El artículo presenta una visión crítica de la situación económica en España, destacando la creciente brecha entre empleados públicos y autónomos. Aunque no se proporcionan soluciones concretas, se sugiere que la falta de atractivo del emprendimiento se debe a la legislación y la fiscalidad.
El Gobierno español ha aprobado un Real Decreto-ley que destina 1.371 millones de euros a subvencionar billetes de tren y bonificar abonos de transporte público en 2026. Esta medida, anunciada por Pedro Sánchez en diciembre, coincide con un debate en el Congreso sobre su convalidación. El gasto supera el presupuesto anual para mantenimiento de la red ferroviaria, que asciende a 1.120 millones. El Ejecutivo defiende que ha aumentado un 54% la inversión en mantenimiento desde 2018, pero datos de la Comisión Europea revelan que España gasta la mitad que la media de la UE en mantener infraestructuras ferroviarias por kilómetro de vía. La medida se produce nueve días después del accidente de tren de Adamuz, lo que ha generado polémica sobre las prioridades del Gobierno.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontró 100.000 euros en efectivo en la casa del presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en La Moraleja, Madrid. La operación, parte de una investigación contra blanqueo de capitales, resultó en la detención de Martínez Sola, el CEO Roberto Roselli y Julito Martínez Martínez, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Los detenidos quedaron en libertad provisional con medidas cautelares. La investigación se centra en posibles irregularidades en el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. Tres sociedades opacas vinculadas a Simon Leendert Verhoeven realizaron préstamos por 1,3 millones de euros a Plus Ultra entre 2020 y 2021, dinero que luego fue devuelto tras recibir el rescate gubernamental. El caso tiene conexiones con una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
El Gobierno ha gastado más de 75.000 millones de euros al margen del Presupuesto en 2023, un récord histórico que supera incluso los gastos excepcionales de 2020 durante la pandemia de covid. Según las estadísticas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), hasta el 30 de noviembre de 2023, los créditos extraordinarios o modificaciones de crédito alcanzaron los 75.446 millones de euros. Esta cantidad es significativa, ya que representa el 38% del límite de gasto no financiero propuesto por el Gobierno para 2023, un techo de gasto que fue rechazado en el Congreso. El Ministerio de Economía fue el que más recurrió a estos instrumentos no presupuestados, con más de 13.000 millones de euros, seguido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con más de 8.500 millones, y el Ministerio de Defensa con 6.335 millones, mostrando un aumento del 158% respecto al mismo mes del año anterior. Las inversiones militares en infraestructuras y funcionamiento operativo también experimentaron incrementos notables. Las transferencias a la Seguridad Social, comunidades autónomas y entidades locales fueron otros de los destinos principales de estos fondos. La gestión de estos créditos ha generado debate sobre la transparencia y el control del gasto público.
El sector del tomate en Canarias ha sufrido un devastador desplome del 59% en sus exportaciones entre 2017 y 2023, pasando de 53.000 a 21.500 toneladas, pese a recibir cuantiosas ayudas agrícolas de la Unión Europea a través del programa POSEI, que destina hasta 653 millones de euros anuales. El Tribunal de Cuentas Europeo cuestiona la eficacia de estas subvenciones para mantener la competitividad de cultivos emblemáticos como el tomate canario, especialmente frente a la presión de importaciones de países como Marruecos. Aunque las ayudas han logrado sostener otros sectores como el plátano o la leche en las Azores, en el caso del tomate canario el apoyo no ha evitado su pérdida de competitividad. El informe subraya que las ayudas no siempre han estado orientadas a garantizar la sostenibilidad a largo plazo, y que las regiones ultraperiféricas afrontan retos como la degradación del suelo, el aumento de sequías y fenómenos extremos, y el envejecimiento de la población agrícola. Ante este escenario, el Tribunal insta a la Comisión Europea a revisar el apoyo a las actividades agrícolas tradicionales y a impulsar la diversificación de cultivos.
General Dynamics European Land Systems (GDELS), la filial española del gigante estadounidense de defensa General Dynamics, ha declarado un beneficio de 32.125.461 euros en 2024, pero solo ha pagado 141.239 euros en Impuesto de Sociedades gracias a una compleja estructura contable. La clave está en un asiento denominado 'otros gastos de explotación', donde cargó 28.289.195 euros en facturas internas contra su propio grupo empresarial, reduciendo drásticamente el beneficio sujeto a tributación. A esto se suman 5.686.382 euros destinados a salarios para solo 31 empleados, con una media de 183.000 euros por trabajador. La estructura contable, aunque legal, plantea interrogantes sobre el equilibrio fiscal entre multinacionales y empresas nacionales, y refuerza la tesis de que General Dynamics utiliza a su filial española para derivar gastos dentro del grupo y minimizar su contribución fiscal en España.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha generado controversia al gastar 313.632 euros en cuatro coches de alta gama para su cúpula directiva mientras la red ferroviaria española enfrenta problemas constantes de choques y descarrilamientos. La licitación, que incluye vehículos híbridos enchufables con chofer y tapicería de cuero, ha sido criticada por su elevado coste y la contradicción con las políticas de sostenibilidad que Fernández Heredia ha promovido en el pasado, como su defensa del uso de la bicicleta. Los vehículos, que serán devueltos después de cuatro años, cuentan con tecnología avanzada y comodidades para los cuatro directivos que los utilizarán: Fernández Heredia, José Alfonso Gálvez, Sergio Bueno y Lucas Calzado. La contratación ha levantado críticas por el contraste entre el lujo de los coches y los problemas operativos de Renfe.
Los inversores extranjeros elogian el mercado español para proyectos energéticos gracias a su mix renovable, que superó el 50% de la electricidad generada en el último año. Sin embargo, la factura de la luz sigue siendo elevada debido al complejo sistema marginalista y los múltiples costes asociados, como peajes de redes y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Bill Gates, con su fondo de inversión en proyectos verdes, ha mostrado interés en este asunto. La explicación radica en que todas las tecnologías del mix cobran por el precio de la última central necesaria para cubrir la demanda, generalmente la de gas, lo que eleva los precios del mercado diario por encima de los 100 euros megavatio hora en ciertas horas. Además, la polarización política y la parálisis en el Congreso complican la aprobación de leyes clave, como la ley de Industria. El sector energético enfrenta una crisis de confianza tras el apagón del 28 de abril y tensiones internas en el regulador, la CNMC, evidenciadas por la dimisión de una de sus consejeras. Se proponen soluciones como la digitalización de la red para aumentar su eficiencia, pero el modelo totex implementado por el regulador no ha logrado incentivar la inversión en la transformación de la red.
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