Crítica:
La falta de transparencia en la concesión de subvenciones es alarmante. La ausencia de un régimen sancionador para los incumplidores de la Ley de Transparencia agrava el problema.
La falta de transparencia en la concesión de subvenciones es alarmante. La ausencia de un régimen sancionador para los incumplidores de la Ley de Transparencia agrava el problema.
El absentismo laboral en España se ha convertido en un problema económico de gran envergadura. Según un informe presentado por la patronal catalana PIMEC y analizado por la experta económica Pilar García de la Granja en el programa 'Herrera en COPE', el coste total de las bajas laborales alcanza los 162.000 millones de euros anuales, lo que representa el 10% del producto interior bruto (PIB) español. Este cálculo incluye no solo las prestaciones de la Seguridad Social, sino también los complementos ofrecidos por las empresas y otros costes indirectos como el de oportunidad. La estabilidad laboral, una de las claves de la última reforma laboral, ha resultado ser un factor determinante en el aumento del absentismo. Según el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el cambio de un contrato temporal a uno indefinido eleva un 62% los días de baja por incapacidad temporal. Además, la probabilidad de iniciar un proceso de incapacidad temporal aumenta un 30% tras la reforma laboral de Yolanda Díaz. El perfil más propenso a la baja corresponde a un empleado con contrato indefinido, que ya tuvo una incapacidad el año anterior, trabaja en una empresa grande, tiene un nivel salarial medio, no es autónomo, es mujer, tiene menos de 40 años y trabaja en el sector público. La magnitud del fenómeno es alarmante: cada día, 1,2 millones de personas no se presentan a trabajar. Para atajar este problema, PIMEC propone dar más poder a las mutuas colaboradoras, un mayor control por parte del Sistema Nacional de Salud, reducir los complementos salariales durante una baja y un sistema de bajas más flexible.
El informe del SEPE revela que en diciembre, Baleares pagó la prestación por desempleo al 292% de los parados, mientras que la media nacional se sitúa cerca del 80%. Gerardo Gutiérrez Ardoy, Director General del SEPE desde julio de 2018, tendrá que explicar esta aberración estadística que también afecta a otras seis provincias. Los requisitos para cobrar el paro incluyen estar inscrito como demandante de empleo y no haber cumplido la edad para la jubilación. La situación en Baleares es especialmente llamativa, con un 188% de parados que han cobrado la prestación de media durante el año. Esta manipulación de datos puede tener graves consecuencias para los inversores y la credibilidad del Gobierno. El autor denuncia una 'dictadura de la mentira oficial' y exige una aclaración sobre la inclusión de trabajadores fijos-discontinuos en las estadísticas de paro.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado una intervención gubernamental para regular el precio de la recarga de vehículos eléctricos, abordando una de las principales barreras para su adopción masiva: la incertidumbre sobre los costes operativos a largo plazo. Con un precio de la energía volátil y márgenes de beneficio de los operadores de carga elevados, el Gobierno italiano busca garantizar un acceso asequible a la recarga, evitando que el coche eléctrico se convierta en un producto exclusivo para rentas altas. La medida supone un cambio de paradigma en las políticas de apoyo al vehículo eléctrico, pasando de incentivar la compra a regular el escenario 'post-venta' energético. Italia busca liderar un bloque de países que exija a la Unión Europea una política energética común que proteja a los conductores en las estaciones de servicio del futuro. La propuesta incluye una posible revisión de los peajes energéticos específicos para el transporte y una mayor presión regulatoria sobre las compañías eléctricas. El éxito del coche eléctrico dependerá no solo de la autonomía o tecnología de las baterías, sino del precio de la recarga. La maniobra de Italia obliga a Bruselas a replantearse la descarbonización sin intervención directa en los mercados energéticos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 18.189 euros a la instalación de «puertas antiokupas» en el centro comercial Moda Shopping de Barcelona, con el objetivo de 'asegurar la integridad de los locales comerciales'. Esta medida llega después de que el Ejecutivo intentara prorrogar por séptima vez el decreto antidesahucios, que finalmente caducó. La contratación, adjudicada directamente a la empresa Oscar Casellas Puertas Anti-Okupa por más de 18.100 euros, se fundamenta en la necesidad de proteger el patrimonio público y prevenir delitos. La Plataforma de Afectados por la Okupación ha criticado esta medida, argumentando que el Gobierno está obligado a buscar soluciones habitacionales reales para quienes lo necesitan, en lugar de dejar que los propietarios asuman los gastos de los okupas. Esta acción contradice la narrativa del Gobierno de que los okupas 'no existen' y de que el problema en España no es la okupación, sino el acceso a la vivienda debido al alza de los precios.
La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) ha lanzado una voz de alarma sobre el estado de las carreteras españolas, revelando un déficit alarmante de 225 millones de toneladas de asfalto desde 2011. Según su presidente, Juan José Potti, este déficit compromete la seguridad, la eficiencia energética y la sostenibilidad del transporte por carretera. La producción de mezclas bituminosas en 2023 alcanzó los 18,6 millones de toneladas, un 9,2% más que el año anterior, pero aún está un 40% por debajo de los 32,5 millones de toneladas anuales recomendadas. Para revertir esta situación, Asefma propone una inversión extraordinaria durante ocho años para producir más de 200 millones de toneladas adicionales de asfalto. Además, destacan que una rehabilitación adecuada de los pavimentos puede reducir entre un 9% y un 10% el consumo energético del tráfico, lo que se traduciría en ahorros significativos de combustible y emisiones de CO2.
La alianza entre Correos y AXA Seguros para comercializar pólizas de seguros en exclusiva ha resultado en un rotundo fracaso. A pesar de que AXA pagó 18 millones de euros por la exclusividad, las ventas han quedado muy por debajo de las expectativas. Según los datos disponibles hasta finales de enero, solo se han cerrado 6.500 pólizas, lo que se traduce en unos ingresos de 1,5 millones de euros para Correos, muy lejos de los 21 millones de euros previstos inicialmente. Esta situación ha generado una gran controversia interna en Correos, ya que parte de la plantilla (alrededor de 1.000 trabajadores de un total de 50.000) ha sido reasignada para dedicar unas dos horas diarias a la venta de pólizas, afectando negativamente al clima laboral y a la calidad del servicio al ciudadano. El Partido Popular ha pedido explicaciones formales en el Congreso de los Diputados sobre las consecuencias económicas de este acuerdo y los datos concretos de las pólizas contratadas. La dirección de Correos está considerando aumentar en 200 efectivos la fuerza laboral dedicada a esta tarea. Mientras tanto, AXA ha destacado que a finales de enero la red de Correos producía 20 pólizas de nueva producción cada hora, lo que indica que están 'cogiendo velocidad y experiencia' en la venta de seguros.
La dirección de RTVE ha tardado cuatro meses en facilitar el censo a su Consejo de Informativos, un retraso que ha generado suspicacias sobre la intención de evitar huelgas contra programas polémicos como 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora y 'Directo al grano' de Gonzalo Miró. El Consejo había anunciado en octubre su intención de realizar una encuesta entre la plantilla para determinar acciones de protesta por la proliferación de programas externos. Aunque finalmente recibieron el censo el 12 de febrero de 2026, aún faltan detalles para completar la encuesta. La dirección de RTVE argumentó inicialmente que la entrega del censo podría infringir la norma de protección de datos, pero tras negociaciones, se comprometió a utilizar Microsoft Forms para garantizar el anonimato. A pesar de esto, el proceso sigue estancado. Como respuesta, el Consejo de Informativos ha iniciado una protesta vistiendo de negro los viernes, acción que solo ha sido secundada por la CGT. Mientras tanto, RTVE ha renovado programas polémicos como el de Cintora hasta junio y el de Miró hasta marzo, con costes diarios de 44.000 y 48.000 euros respectivamente.
Comentarios