Pedro Sánchez, en un gesto que parece sacado de un guion de doble filo, firmó en Bruselas el documento de conclusiones del Consejo Europeo que promueve la aceleración de la energía baja en carbono, término que la Unión reserva a la nuclear. El acto, celebrado el 21 de marzo de 2026, se presentó como una respuesta a la volatilidad de los mercados de combustibles fósiles y la urgencia de blindar el suministro energético.
La firma incluyó una línea que obliga a acelerar tanto las renovables como la nuclear para reducir la dependencia del gas, un mensaje que se siente casi irónico cuando en el mismo día la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, declaró que la carta de Ursula von der Leyen se centraba en garantizar el suministro y que España seguiría impulsando las energías renovables.
A la par, el Gobierno de España mantiene un proceso de cierre de las siete centrales nucleares, con la primera, Almaraz en Cáceres, programada para apagarse en 2027. Enresa, organismo público encargado de los cierres, ya asignó 27 millones de euros al diseño del cierre de Almaraz, a pesar de que las energéticas habían solicitado extender su vida útil hasta 2030.
El gobierno, por su parte, espera el informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre el impacto de dicha extensión antes de decidir. Sin embargo, la propuesta de ampliación no puede implicar un aumento de la factura eléctrica para los ciudadanos, y las energéticas han renunciado a la reducción de impuestos que solicitaban, argumentando que las centrales con las tasas actuales generan pérdidas.
Este contraste evidencia un juego de ajedrez político: en Bruselas se aboga por la nuclear como solución de transición, mientras que en Madrid se negocia su cierre. La tensión se acentúa con la referencia de la ministra a la imposibilidad de bloquear el sol y el viento en el estrecho de Ormuz, señalando las repercusiones de la posible interrupción del suministro de petróleo y gas por parte de Irán.
El documento firmado por Sánchez en el punto 38 de la sección “Precios energéticos asequibles y la Unión de la Energía 2030” subraya la necesidad de acelerar el despliegue de energías renovables y la nuclear, pero la realidad española parece seguir una ruta de desmantelamiento.
La política energética, por tanto, se presenta como un mosaico de promesas y compromisos que, aunque coherentes en la superficie, se desmoronan cuando se analizan los detalles contractuales y las fechas de cierre. Con esta paradoja, el Gobierno se enfrenta a la crítica de que su postura es un discurso vacío, mientras las potencias europeas se esfuerzan por equilibrar la seguridad energética con la transición ecológica.
En última instancia, la cuestión no es solo la viabilidad técnica o económica de la nuclear, sino la coherencia del mensaje que España envía a sus ciudadanos y a Europa.
Crítica:
El título promete coherencia, pero la noticia revela un doble discurso; la cifra de 27 millones de euros es un detalle que pierde peso frente al panorama contradictorio.
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