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La Presidencia del Gobierno incumple el Real Decreto de 2024 que obliga a tener un protocolo antiacoso sexual. De 22 ministerios, solo uno lo ha implementado. Más del 90% de los 300 entes públicos estatales tampoco lo han adoptado. El protocolo establece un procedimiento de denuncia y protección para víctimas de acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado. Define acoso sexual como comportamiento de naturaleza sexual que crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. La falta de implementación priva a empleados de centros oficiales del derecho a protección. Casos como el de Francisco Salazar se tramitaron en el PSOE en lugar de seguir el procedimiento establecido. La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó la obligación de informar casos de acoso sexual. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública es el único que ha implementado el protocolo entre los ministerios. Otros organismos que sí lo han adoptado incluyen la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La no implementación se considera un incumplimiento grave de la normativa vigente.
Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), declaró ante la comisión del Senado que se sintió 'obligado' a poner en marcha la cátedra dirigida por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. La cátedra se tramitó mediante una 'excepción' prevista en el reglamento universitario. Doadrio afirmó que la asesoría jurídica de la UCM avaló que Gómez no tuviera licenciatura o grado universitario para dirigir la cátedra. Entre 2014 y 2020, Gómez impartió clases en un máster adscrito a la Escuela de Gobierno de la Complutense, cobrando 15.000 euros por su actividad docente. Doadrio también relató que recibió una llamada de Cristina, asesora de Gómez, para pedirle un modelo de convenio, y que en 5 días estaba todo hecho. El exvicerrector insistió en distinguir entre sentir la obligación institucional de tramitar la cátedra y haber recibido presiones para ello. La declaración se produce en el marco de la investigación del caso Koldo en el Senado.
Un donante danés de esperma con una mutación genética asociada al cáncer engendró 197 hijos en 14 países, incluyendo 35 en España. La mutación en el gen TP53 aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer. El banco de esperma en Copenhague reconoció la mutación en algunas células del donante. En España, el 11.4% de los niños concebidos son portadores de la mutación. El caso ha generado debate sobre los riesgos de la donación de esperma y las consecuencias genéticas y psicológicas para los niños concebidos. Especialistas advierten sobre la carga de por vida que conlleva vivir con el riesgo de cáncer. El donante, identificado como 'donante 7069', pasó las pruebas estándar en el momento de la donación, pero la mutación no era detectable con las técnicas disponibles. La investigación fue realizada por la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión.
El Consejo de Estado francés ha confirmado la prohibición del uso del catalán en los plenos municipales de cinco ayuntamientos del sur de Francia: Elna, Amélie-les-Bains-Palalda, Port-Vendres, Saint-André y Tarerach. Estos municipios habían introducido en 2022 la posibilidad de emplear el catalán en sus sesiones plenarias con traducción posterior. La decisión se produce pese al esfuerzo de entidades catalanas como Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural por promover el catalán en Francia. Los alcaldes de estos municipios, apoyados por Òmnium Cultural, han perdido la batalla jurídica en Francia y planean acudir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH). La alcaldesa de Amélie-les-Bains-Palalda, Marie Costa, se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales. La sentencia permite la traducción al catalán después del francés como formalidad. El Tratado de los Pirineos, hace más de 250 años, estableció la soberanía francesa sobre estos territorios.
Francisco Salazar, dirigente socialista y asesor de Pedro Sánchez, pactó su salida del PSOE a cambio de encargos de estudios y encuestas a través de una consultora creada por él. El acuerdo se produjo en un momento en que afloraban denuncias de acoso sexual contra Salazar. La consultora, denominada Servicios e Ideas, Estrategias Sociales y Electorales SL, fue constituida el 1 de septiembre de 2023. Salazar figura como administrador único de la compañía. El PSOE ha encargado a esta consultora sondeos internos, informes de clima político y análisis territoriales. La salida de Salazar se produjo tras denuncias de acoso sexual y abuso de poder presentadas por una trabajadora de La Moncloa y una voluntaria del PSOE. Salazar había ocupado varios cargos en el Gobierno y en el PSOE desde 2020, siempre con periodos de menos de un año. Su relación estrecha con Pedro Sánchez llevó al PSOE a buscar una salida pactada para evitar un escándalo público.
El alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda i Montcusí, ha presentado la primera denuncia ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, reclamando 48.000€ por bienes municipales incautados durante el franquismo. La reclamación se basa en la Ley de Memoria Democrática y ha sido apoyada por ERC y el diputado Francesc Marc Álvaro. El ayuntamiento de Caldes de Montbui calcula que las 70.000 pesetas incautadas en 1939 equivalen a 48.000€ actuales. La investigación ha sido realizada con la colaboración de dos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona y la historiadora Neus Moran. El alcalde afirma que la represión franquista en la localidad fue dura y que el expolio de las cuentas municipales fue otra forma de represión. Si el Gobierno no indemniza, recurrirán a la Audiencia Nacional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, liderado por Salvador Illa, está al corriente de las acciones emprendidas. La Directora General del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa Valdizán, será informada próximamente.
El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados. La sentencia sostiene que la pena conlleva la privación definitiva del cargo. Sin embargo, la decisión de expulsarle de la carrera fiscal queda en manos de la Fiscalía. García Ortiz fue condenado por filtrar un correo electrónico relacionado con Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. La sentencia incluye un voto particular de dos magistradas que discrepan de la condena. Los magistrados consideran que la inhabilitación especial para empleo o cargo público sería excesiva. La nueva fiscal general, Teresa Peramato, deberá abordar el futuro de García Ortiz en su primer consejo fiscal. La Inspección Fiscal determinará las consecuencias internas de la inhabilitación.
Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), declaró en el Senado que la creación de la cátedra de Begoña Gómez fue una excepción promovida por el rector Joaquín Goyache. Doadrio se sintió obligado a cumplir la orden pese a no tener título universitario. La cátedra se creó en octubre de 2020 con un convenio entre la UCM, Reale Seguros y la Fundación La Caixa. Doadrio reconoció que algunos patrocinadores jamás habían colaborado con la UCM hasta ese momento. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró 121 correos electrónicos que mencionaban a Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, negociando adendas, donaciones y patrocinios. Doadrio afirmó que Begoña Gómez no cobró por la cátedra pero sí por los másteres, unos 15.000 euros anuales. Begoña Gómez está investigada por cinco delitos: malversación, corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. La UCM certificó que Gómez tenía experiencia previa y relaciones con empresas pese a no tener titulación superior.
La Guardia Civil detuvo el miércoles a Leire Díez, exmilitante del PSOE, y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Ambos pasarán a disposición judicial el viernes. Díez, conocida como 'la fontanera del PSOE', está siendo investigada por tráfico de influencias y cohecho. Trabajó para Enusa y Correos entre 2018 y febrero de 2023. Fernández fue presidente de la SEPI desde junio de 2018 hasta su dimisión en junio de 2019 tras ser imputado por irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La investigación se centra en una operación bajo secreto ordenada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Díez está acusada de liderar un grupo que buscaba información sensible sobre mandos de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. La investigación incluye audios donde Díez ofrece favores a cambio de información sensible sobre investigaciones en curso. El juez Arturo Zamarriego tomó declaración a Díez el 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
Pedro Sánchez ordena una resolución sobre Paco Salazar en una semana tras su cese como mano derecha por denuncias de acoso sexual. El PSOE emitirá una 'resolución terrible' sobre dos militantes que trabajaron con él en Moncloa. Antonio Hernández Espinal fue cesado este martes. Fuentes socialistas admiten errores en el protocolo antiacoso al no contactar a las denunciantes en cuatro meses. La portavoz Pilar Alegría reconoció que fue un 'error' comer con Salazar el 3 de noviembre. El núcleo de Sánchez niega encubrimiento, afirmando que se cortó toda relación tras frustrarse la incorporación de Salazar como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE en julio. Mientras, se busca al 'topo' dentro del partido que filtra información. La entrada de Antonio Hernando como vocal estaba prevista una semana antes de la salida de Salazar. El secretario de Estado de Telecomunicaciones es considerado uno de los personajes más 'peligrosos' por posibles filtraciones. Pedro Sánchez enfrenta una crisis tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, y la investigación sobre Santos Cerdán.
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Rocío Delgado