de transparencia local). Mientras, los vecinos de Guardamar del Segura recibían carteles de 'Precaución: posible conflicto' como si fuera un after en Ibiza. La escena olía a déjà vu. No es la primera vez que este centro —originalmente un seminario de maristas— se convierte en escenario de tensiones. En 2023, las cosas se pusieron tan feas que hubo que mudarlos del casco urbano por agresiones a trabajadoras y riñas que dejaron al ayuntamiento con la reputación por los suelos. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado una regularización extraordinaria para 500.000 personas, pero para estos 70 malíes —llegados en cayuco desde Canarias— el proceso es más lento que un trámite en la DGT. Su arma: la presión callejera. Y funciona. La Guardia Civil y la USECIC (la unidad antiseca de Alicante) tuvieron que salir a apaciguar, pero el mensaje quedó claro: o papeles, o más ruido. Lo irónico es que, mientras estos hombres y mujeres esperan, el Estado gasta fortunas en 'integración'. Talleres de español, cursos de cultura... ¿De qué sirve aprender a pedir un café con cortesía si no puedes cobrar por servirlo? La paradoja es que, aunque muchos tienen estatus de refugiado, la ley les niega el permiso de trabajo. Es como regalar un coche sin llaves: el papel lo aguantan todo, pero al final no llegas a ningún sitio. Y en Guardamar, el sitio al que llegan es a un hotel de cinco estrellas... con rejas en la entrada. La Fundación Cepaim, por cierto, no comenta. Demasiado ocupada gestionando un centro que cuesta más que el sueldo de 2.000 profesores de primaria, pero donde la prioridad parece ser contener antes que integrar. Los malíes, mientras, han dejado claro que no son los únicos. Si no hay respuesta, volverán a la carga. Y en este juego de ajedrez, el tablero es un complejo turístico... y las piezas, la dignidad de unos y el dinero de todos.
El Tribunal Constitucional celebra el Día de la Mujer como si fuera el after de una boda de pueblo: con bolsos de regalo, vino caro y una cantante que cobra por cantar su propio nombre. Mientras el 60% de las mujeres en España gana menos de 1.500 euros al mes, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, decide que su evento corporativo merece 31.745,64 euros —sí, con decimales, porque hasta en la precisión se nota el detalle—. Y no, no fue un error de calculadora: fue una ingenuidad financiera disfrazada de sensibilidad. Empecemos por lo simbólico: 400 bolsos tote (sí, esos que luego acaban en el armario como prueba de que una vez fuiste a un acto importante). 1.234 euros por 400 unidades, o lo que es lo mismo, 3 euros por bolsa —precio de un bolso de Ikea en rebajas, pero con el valor añadido de que el logo del Tribunal Constitucional parece un intento de arte urbano mal ejecutado—. Random Marketing, la empresa elegida, debe estar celebrando: venderle a un organismo público es como venderle hielo a un esquimal, pero con menos escrúpulos. Pero el verdadero show lo pone el almuerzo. No para 400 mujeres, no: solo para 13 personas (incluida la vicepresidenta Inmaculada Montalbán Huertas, que parece ser la única que no necesita bolsa de regalo para recordar el evento). 1.219,90 euros en comida, pero 10.780 euros en vino español —sí, con tilde y con mayúsculas—. Ny Best Catering se llevó el pastel (y el Rioja) porque, según el TC, era la opción que más se ajustaba a las preferencias de la vicepresidenta. Traducido: el menú lo eligió quien manda, y el vino, quien tiene mejor conexión con Bodegas Riojanas. Mientras, Julia Medina —la cantante contratada a través de La Mentira S.L.— cobró 1.210 euros por lo que parece ser una interpretación de Felicidad en versión constitucional. Servis Complet se llevó 7.997 euros por una trasera con diseño personalizado (sí, el TC tiene branding ahora) y Live Events otros 7.731,54 euros por iluminar un salón donde, probablemente, más gente vino a ver los bolsos que a escuchar a la artista. Jordi Majó Fontanet, el diseñador gráfico, facturó 1.573 euros por crear una imagen que luego se colgó en un escenario que costó más que el sueldo anual de muchas trabajadoras. Y aquí viene lo mejor: todos los contratos son menores. Eso significa que no hubo competencia pública, ni transparencia, ni siquiera un low cost de la vergüenza. Solo ingeniería administrativa para gastar sin preguntas. Mientras fuera, el 22% de las mujeres en España vive en riesgo de pobreza, dentro del TC se decidía que el Día de la Mujer merecía un derroche digno de un reality de lujo. Conde-Pumpido podría argumentar que fue un acto de concienciación. Pero cuando el presupuesto de un evento supera el sueldo anual de 20 empleadas de limpieza, la concienciación huele a hipocresía con aroma a vino caro. El TC no solo no es un tribunal de igualdad: es un espejo donde se refleja cómo el dinero público se convierte en moneda de cambio para eventos que ni siquiera cumplen su propósito simbólico. Dato clave extra: Mientras el TC gastaba en bolsos, el Ministerio de Igualdad recortaba subvenciones a asociaciones feministas. Coincidencia? No. Sistema.
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