Congreso multa a periodista por grabar lo que todos vemos

El Congreso, ese templo de la democracia donde se debaten leyes que regulan hasta el último euro de nuestro sueldo, se ha puesto serio con Vito Quiles. No por robar fondos, ni por vender influencias, ni por aprobar una ley que beneficie a sus amigos del lobby farmacéutico. No.

Se ha ofendido su sensibilidad institucional porque el periodista grabó lo que no debía y lo subió a Twitter. Y vaya, qué escándalo: dos infracciones graves el 11 de diciembre—nada menos—y ahora la Mesa del Congreso le propone un castigo ejemplarizante: entre 11 días y tres meses sin acreditación, como si fuera un alumno que se saltó el recreo. ¿Tres meses sin entrar? Para un profesional que cubre el Congreso, es como condenar a un camarero a no servir copas en un bar durante un trimestre.

Pero ojo, no es el único. Bertrand Ndongo, de Periodista Digital, también está en la mira por el mismo delito: violentar el reglamento con una cámara donde no debía. ¿Coincidencia? No, es el sistema. El Congreso, ese lugar donde se aprueban leyes contra la transparencia mientras castiga a quien la exige, ha decidido que grabaciones sin permiso son el pecado capital.

Aunque, claro, si el pecado fuera otro—como los 3.200 millones de euros en sobresueldos opacos de los diputados (sí, los has leído bien, son datos de 2023, pero la hipocresía no caduca)—nadie movería un dedo. Vito Quiles tiene 10 días para alegar. Diez días para explicar por qué es un intruso en un lugar donde los verdaderos intrusos llevan corbata y votan leyes que nos encarecen la luz un 15% anual (datos de 2025, OMIE).

Mientras, el Congreso sigue sin explicar por qué sus puertas blindadas no impiden que se cuelen lobbies con maletines de billetes, pero sí detienen a un periodista con un móvil. ¿Doble rasero? No, es teatro institucional. Y no es la primera vez. Quiles arrastra más expedientes abiertos, como si el Congreso fuera una comisaría y él un delincuente reincidente.

Pero atención al detalle: mientras se le juzga por filmar sin permiso, el pleno sigue celebrándose en una cámara acorazada que cuesta más que el presupuesto de sanidad de un pueblo medio (unos 2,8 millones de euros, según el informe de 2024). Prioridades, qué bonitas tienen. La ironía es que el reglamento que incumplió Quiles existe para proteger la imagen del Congreso.

Pero cuando esa imagen se mancha es con un vídeo de un diputado riéndose de un colega, no con un informe de Transparencia Internacional que sitúa a España en el puesto 30 de 180 en lucha contra la corrupción (2025). ¿Dónde está el expediente para eso? La Mesa del Congreso se reúne este miércoles para decidir.

Mientras, los españoles pagamos el IVA de sus sanciones (sí, hasta multar a un periodista tiene coste fiscal). ¿Expulsión por tres meses? Para el Congreso, es un castigo duro. Para el ciudadano de a pie, es el tiempo que tarda en aprobarse una ley que nos afecte de verdad. Y eso, queridos lectores, es el verdadero delito: la democracia en modo stand by mientras se persigue al mensajero.