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Correos vende balizas de emergencia V16 por 49.90€, mientras que en AliExpress cuestan 26.50€. La legislación obliga a 12 años de conectividad. Correos podría incumplir la ley si sigue vendiendo las mismas balizas en 2026. Las balizas son fabricadas por 'LIMBURG TECHNOLOGY LIMITED'. El negocio potencial de venta de balizas en España ronda los 1.200 millones de euros. La fecha de caducidad de las balizas comercializadas por Correos es enero de 2038. El Real Decreto 159/2021 establece que la conexión de los aparatos estará incluida en el precio de venta al público y se garantizará durante al menos 12 años. La DGT exige que las balizas tengan la capacidad de comunicar su posición en tiempo real al sistema DGT 3.0. España tiene 31 millones de vehículos dados de alta según ANFAC-Ideauto.
El exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, fue abroncado por el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo debido al descontrol en los pagos desde Ferraz para la liquidación de gastos. El magistrado expresó su incredulidad ante la falta de un control específico sobre el destinatario final del dinero, especialmente cuando se entregaba a áreas concretas dentro de la Secretaría de Organización. Previamente, el juez había escuchado a Celia Rodríguez, empleada de dicha Secretaría y encargada de entregar sobres con dinero a José Luis Ábalos y Koldo García. La conversación con Moreno Pavón se centró en la ausencia de identificación de las personas que recibían el dinero. El juez Puente cuestionó a Moreno sobre a quién se entregaba el dinero cuando la Secretaría de Organización estaba compuesta por personas indefinidas, mencionando a Ábalos como posible autor del gasto. Moreno Pavón respondió que no conocía el destino final del dinero, ya que el pago material no estaba dentro de sus funciones ni siquiera en la misma caja. Sin embargo, el juez insistió en que el control de la finalidad de los pagos sí era responsabilidad de Moreno. Puente argumentó que, si no se identificaba a las personas que incurrieron en un gasto, era imposible saber si el dinero entregado había llegado a los destinatarios correctos. Moreno Pavón reiteró que no tenía forma de saberlo, ya que la autorización venía del Secretario de Organización y, una vez que Celia o alguien de esa secretaría firmaba el recibí y justificaba la cantidad, ellos se encargaban de repartirlo entre su equipo. Moreno admitió que esto era una suposición y que él nunca presenció dicha distribución. La audiencia en el Tribunal Supremo puso de manifiesto una grave deficiencia en la trazabilidad de los fondos dentro del PSOE, con implicaciones potenciales sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los gastos del partido.
Claudio Rivas, líder de la trama de los hidrocarburos, usó a su mujer Stella Duarte para corregir un error contable de 60.000 euros en su finca Matasanos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que Rivas manejaba grandes cantidades de efectivo. El 29 de agosto de 2024, Rivas y su mujer discutieron sobre un error en la contabilización de billetes de 50 euros. La UCO encontró indicios de que Stella Duarte era conocedora y partícipe del entramado. El 7 de octubre de 2024, la Guardia Civil registró la finca y encontró tres armeros precintados con armas y munición, pero no hallaron el dinero en metálico. La trama defraudó 182,5 millones de euros al fisco mediante siete empresas interpuestas. Rivas y Víctor de Aldama controlaban estas empresas y utilizaron a Villafuel para adquirir combustible sin declarar el IVA correspondiente.
El concejal del PSOE en Talavera de la Reina, R. G. F., ha okupado una vivienda de 500 metros cuadrados desde 2018. La empresa de desokupación Cero Okupas, contratada por los propietarios actuales, ha intentado negociar su desalojo. R. G. F. ha pedido 16.000 euros para abandonar la propiedad, que pertenece a particulares que la adquirieron en octubre de 2025 a Coral Homes SLU. Esta empresa había comprado el inmueble a través de CaixaBank en 2018. La vivienda tiene 499,30 metros cuadrados y está ubicada en el barrio de San Jerónimo. Los propietarios originales enviaron un burofax el 3 de octubre a los padres de R. G. F. para desalojar en 10 días, pero no se ha cumplido. Cero Okupas ha ofrecido poner un control de acceso o visitar diariamente hasta que se vaya. El concejal socialista no estaba en el Ayuntamiento ni en su sede del PSOE. La sociedad Coral Homes SLU fue constituida con participación mayoritaria de Lone Star Funds y minoritaria de CaixaBank.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha acusado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de preparar la detención de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El abogado de APIF, Juan Antonio Frago, afirmó que García Ortiz estaba preparando la imputación o detención de González Amador el 13 de marzo de 2024. La acusación sostiene que García Ortiz filtró un correo electrónico a la Cadena Ser el mismo día. APIF ha pedido seis años de cárcel y 12 de inhabilitación para García Ortiz por delitos que incluyen prevaricación y revelación de secretos. La Fiscalía defiende a García Ortiz argumentando que la filtración no constituye delito alguno, ya que los periodistas conocían el material antes de que él lo tuviera. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, afirmó que no hay indicios suficientes para condenar a García Ortiz. El juicio se celebró en el Tribunal Supremo el 13 de noviembre de 2025.
Pilar Alegría ofreció a José Luis Ansón un cargo en Navarra si retiraba una denuncia contra Félix Bolaños. Ansón, expresidente de la Comarca de Cariñena, fue expulsado del PSOE tras un procedimiento controvertido. Durante el juicio, Ansón declaró que Alegría le pidió retirar la denuncia a cambio de un empleo en el sector público por 60.000 euros anuales. La oferta incluía una posición en Navarra, región con vínculos con la empresa Servinabar, que tenía a Santos Cerdán como copropietario. Ansón también afirmó haber recibido presiones para aceptar un sueldo de 3.000 euros y cesar su actividad política. La denuncia original contra Bolaños se relacionaba con posibles irregularidades en la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE. Ansón enfrenta cargos por prevaricación debido a su actuación como presidente de la comarca.
La Ertzaintza ha publicado un informe que detalla la nacionalidad de los detenidos. De 30.600 infracciones, el 67% de los detenidos eran extranjeros. La mayoría provenían del Magreb. El informe proporciona datos sobre delitos y nacionalidad, y fue elaborado a partir de datos de enero a septiembre de 2025. La policía vasca ha incluido detalles sobre la procedencia geográfica de los detenidos, lo que ha generado un análisis más profundo de la criminalidad en la región.
La web de evaluación de riesgos laborales para empleadas de hogar, Prevención 10, lanzada por el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, colapsó a un día de finalizar el plazo el viernes 17 de noviembre de 2023. Los usuarios denuncian problemas de acceso y temen multas de hasta 49.000 euros por incumplimiento. La normativa exige evaluar 'riesgos laborales' en viviendas privadas para tareas como limpieza, cocina y cuidado de personas. La herramienta se lanzó en mayo de 2023, dando 6 meses para realizar la evaluación. El Ministerio de Trabajo informó que están trabajando para restablecer la web. Las sanciones por no cumplir con la evaluación varían entre 2.451 euros sin agravantes y hasta 49.000 euros con agravantes según la 'ley de infracciones y sanciones del Orden Social (Lisos)'. Ciudadanos piden prórroga del plazo debido al colapso de la web y la imposibilidad de contactar con el teléfono de información desde ayer.
El Ministerio de Trabajo multará con hasta 49.000 euros a los empleadores que no evalúen los riesgos laborales de sus empleados domésticos. La evaluación es obligatoria desde mayo pasado y se realiza a través de un cuestionario que busca identificar posibles riesgos en el hogar. La medida ha generado controversia debido a su posible impacto en la economía sumergida y la disminución de la afiliación de trabajadores domésticos.
El juicio contra Álvaro García Ortiz continúa, con acusaciones de borrar pruebas. La fiscal jefe Almudena Lastra no borró su teléfono. El teniente coronel Antonio Balas declaró que García Ortiz borró datos importantes.
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Rocío Delgado