La Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear ha descubierto un escándalo de fraude en la Renta Social Garantizada (Resoga) que ha costado 2,77 millones de euros a 604 personas entre enero de 2017 y mayo de 2025. La principal causa de los cobros indebidos ha sido la ocultación de ingresos laborales por encima del umbral máximo permitido.
La revisión de los expedientes, que todavía continúa, ha afectado a 6.437 casos suspendidos, de los cuales 2.380 pertenecen a Resoga 16 y 4.057 a Resoga 20. Los datos provisionales y agregados para los programas Resoga 16 y Resoga 20 han sido obtenidos por OKDIARIO tras una revisión extraordinaria.
La consejera Sandra Fernández Herranz ha desvelado un marasmo de presuntas irregularidades en la gestión de estas ayudas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad económica. Entre las irregularidades detectadas también figuran cuatro casos de salidas del territorio de las Islas Baleares superiores a un mes en un período de 12 meses, seis incumplimientos de inscripción en el padrón y tres renuncias a la prestación no comunicadas.
Además, se han identificado ocho casos de variaciones en la unidad de convivencia que disminuían el importe a percibir. La revisión ha destacado especialmente que 1.208 expedientes de Resoga 16 percibían simultáneamente el Ingreso Mínimo Vital (IMV) por importes incompatibles, mientras que 505 presentaban altas en la Tesorería General de la Seguridad Social.
La documentación oficial reconoce que las suspensiones masivas de junio de 2023 carecieron de procedimiento formal y que no consta que se remitiesen notificaciones en ninguna de las suspensiones analizadas hasta ahora. La ausencia de protocolos escritos de control y supervisión durante la gestión anterior ha sido una de las revelaciones más significativas.
El primer protocolo escrito no llegó hasta el 8 de mayo de 2024, con la Instrucción 1/2024 del director general de Asuntos Sociales. La Consejería ha contratado a la empresa NTT Data por 167.910 euros para agilizar la revisión de expedientes, con un plazo máximo de ejecución de seis meses desde noviembre de 2025.
Hasta el 30 de diciembre de 2025, la administración autonómica solo ha podido recuperar 30.023,32 euros de los 2,77 millones adeudados. La magnitud de las irregularidades detectadas plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control de las prestaciones sociales en las Islas Baleares, un debate que promete extenderse mientras continúa la revisión de miles de expedientes aún pendientes de análisis.
La Consejería prevé aprobar el primer plan anual de revisión en enero de 2026 y reformar la ley para recuperar el requisito de tres años de residencia legal, entre otras medidas. La evolución presupuestaria ha revelado importantes desviaciones, con un gasto ejecutado que ha superado sistemáticamente lo presupuestado entre 2018 y 2023.
El número de beneficiarios ha descendido progresivamente desde el máximo de 12.563 en 2019 hasta los 3.601 registrados en noviembre de 2025. El total ejecutado en la década analizada asciende a 206,2 millones de euros, con un sobrecoste agregado de 4,8 millones respecto al presupuesto inicial.
La noticia ha generado un gran impacto en la opinión pública y ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de control y supervisión de las ayudas públicas en las Islas Baleares. La investigación sigue en marcha y se espera que se tomen medidas para evitar que se repitan estos fraudes en el futuro.
Crítica:
La noticia carece de profundidad en la análisis de las causas del fraude y no ofrece soluciones concretas para evitar que se repitan estos casos en el futuro. Además, el título es sensacionalista y no refleja con precisión el contenido del artículo.
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