Crítica:
El artículo ofrece una visión optimista del modelo canadiense, pero omite posibles consecuencias a largo plazo de la sobreoferta de vivienda. La ausencia de críticas a la política monetaria restrictiva también sorprende.
El artículo ofrece una visión optimista del modelo canadiense, pero omite posibles consecuencias a largo plazo de la sobreoferta de vivienda. La ausencia de críticas a la política monetaria restrictiva también sorprende.
Una empleada de Renfe destinada en la estación de Santa Justa (Sevilla) ha sido despedida por apropiarse de indemnizaciones por retrasos en el AVE que no habían sido reclamadas por los pasajeros. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado el despido como procedente tras una sentencia fechada el 17 de diciembre. La trabajadora utilizó las contraseñas de un compañero para acceder a las cuentas de Renfe y retirar cerca de 2.000 euros correspondientes a indemnizaciones no reclamadas. El fraude se descubrió cuando un pasajero reclamó su indemnización y Renfe comprobó que ya había sido abonada. Tras la investigación, el padre de la empleada confesó los hechos y devolvió el dinero. La trabajadora alegó endeudamiento y compras compulsivas, pero el TSJA rechazó este argumento, destacando que el método empleado requería 'magníficas dotes de organización' y evidenciaba premeditación. El tribunal consideró 'irracional' argumentar que no hubo perjuicio por tratarse de fondos no reclamados.
En un giro inesperado, la empresa canadiense Colliers ha adquirido Ayesa Ingeniería, la compañía responsable de inspeccionar las vías del tramo Adamuz (Córdoba) donde un accidente ferroviario reciente se cobró 46 vidas. La venta, valorada en unos 600 millones de euros, se produce en plena investigación sobre el siniestro. Ayesa había sido contratada por el Ministerio de Transportes para revisar las soldaduras de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, precisamente en el tramo donde ocurrió el descarrilamiento. La CIAF apunta a una soldadura defectuosa como posible causa del accidente. La operación de compraventa no será efectiva hasta el segundo semestre de este año, momento en el que Colliers tomará el control total de Ayesa. Los actuales propietarios, A&M Capital Europe y la familia Manzanares, dejarán de controlar la empresa que ha estado en el ojo del huracán por su papel en la inspección de las vías. La venta ha generado controversia en el sector debido a su sincronía con la investigación en curso.
El gasto en prestaciones por desempleo en España ha experimentado un crecimiento del 39,8% en los últimos ocho años, alcanzando los 24.421 millones de euros en 2025, la cifra más alta desde la pandemia. Este aumento se debe en parte a los cambios introducidos por el Gobierno de Pedro Sánchez en las prestaciones, así como a factores como el mayor peso del desempleo entre mayores de 45 años y el incremento de los despidos tras la reforma laboral. La prestación contributiva ha aumentado un 24% desde 2018, pasando de 824 euros a 1.004 euros en 2025. Además, la tasa de cobertura de las prestaciones ha escalado al 78,2% en 2025, con algunas provincias registrando más personas cobrando el paro que parados con derecho a hacerlo. El Gobierno ha lanzado reformas para mejorar la eficacia de los subsidios, pero no parece tener intención de revertir el creciente coste de las prestaciones.
La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona está en crisis. Trenes retrasados, precios de vuelos disparados y empresas afectadas por la falta de mercancías. Todo comenzó tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el 18 de enero, que dejó 45 fallecidos y desencadenó una revisión exhaustiva de las vías. Los maquinistas han estado reportando vibraciones y problemas de seguridad, lo que ha llevado a Adif a imponer restricciones de velocidad temporales. La situación ha colapsado tanto el transporte ferroviario como aéreo, con un aumento del 130% en la demanda de BlaBlaCar y precios de vuelos que han llegado a 300 euros antes de que Iberia limitara su Puente Aéreo a 99 euros por trayecto. Empresas como Inovyn en Martorell han tenido que parar producción debido a la falta de materias primas, evidenciando el impacto económico de esta crisis.
Telefónica ha cerrado la primera fase de su ERE en España con 5.124 trabajadores apuntados, superando las 4.772 plazas disponibles. Los sindicatos están preocupados por el exceso de solicitudes y piden prioridad para los rechazados en el ERE anterior. La operadora busca reducir su plantilla un 26,2% en siete filiales, con un mínimo de 4.525 salidas pactadas. Mientras que en algunas filiales hay más voluntarios que plazas, en otras habrá que recurrir a despidos forzosos.
Las empresas españolas han comenzado a modificar sus políticas de complementos salariales para empleados en baja por enfermedad, reduciendo o condicionando estos extras para frenar el creciente absentismo laboral. CEOE y Cepyme lideran el cambio, reflejado en recientes convenios colectivos como los de Pescanova, Bosch y Consum. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) respalda estas medidas, destacando que casi el 50% de los convenios sectoriales y el 65% de los de empresa incluyen mejoras en la prestación por incapacidad temporal. Las nuevas cláusulas establecen condiciones como límites de absentismo, reconocimientos médicos obligatorios y penalizaciones por bajas prolongadas. El objetivo es transformar los complementos en incentivos que fomenten la reincorporación laboral y reduzcan la incidencia de bajas médicas.
El Gobierno cuenta con más de 40.000 viviendas vacías a través de la entidad pública Casa 47, procedentes de Sareb, suficientes para realojar a más del 50% de los okupas considerados 'vulnerables'. Actualmente, hay más de 80.000 personas ocupando viviendas ajenas sin una alternativa habitacional proporcionada por la Administración en los últimos seis años. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) denuncia que los Servicios Sociales no han intervenido en el 99% de los casos por falta de recursos. La Plataforma de Afectados por la Okupación critica que el Gobierno repite fórmulas ineficaces y no ofrece soluciones reales, dejando a los propietarios en un limbo legal y económico. El nuevo decreto antidesahucios, que se votará fuera del Ómnibus, dejará sin blindaje a los okupas y a pequeños caseros con una sola vivienda en alquiler, afectando al 93,4% de los propietarios.
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