Crítica:
La noticia tiene un claro sesgo político y económico, y falta información sobre las consecuencias a largo plazo para el sistema energético español. El título es engañoso, ya que no se centra en el tema principal de la noticia
Las jugosas ayudas a las renovables de Zapatero que ahora amenazan las propiedades de España en el extranjero
España en la picota
Otros artículos
Tomate caro, agricultores tiran la cosecha
En la calle se dice que el tomate es el rey de la inflación, y el rey parece haber perdido la corona. 80 céntimos por kilo son la cifra que hace que la gente se pregunte si el tomate está pagando la renta o el alquiler. Pero, mientras los consumidores se resfrían con el precio más alto de la última década, los agricultores están tirando a la basura la cosecha con la misma actitud de quien deja el plato vacío porque el plato cuesta más que la comida. El caso de Clara Sarramián, agricultora riojana, se ha vuelto el “caso abierto” de la economía rural. En 2025 el margen comercial origen‑destino alcanzó 81,1 %, el segundo más alto en una década, según el Observatorio de la Junta de Andalucía. Eso es un empujón de precios de la cadena de valor que no deja de hacer reír a los contadores. Y la cifra de 0,61 €/kg del costo total del tomate, con mano de obra 0,258, semillas 0,081, estructura 0,078 y fertilizantes 0,059, contrastada con los 0,57 €/kg que se pagan al productor, proviene de un estudio de 2020 del Institut Cerdà. Los datos están claros: la diferencia es tan grande que el agricultor termina tirando la cosecha porque la mitad del precio del año anterior le cuesta más que su propio mano de obra. En la práctica, eso significa que el 25‑30 % de los costes de la agricultura se gasta en recolección, envasado y transporte, y si no se recogen, el agricultor no pierde más dinero que el que ya pagó por sembrar. Pero no es una pérdida de la cosecha que beneficia al consumidor; es una estrategia de mercado que mantiene el precio elevado, al igual que el limón y el plátano. La presión externa, especialmente la de Marruecos, y los conglomerados con doble cara hacen que el tomate se convierta en un arma de doble filo para la economía española. Cuando junio se abre la negociación de la PAC post‑2027, la pregunta que se hace es: ¿cómo salvar la industria que es la columna vertebral de la España vaciada sin que los agricultores se conviertan en víctimas de la propia política? El tomate ya es caro, pero el costo de volver a sembrar parece más barato que el precio de la fruta en el supermercado. En la última década el tomate ha demostrado ser un buen negocio para los políticos, pero un mal negocio para los que viven de la tierra.
Alquileres asfixiantes
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que un alquiler de 850 euros al mes es 'muy moderado', lo que supone un 70% de un salario mínimo. Esto es un golpe para muchos españoles, ya que más de 7,6 millones de trabajadores percibieron en 2024 un salario inferior al Salario Mínimo Interprofesional. La situación es aún más grave para el 37% de los ocupados que ganan menos de 1.200 euros netos al mes, para los cuales un alquiler de 850 euros es inasumible. La ministra ha celebrado el decreto de alquileres que ha favorecido a 'miles y miles' de ciudadanos, pero ha sido tumbado por el Congreso. La estrategia del Gobierno ha sido cuestionada, ya que se sabía que no contaba con apoyos suficientes en las Cortes. Díaz ha llamado a la 'movilización social' para luchar por los derechos de los ciudadanos. La ministra ha afirmado que 'hay batallas que se pierden en las Cortes, pero están ganadas en la calle'. La situación del mercado inmobiliario es tensa, y el alquiler de 850 euros es solo la punta del iceberg. La verdadera cuestión es cómo se puede vivir con un salario mínimo que no cubre las necesidades básicas. La respuesta de la ministra ha sido criticada por ser demasiado optimista y no reflejar la realidad de la situación. La lucha por los derechos de los ciudadanos sigue, y la movilización social es la clave para lograr cambios. La pregunta es, ¿qué se puede hacer para que los alquileres sean asequibles para todos? La respuesta no es fácil, pero es claro que algo debe hacerse para evitar que los ciudadanos se vean obligados a elegir entre pagar el alquiler o comprar comida. La situación es urgente, y se requiere una solución rápida y efectiva. La ministra ha dicho que 'no se van a rendir' y que estudiarán todas las medidas posibles por el alquiler. Esperemos que sea verdad, porque la situación actual es insostenible. La lucha por la vivienda asequible es un tema que afecta a muchos, y es hora de que se tome en serio. La ministra ha hablado de 'miles y miles' de ciudadanos que se han beneficiado del decreto, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen la suerte de tener un alquiler 'muy moderado'? La respuesta es que se les deja atrás, y eso no es justo. La lucha por la justicia social es un tema que debe ser abordado de manera urgente. La ministra ha dicho que 'el llamamiento es a la movilización social', y esperemos que sea escuchado. La movilización social es la clave para lograr cambios, y es hora de que se tome en serio. La situación actual es insostenible, y se requiere una solución rápida y efectiva. La lucha por la vivienda asequible es un tema que afecta a muchos, y es hora de que se tome en serio.
Arroz en peligro
El arroz europeo se juega su futuro en el Parlamento Europeo este martes 28 de abril. Los agricultores están apretando para que se defiendan sus intereses en la votación sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas, que podría incluir una cláusula para reducir el volumen de importación de arroz de terceros países. La situación es crítica: cientos de miles de toneladas de arroz de Camboya, Myanmar, India y Tailandia entran en la industria española cada año, aprovechando la ambigüedad en la norma del etiquetado para disfrazarse de producto nacional. Esto ha provocado un goteo que resta valor a las producciones europeas y las condena al cierre. Marruecos y Filipinas ya han actuado para proteger sus sectores arroceros, y ahora es el turno de la Unión Europea. La organización profesional agraria Asaja exige una respuesta urgente para activar mecanismos de salvaguardia que garanticen la supervivencia del sector arrocero europeo. La Comisión Europea propone un umbral de 570.000 toneladas para las importaciones de países beneficiados con el tratado 'Todo menos armas', pero los agricultores y la industria consideran que este umbral es demasiado alto y que ya se producen efectos negativos a partir de 200.000 toneladas. La batalla es por la supervivencia de un sector histórico en varios Estados miembros, y la decisión del Parlamento Europeo puede ser crucial. Los agricultores españoles han intensificado las reuniones con europarlamentarios para tratar de sumar apoyos y obtener una mayoría absoluta en la Eurocámara a favor de la cláusula que reduzca el volumen de importación a partir del cual se protege el arroz europeo automáticamente. El objetivo no es restringir el comercio, sino garantizar que el sector arrocero de la UE pueda seguir desempeñando su papel crucial en el mantenimiento de zonas rurales dinámicas y en la producción alimentaria de alta calidad. Con un incremento de las importaciones de más del 250% en las últimas dos décadas, la situación es más que alarmante. Es hora de que la Unión Europea tome medidas para proteger a sus productores y garantizar la supervivencia de un sector que es fundamental para la economía y la sociedad europeas. La votación del Parlamento Europeo puede ser el punto de inflexión que salve o condena al sector arrocero europeo. La pregunta es: ¿qué decidirá el Parlamento Europeo? ¿Protegerá a sus productores o seguirá permitiendo que las importaciones desproporcionadas de terceros países sigan erosionando el mercado nacional del arroz?
Embargo a España
La noticia de que Países Bajos ha embargado a España el Instituto Cervantes de Utrecht por impagos del Gobierno a Toyota es solo la punta del iceberg de una crisis que ha estado gestándose durante años. El edificio, valorado en 10 millones de euros, se encuentra en una zona emblemática de la ciudad y ha sido objeto de una disputa judicial que ha terminado con la decisión de la Justicia neerlandesa de autorizar el embargo. Pero este no es un caso aislado. España se enfrenta a una cascada de derrotas judiciales por impagos a las renovables, con un total de 2.309 millones de euros que debe a las empresas afectadas. La situación es tan precaria que los tribunales de varios países, incluyendo Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Australia y Singapur, han reconocido la deuda y han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español. La pregunta es, ¿cómo se ha llegado a este punto? La respuesta se encuentra en la decisión del Gobierno de retirar retroactivamente las primas renovables, lo que ha generado una serie de sentencias judiciales que han condenado a España a pagar indemnizaciones a las empresas afectadas. El caso del Instituto Cervantes de Utrecht es solo un ejemplo de cómo la falta de pago de estas indemnizaciones ha llevado a la pérdida de activos valiosos para el país. Mientras tanto, el Gobierno español sigue sin encontrar una solución para zanjar este asunto, lo que ha generado un descrédito internacional y una pérdida de confianza en la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones. La situación es tan grave que los acreedores están pidiendo al Gobierno que ponga fin a esta controversia de una vez por todas, recordando que ya se llegó a un acuerdo satisfactorio para zanjar el caso que afectaba a la empresa JGC. La pregunta es, ¿qué pasará a continuación? ¿Podrá España encontrar una solución para pagar sus deudas y recuperar la confianza de la comunidad internacional? Solo el tiempo lo dirá.
Iglesias en la cuerda
La cúpula de Movistar Plus se debate entre incluir o no el Canal Red de Pablo Iglesias en su oferta de televisión de pago. Aunque inicialmente se había decidido incluirlo, las dudas han surgido tras los análisis técnicos que han revelado una calidad técnica 'de aprobado raspado'. Mientras que la decisión se pospone, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha tenido que abordar un cambio en la cúpula de Movistar Plus, nombrando a Alfonso Gómez como nuevo consejero delegado. La inclusión del Canal Red no es solo una cuestión técnica, sino también política, ya que el canal ha generado protestas en redes sociales y ha sido criticado por su acuerdo con la televisión pública china. La decisión de Gómez será crucial para determinar el futuro del Canal Red en Movistar Plus. Con 167 canales en su oferta, Movistar Plus se enfrenta a la tarea de equilibrar la calidad y la diversidad de su programación. La pregunta es, ¿podrá el Canal Red de Iglesias superar las barreras técnicas y políticas para formar parte de la parrilla de Movistar Plus? El tiempo lo dirá, pero por ahora, la duda está servida. La noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con muchos abonados amenazando con darse de baja si se incluye el canal. Sin embargo, Telefónica defiende su decisión de incluir canales de ideología contraria, como El Toro TV o la Fox, argumentando que es importante ofrecer una variedad de perspectivas a sus abonados. La batalla por la calidad y la diversidad de la programación de televisión de pago está en marcha, y el Canal Red de Iglesias es solo uno de los muchos canales que luchan por un lugar en la parrilla de Movistar Plus.
Marruecos le agota España 179%
En la feria de las cuentas, Marruecos se ha vuelto la nueva estrella del escenario financiero español. Desde 2019, la deuda del reino alauí con la Casa de la Moneda ha crecido un 178,57 % —un salto de 263,96 milenios a 471,27 milenios de euros— como si hubiera comprado un nuevo coche de lujo con la tarjeta de crédito de la administración. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, al responder a una solicitud de THE OBJECTIVE al Portal de Transparencia, dejó al descubierto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con su traje de cortesía y su sonrisa de dos dedos, no ha hecho más que aflojar los lazos de la deuda. Mientras el rey de Marruecos se empapa de intereses, España ha estado reduciendo su propia mochila de deudas: el total de deuda externa con todos los países se ha deslizado de 13 968,80 milenios en 2019 a 9 821,40 milenios en 2025, una caída del 29,7 %. El descenso más agudo ocurrió entre 2022 y 2023, con un 8,3 % de reducción, como si hubiera decidido apagar la luz en mitad de la noche. Al mirar el panorama, se ve que Grecia, el país que antes cobraba la mayor factura, ha recortado 3 346,39 milenios, reduciéndose a la mitad de su carga inicial de 6 659,48 milenios. China, Turquía, Túnez y Argentina también han hecho malabares con sus deudas, bajando entre 121 y 241 milenios. Pero el verdadero protagonista de esta farsa financiera es Marruecos, que ha aumentado su deuda en 207,31 milenios, mientras Uzbekistán, Sri Lanka, Irán y Gabón suben 37,67; 20,76; 17,14; y 11,13 milenios, respectivamente. En el año 2025, las cinco naciones con mayor deuda frente a España son Grecia, Cuba (1 958,28 milenios), Marruecos, China y Egipto (255,91 milenios). Mientras tanto, las naciones con la menor deuda activa son Mongolia (0,32 milenios), Tanzania (0,40 milenios), Seychelles (0,48 milenios), Camerún (0,76 milenios) y Madagascar (0,93 milenios). El vínculo histórico con Marruecos, que se remonta al Protectorado español y el Sáhara Occidental, ha evolucionado de una relación asimétrica a una interdependencia en la que España se ha convertido en el socio africano número uno. En 2023, el intercambio comercial alcanzó un récord de 22 600 milenios de euros, como si ambos países estuvieran intercambiando más dinero que chistes en un bar de la tarde. Pero la historia demuestra que la deuda no se paga con abrazos; se paga con intereses, y en este caso el interés se está cargando en la balanza de España.
Paro para extranjeros UE
Imagina que estás trabajando en el extranjero, sudando la gota gorda para pagar tus facturas y de repente, te quedas sin trabajo. La UE acaba de cambiar las reglas del juego, y ahora, si has cotizado al menos 22 semanas, el país donde trabajabas te pagará el paro. ¡Eso es menos de medio año de trabajo! Pero, ¿qué pasa con los países que no han contribuido al sistema? Bueno, la UE quiere evitar que el coste recaiga en ellos, así que establece un reparto más equilibrado de las cargas entre administraciones. Además, los extranjeros pueden seguir percibiendo el paro de su país durante un máximo de seis meses si se mudan a otro Estado miembro para buscar empleo. Esto pretende facilitar la movilidad laboral dentro del mercado europeo. Pero, ¿qué hay de las ayudas familiares y los cuidados de larga duración? La normativa también establece un marco más claro para coordinar estas prestaciones. Y, para evitar prácticas abusivas, se refuerzan los mecanismos de control y se endurecen los controles en sectores sensibles como la construcción. La Comisión Europea ya había tomado medidas para mejorar las condiciones de los empleados en toda Europa, como la Ley de Empleo de Calidad. Ahora, la UE busca actualizar las normas de coordinación de los sistemas de Seguridad Social para que los trabajadores extranjeros puedan acceder a las prestaciones sociales sin problemas. Con esta medida, se pretende que la responsabilidad financiera recaiga en el Estado en el que se generaron los derechos contributivos. La UE busca un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la responsabilidad financiera de los Estados miembros. La normativa todavía tiene que ser aprobada formalmente por el Consejo y el Parlamento antes de su adopción definitiva.
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