El contenido profundiza adecuadamente en la implicación de Claudio Rivas y su mujer en la trama del fuel, aunque podría profundizar más en las implicaciones legales y financieras del caso. El título refleja con precisión el enfoque principal de la noticia.
El exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, fue abroncado por el juez Leopoldo Puente en el Tribunal Supremo debido al descontrol en los pagos desde Ferraz para la liquidación de gastos. El magistrado expresó su incredulidad ante la falta de un control específico sobre el destinatario final del dinero, especialmente cuando se entregaba a áreas concretas dentro de la Secretaría de Organización. Previamente, el juez había escuchado a Celia Rodríguez, empleada de dicha Secretaría y encargada de entregar sobres con dinero a José Luis Ábalos y Koldo García. La conversación con Moreno Pavón se centró en la ausencia de identificación de las personas que recibían el dinero. El juez Puente cuestionó a Moreno sobre a quién se entregaba el dinero cuando la Secretaría de Organización estaba compuesta por personas indefinidas, mencionando a Ábalos como posible autor del gasto. Moreno Pavón respondió que no conocía el destino final del dinero, ya que el pago material no estaba dentro de sus funciones ni siquiera en la misma caja. Sin embargo, el juez insistió en que el control de la finalidad de los pagos sí era responsabilidad de Moreno. Puente argumentó que, si no se identificaba a las personas que incurrieron en un gasto, era imposible saber si el dinero entregado había llegado a los destinatarios correctos. Moreno Pavón reiteró que no tenía forma de saberlo, ya que la autorización venía del Secretario de Organización y, una vez que Celia o alguien de esa secretaría firmaba el recibí y justificaba la cantidad, ellos se encargaban de repartirlo entre su equipo. Moreno admitió que esto era una suposición y que él nunca presenció dicha distribución. La audiencia en el Tribunal Supremo puso de manifiesto una grave deficiencia en la trazabilidad de los fondos dentro del PSOE, con implicaciones potenciales sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los gastos del partido.
El concejal del PSOE en Talavera de la Reina, R. G. F., ha okupado una vivienda de 500 metros cuadrados desde 2018. La empresa de desokupación Cero Okupas, contratada por los propietarios actuales, ha intentado negociar su desalojo. R. G. F. ha pedido 16.000 euros para abandonar la propiedad, que pertenece a particulares que la adquirieron en octubre de 2025 a Coral Homes SLU. Esta empresa había comprado el inmueble a través de CaixaBank en 2018. La vivienda tiene 499,30 metros cuadrados y está ubicada en el barrio de San Jerónimo. Los propietarios originales enviaron un burofax el 3 de octubre a los padres de R. G. F. para desalojar en 10 días, pero no se ha cumplido. Cero Okupas ha ofrecido poner un control de acceso o visitar diariamente hasta que se vaya. El concejal socialista no estaba en el Ayuntamiento ni en su sede del PSOE. La sociedad Coral Homes SLU fue constituida con participación mayoritaria de Lone Star Funds y minoritaria de CaixaBank.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha acusado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de preparar la detención de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El abogado de APIF, Juan Antonio Frago, afirmó que García Ortiz estaba preparando la imputación o detención de González Amador el 13 de marzo de 2024. La acusación sostiene que García Ortiz filtró un correo electrónico a la Cadena Ser el mismo día. APIF ha pedido seis años de cárcel y 12 de inhabilitación para García Ortiz por delitos que incluyen prevaricación y revelación de secretos. La Fiscalía defiende a García Ortiz argumentando que la filtración no constituye delito alguno, ya que los periodistas conocían el material antes de que él lo tuviera. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, afirmó que no hay indicios suficientes para condenar a García Ortiz. El juicio se celebró en el Tribunal Supremo el 13 de noviembre de 2025.
La web de evaluación de riesgos laborales para empleadas de hogar, Prevención 10, lanzada por el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, colapsó a un día de finalizar el plazo el viernes 17 de noviembre de 2023. Los usuarios denuncian problemas de acceso y temen multas de hasta 49.000 euros por incumplimiento. La normativa exige evaluar 'riesgos laborales' en viviendas privadas para tareas como limpieza, cocina y cuidado de personas. La herramienta se lanzó en mayo de 2023, dando 6 meses para realizar la evaluación. El Ministerio de Trabajo informó que están trabajando para restablecer la web. Las sanciones por no cumplir con la evaluación varían entre 2.451 euros sin agravantes y hasta 49.000 euros con agravantes según la 'ley de infracciones y sanciones del Orden Social (Lisos)'. Ciudadanos piden prórroga del plazo debido al colapso de la web y la imposibilidad de contactar con el teléfono de información desde ayer.
El juicio contra Álvaro García Ortiz continúa, con acusaciones de borrar pruebas. La fiscal jefe Almudena Lastra no borró su teléfono. El teniente coronel Antonio Balas declaró que García Ortiz borró datos importantes.
La diputada Cayetana Álvarez de Toledo cuestionó al ministro Ernest Urtasun sobre la incoherencia del Gobierno al pedir perdón por la actuación de España en América hace 500 años, pero no por las matanzas del comunismo ni el terrorismo de ETA. Urtasun defendió las disculpas de José Manuel Albares por 'dolor e injusticia' hacia pueblos originarios de México. Álvarez de Toledo destacó el legado español en Sudamérica, mencionando hospitales y universidades construidas y la erradicación del canibalismo. Criticó la doble vara de medir del Gobierno respecto a Arnaldo Otegi y ETA. Urtasun respondió que a Álvarez de Toledo le molesta que gobierne la izquierda en México y criticó a Milei por recortar la libertad cultural en Argentina.
Leire Díez, militante socialista, fue grabada en mayo por el fiscal Ignacio Stampa junto al empresario Javier Pérez Dolset. En la grabación, Díez se refirió a José Luis Ábalos y Koldo García con expresiones como 'castración química o que me dejen a mí patear'. El audio fue publicado por Libertad Digital. Stampa declaró ante el juez Arturo Zamarriego sobre esta reunión en el marco de la investigación de las cloacas del Partido Socialista. Díez y Dolset declararán como investigados el 17 de noviembre. La conversación también incluyó referencias a Baltasar Garzón y su relación con José Manuel Villarejo. Díez afirmó que Garzón cometió 'operaciones ilegales' siendo juez. Pérez Dolset aseguró que Villarejo investigó a Pedro Sánchez desde 2014 y vinculó a Sánchez con saunas relacionadas con Begoña Gómez, esposa de Sánchez. En marzo, la Fiscalía Anticorrupción detectó un delito de cohecho en el pago del piso de Jessica Rodríguez por la trama Koldo. Ábalos enchufó a Rodríguez en Ineco y Tragasatec.
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