Crítica:
El contenido cumple parcialmente con las expectativas del título, ya que no se ofrecen detalles específicos sobre la compensación de horas extra. La información se centra más en el proceso de registro y la responsabilidad del empleado.
El contenido cumple parcialmente con las expectativas del título, ya que no se ofrecen detalles específicos sobre la compensación de horas extra. La información se centra más en el proceso de registro y la responsabilidad del empleado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel adicional del 100% a China y controles en la exportación de software a partir del 1 de noviembre de 2025. Trump criticó la decisión de China de imponer controles de exportación a gran escala, calificándola de 'vergonzosa' y 'extremadamente agresiva'. El aumento de aranceles es una respuesta a las recientes acciones de Pekín, incluyendo un mayor control a la exportación de tierras raras. Trump había amenazado con cancelar una reunión con el líder chino, Xi Jinping, prevista para la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Trump afirmó que China estaba enviando cartas a países de todo el mundo detallando los elementos afectados, lo que congestionaría los mercados y dificultaría la vida a prácticamente todos los países del mundo, especialmente a China.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, ha otorgado 9.6 millones de euros en ayudas para la prejubilación de transportistas autónomos en 2025. Los beneficiarios deben tener al menos 63 años o estar incapacitados. Un total de 321 transportistas autónomos se han beneficiado de estas ayudas en 2025. Las ayudas facilitan la retirada de la actividad de empresarios autónomos del transporte por carretera. Los trabajadores de este sector pueden jubilarse a los 52 años con una pensión de casi 3.000 euros. El objetivo es modernizar el transporte por carretera y preservar la seguridad vial. Los requisitos para ser beneficiario incluyen tener una autorización de transporte público en vigor y cumplir con ciertos requisitos de edad o incapacidad. La medida busca evitar la mercantilización de la retirada profesional y salvaguardar la salud de los profesionales más vulnerables del sector.
A partir del 1 de enero de 2026, los trabajadores españoles sufrirán una deducción en su nómina debido al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Esta cotización adicional, introducida en 2023, crecerá mínimamente cada año hasta alcanzar el 1,20% en 2030. Para 2026, el MEI se ajustará al 0,9%, con un 0,15% a cargo del trabajador y 0,75% a cargo de la empresa. Los trabajadores con salario igual o superior a 63.180 euros anuales aportarán hasta 95 euros mensuales. La deducción no será computable para futuras pensiones. Los porcentajes futuros serán: 1% en 2027, 1,10% en 2028, 1,20% en 2029 y se mantendrá en 1,20% hasta 2050.
El absentismo laboral en España supone un coste del 1% del PIB, unos 15.000 millones de euros, cifra superior a la media de la UE, que se sitúa en el 0,6%. La duración media de las bajas por contingencias comunes en España es de más de 40 días, mientras que en países como Alemania o Países Bajos es de 25 y 30 días respectivamente. La Fundación Civismo propone implementar revisiones médicas tempranas, planes de reincorporación obligatorios y la digitalización del sistema de bajas para reducir esta cifra. El impacto macroeconómico del absentismo se estima entre el 3% y el 3,5% del PIB anual, lo que equivale a más de 45.000 millones de euros anuales. Además, el coste directo para las empresas superó los 4.600 millones de euros en 2024, un 62% más que en 2019. España produce de media 39,4 euros por hora trabajada, mientras que Alemania produce 50,8 euros y Países Bajos 58,4 euros. El informe advierte de que mantener el diferencial con Europa supone un sobrecoste de 5.000 millones de euros al año.
El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que la Agencia Tributaria no puede remitir más de dos liquidaciones a los contribuyentes si ambas fueron anuladas por error del fisco. Esta decisión se basa en una sentencia del 29 de septiembre que resuelve un litigio entre tres hermanos y Hacienda por el pago del impuesto de Sucesiones. El fisco emitió inicialmente una liquidación que fue anulada por el Tribunal Económico-Administrativo de Galicia debido a falta de motivación. Posteriormente, Hacienda emitió una segunda liquidación que fue caducada y reemplazada por una tercera, y luego una cuarta liquidación tras la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El TS recordó su jurisprudencia de 2014-2015, que establece que la Administración solo tiene una segunda oportunidad para corregir liquidaciones anuladas por errores formales o materiales. El tribunal enfatizó que los contribuyentes no deben soportar reiteradas correcciones por parte de la Administración de forma indefinida. La doctrina del 'doble tiro' nació para limitar el poder de la Administración, no para ampliarlo, y se fundamenta en principios de buena administración y buena fe. El Supremo concluyó que solo es lícito un segundo acto de liquidación en sustitución del primero anulado, y que dictar terceras o ulteriores liquidaciones constituye una vulneración de estos principios.
Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme desde el 20 de mayo, criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por gastar fondos europeos en la Administración en lugar de invertirlos. En los últimos cinco años han desaparecido 2.700 empresas. Cepyme representa al 99.6% del tejido empresarial español formado por pymes y microempresas. La asociación denuncia que las políticas se diseñan pensando en grandes corporaciones. Los tres grandes retos identificados son: complejidad normativa, fiscalidad con un esfuerzo empresarial del 33% (8 puntos por encima de la media europea) y aumento de costes laborales. Cepyme exige consenso en el diálogo social para mejorar las condiciones laborales. La mala gestión de los fondos europeos se considera una oportunidad perdida para transformar España.
A partir del 9 de octubre de 2025, entra en vigor en la UE una nueva normativa que obliga a los bancos a verificar si el nombre del beneficiario coincide con el IBAN antes de ejecutar una transferencia. La medida busca prevenir fraudes bancarios y pagos erróneos. Los bancos deberán comprobar la coincidencia entre el nombre y el IBAN, y podrán mostrar tres tipos de mensajes: coincidencia total, coincidencia parcial y sin coincidencia. En caso de coincidencia parcial o sin coincidencia, el usuario podrá seguir adelante con la transferencia bajo su propia responsabilidad. La verificación se aplicará a transferencias SEPA estándar, inmediatas y periódicas programadas después del 9 de octubre de 2025. La medida surge debido al aumento de fraudes bancarios en la última década, incluyendo técnicas como vishing, smishing, estafas románticas y fraude del CEO. La verificación no elimina estos riesgos, pero puede actuar como una pausa para detectar posibles engaños. La normativa afecta a todos los proveedores de servicios de pago en la UE que gestionen transferencias en euros.
Comentarios