Crítica:
La noticia es un ejemplo claro de la impunidad de la cloaca política, donde los culpables son absueltos y los inocentes son condenados. La falta de pruebas en las acusaciones contra el fiscal Grinda es preocupante.
Los documentos de trabajo de Leire Díez confirman la coordinación de la cloaca con Bildu para atacar al juez Peinado
Cloaca política ataca juez
Otros artículos
Alquiler SEPI, secreto a tope
No todo lo que brilla es oro, y en la esquina de María de Molina, el brillo es de opacidad. El Gobierno, con la audacia de un dueño de barrio que no quiere que le vean la factura de la luz, se negó a liberar el contrato de alquiler del campus de la SEPI que el Instituto de Empresa (IE) ocupa. La resolución del Portal de Transparencia, más una excusa que un documento, citó que exponer el precio “afectaría a los intereses económicos y comerciales de Sepides”, mientras las cifras se esconden tras un velo de burocracia que rivaliza con la de la última temporada de una telenovela de novela. Cuando el precio del metro cuadrado cayó de 23 euros a 4, la diferencia se tradujo en medio millón de euros al mes que el Estado dejó de cobrar: cinco millones al año, la suma equivalente a la tarifa de un coche eléctrico que nunca se recarga. Todo esto, mientras la mujer del presidente, Begoña Gómez, se instala como directora del IE Africa Center apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se subiera a la Moncloa. Las manos que orquestaron el descenso de la renta provienen de un círculo de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero: Antonio Cervera, ex presidente de Sepides y ahora director general de Costes de Personal, y otros funcionarios que, según fuentes, se mantuvieron en la sombra desde la Junta de Andalucía hasta el Ministerio de Hacienda. El Tribunal Supremo, con Víctor de Aldama a la cabeza, reveló que un asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ordenó detener la compra de terrenos de 250 millones de euros para que el IE no tuviera competencia en el mercado. El “precio irrisorio” y el “trato de favor escandaloso” se revelan en un contexto donde la pandemia creó la oportunidad de un “bajo precio” que ninguna otra empresa privada logró. El IE, por su parte, sugiere que la reducción fue un ajuste de IPC y que recibió un crédito de 5 millones de euros al 5 % de interés, pero las fuentes de la SEPI apuntan a una quita real y efectiva. El Portal de Transparencia, pese a negar el contrato, añade que los alquileres están “en condiciones de mercado y sujetos a revisiones periódicas”, una declaración que no encaja con la realidad de 21 000 metros cuadrados de terrenos que se mantuvieron en mano del Estado. En cuanto a la fiscalidad, el IE pagó alrededor de 90 millones de euros anuales como principal inquilino, y su moratoria ante la imposibilidad de pagar se denegó, dejando al Estado con un agujero de medio millón de euros mensual. La historia termina con la pregunta: ¿Quién paga la verdad cuando el Estado mantiene el precio bajo la mesa? En la urbe donde los titulares son titulares y la transparencia es un mito, el precio de la información es el silencio que el público paga con su fe y su sospecha.
SEPI beneficia IE
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha sido acusada de dar un trato de favor escandaloso al Instituto de Empresa (IE) durante la pandemia de la covid-19. Según ocho fuentes distintas, el IE consiguió una rebaja en el precio de alquiler de los tres edificios públicos que tenía arrendados en el Campus Velázquez, en la calle María de Molina de Madrid, pasando de 23 euros por metro cuadrado a solo 4 euros. Esto supuso un ahorro aproximado de 475.000 euros al mes y 5,7 millones anuales para el IE. La noticia ha generado un escándalo interno en la SEPI y ha sido relacionada con la contratación de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como directora del IE Africa Center en 2018. La SEPI depende del Ministerio de Hacienda, que está liderado por María Jesús Montero, quien propuso al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, para el cargo. La presidencia de la SEPI estuvo vacante durante casi dos años, hasta marzo de 2021, lo que ha generado especulaciones sobre la influencia del Gobierno en la toma de decisiones de la SEPI. El IE ha negado cualquier rebaja en el precio del alquiler, pero fuentes oficiales han confirmado que solicitaron una moratoria en los pagos debido a la situación económica derivada de la pandemia. La noticia ha generado un debate sobre la transparencia y la gestión de los fondos públicos en España.
El esposo del juez, ¿pirata judicial expuesto?
Mientras la DANA, ese gran caldo de gente y dinero, se arremolina en la comunidad valenciana, un nuevo giro se abre en la trama: el esposo de la jueza que lleva la lupa sobre los casos. El CGPJ, en su típico modo de “revisar al vecino que no paga la luz”, pidió a las dos víctimas que confirmen si, según los audios subidos por OKDIARIO, el marido de la jueza, Jorge Martínez Ribera, se lanzó a la sala con la misma energía que un niño con una lupa de oro. Los hechos se ratificaron: la gente que se vio obligada a hablar ante la justicia no dudó, y el abogado Rubén Gisbert, que ya había presentado una querella ante el TSJCV, también confirmó la intrusión. La trama es un verdadero truco de teatro: el tribunal superior quedó en la posición de juez de juez, mientras la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular de la Instrucción 4 de Valencia, se vio rodeada de sospechas. El 24 de febrero, el caso de la DANA se puso en marcha y, a la vuelta de la esquina, el esposo de la jueza empezó a sonar en las grabaciones. La semana pasada, el Pleno del CGPJ había denegado el amparo que la jueza solicitó, pues el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) había exigido que no se usara lenguaje que pudiese dañar la dignidad profesional del abogado José María Bueno, quien defiende al ex secretario de Emergencias, Emilio Argüeso. El TSJCV, con su habitual actitud de “resuelve y no más”, emitió un auto que dejó claro que la participación de la pareja “puede llegar a constituir alguna irregularidad procesal, pero no un delito”. Sin embargo, la sala también recordó la posibilidad de una responsabilidad disciplinaria, lo que deja al lector con la sensación de que la justicia es más un juego de ajedrez que un tribunal de hechos. En la vida real, el esposo de la jueza podría haber sido simplemente un vendedor de billetes de lotería, pero los medios lo han convertido en el protagonista de una novela de intrigas judiciales. La DANA, el CGPJ y el TSJCV se han unido en una coreografía que parece más un espectáculo de circo que un proceso legal. Y mientras las víctimas siguen pidiendo justicia, el público se queda con la pregunta: ¿cuánto más se puede gastar en la defensa de los que ya tienen la llave del edificio de la justicia?
Euskera: la nueva moneda de la ciudad
El viernes, cuando la gente todavía estaba acostumbrada a escuchar que el euskera era simplemente una lengua de la familia vasca, EH Bildu dio el golpe de la semana: su propuesta de convertir el euskera en "lengua nacional" con uso preferente. La moción, aprobada con 97,29 % de los votos, se presenta como la solución definitiva al estancamiento que, según los soberanistas, ha dejado la revitalización del euskera en la fase de la lista de la compra: los artículos están ahí, pero nadie los lleva a la caja. El documento, titulado *Nueva política lingüística para abrir una nueva etapa de revitalización*, promete un salto cualitativo que, en el lenguaje de la campaña, se traduce en “pleno desarrollo jurídico” y “una arquitectura renovada y actualizada”. En otras palabras, el partido quiere que el idioma goce de la misma fuerza de un contrato de arrendamiento que obliga a los inquilinos a pagar la renta en euros: la lengua que se habla en la calle, en las oficinas y en la banca debe ser la que se refleje en la ley. El argumento se cierra en la idea de que el euskera debe pasar de la “euskaldunización de las personas” a la “euskaldunización de espacios”. Esa frase suena casi a que la lengua está a la venta para los que quieren comprar un terreno y que el país se convierta en un mercado donde la bandera vasca sea el letrero de la tienda. Y porque no, EH Bildu también quiere que el euskera tenga “uso preferente” en los núcleos urbanos de alta densidad, porque “la ciudad es la que nos define” y la lengua debe ser el pegamento que mantiene al barrio unido. El partido no se queda de brazos cruzados: denuncia una ofensiva judicial que, según ellos, ha puesto nuevos límites a la política lingüística. Si los tribunales son los que deciden con quién puedes hablar en la mesa de la comunidad, entonces la propuesta de Bildu se convierte en una especie de “contrato de protección” que se espera que sea firmado por toda la comunidad vasca. En la práctica, se trata de un plan que, al estilo de la reforma de la factura de la luz, quiere que el euskera sea la única forma de pago aceptada en los canales oficiales, y que los ciudadanos ya no tengan que pagar con la lengua de los “ejecutivos de la ciudad”. La crónica no deja de remarcar que la propuesta es “más necesaria que nunca” y que la identidad vasca se define por la columna vertebral que es el euskera. Si la política es una obra de arte, Bildu quiere que el euskera sea la obra maestra que todos miren y que todos usen, sin importar si el mercado está en rojo o en verde. En síntesis, la propuesta de EH Bildu no es un simple cambio de etiqueta: es un intento de remodelar la casa de la identidad vasca con la esperanza de que cada puerta, cada calle y cada cajón de la ciudad se conviertan en un espacio donde el euskera sea la única moneda aceptada.
Sánchez se baña en oro
Imagina que cada vez que sales de casa para un viaje de negocios, te acompañan un equipo de comunicación, técnicos audiovisuales y personal de análisis informativo. Eso es lo que sucede con el presidente Pedro Sánchez, y el costo de esta estructura es nada despreciable. En 2026, el programa 921Q, que se encarga de la cobertura informativa de la actividad del presidente, dispone de 78 millones de euros. Esta partida incluye no solo la difusión de los comunicados del Gobierno y del presidente, sino también las dietas y gastos de desplazamiento del personal público que lo acompaña en sus viajes oficiales. Sin embargo, el desglose de estos gastos es un misterio, ya que se integran en un programa presupuestario más amplio sin un desglose específico. El programa 921Q es solo la punta del iceberg, ya que se suma al programa 912M, que cubre el funcionamiento del gabinete del presidente, la seguridad, el protocolo y la organización institucional, con 56 millones de euros en 2026. Juntos, estos programas suman alrededor de 134 millones de euros, pero la falta de transparencia impide saber cuánto cuestan realmente los viajes del presidente ni qué parte del gasto corresponde a cada concepto. Es como si compraras un billete de avión sin saber cuánto cuesta el asiento, la comida o el seguro. La comunicación y la actividad exterior del Ejecutivo están estrechamente vinculadas, pero la ausencia de transparencia suficiente para evaluar su impacto económico es un tema que debería preocuparnos a todos. Después de todo, es nuestro dinero el que se está gastando. La pregunta es, ¿vale la pena el costo de esta estructura para la comunicación y los viajes del presidente? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio.
Millonaria resignificación
Imagina que estás en el supermercado, haciendo la lista de la compra, y de repente te enteras de que el gobierno ha decidido gastar 26 millones y 600.000 euros en 'resignificar' el Valle de los Caídos. Sí, has leído bien, 26 millones. Mientras tú te preocupas por ahorrar en la compra, el gobierno se permite el lujo de invertir esta cifra en un proyecto que, según ellos, busca darle un 'gran potencial simbólico y transformador' al Valle. Pero, ¿qué significa exactamente 'resignificar'? Según el Ministerio de Vivienda, se trata de transformar el Valle en un lugar que contenga tres dimensiones: artística, arquitectónica y didáctica. Suena a un proyecto ambicioso, pero también suena a un gran agujero contable. La pregunta es, ¿vale la pena gastar tanto dinero en esto? El concurso para remodelar el Valle ha sido un proceso largo y costoso. El jurado, integrado por amigos de Sánchez y Urtasun, ha seleccionado a los diez finalistas, que recibirán un premio de 50.000 euros cada uno. El presupuesto base de licitación del contrato es de 4.115.514,63 euros, lo que incluye los premios, los honorarios del contrato de servicios y la remuneración del jurado. Pero eso no es todo, el documento también calcula costes aproximados para la instalación artística, la obra de nueva planta del centro de interpretación, la obra de restauración y la implantación museológica. En total, todas estas actuaciones suman un total de 26.248.625,16 euros. Es como si estuvieras comprando una casa, pero en lugar de una casa, estás comprando un proyecto que puede o no funcionar. La Iglesia, por su parte, ha expresado su preocupación por la 'resignificación' del templo, ya que considera que la basílica de la Santa Cruz sigue siendo un lugar sagrado y que debe ser respetada. En resumen, el gobierno está dispuesto a gastar una gran cantidad de dinero en un proyecto que puede ser beneficioso, pero también puede ser un gran fracaso. Solo el tiempo dirá si vale la pena.
Justicia en Baleares: un polvorín
La Administración de Justicia en Baleares es un polvorín a punto de estallar. Mientras los funcionarios de Justicia se desviven por hacer su trabajo, la gerencia no tramita su alta en la Seguridad Social, dejándolos en una especie de limbo laboral. Es como si te dijera que estás trabajando, pero no oficialmente. La conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, encabezada por Catalina Cabrer, ha decidido tomar cartas en el asunto y ha puesto los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Yolanda Díaz. La iniciativa es un claro intento de elevar el conflicto y exigir responsabilidades más allá del intercambio administrativo. Pero los problemas no terminan ahí. La carencia de equipos informáticos es otro de los puntos críticos, y el impacto sobre la salud laboral es cada vez más preocupante. El sindicato ha alertado de un incremento de bajas vinculadas al estrés y la ansiedad, en un contexto de sobrecarga y desorganización que tensiona a una plantilla ya de por sí marcada por la temporalidad. En este sentido, los representantes sindicales han puesto sobre la mesa un acuerdo con Función Pública en Madrid que, según denuncian, no se estaría aplicando. La pregunta es, ¿cómo se puede esperar que los funcionarios de Justicia hagan su trabajo de manera efectiva si no tienen los medios necesarios? Es como pedirle a un cirujano que opere sin instrumental. La situación es un claro ejemplo de la hipocresía y el desinterés de los responsables políticos. Mientras tanto, los funcionarios de Justicia siguen trabajando en la sombra, sin reconocimiento ni apoyo. La cifra de decenas de trabajadores afectados es un claro indicador de la gravedad de la situación. La reunión entre la conselleria y los representantes sindicales ha sido un paso en la dirección correcta, pero es solo el comienzo. La verdadera pregunta es, ¿qué se hará para solucionar este problema de manera efectiva? La respuesta, por ahora, es un misterio. La situación es un claro ejemplo de cómo la burocracia y la ineficiencia pueden generar problemas graves en la Administración de Justicia. Es hora de que los responsables políticos tomen medidas concretas para solucionar este problema y garantizar que los funcionarios de Justicia tengan los medios necesarios para hacer su trabajo de manera efectiva.
Comentarios