Crítica:
La noticia parece más un comunicado de prensa de la UE que un artículo crítico y objetivo. Falta una visión más crítica sobre las implicaciones de esta medida para los trabajadores y los Estados miembros.
La UE cambia las normas: España tendrá que pagar el paro a los extranjeros con 22 semanas cotizadas
Paro para extranjeros UE
Otros artículos
Dinero público para cine
En un país donde la pobreza severa afecta al 60% de la población y la mortalidad infantil es una de las más altas del mundo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) decide otorgar 80.000 euros para evaluar la colección de películas en Mozambique. Esta subvención, que forma parte de los 2.500 millones de euros que la Aecid ha dispuesto entre 2022 y 2025, nos hace cuestionar la prioridad de nuestros esfuerzos de cooperación internacional. Mientras Mozambique se debate en una corrupción endémica y conflictos cuasibélicos, nuestra ayuda se centra en la 'evaluación de la filmoteca mozambiqueña'. ¿Es esto realmente lo que más necesita Mozambique? ¿O es solo un ejemplo más de la maquinaria descontrolada del gasto público español que lastra nuestra economía y servicios públicos? La Aecid, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha entregado más de 2.600 subvenciones desde 2022, con montantes que van desde los 6.000 euros a varias decenas de millones de euros. Pero, ¿qué hay detrás de esta subvención en particular? El beneficiario, el Instituto Nacional de Industrias Culturales y Creativas (INICC) de Mozambique, incluye un nombre curioso en su denominación: 'MATILDE'. Investigaciones sugieren que podría tratarse de Matilde Muocha, secretaria de Estado de las Artes y la Cultura en Mozambique. ¿Ha entregado la Aecid 80.000 euros directamente a esta señora? ¿Es una subvención a su persona? Estas preguntas nos llevan a cuestionar la transparencia y la eficacia de nuestra cooperación internacional. Es hora de hablar claro y proponer un reset en el gasto público español, que ya se ha convertido en una maquinaria descontrolada que lastra nuestra economía y los servicios públicos. La situación socioeconómica de Mozambique requiere una ayuda más enfocada y eficaz, no subvenciones que parecen tener más que ver con intereses personales o burocráticos que con el bienestar de la población. La digitalización, el registro nacional de profesionales de la cultura y la concesión de licencias para rodajes y derechos de autor son importantes, pero no deberían ser la prioridad cuando hay vidas en juego. Nuestro dinero público debería estar sirviendo para salvar vidas, no para evaluar colecciones de películas. Es tiempo de reconstruir el sistema, pero antes, el que hay debe caer. El gasto público español necesita una revisión profunda para asegurar que cada euro se invierte de manera que tenga un impacto real y positivo en las vidas de las personas, tanto en España como en países como Mozambique que necesitan nuestra ayuda. La cooperación internacional para el desarrollo debe ser más eficaz, más transparente y más enfocada en las necesidades reales de los países que ayudamos. La evaluación de la filmoteca mozambiqueña puede ser un proyecto interesante, pero no debería ser la prioridad cuando hay problemas más urgentes que resolver. Mozambique necesita ayuda para combatir la pobreza, la corrupción y los conflictos, no para evaluar su colección de películas. Nuestro dinero público debería estar trabajando para hacer de este mundo un lugar mejor, no para financiar proyectos que parecen más relacionados con intereses personales o burocráticos que con el bienestar de la población. La hora de hablar claro ha llegado, y es hora de que nuestro gasto público se convierta en una herramienta para el cambio positivo, no en un lastre para nuestra economía y nuestros servicios públicos. La transparencia, la eficacia y la responsabilidad deben ser los pilares de nuestra cooperación internacional, y cualquier proyecto que no cumpla con estos criterios debería ser revisado y, si es necesario, cancelado. El futuro de Mozambique y de muchos otros países que necesitan nuestra ayuda depende de nuestra capacidad para gestionar de manera efectiva y transparente nuestro gasto público. La evaluación de la filmoteca mozambiqueña puede ser un proyecto interesante, pero no es lo que más necesita Mozambique. Lo que necesita es ayuda para combatir la pobreza, la corrupción y los conflictos, y es ahí donde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos y nuestro dinero público. La hora de cambiar ha llegado, y es hora de que nuestra cooperación internacional se convierta en una fuerza para el bien, no en un obstáculo para el progreso. Mozambique y muchos otros países están esperando, y es hora de que tomemos acción. La evaluación de la filmoteca mozambiqueña puede ser un proyecto, pero no es la prioridad. La prioridad es la vida, la dignidad y el bienestar de la población, y es ahí donde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos y nuestro dinero público. La hora de hablar claro ha llegado, y es hora de que nuestro gasto público se convierta en una herramienta para el cambio positivo, no en un lastre para nuestra economía y nuestros servicios públicos.
Autónomos sin IVA
La historia se repite, y el Congreso vuelve a exigir al Gobierno que aplique la exención de IVA para autónomos con bajos ingresos. La moción, presentada por el Partido Popular, busca beneficiar a 700.000 profesionales por cuenta propia que facturan menos de 85.000 euros anuales. Pero, ¿por qué el Gobierno se resiste a implementar esta medida? La respuesta puede estar en la falta de voluntad política para simplificar la burocracia y reducir la carga impositiva para los autónomos. Mientras tanto, la Comisión Europea lleva a España a los tribunales por no implementar la medida, lo que puede generar un costo adicional para el país. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el IVA con la lista de la compra? Pues resulta que, al igual que cuando vamos al supermercado y nos preocupamos por el precio de los productos, los autónomos también deben preocuparse por el precio de sus servicios, incluyendo el IVA. Y, al igual que nosotros, ellos también quieren pagar menos impuestos y tener más dinero en su bolsillo. La exención de IVA para autónomos es una medida que puede ayudar a reducir la carga impositiva y mejorar la competitividad de los pequeños empresarios. Pero, ¿por qué el Gobierno se opone a esta medida? La respuesta puede estar en la falta de comprensión de la realidad de los autónomos y la importancia de la simplificación burocrática. En resumen, la exención de IVA para autónomos es una medida que puede beneficiar a miles de personas, pero que se enfrenta a la resistencia del Gobierno. ¿Será que el Gobierno está más preocupado por los intereses de los grandes empresarios que por los de los pequeños autónomos? La historia seguirá, y solo el tiempo dirá si el Gobierno finalmente implementará esta medida. La moción contó con el respaldo del hemiciclo, excepto por el Partido Socialista, Podemos y una diputada de Compromís, que votaron en contra. La Comisión Europea llevará a España a los tribunales por no implementar la medida, lo que puede generar un costo adicional para el país. La exención de IVA para autónomos es una medida que puede ayudar a reducir la carga impositiva y mejorar la competitividad de los pequeños empresarios. La pregunta es, ¿qué pasará ahora? ¿El Gobierno finalmente implementará la medida, o seguirá resistiéndose a la presión de los autónomos y la Comisión Europea?
UE vs Citricultura
La Unión Europea se encuentra en el ojo del huracán debido a su política comercial que parece favorecer las importaciones de cítricos sobre la producción local. Los agricultores españoles, liderados por la organización AVA-Asaja, han presentado un informe en Bruselas que revela el declive de la citricultura europea en los últimos diez años. Las cifras son contundentes: la cuota de cítricos procedentes de la UE ha caído del 71,1% en 2015 al 62,5% en 2025, mientras que las importaciones de países extracomunitarios han aumentado del 28,9% al 37,5%. Esto supone una pérdida significativa para los productores locales, que ven cómo sus ventas disminuyen en favor de países como Marruecos, Sudáfrica y Perú. El caso de las mandarinas es especialmente grave, con una caída del 18,9% en la cuota de fruta europea en apenas diez años. Los agricultores denuncian que compiten en condiciones desiguales, ya que los productos importados llegan desde países con menores costes laborales y normativas fitosanitarias menos exigentes. El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, advierte que la situación puede empeorar con el acuerdo con Mercosur, que podría suponer la puntilla para la citricultura europea. La estrategia comercial de la UE se encuentra en el centro del conflicto, ya que parece priorizar la exportación de bienes industriales y servicios a cambio de abrir el mercado europeo a productos agrícolas de terceros países. Esto pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones en España y otros países europeos. La pregunta es, ¿qué futuro tiene la citricultura europea si la UE sigue por este camino? La respuesta, por ahora, es un misterio envuelto en una nube de incertidumbre y desesperanza para los productores locales.
España: 6 puntos más que el resto
En la cocina fiscal de España, el cuchillo afilado es la "cuña" que se cuela en el bolsillo de los trabajadores solteros y sin hijos, asando 41,4 % de su salario bruto en 2025. Ese 41,4 % es como el extra que le pones al café y que nadie pide: no se ve, pero sienta el sabor amargo. En la mesa de la OCDE, el promedio es 35,1 %, una diferencia de 6,3 puntos que, si la comparas con la lista de la compra, sería la diferencia entre un trozo de queso barato y uno de lujo, pero sin la etiqueta de precio. La subida de 0,31 puntos en España se debe a un aumento de 0,25 puntos en el IRPF, mientras que la media OECD se ha derrumbado un 0,01 %. Así, mientras el resto del mundo reduce ligeramente la carga sobre la renta, España decide que la gente pague un extra de 25 céntimos por cada 100 euros. Las cotizaciones sociales, por otro lado, se han mantenido estables para el trabajador (solo 5 %) y han subido 0,05 puntos para el empleador, en contraste con el 0,01 y 0,15 del promedio OECD. En la tabla de la noche, la empresa española se ha puesto el “costo laboral” en 23,4 % de su salario bruto, un número que, aunque parece moderado, se alinea con la media OECD de 13,5 % solo si se ignora la diferencia de 10 puntos. El ranking de la cuña fiscal le sitúa España en el décimo puesto entre 38 países. El país que lleva la copa de la mayor carga es Bélgica, con 52,5 %, un número que hace que los belgas se sientan como si el gobierno les hubiera pedido una comisión del doble de lo que reciben. Alemania, Francia, Austria, Italia y Eslovenia siguen de cerca, con cuñas que oscilan entre 45 % y 49 %. Por el lado de los que pagan menos, Colombia, con 0 %, y Chile, 7,5 %, son los que más se aferran a la idea de “pago justo”. Nueva Zelanda y México, con 20,8 % y 21,7 %, respectivamente, son los que se quedan en el medio. El informe de la OCDE subraya que el IRPF en España (13,1 %) es ligeramente inferior al promedio (13,4 %) pero que la diferencia se compensa con la carga de las cotizaciones. En el tablero de la economía global, la cuña fiscal española muestra una mezcla de tradición, burocracia y la necesidad de financiar un Estado que, entre tanto, sigue pidiendo más a quienes ya llevan el peso de la vida diaria.
Inmigrantes, el nuevo ejército de pensionistas
El último decreto de Pedro Sánchez, con la elegancia de un político que se siente en la pasarela del poder, promueve la regularización de inmigrantes como si fuese una campaña de venta de billetes de lotería. Pero, mientras la boleta se vende, el sistema de pensiones se ve obligado a absorber a casi 400.000 nuevos pensionistas extranjeros en los próximos años, y eso no es una cifra de marketing. En un informe de Desiderio Romero‑Jordán para Funcas, el 1 de noviembre, se calcula que de los 8,83 millones de residentes nacidos en el extranjero, 1,03 millones llegaron antes de 2001 y 2,64 millones entre 2001 y 2010. La edad media de estos nuevos ciudadanos es de 32 años, lo que significa que, según la lógica de la vida, cada década los que llegaron antes de 2010 están a punto de hacer su “sablazo” en la pensión contributiva. Romero‑Jordán usa el Censo Anual de Población del INE (abril 2025) y concluye que 3,54 millones de inmigrantes que llegaron antes de 2010 ya tienen derecho a jubilación en los próximos 20 años. El Ministerio de Seguridad Social, con la precisión de un reloj suizo en mal estado, reporta que en marzo pasado había 391.656 afiliados extranjeros con más de 54 años, lo que representa el 13 % de los 3,1 millones de afiliados extranjeros del país. 4,5 millones de españoles con la misma edad cotizan, y el total de trabajadores nacionales es de 18,7 millones, de los cuales 4,5 millones son mayores de 54. Esta masa de jubilados, tanto nativos como foráneos, incrementa el volumen de pensiones de entrada, que se están disparando como los precios de las casas en la calle de la moda. El MEI, la subida de cotizaciones masiva que el Gobierno impuso desde 2023, está destinado a cubrir la oleada de jubilaciones, pero la historia de las cotizaciones sociales muestra que la recaudación ya no basta para pagar pensiones. El Estado se ve obligado a hacer más transferencias y préstamos, y el agujero se amplía como una grieta en un puente antiguo. Además, los salarios de la población inmigrante, concentrados en sectores de baja productividad, hacen que el aporte a la Seguridad Social sea insuficiente. En resumen, estamos ante una paradoja: mientras el Gobierno habla de regularizar y proteger, el mismo proceso está creando una nueva generación de pensionistas que sobrecargará el sistema. La pregunta no es si los inmigrantes deben recibir pensiones, sino cómo se pagará esa deuda sin sacrificar a los que ya están en la fila para el almuerzo del futuro.
España se hunde
La brecha entre España y la Unión Europea en términos de poder adquisitivo sigue creciendo, a pesar de que lo habitual es que los países rezagados crezcan más rápido y recorten distancias. Los últimos datos de Eurostat confirman que la situación se ha agravado en los últimos ocho años, con una brecha que se ha ampliado en cerca de un punto porcentual. En 2017, el PIB por español se situaba en el 92,57% de la media, mientras que en 2025 descendió hasta el 91,59%. Esto significa que, en términos absolutos, la brecha se ha elevado de 2.200 euros a 3.500 euros por persona y año. Solo tres países más en la Unión Europea han ampliado su distancia con el resto en este período: Francia, Italia y Estonia. Mientras tanto, países como Portugal, Grecia y Polonia han crecido a un ritmo más rápido y se han acercado a la media europea. Un observador del ámbito de las finanzas considera este estancamiento 'una vergüenza' y se pregunta por qué, si la economía española ha crecido por encima de la media en los últimos años, esto no se ha traducido en un acercamiento del nivel de vida de los españoles al de la mayoría de europeos. La respuesta que encuentra es demográfica: el PIB aumenta, pero también lo hace la población. En 2025, España contaba con 49,12 millones de habitantes, que pasaron a ser 49,57 millones al cierre del año, según el INE. Esto significa que el incremento del PIB ha ido a alimentar a más de 400.000 nuevas personas que han entrado irregularmente en España. La última actualización provisional de Eurostat cuantifica la riqueza de España en 38.100 euros por persona y año, por encima de la de Polonia, a pesar de que el FMI ha apuntado lo contrario. La discrepancia puede deberse a particularidades metodológicas y al hecho de que el Fondo va un año más allá, utilizando proyecciones y aproximaciones. En cualquier caso, la oficina estadística de la UE atribuye al país eslavo un crecimiento superior al español en renta por habitante, del 7,67% interanual en 2025 y del 62,8% en el acumulado desde 2017. Esto sitúa a Polonia entre los países que, a diferencia de España, Francia, Italia y Estonia, sí han convergido hacia la media europea en los últimos ocho años. El grupo también incluye a Portugal, Grecia, Rumanía, Hungría, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bulgaria, Chipre y Chequia. Además, Chequia dio en 2025 un sorpasso a la economía española en este indicador. La pregunta es, ¿qué ha pasado con el dinero de los españoles? ¿Por qué no se ha traducido en un mejor nivel de vida? La respuesta es clara: el dinero ha ido a parar a otros bolsillos, a los de los que han entrado en el país sin contribuir al sistema. Esto es lo que llama 'la manga muy ancha' en inmigración del Gobierno de Sánchez. Es hora de que los españoles se despierten y exijan que su dinero se invierta en ellos, no en los que llegan sin contribuir. La economía española puede crecer, pero si no se invierte en los españoles, no habrá un futuro próspero para el país. La hipocresía de los políticos es evidente, hablan de crecimiento y desarrollo, pero no hablan de la realidad, que es que el dinero de los españoles se está utilizando para alimentar a otros. Es hora de cambiar esto, es hora de que los españoles tomen el control de su dinero y de su futuro.
ADIF bajo la lupa
En un movimiento que huele a desconfianza, Hacienda ha decidido poner bajo la lupa a ADIF, el gestor ferroviario estatal, con un contrato de auditoría externa valorado en 511.000 euros. No es un mero trámite administrativo, sino un examen a fondo sobre la gestión económica de ADIF en uno de los momentos más sensibles de su historia reciente. El contrato, que se extenderá desde 2026 hasta 2028, implica la colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para revisar tanto las cuentas individuales como las consolidadas, además de verificar la liquidación de los convenios económicos con la Administración General del Estado (AGE) que sostienen financieramente la red ferroviaria. Es como si Hacienda estuviera diciendo: 'ADIF, vamos a revisar tu lista de la compra, porque sospechamos que hay algunos sablazos en la factura'. Y no es para menos, considerando que ADIF depende en gran medida de las aportaciones públicas para equilibrar sus cuentas. El movimiento llega en un contexto de máxima exposición para ADIF, tras el accidente de Adamuz y en medio de una creciente presión política y mediática sobre su gestión. La auditoría prevista permitirá analizar la evolución de las cuentas en un momento marcado por grandes proyectos de inversión, como el desarrollo de la alta velocidad o la modernización de la red convencional. Un escenario en el que la correcta ejecución de los fondos públicos cobra una relevancia aún mayor. La letra pequeña del encargo deja claro que el trabajo no se limita a una revisión superficial. Los adjudicatarios deberán participar activamente en la auditoría junto a la IGAE, lo que implica entrar en el detalle de la contabilidad del grupo y en la trazabilidad de los fondos públicos. En la práctica, se trata de un control reforzado sobre cómo se gestionan recursos millonarios en uno de los organismos más estratégicos del Estado. La reputación de ADIF se ha visto erosionada por distintas polémicas, como las investigaciones del llamado caso Koldo, que han puesto el foco en adjudicaciones de obra pública bajo sospecha, o decisiones de gestión que han tenido un fuerte impacto político y económico. Uno de los episodios más simbólicos fue el de los trenes que no cabían en los túneles, un error de planificación que obligó a rehacer pedidos por valor de más de 200 millones de euros y que terminó provocando dimisiones en la cúpula del sector ferroviario. A ello se suman las imputaciones que afectan a la expresidenta del organismo, vinculadas a contratos bajo investigación judicial. En paralelo, también han surgido críticas por supuestos nombramientos y contrataciones de carácter político, que han alimentado el discurso de la oposición sobre una falta de meritocracia en puestos clave. Todo ello ha contribuido a consolidar una imagen de gestión cuestionada que ahora se cruza con el endurecimiento de los controles económicos. La auditoría, por tanto, no es un mero trámite administrativo. Es, en la práctica, un examen a fondo sobre la gestión económica de ADIF en uno de los momentos más sensibles de su historia reciente.
Comentarios