28.000 Reclamaciones Desmienten Contratos
Casi 28.000 recursos, desde 2019, han inundado los tribunales administrativos que vigilan la contratación estatal, según la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). Los números son más que cifras: reflejan un proceso que, pese a su aparente transparencia, se tambalea sobre decisiones que la mayoría no logra impugnar. En 2025, el informe de OIReScon mostró que de 27.881 reclamaciones, 44 % se desestimó de inmediato, 30 % se inadmitió o archivó y solo tres de cada diez logró cambiar al menos una decisión inicial. Esa estadística, más que un dato, es la señal de un sistema que se rehúsa a escuchar, aunque la mayoría de las impugnaciones se dirijan a los momentos más críticos: adjudicaciones, exclusiones y pliegos.
El 60 % de las exclusiones fue rechazada, mientras que en las adjudicaciones el rechazo superó el 50 %. La lógica es la misma: se mantiene la decisión central, incluso cuando se cuestiona. La falta de formalismo en los recursos, especialmente en actos de trámite, eleva el número de inadmisiones: los operadores económicos, a veces, parecen abusar del recurso porque no cumplen los requisitos o el plazo.
Más allá del volumen, el informe revela un patrón de anomalías que se extiende a lo largo de toda la cadena de contratación. No son fallos aislados, sino estructurales: en la preparación, la adjudicación y la ejecución. Parte de la raíz es la mezcla de criterios automáticos—principalmente el precio—con criterios subjetivos, evaluaciones técnicas o cualitativas que, al tener un peso relevante, introducen discrecionalidad y opacidad. Cuando el valor de estos criterios se dispara, la decisión final puede inclinarse hacia interpretaciones poco transparentes.
El problema se agrava cuando solo hay un licitador. La competencia se reduce, la eficiencia se limita y el riesgo de privilegios y amaños se incrementa. El caso de mascarillas durante la pandemia y la obra vinculada a la trama Koldo son ejemplos de cómo la falta de homogeneidad en la aplicación de las normas permite que la corrupción se infiltre sin necesidad de irregularidades probadas. La variabilidad entre administraciones y órganos de contratación agrega incertidumbre y dificulta la previsión del resultado.
En la fase de ejecución, las modificaciones posteriores se vuelven un riesgo adicional. El control es más débil y las alteraciones pueden afectar precio, plazos o contenido. OIReScon señala que la supervisión de 2025 muestra un sistema que funciona, pero con fricciones constantes, lo que subraya la urgencia de reforzar criterios claros y mecanismos de control, especialmente en la etapa final del proceso.
En síntesis, los contratos públicos siguen siendo la herramienta clave del gasto estatal, pero la acumulación de incidencias y recursos exige una reforma profunda para que realmente sirvan a la eficiencia y la transparencia.
Mario Herrera