Crítica:
La noticia carece de transparencia y claridad en la presentación de los hechos, lo que genera confusión y especulación. La falta de información sobre la influencia del Gobierno en la toma de decisiones de la SEPI es preocupante.
La SEPI dio un «trato de favor escandaloso» al IE en pandemia tras contratar a Begoña Gómez
SEPI beneficia IE
Otros artículos
Vías a 50 km/h, drama sin fin
ADIF, el guardián de los rieles que jamás se ha hecho responsable de sus propias heridas, ha puesto una LTV de 50 km/h en un tramo de cinco kilómetros entre los kilómetros 335,5 y 340,5 de la línea Madrid‑Córdoba. La zona es la que, a apenas 17 km de Adamuz, dio la bienvenida a la tragedia del 18 de enero cuando un Alvia de Renfe chocó con un Iryo, arrancando la vida de 46 personas. El informe interno, descubierto por THE OBJECTIVE, describe un «defecto superficial de carril» que, como un parpadeo en la pantalla de un móvil, parece inocente pero puede esconder grietas más profundas. Fatiga por contacto de rodadura, desgaste ondulatorio, patinazos y desconchamiento: los villanos de la vía que, sin un mantenimiento serio, se convierten en la causa de los retrasos y, más gravemente, de las colisiones. En la práctica, ADIF pasa de lijar micro‑fisuras a soldar y, cuando la fatiga metalúrgica se vuelve mortal, a sustituir el carril completo. Todo esto mientras la línea Madrid‑Málaga, que había estado a la espera de una obra de talud tras la lluvia de febrero, vuelve a la pista con limitaciones. Los trenes entre Los Prados y Antequera‑Santa Ana circulan por una sola vía y a velocidad reducida en los 50 km que los unen. La reapertura se hace con la misma sensación de un coche que arranca tras una avería: lenta y con la mirada puesta en el próximo choque. La sombra de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, se cierne sobre el asunto. Su nombre aparece en las discusiones sobre la crisis ferroviaria, y la ausencia de una respuesta clara sobre la gestión de ADIF y Renfe deja al lector con la sensación de que la culpa se esconde como la fuga de un agua sin detectar. En la gran pista de la política, el mantenimiento de la vía se vuelve un juego de escondite donde el público siempre termina en la línea de salida. La advertencia es clara: bajar la velocidad es solo la primera señal de alarma; la verdadera solución exige una reforma que deje de tratar los defectos superficiales como un simple parche y que, en lugar de ello, repare la infraestructura antes de que el tren sea un tren de riesgo.
Alquiler SEPI, secreto a tope
No todo lo que brilla es oro, y en la esquina de María de Molina, el brillo es de opacidad. El Gobierno, con la audacia de un dueño de barrio que no quiere que le vean la factura de la luz, se negó a liberar el contrato de alquiler del campus de la SEPI que el Instituto de Empresa (IE) ocupa. La resolución del Portal de Transparencia, más una excusa que un documento, citó que exponer el precio “afectaría a los intereses económicos y comerciales de Sepides”, mientras las cifras se esconden tras un velo de burocracia que rivaliza con la de la última temporada de una telenovela de novela. Cuando el precio del metro cuadrado cayó de 23 euros a 4, la diferencia se tradujo en medio millón de euros al mes que el Estado dejó de cobrar: cinco millones al año, la suma equivalente a la tarifa de un coche eléctrico que nunca se recarga. Todo esto, mientras la mujer del presidente, Begoña Gómez, se instala como directora del IE Africa Center apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se subiera a la Moncloa. Las manos que orquestaron el descenso de la renta provienen de un círculo de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero: Antonio Cervera, ex presidente de Sepides y ahora director general de Costes de Personal, y otros funcionarios que, según fuentes, se mantuvieron en la sombra desde la Junta de Andalucía hasta el Ministerio de Hacienda. El Tribunal Supremo, con Víctor de Aldama a la cabeza, reveló que un asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ordenó detener la compra de terrenos de 250 millones de euros para que el IE no tuviera competencia en el mercado. El “precio irrisorio” y el “trato de favor escandaloso” se revelan en un contexto donde la pandemia creó la oportunidad de un “bajo precio” que ninguna otra empresa privada logró. El IE, por su parte, sugiere que la reducción fue un ajuste de IPC y que recibió un crédito de 5 millones de euros al 5 % de interés, pero las fuentes de la SEPI apuntan a una quita real y efectiva. El Portal de Transparencia, pese a negar el contrato, añade que los alquileres están “en condiciones de mercado y sujetos a revisiones periódicas”, una declaración que no encaja con la realidad de 21 000 metros cuadrados de terrenos que se mantuvieron en mano del Estado. En cuanto a la fiscalidad, el IE pagó alrededor de 90 millones de euros anuales como principal inquilino, y su moratoria ante la imposibilidad de pagar se denegó, dejando al Estado con un agujero de medio millón de euros mensual. La historia termina con la pregunta: ¿Quién paga la verdad cuando el Estado mantiene el precio bajo la mesa? En la urbe donde los titulares son titulares y la transparencia es un mito, el precio de la información es el silencio que el público paga con su fe y su sospecha.
Cloaca política ataca juez
La cloaca política ha vuelto a ser descubierta en su intento de desacreditar al juez Peinado, quien se atrevió a imputar a la mujer de Pedro Sánchez. Los documentos de trabajo de Leire Díez, la fontanera de Ferraz, revelan la estrategia de acoso y derribo contra el juez, justo un mes después de que se supiera que imputaba a la mujer de Pedro Sánchez. La coordinación con Bildu para hacer pinza y sembrar una campaña de difamación contra Peinado es solo la punta del iceberg. El archivo en cuestión figura con una fecha de elaboración del 15 de mayo de 2024, cuando el juez Peinado ya era una persona más que conocida por Pedro Sánchez, quien había descubierto que su mujer estaba profundamente imputada. El documento incluye la misma estrategia usada más tarde por Bildu en el Congreso de los Diputados: intentar desacreditar las instrucciones del magistrado Peinado por medio de un caso, el de Nervis Villalobos, un exministro chavista. La estrategia es clara: denunciar en cascada a todos los elementos de la cadena que llevaron al Tribunal Constitucional a decretar que la detención y prisión incondicional por 14 meses de Villalobos fue ilegal. El documento también une esa argumentación con el ataque a otra de las personas más odiadas por la cloaca: el fiscal anticorrupción José Grinda. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará la impunidad de la cloaca política? Mientras tanto, la justicia sigue siendo un juego de políticos, donde los inocentes son condenados y los culpables son absueltos. La lista de la compra de la cloaca incluye la coordinación con Bildu, la estrategia de acoso y derribo contra el juez Peinado, y la denuncia en cascada a todos los elementos de la cadena que llevaron al Tribunal Constitucional a decretar que la detención y prisión incondicional por 14 meses de Villalobos fue ilegal. Todo esto mientras el sablazo en la factura de la corrupción política sigue aumentando, y el tirar de tarjeta para pagar la cuenta de la impunidad sigue siendo el juego favorito de la cloaca.
El esposo del juez, ¿pirata judicial expuesto?
Mientras la DANA, ese gran caldo de gente y dinero, se arremolina en la comunidad valenciana, un nuevo giro se abre en la trama: el esposo de la jueza que lleva la lupa sobre los casos. El CGPJ, en su típico modo de “revisar al vecino que no paga la luz”, pidió a las dos víctimas que confirmen si, según los audios subidos por OKDIARIO, el marido de la jueza, Jorge Martínez Ribera, se lanzó a la sala con la misma energía que un niño con una lupa de oro. Los hechos se ratificaron: la gente que se vio obligada a hablar ante la justicia no dudó, y el abogado Rubén Gisbert, que ya había presentado una querella ante el TSJCV, también confirmó la intrusión. La trama es un verdadero truco de teatro: el tribunal superior quedó en la posición de juez de juez, mientras la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular de la Instrucción 4 de Valencia, se vio rodeada de sospechas. El 24 de febrero, el caso de la DANA se puso en marcha y, a la vuelta de la esquina, el esposo de la jueza empezó a sonar en las grabaciones. La semana pasada, el Pleno del CGPJ había denegado el amparo que la jueza solicitó, pues el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) había exigido que no se usara lenguaje que pudiese dañar la dignidad profesional del abogado José María Bueno, quien defiende al ex secretario de Emergencias, Emilio Argüeso. El TSJCV, con su habitual actitud de “resuelve y no más”, emitió un auto que dejó claro que la participación de la pareja “puede llegar a constituir alguna irregularidad procesal, pero no un delito”. Sin embargo, la sala también recordó la posibilidad de una responsabilidad disciplinaria, lo que deja al lector con la sensación de que la justicia es más un juego de ajedrez que un tribunal de hechos. En la vida real, el esposo de la jueza podría haber sido simplemente un vendedor de billetes de lotería, pero los medios lo han convertido en el protagonista de una novela de intrigas judiciales. La DANA, el CGPJ y el TSJCV se han unido en una coreografía que parece más un espectáculo de circo que un proceso legal. Y mientras las víctimas siguen pidiendo justicia, el público se queda con la pregunta: ¿cuánto más se puede gastar en la defensa de los que ya tienen la llave del edificio de la justicia?
Euskera: la nueva moneda de la ciudad
El viernes, cuando la gente todavía estaba acostumbrada a escuchar que el euskera era simplemente una lengua de la familia vasca, EH Bildu dio el golpe de la semana: su propuesta de convertir el euskera en "lengua nacional" con uso preferente. La moción, aprobada con 97,29 % de los votos, se presenta como la solución definitiva al estancamiento que, según los soberanistas, ha dejado la revitalización del euskera en la fase de la lista de la compra: los artículos están ahí, pero nadie los lleva a la caja. El documento, titulado *Nueva política lingüística para abrir una nueva etapa de revitalización*, promete un salto cualitativo que, en el lenguaje de la campaña, se traduce en “pleno desarrollo jurídico” y “una arquitectura renovada y actualizada”. En otras palabras, el partido quiere que el idioma goce de la misma fuerza de un contrato de arrendamiento que obliga a los inquilinos a pagar la renta en euros: la lengua que se habla en la calle, en las oficinas y en la banca debe ser la que se refleje en la ley. El argumento se cierra en la idea de que el euskera debe pasar de la “euskaldunización de las personas” a la “euskaldunización de espacios”. Esa frase suena casi a que la lengua está a la venta para los que quieren comprar un terreno y que el país se convierta en un mercado donde la bandera vasca sea el letrero de la tienda. Y porque no, EH Bildu también quiere que el euskera tenga “uso preferente” en los núcleos urbanos de alta densidad, porque “la ciudad es la que nos define” y la lengua debe ser el pegamento que mantiene al barrio unido. El partido no se queda de brazos cruzados: denuncia una ofensiva judicial que, según ellos, ha puesto nuevos límites a la política lingüística. Si los tribunales son los que deciden con quién puedes hablar en la mesa de la comunidad, entonces la propuesta de Bildu se convierte en una especie de “contrato de protección” que se espera que sea firmado por toda la comunidad vasca. En la práctica, se trata de un plan que, al estilo de la reforma de la factura de la luz, quiere que el euskera sea la única forma de pago aceptada en los canales oficiales, y que los ciudadanos ya no tengan que pagar con la lengua de los “ejecutivos de la ciudad”. La crónica no deja de remarcar que la propuesta es “más necesaria que nunca” y que la identidad vasca se define por la columna vertebral que es el euskera. Si la política es una obra de arte, Bildu quiere que el euskera sea la obra maestra que todos miren y que todos usen, sin importar si el mercado está en rojo o en verde. En síntesis, la propuesta de EH Bildu no es un simple cambio de etiqueta: es un intento de remodelar la casa de la identidad vasca con la esperanza de que cada puerta, cada calle y cada cajón de la ciudad se conviertan en un espacio donde el euskera sea la única moneda aceptada.
Sánchez se baña en oro
Imagina que cada vez que sales de casa para un viaje de negocios, te acompañan un equipo de comunicación, técnicos audiovisuales y personal de análisis informativo. Eso es lo que sucede con el presidente Pedro Sánchez, y el costo de esta estructura es nada despreciable. En 2026, el programa 921Q, que se encarga de la cobertura informativa de la actividad del presidente, dispone de 78 millones de euros. Esta partida incluye no solo la difusión de los comunicados del Gobierno y del presidente, sino también las dietas y gastos de desplazamiento del personal público que lo acompaña en sus viajes oficiales. Sin embargo, el desglose de estos gastos es un misterio, ya que se integran en un programa presupuestario más amplio sin un desglose específico. El programa 921Q es solo la punta del iceberg, ya que se suma al programa 912M, que cubre el funcionamiento del gabinete del presidente, la seguridad, el protocolo y la organización institucional, con 56 millones de euros en 2026. Juntos, estos programas suman alrededor de 134 millones de euros, pero la falta de transparencia impide saber cuánto cuestan realmente los viajes del presidente ni qué parte del gasto corresponde a cada concepto. Es como si compraras un billete de avión sin saber cuánto cuesta el asiento, la comida o el seguro. La comunicación y la actividad exterior del Ejecutivo están estrechamente vinculadas, pero la ausencia de transparencia suficiente para evaluar su impacto económico es un tema que debería preocuparnos a todos. Después de todo, es nuestro dinero el que se está gastando. La pregunta es, ¿vale la pena el costo de esta estructura para la comunicación y los viajes del presidente? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio.
Millonaria resignificación
Imagina que estás en el supermercado, haciendo la lista de la compra, y de repente te enteras de que el gobierno ha decidido gastar 26 millones y 600.000 euros en 'resignificar' el Valle de los Caídos. Sí, has leído bien, 26 millones. Mientras tú te preocupas por ahorrar en la compra, el gobierno se permite el lujo de invertir esta cifra en un proyecto que, según ellos, busca darle un 'gran potencial simbólico y transformador' al Valle. Pero, ¿qué significa exactamente 'resignificar'? Según el Ministerio de Vivienda, se trata de transformar el Valle en un lugar que contenga tres dimensiones: artística, arquitectónica y didáctica. Suena a un proyecto ambicioso, pero también suena a un gran agujero contable. La pregunta es, ¿vale la pena gastar tanto dinero en esto? El concurso para remodelar el Valle ha sido un proceso largo y costoso. El jurado, integrado por amigos de Sánchez y Urtasun, ha seleccionado a los diez finalistas, que recibirán un premio de 50.000 euros cada uno. El presupuesto base de licitación del contrato es de 4.115.514,63 euros, lo que incluye los premios, los honorarios del contrato de servicios y la remuneración del jurado. Pero eso no es todo, el documento también calcula costes aproximados para la instalación artística, la obra de nueva planta del centro de interpretación, la obra de restauración y la implantación museológica. En total, todas estas actuaciones suman un total de 26.248.625,16 euros. Es como si estuvieras comprando una casa, pero en lugar de una casa, estás comprando un proyecto que puede o no funcionar. La Iglesia, por su parte, ha expresado su preocupación por la 'resignificación' del templo, ya que considera que la basílica de la Santa Cruz sigue siendo un lugar sagrado y que debe ser respetada. En resumen, el gobierno está dispuesto a gastar una gran cantidad de dinero en un proyecto que puede ser beneficioso, pero también puede ser un gran fracaso. Solo el tiempo dirá si vale la pena.
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