El esposo del juez, ¿pirata judicial expuesto?
Mientras la DANA, ese gran caldo de gente y dinero, se arremolina en la comunidad valenciana, un nuevo giro se abre en la trama: el esposo de la jueza que lleva la lupa sobre los casos. El CGPJ, en su típico modo de “revisar al vecino que no paga la luz”, pidió a las dos víctimas que confirmen si, según los audios subidos por OKDIARIO, el marido de la jueza, Jorge Martínez Ribera, se lanzó a la sala con la misma energía que un niño con una lupa de oro. Los hechos se ratificaron: la gente que se vio obligada a hablar ante la justicia no dudó, y el abogado Rubén Gisbert, que ya había presentado una querella ante el TSJCV, también confirmó la intrusión.
La trama es un verdadero truco de teatro: el tribunal superior quedó en la posición de juez de juez, mientras la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular de la Instrucción 4 de Valencia, se vio rodeada de sospechas. El 24 de febrero, el caso de la DANA se puso en marcha y, a la vuelta de la esquina, el esposo de la jueza empezó a sonar en las grabaciones. La semana pasada, el Pleno del CGPJ había denegado el amparo que la jueza solicitó, pues el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) había exigido que no se usara lenguaje que pudiese dañar la dignidad profesional del abogado José María Bueno, quien defiende al ex secretario de Emergencias, Emilio Argüeso.
El TSJCV, con su habitual actitud de “resuelve y no más”, emitió un auto que dejó claro que la participación de la pareja “puede llegar a constituir alguna irregularidad procesal, pero no un delito”. Sin embargo, la sala también recordó la posibilidad de una responsabilidad disciplinaria, lo que deja al lector con la sensación de que la justicia es más un juego de ajedrez que un tribunal de hechos.
En la vida real, el esposo de la jueza podría haber sido simplemente un vendedor de billetes de lotería, pero los medios lo han convertido en el protagonista de una novela de intrigas judiciales. La DANA, el CGPJ y el TSJCV se han unido en una coreografía que parece más un espectáculo de circo que un proceso legal. Y mientras las víctimas siguen pidiendo justicia, el público se queda con la pregunta: ¿cuánto más se puede gastar en la defensa de los que ya tienen la llave del edificio de la justicia?
Mario Herrera