Crítica:
El titular ignora la falta de mantenimiento; el texto lo confiesa con cifras. Se deja en claro que la culpa recae en la burocracia, pero no se menciona la responsabilidad del propio estado.
ADIF detecta cinco kilómetros de vía defectuosa junto a Adamuz
Vías a 50 km/h, drama sin fin
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Gálvez y los fondos de cómics
La primera convocatoria de Ayudas a la Creación de Cómic, lanzada en mayo de 2025, se ha convertido en el nuevo club de los ‘dedazos’ y los ‘sablazos en la factura’. Mientras la gente se queja de que la lista de aprobados no era anónima, la verdadera historia es que la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez, ha estado jugando al Monopoly con la misma banca que se supone debe proteger. El Ministerio de Cultura, bajo la tutela de Ernest Urtasun, aceptó a trámite dos denuncias de posible nepotismo. La primera apunta a Gálvez como la “puerta de entrada” de Carla Berrocal, líder del Colectivo de Autoras, y la periodista Cristina Fallarás. Juntas, recibieron 20 000 euros en una ayuda que, según ABC, pudo haber sido desviada del propio colectivo para beneficio personal. La segunda denuncia se centra en Verónica Álvarez, representante del PIFS (Profesionales de la Industria Franco‑Española) y al que le otorgaron 15 000 euros. Álvarez mantiene reuniones regulares con Gálvez, quien presidió el jurado que decidió su premio máximo, rompiendo la regla de no saber quién es quién en la lista de la compra del sector. En los papeles de la convocatoria, las bases se interpretaron de manera tan confusa que muchos candidatos se descalificaron después de haber recibido la ayuda provisional. El proceso, que se describió como “inseguro jurídica”, parece haber permitido que el propio jurado se convierta en el corredor de la esquina de la calle donde se negocian los fondos públicos. La denuncia interna pide que se revisen las actas, se revocen las ayudas y se asignen responsabilidades administrativas y disciplinarias. Gálvez, doctora en Derecho por la Universidad de Valencia y con estancias de investigación en Harvard, Pisa y Bruselas, ha estado a cargo desde 2020. Su posible implicación en un caso de “nepotismo” es solo el preludio de una serie de revelaciones que podrían sacudir el gabinete de Urtasun y la política cultural española. En un mundo donde la transparencia se vende como un café con leche, el drama de la dirección general del cómic demuestra que la mejor forma de pagar con el dinero público es a través de la sombra de la influencia institucional y la falta de control de calidad. La lección es clara: cuando la burocracia se queda sin brújula, la corrupción se convierte en el nuevo cómic de la semana.
Sánchez descubierto: uno y la lista
Si pensabas que el "uno" era solo un número, prepárate para ver su factura. El Tribunal Supremo se transformó en un escenario de karaoke donde Víctor de Aldama, con la precisión de un DJ de discoteca, soltó más bombas que la última tormenta de la ciudad. Entre chispas de fiscalidad y confesiones de “lo sabía todo”, su declaración giró a favor de un presidente que, según Aldama, estaba tan pendiente de los chanchullos con grandes constructoras como de los tratos con Venezuela. El relato comienza con la foto de febrero de 2019, donde Pedro Sánchez, con su sonrisa de negocio, aparece con la foto de un empresario que, en la vida real, no era más que un operador de contactos que se ganaba la vida entre el Ministerio de Transportes y los bancos de Moncloa. Koldo García y José Luis Ábalos, dos nombres que suenan a leyendas del PSOE, fueron los testigos de una conversación que Aldama tradujo como “el presidente me dice: ‘Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo’”. Y ese “todo” era la lista de 400 asesores que, según Aldama, giraban bajo la lupa de Sánchez. El nombre de Begoña Gómez apareció como una sombra: operadora de una inmobiliaria que, según Aldama, se benefició del flujo de dinero de la administración. Y no podemos olvidar a Santos Cerdán, socio al 45 % de Servinabar, quien habría sido el verdadero motor del despacho de Transportes, con un contrato de 2 400 millones de euros con Stadler. Las comisiones, según Aldama, salieron como un chorro de luz en la noche de Madrid. Delcygate, el episodio que llevó a la política a la pista de Barajas, fue una carta enviada por Ábalos, con la aprobación de Sánchez, que buscaba facilitar la entrada de crudo venezolano a la Internacional Socialista. La carta, que al final se desvió por la sanción de la UE, fue un recordatorio de que la política a veces se negocia con el mismo lenguaje de los negocios: “Oye, que yo estoy sancionada para volar”. En el fondo, la crónica revela que la figura de Sánchez es el escalafón número uno, Ábalos el dos, Koldo el tres y Aldama el cuatro. Y mientras las cifras se multiplican –400 asesores, 45 % de participación, 2 400 millones de euros– el “uno” sigue el ritmo de la balanza que solo se inclina cuando el dinero está en la mano del que lo llama “presidente”.
Alquiler SEPI, secreto a tope
No todo lo que brilla es oro, y en la esquina de María de Molina, el brillo es de opacidad. El Gobierno, con la audacia de un dueño de barrio que no quiere que le vean la factura de la luz, se negó a liberar el contrato de alquiler del campus de la SEPI que el Instituto de Empresa (IE) ocupa. La resolución del Portal de Transparencia, más una excusa que un documento, citó que exponer el precio “afectaría a los intereses económicos y comerciales de Sepides”, mientras las cifras se esconden tras un velo de burocracia que rivaliza con la de la última temporada de una telenovela de novela. Cuando el precio del metro cuadrado cayó de 23 euros a 4, la diferencia se tradujo en medio millón de euros al mes que el Estado dejó de cobrar: cinco millones al año, la suma equivalente a la tarifa de un coche eléctrico que nunca se recarga. Todo esto, mientras la mujer del presidente, Begoña Gómez, se instala como directora del IE Africa Center apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se subiera a la Moncloa. Las manos que orquestaron el descenso de la renta provienen de un círculo de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero: Antonio Cervera, ex presidente de Sepides y ahora director general de Costes de Personal, y otros funcionarios que, según fuentes, se mantuvieron en la sombra desde la Junta de Andalucía hasta el Ministerio de Hacienda. El Tribunal Supremo, con Víctor de Aldama a la cabeza, reveló que un asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ordenó detener la compra de terrenos de 250 millones de euros para que el IE no tuviera competencia en el mercado. El “precio irrisorio” y el “trato de favor escandaloso” se revelan en un contexto donde la pandemia creó la oportunidad de un “bajo precio” que ninguna otra empresa privada logró. El IE, por su parte, sugiere que la reducción fue un ajuste de IPC y que recibió un crédito de 5 millones de euros al 5 % de interés, pero las fuentes de la SEPI apuntan a una quita real y efectiva. El Portal de Transparencia, pese a negar el contrato, añade que los alquileres están “en condiciones de mercado y sujetos a revisiones periódicas”, una declaración que no encaja con la realidad de 21 000 metros cuadrados de terrenos que se mantuvieron en mano del Estado. En cuanto a la fiscalidad, el IE pagó alrededor de 90 millones de euros anuales como principal inquilino, y su moratoria ante la imposibilidad de pagar se denegó, dejando al Estado con un agujero de medio millón de euros mensual. La historia termina con la pregunta: ¿Quién paga la verdad cuando el Estado mantiene el precio bajo la mesa? En la urbe donde los titulares son titulares y la transparencia es un mito, el precio de la información es el silencio que el público paga con su fe y su sospecha.
SEPI beneficia IE
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha sido acusada de dar un trato de favor escandaloso al Instituto de Empresa (IE) durante la pandemia de la covid-19. Según ocho fuentes distintas, el IE consiguió una rebaja en el precio de alquiler de los tres edificios públicos que tenía arrendados en el Campus Velázquez, en la calle María de Molina de Madrid, pasando de 23 euros por metro cuadrado a solo 4 euros. Esto supuso un ahorro aproximado de 475.000 euros al mes y 5,7 millones anuales para el IE. La noticia ha generado un escándalo interno en la SEPI y ha sido relacionada con la contratación de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como directora del IE Africa Center en 2018. La SEPI depende del Ministerio de Hacienda, que está liderado por María Jesús Montero, quien propuso al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, para el cargo. La presidencia de la SEPI estuvo vacante durante casi dos años, hasta marzo de 2021, lo que ha generado especulaciones sobre la influencia del Gobierno en la toma de decisiones de la SEPI. El IE ha negado cualquier rebaja en el precio del alquiler, pero fuentes oficiales han confirmado que solicitaron una moratoria en los pagos debido a la situación económica derivada de la pandemia. La noticia ha generado un debate sobre la transparencia y la gestión de los fondos públicos en España.
Cloaca política ataca juez
La cloaca política ha vuelto a ser descubierta en su intento de desacreditar al juez Peinado, quien se atrevió a imputar a la mujer de Pedro Sánchez. Los documentos de trabajo de Leire Díez, la fontanera de Ferraz, revelan la estrategia de acoso y derribo contra el juez, justo un mes después de que se supiera que imputaba a la mujer de Pedro Sánchez. La coordinación con Bildu para hacer pinza y sembrar una campaña de difamación contra Peinado es solo la punta del iceberg. El archivo en cuestión figura con una fecha de elaboración del 15 de mayo de 2024, cuando el juez Peinado ya era una persona más que conocida por Pedro Sánchez, quien había descubierto que su mujer estaba profundamente imputada. El documento incluye la misma estrategia usada más tarde por Bildu en el Congreso de los Diputados: intentar desacreditar las instrucciones del magistrado Peinado por medio de un caso, el de Nervis Villalobos, un exministro chavista. La estrategia es clara: denunciar en cascada a todos los elementos de la cadena que llevaron al Tribunal Constitucional a decretar que la detención y prisión incondicional por 14 meses de Villalobos fue ilegal. El documento también une esa argumentación con el ataque a otra de las personas más odiadas por la cloaca: el fiscal anticorrupción José Grinda. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará la impunidad de la cloaca política? Mientras tanto, la justicia sigue siendo un juego de políticos, donde los inocentes son condenados y los culpables son absueltos. La lista de la compra de la cloaca incluye la coordinación con Bildu, la estrategia de acoso y derribo contra el juez Peinado, y la denuncia en cascada a todos los elementos de la cadena que llevaron al Tribunal Constitucional a decretar que la detención y prisión incondicional por 14 meses de Villalobos fue ilegal. Todo esto mientras el sablazo en la factura de la corrupción política sigue aumentando, y el tirar de tarjeta para pagar la cuenta de la impunidad sigue siendo el juego favorito de la cloaca.
El esposo del juez, ¿pirata judicial expuesto?
Mientras la DANA, ese gran caldo de gente y dinero, se arremolina en la comunidad valenciana, un nuevo giro se abre en la trama: el esposo de la jueza que lleva la lupa sobre los casos. El CGPJ, en su típico modo de “revisar al vecino que no paga la luz”, pidió a las dos víctimas que confirmen si, según los audios subidos por OKDIARIO, el marido de la jueza, Jorge Martínez Ribera, se lanzó a la sala con la misma energía que un niño con una lupa de oro. Los hechos se ratificaron: la gente que se vio obligada a hablar ante la justicia no dudó, y el abogado Rubén Gisbert, que ya había presentado una querella ante el TSJCV, también confirmó la intrusión. La trama es un verdadero truco de teatro: el tribunal superior quedó en la posición de juez de juez, mientras la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular de la Instrucción 4 de Valencia, se vio rodeada de sospechas. El 24 de febrero, el caso de la DANA se puso en marcha y, a la vuelta de la esquina, el esposo de la jueza empezó a sonar en las grabaciones. La semana pasada, el Pleno del CGPJ había denegado el amparo que la jueza solicitó, pues el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) había exigido que no se usara lenguaje que pudiese dañar la dignidad profesional del abogado José María Bueno, quien defiende al ex secretario de Emergencias, Emilio Argüeso. El TSJCV, con su habitual actitud de “resuelve y no más”, emitió un auto que dejó claro que la participación de la pareja “puede llegar a constituir alguna irregularidad procesal, pero no un delito”. Sin embargo, la sala también recordó la posibilidad de una responsabilidad disciplinaria, lo que deja al lector con la sensación de que la justicia es más un juego de ajedrez que un tribunal de hechos. En la vida real, el esposo de la jueza podría haber sido simplemente un vendedor de billetes de lotería, pero los medios lo han convertido en el protagonista de una novela de intrigas judiciales. La DANA, el CGPJ y el TSJCV se han unido en una coreografía que parece más un espectáculo de circo que un proceso legal. Y mientras las víctimas siguen pidiendo justicia, el público se queda con la pregunta: ¿cuánto más se puede gastar en la defensa de los que ya tienen la llave del edificio de la justicia?
Euskera: la nueva moneda de la ciudad
El viernes, cuando la gente todavía estaba acostumbrada a escuchar que el euskera era simplemente una lengua de la familia vasca, EH Bildu dio el golpe de la semana: su propuesta de convertir el euskera en "lengua nacional" con uso preferente. La moción, aprobada con 97,29 % de los votos, se presenta como la solución definitiva al estancamiento que, según los soberanistas, ha dejado la revitalización del euskera en la fase de la lista de la compra: los artículos están ahí, pero nadie los lleva a la caja. El documento, titulado *Nueva política lingüística para abrir una nueva etapa de revitalización*, promete un salto cualitativo que, en el lenguaje de la campaña, se traduce en “pleno desarrollo jurídico” y “una arquitectura renovada y actualizada”. En otras palabras, el partido quiere que el idioma goce de la misma fuerza de un contrato de arrendamiento que obliga a los inquilinos a pagar la renta en euros: la lengua que se habla en la calle, en las oficinas y en la banca debe ser la que se refleje en la ley. El argumento se cierra en la idea de que el euskera debe pasar de la “euskaldunización de las personas” a la “euskaldunización de espacios”. Esa frase suena casi a que la lengua está a la venta para los que quieren comprar un terreno y que el país se convierta en un mercado donde la bandera vasca sea el letrero de la tienda. Y porque no, EH Bildu también quiere que el euskera tenga “uso preferente” en los núcleos urbanos de alta densidad, porque “la ciudad es la que nos define” y la lengua debe ser el pegamento que mantiene al barrio unido. El partido no se queda de brazos cruzados: denuncia una ofensiva judicial que, según ellos, ha puesto nuevos límites a la política lingüística. Si los tribunales son los que deciden con quién puedes hablar en la mesa de la comunidad, entonces la propuesta de Bildu se convierte en una especie de “contrato de protección” que se espera que sea firmado por toda la comunidad vasca. En la práctica, se trata de un plan que, al estilo de la reforma de la factura de la luz, quiere que el euskera sea la única forma de pago aceptada en los canales oficiales, y que los ciudadanos ya no tengan que pagar con la lengua de los “ejecutivos de la ciudad”. La crónica no deja de remarcar que la propuesta es “más necesaria que nunca” y que la identidad vasca se define por la columna vertebral que es el euskera. Si la política es una obra de arte, Bildu quiere que el euskera sea la obra maestra que todos miren y que todos usen, sin importar si el mercado está en rojo o en verde. En síntesis, la propuesta de EH Bildu no es un simple cambio de etiqueta: es un intento de remodelar la casa de la identidad vasca con la esperanza de que cada puerta, cada calle y cada cajón de la ciudad se conviertan en un espacio donde el euskera sea la única moneda aceptada.
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