No todo lo que brilla es oro, y en la esquina de María de Molina, el brillo es de opacidad. El Gobierno, con la audacia de un dueño de barrio que no quiere que le vean la factura de la luz, se negó a liberar el contrato de alquiler del campus de la SEPI que el Instituto de Empresa (IE) ocupa.
La resolución del Portal de Transparencia, más una excusa que un documento, citó que exponer el precio “afectaría a los intereses económicos y comerciales de Sepides”, mientras las cifras se esconden tras un velo de burocracia que rivaliza con la de la última temporada de una telenovela de novela.
Cuando el precio del metro cuadrado cayó de 23 euros a 4, la diferencia se tradujo en medio millón de euros al mes que el Estado dejó de cobrar: cinco millones al año, la suma equivalente a la tarifa de un coche eléctrico que nunca se recarga. Todo esto, mientras la mujer del presidente, Begoña Gómez, se instala como directora del IE Africa Center apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se subiera a la Moncloa.
Las manos que orquestaron el descenso de la renta provienen de un círculo de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero: Antonio Cervera, ex presidente de Sepides y ahora director general de Costes de Personal, y otros funcionarios que, según fuentes, se mantuvieron en la sombra desde la Junta de Andalucía hasta el Ministerio de Hacienda.
El Tribunal Supremo, con Víctor de Aldama a la cabeza, reveló que un asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ordenó detener la compra de terrenos de 250 millones de euros para que el IE no tuviera competencia en el mercado. El “precio irrisorio” y el “trato de favor escandaloso” se revelan en un contexto donde la pandemia creó la oportunidad de un “bajo precio” que ninguna otra empresa privada logró.
El IE, por su parte, sugiere que la reducción fue un ajuste de IPC y que recibió un crédito de 5 millones de euros al 5 % de interés, pero las fuentes de la SEPI apuntan a una quita real y efectiva. El Portal de Transparencia, pese a negar el contrato, añade que los alquileres están “en condiciones de mercado y sujetos a revisiones periódicas”, una declaración que no encaja con la realidad de 21 000 metros cuadrados de terrenos que se mantuvieron en mano del Estado.
En cuanto a la fiscalidad, el IE pagó alrededor de 90 millones de euros anuales como principal inquilino, y su moratoria ante la imposibilidad de pagar se denegó, dejando al Estado con un agujero de medio millón de euros mensual. La historia termina con la pregunta: ¿Quién paga la verdad cuando el Estado mantiene el precio bajo la mesa? En la urbe donde los titulares son titulares y la transparencia es un mito, el precio de la información es el silencio que el público paga con su fe y su sospecha.
Crítica:
El titular suena a rima de calle, pero el cuerpo da datos sin contexto; la pieza deja la culpa sin la prueba suficiente, como un cuento sin final.
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